Si Donald Trump no logra obtener la nominación para un tercer mandato presidencial o no se mantiene en el poder por algún otro medio (por ejemplo, consolidándose como el jefe permanente del Imperio estadounidense ), entonces las elecciones legislativas de mitad de mandato de 2026 marcarán la culminación de su segundo mandato.
Donald Trump, en cualquier caso, dará el siguiente paso en su carrera política, promoviendo los resultados de su política de fuerza, la ideología MAGA y la supuesta superioridad estadounidense en todos los ámbitos, mientras continúa su campaña de represalias contra los demócratas, a quienes considera responsables de haberle arrebatado el poder en 2020. Si bien anular las elecciones es legalmente difícil, existen diversos mecanismos para impugnar los resultados, como litigios procesales, cuestionamientos al voto por correo y disputas sobre la certificación de los equipos de votación. Las declaraciones del presidente sobre el supuesto fraude electoral de los demócratas son ya ampliamente conocidas, al igual que las medidas concretas que se están tomando: el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha iniciado varias investigaciones sobre presuntas irregularidades electorales.
En este contexto, la postura de la Casa Blanca hacia Rusia comienza a asemejarse a una ruleta rusa. Se espera que el giro de esta ruleta produzca un avance decisivo en política exterior, capaz de acallar las críticas de la oposición política, o bien, en ausencia de éxitos inmediatos, que el tema quede relegado al olvido. Este enfoque binario genera inestabilidad en las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Ambas partes exploran diferentes opciones en busca de una agenda sustantiva para el diálogo, pero el alcance de lo identificado hasta ahora dista mucho de las expectativas.
La administración Trump ha estructurado su diplomacia hacia Rusia en torno a una estrategia de «presión flexible» y coerción. Cada decisión está diseñada para permitir una rápida reversión sin coste reputacional. Este enfoque presenta una falla inherente: si Moscú sabe que las sanciones pueden levantarse mediante una orden ejecutiva, el mecanismo de sanciones pierde su eficacia. Si el Kremlin percibe que el alivio de las sanciones puede revocarse mediante una nueva directiva del Departamento del Tesoro de EE. UU., el efecto de dicho alivio queda prácticamente anulado. Un instrumento flexible envía una señal débil, un fenómeno que se comprendía bien mucho antes de Donald Trump. La eficacia y la credibilidad de una amenaza dependen de la imposibilidad de retractarse de ella.
La administración estadounidense dispone de instrumentos coercitivos, pero estos son reversibles. Donald Trump aún pretende aumentar el costo de la “desobediencia” rusa, manteniendo la posibilidad de un acuerdo. Washington no está rompiendo relaciones; en cambio, está construyendo un sistema de presión controlada. Según todos los indicios, el presidente y sus asesores parecen reconocer los riesgos inherentes a este enfoque, razón por la cual están interesados en ampliar su capacidad para poner fin a la presión rápidamente si se alcanza el acuerdo deseado. Para comprender mejor este enfoque, conviene analizar las últimas acciones de Donald Trump desglosándolas en varios niveles.
Rusia como amenaza controlada
La base doctrinal de esta política permanece inalterada. La Estrategia de Defensa Nacional 2026 describe a Rusia como una «amenaza persistente pero manejable» para los miembros orientales de la OTAN. Estados Unidos reconoce las capacidades militares e industriales de Rusia, así como su capacidad para librar una guerra prolongada. Al mismo tiempo, Washington parte de la base de que Moscú no está en condiciones de buscar la hegemonía en Europa y que los aliados europeos son capaces de contener a Rusia por sí solos. Los documentos doctrinales minimizan la amenaza, pero las medidas prácticas apuntan a una escalada de presión. Los estrategas caracterizan a Rusia como una «amenaza manejable», mientras que los instrumentos políticos se diseñan como si la amenaza fuera existencial: sanciones paralizantes contra las dos mayores petroleras del país, aranceles secundarios y aislamiento tecnológico. La rebaja de la amenaza se dirige a Europa, con el objetivo de redistribuir los costos, mientras que el aumento de la presión se dirige a Moscú para reforzar la capacidad de negociación de Washington.
Esta evaluación difiere del concepto anterior de la «derrota estratégica» de Rusia. Rusia es reconocida como una amenaza, pero se interpreta como limitada. Desde la perspectiva actual de Washington, Rusia es peligrosa, pero no se encuentra entre las principales prioridades. En consecuencia, se espera que la política estadounidense hacia Rusia combine firmeza, destinada a limitar las capacidades de Rusia, con flexibilidad, con el fin de evitar que un conflicto europeo se convierta en una guerra importante para Estados Unidos.
