Por: Horacio Duque* 

La confrontación publica entre Ivan Cepeda, el candidato del Pacto Histórico (y de una coalición de amplio espectro político) y el señor Abelardo de la Espriella, candidato de la derecha «revolucionaria» colombiana en la versión Trump/Milei/Bukele, ha develado el alcance de sus propuestas programáticas para ser implementadas en los gobiernos respectivos.

En el caso de De la Espriella un punto clave de su proyecto de gobierno ultraliberal se relaciona con el modelo de Estado que se pretende implantar.

Para tales efectos Daniel Raisbeck, el principal asesor del candidato presidencial de la ultraderecha, elaboró un documento sobre «Política de Balance Fiscal 2026-2027. Reestructuración de la Rama Ejecutiva: Recortes, Fusiones y Ahorro del 4 % del PIB» que se registró desde el segundo semestre del 2025.

Según Raisbeck la abultada expansión de la actual Rama Ejecutiva, la cual cuenta actualmente con 216 entidades, con 19 ministerios, agencias nacionales, unidades administrativas especiales, superintendencias, institutos técnicos, fondos rotatorios, fondos pasivos, bancos, fiduciarias, aseguradoras, centrales eléctricas, clubes, una sociedad hotelera, una aerolínea, dos centros de diagnóstico automotor, y hasta una empresa de productos veterinarios, de difícil manejo presidencial, requiere una cirugía «sangrienta» , para lo cual propone la eliminación, fusión o privatización de 136 entidades, de las cuales 13 son ministerios, que supone que «ninguna entidad del Estado es necesaria a menos de que, de manera inequívoca, garantice los derechos básicos (y negativos) de los ciudadanos a la vida, la libertad y la propiedad» ,aduciendo que más allá de lo «técnico», «es un imperativo cívico resaltar la importancia de la responsabilidad fiscal, sin la cual la libertad individual se empieza a ver bajo la grave amenaza de un Estado rapaz».

Se lamenta de la pobreza de la información oficial y el mito de la «inflexibilidad» del presupuesto público, cuestionando el gasto gubernamental como impulsor de la economía, y la creencia «que los burócratas y tecnócratas poseen una sabiduría superior a la del ciudadano o empresario para asignar los recursos» en irrespeto a los «derechos naturales».

Raisbeck sostiene que las entidades (no-ministeriales) de la Rama Ejecutiva se pueden dividir en dos: 49 que tienen un rubro específico en el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2024—el último que fue aprobado por el Congreso— y las 72 que no. Plantea que «el Estado, para cumplir sus funciones esenciales, no debe participar directamente en el sector financiero, en la banca o en la industria de seguros» porque interfiere políticamente en «decisiones que deben ser estrictamente comerciales, porque el Estado compite con privados en cualquier sector, como participante en el mercado y regulador del mismo mercado, como juez y parte, el Estado necesariamente distorsiona las condiciones de una competencia que debe ser limpia.

En el caso de las 27 empresas estatales de la lista que no son parte del Grupo Bicentenario (entre ellas hay cinco canales de televisión y dos centros de diagnóstico automotor), Raisbeck recomienda su completa privatización.

Para las demás entidades sin un rubro presupuestal específico se recomienda su eliminación y/o la transferencia de sus funciones a una de las entidades principales—aquellas que se mantienen según esta propuesta— o al nivel territorial. Por ejemplo, los cuatro institutos de investigación actualmente adscritos al Ministerio de Ambiente serían transferidos a la Universidad Nacional.

Bajo la premisa que la función básica del gobierno es proteger los derechos naturales de los individuos (vida, libertad y propiedad) al proveer seguridad y defensa y administrar la justicia y de tratar efectivamente con otros Estados para mantener la paz y el libre flujo del comercio, y que los recursos que extrae de los ciudadanos para cumplir dichas funciones debe ser mínimo, y los montos deben ser bien administrados, y aunque admite que el Estado provea también servicios de educación y de salud, aunque en esos casos debe dedicarse a subsidiar la demanda, más no la oferta, propone la permanencia de sólo cinco de los 19 ministerios actuales, para que cumplan las labores esenciales de: Defensa; Hacienda; Cancillería; Justicia; Interior.

