Por: Horacio Duque* 

La pregunta parece absurda. Sin embargo, esa es precisamente la imagen que sectores de la ultraderecha colombiana pretenden instalar en la opinión pública mediante una creciente ofensiva política, mediática y judicial contra el principal movimiento  político surgido en Colombia en las últimas décadas. 

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Una de las estrategias centrales del proyecto político que encabeza Abelardo consiste en estigmatizar al Pacto Histórico, asociarlo con el delito y convertir a sus dirigentes, parlamentarios y antiguos funcionarios en parte de una supuesta estructura criminal.

No se trata simplemente de una confrontación política. Cuando a una organización política se la presenta como una «banda criminal» —una BACRIM— se intenta producir algo mucho más profundo: quitarle legitimidad, aislarla socialmente, fracturarla internamente y desmoralizar a sus bases.

Una campaña que busca cambiar el terreno de la discusión

En ese contexto deben entenderse el llamado «Libro de la Verdad» y los informes que, según se anuncia, serán presentados antes de finalizar septiembre. La posibilidad de una nueva cascada de denuncias, señalamientos y acusaciones contra antiguos funcionarios del Gobierno del Pacto Histórico no puede analizarse al margen de esta estrategia política.

La denuncia de hechos concretos y la investigación de posibles actos de corrupción deben ser, naturalmente, asuntos de las instituciones competentes. Nadie puede reclamar impunidad ni inmunidad frente a la ley.

Pero una cosa es investigar responsabilidades individuales y otra muy distinta es convertir esas investigaciones en un mecanismo de criminalización de todo un proyecto político.

La primera pertenece al ámbito de la justicia.

La segunda es una operación política.

Y esa diferencia debe quedar absolutamente clara.

No permitir la criminalización del adversario político

El Pacto Histórico tiene la responsabilidad de responder a esta ofensiva con argumentos, información, transparencia y capacidad política. No puede limitarse a reaccionar cuando aparezca cada nuevo señalamiento.

Necesita construir una estrategia permanente de comunicación pública que permita distinguir entre hechos comprobados, investigaciones en curso, responsabilidades individuales, acusaciones políticas y montajes propagandísticos.

Las plataformas digitales, las redes sociales, los medios alternativos y el periodismo serio tienen aquí un papel decisivo.

Pero la respuesta no puede ser solamente comunicativa.

También debe ser política y organizativa. 

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El objetivo de una campaña de esta naturaleza puede ser doble: golpear la imagen pública del Pacto Histórico y, simultáneamente, profundizar sus divisiones internas.

Las disputas entre parlamentarios, dirigentes y sectores del movimiento pueden convertirse en el terreno ideal para que una ofensiva externa encuentre aliados involuntarios dentro de la propia organización.

Por eso, responder a la estigmatización exige también recuperar la capacidad de unidad.

Volver a las bases

Las directivas del Pacto Histórico deberían entender que ninguna estrategia de defensa política puede construirse exclusivamente desde Bogotá, los medios de comunicación o las redes sociales.

Hay que volver a las regiones y escuchar a las bases.

Hay que conversar con los militantes, con las organizaciones sociales, con los trabajadores, con los campesinos, con los jóvenes y con las comunidades que hicieron posible el crecimiento electoral del Pacto Histórico.

Y hacerlo sin soberbia.

La crisis de confianza no se resuelve con discursos desde arriba ni con una gestualidad condescendiente hacia quienes están en los territorios. Se resuelve mediante diálogo, autocrítica, presencia territorial y capacidad para reconocer errores.

La política también exige humildad.

Defender el proyecto sin negar los problemas

Defender al Pacto Histórico no significa negar que puedan existir errores, abusos o hechos de corrupción cometidos por personas vinculadas al movimiento.

Precisamente porque se trata de un proyecto político que reivindica la transformación social, debe asumir con firmeza la defensa de la transparencia y la responsabilidad pública.

La mejor respuesta frente a la acusación de que el Pacto Histórico es una «banda criminal» no consiste en negar todas las investigaciones.

Consiste en demostrar, con hechos, que una organización política no puede ser convertida en una estructura criminal por asociación, que las responsabilidades penales son individuales y que cualquier conducta delictiva debe ser investigada y sancionada por las autoridades competentes, independientemente de la filiación política de quien la cometa. 

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Una disputa por el futuro  político de Colombia.

El Pacto Histórico no es solamente una sigla electoral. Representa a millones de ciudadanos que encontraron en ese espacio político una posibilidad de cambio y de ampliación de derechos.

Por eso, la ofensiva en su contra no debe enfrentarse con sectarismo ni con autocomplacencia.

Debe enfrentarse con unidad, organización, transparencia, comunicación política y presencia territorial.

Las directivas tienen una responsabilidad particular. Deben abandonar cualquier forma de soberbia o egocentrismo y comprender que la fortaleza del movimiento no está únicamente en sus parlamentarios o dirigentes nacionales.

Está en sus bases.

Está en las comunidades.

Está en los territorios.

Está en millones de ciudadanos que esperan una política capaz de defender sus derechos y de construir una alternativa frente al poder tradicional.

La pregunta, entonces, no debería ser si el Pacto Histórico puede ser presentado propagandísticamente como una «banda criminal».

La pregunta verdaderamente importante es otra:

¿permitirá el Pacto Histórico que sus adversarios definan su identidad, su historia y su futuro?

La respuesta depende de su capacidad para defenderse de la criminalización sin caer en la negación de sus propios problemas; para investigar y sancionar las conductas indebidas sin permitir que se conviertan en una condena colectiva; y, sobre todo, para recuperar el vínculo con las bases sociales que hicieron posible su existencia.

Porque frente a una campaña destinada a dividir, desmoralizar y aislar, la mejor defensa no es el miedo: es la organización democrática, la transparencia y la unidad popular.

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*Horacio Duque Giraldo es un historiador, analista político y académico colombiano. Cuenta con una sólida formación académica que incluye: Licenciatura en Ciencias Sociales con énfasis en Educación Básica. Maestría en Análisis de Problemas Políticos, Económicos e Internacionales Contemporáneos. Maestría en Relaciones Internacionales. Como analista, es conocido por su enfoque crítico y su vinculación con movimientos sociales. Sus análisis suelen centrarse en la defensa de los derechos humanos, medioambientales y los derechos de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, especialmente en el sur occidente colombiano. Ha participado como conferencista en seminarios sobre el proceso de paz, promoviendo la pedagogía sobre la democracia ampliada y el pluralismo político♦ |X: @horacio_DG| Correo: horacioduquegiraldo@gmail.com|

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