Por Horacio Duque*

El Gobierno de Abelardo salió anoche a los medios a instalar en la opinión pública la idea de una catástrofe fiscal. El mensaje parece tener un doble propósito: preparar al país para un fuerte ajuste del gasto público y construir, al mismo tiempo, el ambiente político necesario para justificar medidas extraordinarias frente a una situación fiscal que el propio Gobierno contribuye a profundizar.
Abelardo pretende instalar la catástrofe presupuestal y preparar un “susto fiscal”, tal vez pensando en un eventual “corralito bancario” que nos termine colocando bajo la dictadura de un “gobierno de los Banqueros” con sus consabidos usos de los estados de excepción, ahora para asaltar a las universidades, acosar a los jueces y diezmar la acción de tutela.
La discusión merece ser tomada en serio.
Colombia enfrenta dificultades fiscales importantes. No hay razones para ocultarlas ni para celebrar el deterioro de las cuentas públicas. Pero una cosa es reconocer la existencia de un problema fiscal y otra muy distinta utilizarlo como argumento para imponer un programa de reducción del Estado, debilitar la inversión social o convertir la emergencia económica y el miedo financiero en instrumentos de gobierno.
La pregunta fundamental es, entonces:
¿Cómo pretende Abelardo cerrar el enorme agujero fiscal que se está formando si simultáneamente promete reducir impuestos, aumentar gastos y rechaza una nueva reforma tributaria?
La respuesta que comienza a perfilarse es preocupante: más endeudamiento, reducción del gasto público y una fuerte presión sobre el Estado y las entidades territoriales.
Y allí es donde comienza el verdadero debate.
Un agujero fiscal de enormes proporciones
El primer problema es la reconstrucción de las regiones devastadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.
Las estimaciones disponibles sitúan las necesidades de reconstrucción alrededor de los $40 billones, una cifra que puede aumentar cuando concluyan los censos, las evaluaciones de daños y los diseños definitivos de las obras.
Para dimensionar el esfuerzo, basta una comparación.
El Presupuesto General de la Nación para 2026 fue de aproximadamente $547 billones, de los cuales unos $88,4 billones correspondieron a inversión.
La reconstrucción podría absorber, por sí sola, una proporción gigantesca de la capacidad de inversión pública del país durante los próximos años.
Y no estamos hablando únicamente de reconstruir edificios.
Se trata de viviendas, hospitales, colegios, vías, puentes, acueductos, redes eléctricas, infraestructura productiva y recuperación de miles de empresas y empleos.
La tragedia, por tanto, no es solamente humana y territorial.
También es un enorme desafío fiscal.
El Gobierno quiere reducir impuestos
En medio de este escenario, el Gobierno de Abelardo insiste en que no recurrirá a nuevos impuestos.
Más aún: ha planteado reducciones y eliminaciones tributarias.
Entre las propuestas mencionadas están la eliminación del cuatro por mil, con un costo estimado de $15,7 billones; la eliminación del impuesto al patrimonio, por unos $5,3 billones; la reducción del impuesto a la gasolina, cercana a $1,6 billones, y una reducción de cinco puntos en la tarifa de renta corporativa, con un impacto estimado entre $7,8 y $10 billones.
En conjunto, se estaría hablando de una reducción potencial de ingresos fiscales cercana a $30 billones.
Aquí aparece la primera gran contradicción.
El Estado necesita más recursos para financiar la reconstrucción, la salud, la vivienda, la seguridad, la infraestructura y las obligaciones sociales.
Pero el Gobierno propone reducir precisamente una parte de los ingresos con los cuales tendría que financiar esas necesidades.
Menos ingresos y más obligaciones.
No parece una fórmula sostenible.
El otro lado de la ecuación: más gasto
Antes incluso de que apareciera la dimensión fiscal del terremoto, el Gobierno había anunciado compromisos adicionales para sectores que atraviesan dificultades.
Las cifras mencionadas incluyen aproximadamente:
$25 billones para el sector salud;
$9 billones para energía y gas;
$9 billones para seguridad y defensa;
$8 billones para vivienda;
$18 billones para infraestructura.
Estamos hablando de alrededor de $67 billones adicionales, que podrían distribuirse durante el cuatrienio y cuya magnitud deberá revisarse después del terremoto.
Pero si a esa cifra se agregan el faltante presupuestal de 2027 y las necesidades de reconstrucción, el panorama adquiere otra dimensión.