Propone que los siguientes ministerios actuales se convertirán en viceministerios de un «Supra-Ministerio» de Desarrollo Económico: Minas y Energía; Comercio; Transporte; Agricultura; Tecnología; Vivienda; mientras que los ministerios actuales de Educación, Salud, Trabajo, Cultura, Deporte, Ciencia y Ambiente, se convertirían en viceministerios de un «Supra-Ministerio» de Capital Humano, que tendría un viceministerio adicional, a cargo de todos los subsidios que reparte el GNC, y que resultaría de la fusión entre Prosperidad Social y el ICBF, pero asegurando que se reduzca gradual pero continuamente el porcentaje de la población subsidiada. El ahorro que surgiría al fusionar 13 ministerios actuales y Prosperidad Social / ICBF en dos Supra-Ministerios alcanzaría la cifra de $8 billones (con respecto al presupuesto de 2024).

Adicionalmente, 49 entidades con presupuesto asignado, según la propuesta de Raisbeck, se deben eliminar o fusionar con las entidades restantes para generar ahorro, evitar redundancias y aumentar la eficacia gubernamental: Al nivel de la Presidencia, hay 15 entidades con presupuesto específico asignado, de las cuales sólo se mantendrían dos: el DANE y el DNP.

El DANE absorbería las funciones del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), aunque también podría privatizar completamente el catastro. El DNP, cuyo nombre propone cambiar por el de Departamento Nacional de Eficiencia (DNE) para evitar cualquier pretensión de planificación central, le transfiere funciones de programación y presupuestación de la inversión al Ministerio de Hacienda, y vela por la eficiencia y la transparencia del gasto público a través de toda la Rama Ejecutiva. Lo mismo aplica a los recursos territoriales que provengan de la Nación y asumirá las labores del Departamento Administrativo de la Función Pública, cuyas funciones serán descentralizadas. El nuevo DNE también asumiría las funciones de la Unidad Administrativa Especial Colombia Compra Eficiente, e involucraría la publicación digital de datos en tiempo real de todo el gasto de la Rama Ejecutiva, al igual que los números actualizados de la planta y los contratistas en toda entidad supervisada.

La Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco y la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC) serían eliminadas, así como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD, con sus funciones necesarias asumidas por el Ministerio del Interior. El Fondo Adaptación se elimina.

En el sector de Hacienda, tanto la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPPP) como la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) transferirían sus funciones a la DIAN y varios fondos, que actualmente operan como entidades con rubro presupuestal propio, serían absorbidos y centralizados por la tesorería del Ministerio de Hacienda.

La Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), actualmente parte de la Presidencia, sería transformada en una facultad o centro de administración pública dentro de la Universidad Nacional.

El SENA absorbería cinco institutos técnicos que actualmente operan independientemente dentro del Ministerio de Educación. La Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar dejará de operar como una unidad administrativa especial y el mismo Ministerio de Educación asumirá sus funciones.

En Seguridad y Justicia, se eliminarían las entidades que surgieron del acuerdo de Paz de 2016 ( lo cual requeriría una enmienda constitucional) y dentro de Presidencia, dejará de existir la Agencia para la Renovación del Territorio, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización y dentro del actual Ministerio de Agricultura, se eliminarían la Agencia Nacional de Tierras, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y la Agencia de Desarrollo Rural, así como las del rubro «Inclusión Social y Reconciliación», que son: la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, con la transferencia de cualquier función esencial a los ministerios de Justicia e Interior, y el Centro de Memoria Histórica.

En el sistema penitenciario se eliminarían el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) y sus funciones se cumplirían bajo un modelo de Asociación Público-Privada (APP) inspirado en el CECOT de El Salvador, bajo la supervisión de la Policía Nacional. Igualmente se eliminaría la Unidad Nacional de Protección (UNP), con sus funciones trasladadas a la Policía Nacional y la Unidad Administrativa Especial Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado tercerizaría sus funciones. Aunque considera inconveniente eliminar la JEP desde 2026 dado que dicha entidad sólo operará hasta el 2030 según los términos de su creación, y dada la clara ineficacia de dicha institución, propone reducir radicalmente su presupuesto de los $665 mil millones del 2024 en un 90 %.

En el sector energético, se eliminarían la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) y el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas (IPSE) y el mismo Ministerio de Minas y Energía asumirá cualquier función necesaria de dichas entidades; la Agencia Nacional de Minería (ANM) se fusionará con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

En el sector de Transporte, se eliminaría la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Invías, asumiría sus funciones; en el sector de Tecnología, se eliminaría el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Corporación Agencia Nacional de Gobierno Digital (AND).