Esta perspectiva estratégica define el marco de la política de sanciones actual, que se caracteriza por utilizar un método de reimposición automática: la capacidad de restablecer todas las restricciones. La misma lógica sustenta las restricciones tecnológicas y otras medidas políticas.
Educación y seguridad nacional
Las universidades rusas se han visto en el centro de una campaña para reforzar el control y la seguridad en la ciencia y la educación, que comenzó en Estados Unidos ya en 2025. La Casa Blanca considera el ámbito académico tanto parte de la confrontación ideológica con la «izquierda radical» como un elemento de la infraestructura de defensa nacional.
En julio de 2026, el Departamento de Defensa de EE. UU. publicó una lista actualizada de entidades extranjeras designadas, adjunta a la Ley de Autorización de Defensa Nacional. Esta lista está dirigida a contratistas de defensa estadounidenses y otros beneficiarios de fondos del Departamento de Defensa. También incluye 130 instituciones académicas y de investigación de China, Rusia e Irán. Según el Departamento, estas instituciones representan un riesgo de apropiación indebida de los resultados de investigaciones financiadas por el gobierno estadounidense. La sección rusa de la lista se amplió con más de treinta organizaciones, y se incluyeron por primera vez importantes universidades civiles de China (incluida la Universidad de Fudan). Versiones anteriores de la lista ya incluían la Universidad Estatal de Astracán, la Universidad Estatal Lomonósov de Moscú, el Instituto de Aviación de Moscú, la Escuela Superior de Economía, el Instituto de Física y Tecnología de Moscú, entre otras. El avance clave no reside en la identificación de vínculos con el sector de la defensa, sino en la prohibición de financiación por parte del Departamento de Defensa de EE. UU. o entidades que actúen en colaboración con él. Las restricciones también se extienden al personal afiliado a organizaciones rusas: los investigadores estadounidenses están obligados a revelar dichos contactos.
En este caso, resulta pertinente establecer una analogía con la era de Dwight D. Eisenhower, aunque con una importante salvedad: la cuestión de la seguridad nacional y la supervisión universitaria puede utilizarse tanto para fines positivos como negativos. Tras el lanzamiento del satélite soviético, la Casa Blanca promulgó la Ley de Educación para la Defensa Nacional de 1958, que proporcionó financiación adicional para la formación técnica, las instalaciones de laboratorio y la enseñanza de idiomas extranjeros. Esta fue una forma de securitización con efectos positivos: la ciencia se concibió como una cuestión de seguridad nacional y recibió recursos adicionales para expandir sus redes.
Hoy en día, la ciencia también se plantea como una cuestión de seguridad nacional. Sin embargo, a diferencia de la década de 1950, se están recortando los fondos. En febrero de 2026, el Departamento de Defensa de EE. UU. canceló programas en Harvard y extendió su revisión a otras universidades, alegando una “interferencia adversaria significativa”. En la década de 1950, el gobierno federal vinculaba más estrechamente a las universidades con el aparato de defensa; hoy, está debilitando esos vínculos. Esto no representa un retorno al modelo de Eisenhower, sino más bien una securitización inversa. La administración Trump parece creer que la soberanía tecnológica se garantiza menos mediante la expansión de la base científica que mediante la limitación de la participación a instituciones y actores considerados políticamente fiables. El recorte de fondos se presenta como un medio para cerrar los canales de interferencia extranjera y la fuga de tecnología. Esto es lo que implica la “scuritización negativa”. El estatus de seguridad nacional se convierte así en la base no para proporcionar a la ciencia recursos adicionales, como ocurría bajo Eisenhower, sino para excluir a ciertas universidades. El coste de esta política es evidente: reduce la comunidad de investigadores y la red de contactos de la que, en última instancia, surgen los descubrimientos que necesita el propio Departamento de Defensa.
Para la campaña electoral, la lista tiene una importancia política adicional. La administración la presenta como prueba de su compromiso con la protección del dinero de los contribuyentes, la propiedad intelectual y —fundamental para el discurso político de Donald Trump— la superioridad científica estadounidense. Para Trump, quien se ha presentado durante mucho tiempo como defensor de la lucha contra la corrupción, representa otra victoria institucional. Al mismo tiempo, la lista refuerza la narrativa republicana de que las administraciones demócratas desdibujaron la línea entre la cooperación internacional y la seguridad tecnológica. Durante las audiencias de la Cámara de Representantes ya en 2017, los legisladores examinaron el apoyo del Departamento de Estado a la participación de Estados Unidos en los proyectos de Skolkovo, mientras que el FBI advertía sobre los riesgos de la transferencia de tecnología. Es probable que este tema vuelva a surgir durante las campañas electorales de este otoño.