Tenemos entonces, en números gruesos:
$30 billones menos de ingresos tributarios;
$30 billones de faltante presupuestal;
$67 billones de compromisos adicionales;
y alrededor de $40 billones para la reconstrucción.
El resultado supera los $160 billones en necesidades fiscales potenciales.
No significa que esa cantidad deba financiarse de una sola vez ni que todos esos valores constituyan un déficit inmediato.
Pero sí muestra la magnitud del problema.
Y plantea una pregunta elemental:
¿de dónde saldrá el dinero?
El sueño de adelgazar el Estado.
La respuesta del Gobierno parece descansar en una vieja receta neoliberal: reducir el tamaño del Estado.
El problema es que esta operación no puede hacerse simplemente mediante un discurso presidencial o una orden administrativa.
Una parte sustancial del gasto público está protegida por normas constitucionales, leyes orgánicas, leyes estatutarias, sistemas de transferencias, obligaciones pensionales, compromisos territoriales y programas sociales.
La llamada inflexibilidad presupuestal limita enormemente el margen de maniobra del Gobierno.
Por eso, un programa serio de reducción del gasto requeriría profundas reformas legales y, en algunos casos, constitucionales.
Y eso significa Congreso.
Significa debates.
Significa negociación.
Significa conflictos entre sectores sociales, territoriales y empresariales.

Y significa explicar públicamente a quién se le va a quitar la plata.
Porque detrás de la expresión genérica “reducir el Estado” hay decisiones muy concretas:
¿menos salud?
¿menos educación?
¿menos transferencias?
¿menos inversión?
¿menos subsidios?
¿menos infraestructura?
¿menos funcionarios?
¿menos seguridad?
¿menos gasto territorial?
La austeridad no es una abstracción.
Siempre tiene ganadores y perdedores.
La salida fácil: endeudarse.
Si el Gobierno no quiere aumentar impuestos y tampoco consigue reducir rápidamente el gasto, queda una alternativa inmediata: endeudarse.
Pero Colombia ya carga una deuda considerable.
Para 2026, el servicio de la deuda ronda los $102 billones, de los cuales aproximadamente $74,8 billones corresponden a intereses.
Es una cifra extraordinaria.
El Estado colombiano destina a pagar intereses una suma que compite directamente con los recursos que necesita para resolver problemas sociales y territoriales.
Y aquí aparece una paradoja que debería discutirse con mucha más seriedad.
Mientras el Gobierno habla de austeridad y sacrificios, el sector financiero recibe enormes flujos derivados del endeudamiento público.
No se trata de una conspiración.
Es la lógica misma del mercado de deuda.
Cuando el Estado se endeuda, alguien presta.
Y quien presta cobra intereses.
La deuda tiene un precio
El problema se vuelve más delicado cuando el déficit fiscal aumenta.
Para 2027 se han manejado escenarios de déficit del orden del 6,5 % del PIB, aunque las cifras definitivas dependerán de la evolución de las cuentas fiscales (ahora hablan del 10% del PIB).
En ese contexto, el Gobierno tendrá que salir nuevamente al mercado a buscar recursos.
Si además necesita financiar una parte importante de la reconstrucción y de los compromisos adicionales de gasto, la demanda de crédito aumentará.
Y si aumenta la demanda por recursos financieros, puede aumentar también el costo del endeudamiento.
Un incremento de las tasas de interés significa más recursos destinados al servicio de la deuda y menos recursos disponibles para inversión pública.
Es un círculo que puede volverse perverso:
más déficit, más deuda, más intereses, menos espacio fiscal y más deuda.
El Gobierno debe explicar cómo pretende romper ese círculo.
¿Quién gana con el endeudamiento?
Aquí aparece uno de los puntos políticos más importantes.
El debate fiscal no puede reducirse a la discusión entre impuestos altos o impuestos bajos.
También hay que preguntar quién captura los beneficios del modelo de financiación elegido.
En los últimos años, el sistema financiero colombiano ha registrado utilidades extraordinarias.
Si el Estado decide financiar buena parte de sus necesidades mediante deuda, una parte importante del presupuesto terminará destinada al pago de intereses.
Por eso resulta legítimo preguntar si el Gobierno está diseñando una política fiscal que, deliberadamente o no, termine trasladando una porción creciente de recursos públicos hacia el sector financiero.
No basta con decir que los bancos están cumpliendo su función de intermediación.
Eso es cierto.
Pero también es cierto que el costo de esa intermediación lo termina pagando el conjunto de los contribuyentes.