En el sector agrícola, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca se fusionará con el ICA.

En el sector cultural, el nuevo Viceministerio de Cultura asumiría las funciones de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, entidad actualmente bajo el Ministerio de Interior.

De las 10 Superintendencias actuales, únicamente se mantendrían las tres originales y encargadas de la regulación financiera y comercial: la Financiera, Industria y Comercio y Sociedades. Las funciones necesarias, si las hay, de las siguientes superintendencias las asumirán las tres restantes y/o el Nuevo DNE. En la medida que dejan de operar las últimas superintendencias, también se elimina la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, actualmente adscrita al Ministerio del Trabajo. El ahorro de eliminar y/o fusionar las entidades antedichas se calcula en $21 billones (5 mil millones de dólares).

Las 18 entidades que permanecen intactas dentro de este programa de reestructuración de la Rama Ejecutiva deberían llevar a cabo un recorte general del 16% de su presupuesto de $79.4 billones—al reducir el rubro de funcionamiento e inversión según la necesidad en cada caso—, para lograr un ahorro adicional de $13.78 billones:

Presupuesto por entidad (cifras en billones de pesos colombianos

Según Raisbeck se lograrían más ahorros al reformar el sistema de educación, limitando el presupuesto asignado actualmente al ministerio, que dejará de ser un ministerio, a un costo realista por alumno (un indicador clave de rendimiento o KPI básico), más no sostener los privilegios del sindicato de profesores (FECODE), cuyos altos salarios contrastan con los exiguos resultados de la educación nacional, evidentes, entre otras formas, en los puntajes de pruebas estandarizadas.

Adicionalmente, se generaría un ahorro de $2 billones al recortar en un 50 % los presupuestos de la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría.

El SGP, Sistema General de Participación, que se basa en los artículos 356 y 357 de la Constitución, los cuales obligan a la Nación a transferir recursos a las regiones para satisfacer necesidades básicas en educación, salud, agua potable y saneamiento básico, principalmente. En el 2024, las transferencias al SGP tuvieron un monto de $70.54 billones, de los cuales $39.68 billones fueron al área de educación, $16.39 billones al área de salud, $3.62 billones a servicios de agua potable, y $3.36 billones divididos entre la alimentación escolar, los asuntos ribereños, los resguardos indígenas y el Fondo Nacional de Pensiones de Entes Territoriales (FONPET). No obstante, el SGP contiene un rubro denominado «Propósito General», el cual recibió $7.45 billones en el 2024. Esto incluyó $4.37 billones de «Libre Inversión», $2.52 billones de «Libre Destinación», $0.31 billones para el deporte y $0.23 billones para la cultura, que son para Raisbeck, poco transparente, por lo cual propone eliminar cualquier asignación de libre inversión, libre disposición y de cualquier otro tipo que no cumpla estrictamente con el propósito de financiar los sistemas regionales de educación, salud, agua potable y saneamiento básico, lo cual según su opinión hubiera generado un ahorro de $7.45 billones en el PGN hasta 2024.

Violenta la Motosierra que anuncia el nuevo jefe de la ultraderecha colombiana.

Se ha previsto que 700 mil funcionarios y trabajadores salgan del Estado. Y que más de 400 mil educadores pierdan el Estatuto docente que protege sus derechos y garantías.

Hay que llamar a la organización y la movilización social para enfrentar estas bestias del ultra liberalismo en boga.

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*Horacio Duque Giraldo es un historiador, analista político y académico colombiano. Cuenta con una sólida formación académica que incluye: Licenciatura en Ciencias Sociales con énfasis en Educación Básica. Maestría en Análisis de Problemas Políticos, Económicos e Internacionales Contemporáneos. Maestría en Relaciones Internacionales. Como analista, es conocido por su enfoque crítico y su vinculación con movimientos sociales. Sus análisis suelen centrarse en la defensa de los derechos humanos, medioambientales y los derechos de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, especialmente en el sur occidente colombiano. Ha participado como conferencista en seminarios sobre el proceso de paz, promoviendo la pedagogía sobre la democracia ampliada y el pluralismo político♦

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