Johnatan Fuentes*

Este domingo Perú vive una segunda vuelta electoral clave. Entre la resistencia popular al régimen surgido tras la caída de Pedro Castillo y la ofensiva conservadora del fujimorismo, la disputa central para Roberto Sánchez y Juntos por el Perú pasa por la construcción de una nueva hegemonía.

El voto del sur andino, las periferias rurales y los sectores populares subalternizados impulsó el avance de Roberto Sánchez y Juntos por el Perú a la segunda vuelta de este domingo, donde enfrenta a Keiko Fujimori y Fuerza Popular. Lo que está en juego excede una simple alternancia electoral: se disputa la continuidad del régimen autoritario de base parlamentaria consolidado desde fines de 2022 y la posibilidad de reactivar un ciclo de transformación bloqueado tras la caída del gobierno popular de Pedro Castillo.

La candidatura de Juntos por el Perú condensó en la primera vuelta una articulación heterogénea de fuerzas (sectores socialdemócratas, sindicalismo magisterial y una corriente nacional-popular de izquierda) que encontraron en el castillismo una nueva subjetividad plebeya. Más que una coalición electoral, expresa la persistencia de un bloque popular incompleto que enfrenta el reto de transformarse en dirección nacional.

Las elecciones generales de 2026 expresan una crisis orgánica del régimen neoliberal peruano. La descomposición de los partidos tradicionales, la radicalización de la derecha, la incapacidad de las élites para construir consensos duraderos y la recurrencia a golpes parlamentarios muestran un orden que conserva capacidad de dominación pero pierde conducción política.

Minorías activas y crisis de hegemonía

La segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez cristaliza la hiperfragmentación del sistema político, aunque evidencia algo más profundo: la ausencia de una fuerza capaz de construir hegemonía nacional de largo plazo. Ambas candidaturas parten de núcleos duros y dependen de agregaciones sociales contradictorias. Sánchez retiene gran parte de su base electoral contestataria (respaldada por el liderazgo popular de Pedro Castillo) y concentra apoyos provenientes de electorados progresistas y sectores desencantados del centro político. Fujimori consolida el voto conservador, empresarial y neoliberal, articulando fracciones sociales interesadas en la continuidad del régimen.

Con alrededor del 17 % de los votos válidos en primera vuelta, Fujimori ocupó el primer lugar. Su liderazgo expresa, con todo, más capacidad de reproducción organizativa que expansión hegemónica. Su fortaleza descansa en un voto identitario relativamente consolidado, principalmente urbano-costeño, insuficiente para construir un consenso nacional estable.

Sánchez, con el 12 % de los votos válidos, enfrenta una contradicción distinta. Su pase al segundo turno se sostiene en una articulación territorial efectiva en el sur andino y los sectores rurales; su crecimiento, en cambio, continúa dependiendo de una agregación contingente de sectores antifujimoristas y descontentos. Ninguna de las dos fuerzas logra todavía convertirse en un bloque histórico dirigente.

Del estallido electoral a la disputa por el bloque histórico

Anteriormente caractericé este proceso como un posible «estallido electoral»: la traducción institucional del ciclo de protestas abierto entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. La hipótesis sigue siendo válida, aunque requiere precisiones. La persistencia del voto plebeyo andino confirma que las jornadas de protesta no fueron un episodio coyuntural, sino la expresión política de fracturas históricas más profundas: desigualdad territorial, centralismo estatal y exclusión persistente de las mayorías indígenas, campesinas y populares.

El problema central no es únicamente la debilidad partidaria o la crisis de representación política, sino la persistencia de una nación incompleta, donde las mayorías populares (particularmente indígenas y rurales) continúan incorporadas de manera subordinada a la comunidad política nacional. El sur andino vuelve a demostrar capacidad de irrupción, aunque esa potencia social todavía encuentra dificultades para convertirse en mayoría nacional. El desafío estratégico ya no consiste solo en resistir el asedio institucional, judicial o mediático: consiste en universalizar políticamente esa experiencia territorial.

Construir mayoría popular supone disputar Lima, las ciudades intermedias, las periferias urbanas y los sectores populares costeños; supone también convertir la memoria de lucha en organización duradera.