Los bancos y la reconstrucción.
La discusión adquiere especial relevancia frente al terremoto.
Los grandes grupos económicos han anunciado donaciones para apoyar la reconstrucción.
Esas contribuciones deben reconocerse.
Pero no pueden confundirse con la magnitud del negocio económico que se generará alrededor de la reconstrucción.
Una reconstrucción de decenas de billones de pesos significa una gigantesca demanda de cemento, acero, materiales, maquinaria, transporte, servicios financieros, seguros, vivienda y crédito.
Por eso es perfectamente legítimo preguntar:
¿quiénes serán los grandes proveedores de la reconstrucción?
¿Quiénes obtendrán los contratos?
¿Quién financiará las obras?
¿A qué tasas?
¿Quién administrará los fondos?
¿Quién hará las interventorías?
¿Quiénes recibirán los beneficios de la enorme expansión de la demanda que producirá la reconstrucción?
La tragedia puede convertirse en una oportunidad económica.
La cuestión es para quién.
La experiencia del terremoto de 1999
Colombia ya vivió una experiencia semejante después del terremoto del Eje Cafetero de 1999.
La reconstrucción produjo enormes inversiones y creó un complejo aparato institucional alrededor del FOREC.
Pero también dejó una discusión todavía vigente sobre la relación entre reconstrucción, contratación, empresas, consultorías, intermediarios y poder político.
La lección debería ser clara:
cada peso destinado a reconstruir debe poder ser rastreado desde su origen hasta el resultado final de la obra.
La emergencia no puede convertirse en un territorio sin controles.
El verdadero peligro: usar la crisis para imponer un ajuste.
El problema, entonces, no es solamente el tamaño del déficit.
El verdadero peligro está en utilizar el deterioro fiscal para construir un relato de inevitabilidad:
“no hay plata”;
“hay que recortar”;
“no existen alternativas”;
“hay que sacrificar derechos”;
“hay que reducir el Estado”;
“hay que endeudarse”.
Ese discurso puede terminar preparando el terreno para medidas excepcionales que afecten la capacidad de respuesta de las instituciones democráticas.
Por eso deben rechazarse desde ahora las salidas autoritarias.
Una crisis fiscal no puede convertirse en una licencia para debilitar las universidades, presionar a los jueces, restringir la tutela o limitar los derechos ciudadanos.
La disciplina fiscal es necesaria.
La democracia también.
¿Un nuevo estado de excepción?
El Gobierno debe explicar con absoluta claridad cuál será el alcance de las medidas extraordinarias que pretende adoptar.
La declaración de una emergencia no puede utilizarse para convertir problemas fiscales estructurales en una justificación permanente para gobernar por decreto.
Los estados de excepción tienen límites constitucionales.
Y esos límites existen precisamente porque el poder excepcional puede terminar utilizándose para fines diferentes de aquellos que justificaron su adopción.
Por eso, frente a cualquier nueva medida de emergencia, el Congreso, la Corte Constitucional, la Contraloría, las organizaciones sociales y la ciudadanía deben ejercer sus respectivas funciones de control.
Hay alternativas.
Colombia no está condenada a escoger entre dos extremos: impuestos confiscatorios o recortes salvajes.
Existe un espacio mucho más amplio para discutir una política fiscal progresiva y responsable.
Se puede revisar el gasto tributario.
Se pueden combatir la evasión y la elusión.
Se pueden revisar exenciones y beneficios fiscales.
Se puede mejorar la eficiencia del gasto.
Se puede priorizar la inversión pública.
Se pueden establecer mecanismos extraordinarios y temporales para financiar la reconstrucción.
Y se puede discutir una contribución mayor de quienes tienen mayor capacidad económica.

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*Horacio Duque Giraldo es un historiador, analista político y académico colombiano. Cuenta con una sólida formación académica que incluye: Licenciatura en Ciencias Sociales con énfasis en Educación Básica. Maestría en Análisis de Problemas Políticos, Económicos e Internacionales Contemporáneos. Maestría en Relaciones Internacionales. Como analista, es conocido por su enfoque crítico y su vinculación con movimientos sociales. Sus análisis suelen centrarse en la defensa de los derechos humanos, medioambientales y los derechos de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, especialmente en el sur occidente colombiano. Ha participado como conferencista en seminarios sobre el proceso de paz, promoviendo la pedagogía sobre la democracia ampliada y el pluralismo político♦ |X: @horacio_DG| Correo: horacioduquegiraldo@gmail.com|

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