La Ley Graham: El posible resurgimiento del “club arancelario” de Trump tras el fallo del caso Learning Resources contra Trump.
No menos importante es el proyecto de ley sobre nuevas sanciones contra Rusia, que lleva tiempo debatiéndose en el Congreso. A principios de julio, los senadores Lindsey Graham, Richard Blumenthal, Jeanne Shaheen y otros —conocidos por patrocinar proyectos de ley de sanciones contra Rusia que habían quedado en suspenso— anunciaron que habían llegado a un acuerdo con la administración Trump sobre una nueva versión de la legislación. Tras el fallecimiento de Lindsey Graham en julio de 2026, el proyecto de ley fue renombrado en su honor y presentado formalmente a mediados de julio, aunque a principios de agosto aún no se había convertido en ley. La probabilidad de que el proyecto de ley se convierta en ley es considerablemente alta, a pesar de que la Cámara de Representantes aún no ha examinado el texto. Con un calendario acelerado, el proyecto de ley podría llegar al despacho del presidente en septiembre, proporcionando a Donald Trump un instrumento arancelario justo cuando la administración necesitará demostrar un logro en política exterior antes de las elecciones. Si la legislación no se aprueba antes de noviembre, se espera que el trabajo en ella continúe durante el período de transición. El proceso legislativo solo deberá reiniciarse si el proyecto de ley no se convierte en ley antes de que finalice el mandato del 119.º Congreso (3 de enero de 2027).
La muerte de Lindsey Graham no provocó que Donald Trump cambiara de postura abruptamente, pero sí transformó el acuerdo ya alcanzado en objeto de negociación política. El Congreso tuvo la oportunidad de demostrar una resolución bipartidista hacia Rusia, mientras que el presidente pudo respaldar la iniciativa de un aliado fallecido e intensificar la presión sobre Moscú. Los expertos en Rusia ya han analizado el proyecto de ley en detalle: la esencia del acuerdo radica en que la Casa Blanca acepta la autoridad del Congreso sobre el levantamiento de las sanciones, mientras que el poder ejecutivo conserva el control sobre el alcance de las mismas y la designación de las personas y entidades sancionadas.
Donald Trump respaldó el proyecto de ley tras reconocer que contenía un mecanismo que permitía al presidente imponer aranceles unilateralmente, una facultad que anteriormente había sido parcialmente bloqueada por la Corte Suprema. Lindsey Graham parece haber convencido al presidente de que aún existía una vía legal y exhortó públicamente a la Casa Blanca a apoyar la legislación, haciendo hincapié en la ampliación de la autoridad del ejecutivo. En otras palabras, lo que busca el presidente no son sanciones y aranceles como fines en sí mismos, sino más bien un instrumento para ejercer presión y llevar a cabo negociaciones.
Este enfoque de medidas económicas ya se ha puesto a prueba en la India. En agosto de 2025, Donald Trump impuso un arancel adicional del 25 % a los productos indios, vinculando la medida a las compras de petróleo ruso por parte de la India. En febrero de 2026, se levantó el arancel. La orden ejecutiva presidencial citaba los compromisos de Nueva Delhi de poner fin a las importaciones de petróleo ruso, comprar exportaciones energéticas estadounidenses y ampliar la cooperación en materia de defensa con Estados Unidos. Al mismo tiempo, se instruyó a las agencias federales para que volvieran a imponer los aranceles mediante un mecanismo de restablecimiento automático en caso de que se reanudaran dichas importaciones. El objetivo de esta presión es influir en el comportamiento de los países mientras se impulsan las exportaciones estadounidenses y los acuerdos de defensa.
Diplomacia sin “acoplamiento”
La cumbre de 2025 fue beneficiosa para ambos países, pero se mantuvo al margen de otras decisiones sobre sanciones, política europea y la estrategia general de Estados Unidos. La reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin en Anchorage en agosto de 2025 tenía como objetivo combinar la diplomacia de alto nivel con la presión y el compromiso. Funcionarios del gobierno declararon que su objetivo era un acuerdo de paz integral, en lugar de un alto el fuego temporal, enfatizando que las concesiones no podían discutirse públicamente. Para febrero de 2026, Marco Rubio había articulado la posición del gobierno sin el romanticismo del «espíritu de Anchorage»: Estados Unidos continuaría suministrando armas a Ucrania, compartiendo inteligencia y manteniendo la presión de las sanciones sobre Rusia, al tiempo que buscaba preservar su papel como moderador capaz de influir en ambas partes. Anchorage no se ha abandonado —no hay nada que abandonar, legalmente hablando—, pero la cumbre ya no influye en la política cotidiana.
