La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, adscrita a la Organización de Naciones Unidas, emitió este 27 de julio un comunicado desde Panamá y Ginebra en el que manifiesta su inquietud tras el anuncio del gobierno venezolano de denunciar el Estatuto de Roma, instrumento fundacional de la Corte Penal Internacional (CPI).
En el documento, la Misión señala que esta decisión plantea interrogantes sobre la voluntad del Ejecutivo nacional en materia de rendición de cuentas.
El organismo añade que la medida ocurre en un contexto en el que, a su juicio, resultan prioritarios los derechos a la justicia y la verdad para la población venezolana.
Asimismo, la Misión indicó que, hasta la fecha, no se han registrado avances significativos en las investigaciones sobre violaciones a derechos humanos documentadas en los últimos años. Sostiene que el retiro de la CPI podría interpretarse como una vía para eludir instancias internacionales que promueven procesos de responsabilización interna.
El pronunciamiento incluye un llamado a las autoridades nacionales para que reviertan la decisión y mantengan su cooperación con los mecanismos de justicia internacional, así como con los organismos de derechos humanos.
También solicita que se adelanten investigaciones con estándares internacionales sobre quienes resulten responsables de crímenes de lesa humanidad y otras graves violaciones.
La Misión, creada en septiembre de 2019 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, tiene mandato vigente hasta octubre de 2026. El anuncio oficial fue realizado por el canciller Félix Plasencia González, mientras que el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una declaración en la que califica a la CPI como «corrupta y sin valor».
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Por Agencia Editorial Bolivariana
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