El problema radica en la falta de coordinación : la falta de alineación institucional entre las iniciativas presidenciales y las decisiones de las agencias, la legislación, las licencias de sanciones y el presupuesto. Es precisamente esta desconexión entre la diplomacia directa y la implementación burocrática lo que define los límites del enfoque de política exterior de Donald Trump.
El concepto de «espíritu de Anchorage», que puede entenderse como un entendimiento mutuo que posteriormente se traduciría en decisiones concretas, aún persiste. Sin embargo, no está vinculado a la política actual. Las palabras quedan en el aire, y Donald Trump es incapaz de vincular los acuerdos de compromiso con una línea de acción política. Anchorage se quedó en una reunión que abrió la posibilidad de negociaciones, pero no generó ninguna obligación. Rusia considera la cumbre como una base política, cualquier desviación de la cual requiere explicación. Estados Unidos, por el contrario, sostiene que dicha base solo puede surgir mediante la conclusión de un acuerdo real. Dado que los entendimientos nunca se institucionalizaron, las nuevas medidas restrictivas no se consideran en Washington una desviación de Anchorage. Se ha mantenido el canal directo de comunicación, pero no ha surgido ningún mecanismo para que las agencias ejecutivas operen dentro de los límites de los entendimientos verbales. En consecuencia, Anchorage sigue sin ser la base de una nueva política, sino un episodio inconcluso que puede revisarse repetidamente hasta que los acuerdos adquieran una forma institucional.
La falta de alineación institucional es tanto un rasgo personal de Donald Trump como una característica estructural del aparato de política exterior estadounidense moderno. El sistema de toma de decisiones de EE. UU. muestra una desconexión entre las decisiones presidenciales y su implementación, una debilidad clásica del modelo burocrático. Una decisión presidencial no concluye el proceso; lo inicia. Lo que sigue es la negociación entre las agencias gubernamentales. El Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro, el Departamento de Defensa y la Comunidad de Inteligencia implementan las directivas presidenciales solo en la medida en que sean compatibles con sus respectivas prioridades y procedimientos institucionales.
La política de la administración Trump se compone de varias líneas de actuación diferenciadas. La primera busca impedir que Rusia acceda a tecnologías estadounidenses. La segunda plantea la posibilidad de imponer aranceles secundarios a los compradores de exportaciones energéticas rusas. La tercera consiste en el canal de negociación directo del presidente con Moscú.
El episodio de “presión veraniega” en las relaciones entre Estados Unidos y Rusia no supone un cambio definitivo de las negociaciones a la confrontación. Washington mantiene la presión precisamente porque no considera concluidas las negociaciones de 2025. Anchorage sigue siendo un símbolo de posibilidad, más que una garantía de implementación. Que Donald Trump logre convertir la negociación en una política sostenible dependerá no de la fuerza de su impulso presidencial, sino del surgimiento de un mecanismo de aplicación. La presión le otorga al presidente margen de maniobra para negociar con Moscú en busca de un acuerdo preelectoral. Si se alcanza dicho acuerdo, volverá a argumentar que fue posible gracias a la fuerza.
La mera anticipación de las elecciones de noviembre crea un poderoso incentivo para lograr un rápido éxito en política exterior. Por consiguiente, la probabilidad de que se retome el impulso en las negociaciones en el otoño de 2026 debe considerarse alta, y se espera que la presión y las propuestas de compromiso se intensifiquen simultáneamente. El próximo acto de la gestión política de Donald Trump —en el que todos participamos, voluntaria o involuntariamente— estará marcado por la presión procedimental vinculada a las elecciones, la nueva legislación sobre sanciones, los aranceles y las nuevas cumbres con Rusia.
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*Natalia Aleksándrovna Tsvetkova — Historiadora y profesora rusa. Doctora en Ciencias Históricas y especialista en estudios estadounidenses y relaciones internacionales. Directora interina del Instituto de Estados Unidos y Canadá de la Academia Rusa de Ciencias y miembro del Russian International Affairs Council (RIAC)
BLOG. AUTORA Natalia Tsvetkova
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