El fujimorismo y las derechas de cara a la segunda vuelta

El Partido del Buen Gobierno, del centroderechista Jorge Nieto (con presencia en el nuevo Congreso electo), decidió llamar al voto viciado, lo que revela la inconsecuencia de una derecha tradicional que, en esta ocasión, intenta renovarse mediante discursos liberales. En una línea similar se ubicó la excandidatura presidencial de Marisol Pérez Tello, en discrepancia con la decisión orgánica de su partido.

La vieja partidocracia derechista del APRA y el PPC se sumó al llamado a votar por Fuerza Popular. El partido ultraderechista Avanza País, que quedó sin representación parlamentaria, hizo lo propio, junto a figuras como Dina Boluarte y José Jerí, quienes usurparon la presidencia de la república. Renovación Popular, liderado por Rafael López Aliaga, intentó diferenciarse del fujimorismo dentro del campo de la extrema derecha mediante una performance disruptiva, aunque terminó llamando a votar por Keiko Fujimori bajo el argumento de frenar al «comunismo».

Lo que diferencia al fujimorismo de Renovación Popular es la estrategia que cada fuerza despliega para la construcción de hegemonía dentro del bloque conservador. Fuerza Popular desarrolla una estrategia gradualista de acumulación de fuerzas y disputa prolongada del Estado, combinando inserción territorial, articulación parlamentaria, construcción de redes clientelares y capacidad de reorganización de sus alianzas dentro de las clases dominantes.

Renovación Popular presenta una estrategia más abiertamente reaccionaria y de irrupción acelerada. Su anclaje electoral, concentrado en Lima y sectores urbanos conservadores, limita su capacidad nacional; de ahí que apueste por una polarización intensa, la movilización ideológica permanente y la construcción de liderazgos personalistas siguiendo referencias de la nueva ultraderecha internacional (Donald Trump, Javier Milei, Jair Bolsonaro).

La diferencia central radica en estrategias distintas de recomposición de la dominación de clase: el fujimorismo privilegia una guerra de posiciones y acumulación institucional de largo plazo; Renovación Popular busca acelerar una guerra de movimiento basada en la radicalización ideológica, la confrontación cultural y la constitución rápida de un sujeto reaccionario capaz de disputar la crisis de representación.

La tentación de girar al centro y el reto de reconstruir una izquierda popular

La victoria de Juntos por el Perú en la segunda vuelta se perfila como un escenario probable, considerando la articulación política construida durante la campaña. Las encuestas de cierre suelen subregistrar el voto rural, un segmento históricamente decisivo, lo que consolida progresivamente la ventaja de Sánchez en intención de voto, aunque todavía dentro de un margen estrecho.

En las últimas semanas se sumaron a Juntos por el Perú fuerzas con presencia en el nuevo Congreso electo (el partido centroizquierdista Ahora Nación y el partido de derecha emergente Obras), junto a fuerzas de izquierda antineoliberal como la coalición Venceremos, sectores del centro liberal como Primero la Gente y la Plataforma por la Democracia.

Estas organizaciones suscribieron conjuntamente un plan de gobierno de segunda vuelta que atenuó algunas de las propuestas más radicales de Juntos por el Perú. Como ocurrió parcialmente en la segunda vuelta de 2021, se preservó la propuesta estratégica de una nueva Constitución con participación popular, junto a reformas económicas y sociales progresivas que no requieren aprobación del nuevo Congreso para su implementación.

La comparación entre Ollanta Humala en 2011 y Pedro Castillo en 2021 permite colocar una discusión central para el análisis marxista: conquistar el gobierno no significa conquistar el poder. En sociedades capitalistas periféricas como la peruana, las elecciones permiten acceder al Ejecutivo, pero no necesariamente desplazar las estructuras económicas, mediáticas e institucionales que sostienen la dominación de clase. La experiencia de Humala mostró los peligros de la conciliación con las élites: la llamada «Hoja de Ruta» no fue una moderación programática, sino una capitulación que significó abandonar el horizonte transformador inicial para garantizar gobernabilidad bajo los términos del bloque dominante. La incorporación de actores vinculados al gran capital permitió estabilizar el régimen al costo de desarticular la expectativa de cambio que había impulsado su victoria.

Castillo recorrió un camino distinto. Incorporó sectores moderados y conservadores, aunque sin proponerse una alianza orgánica con el poder económico; tampoco logró construir una estructura política capaz de sostener la confrontación. El resultado fue un gobierno atrapado entre la ofensiva permanente de las élites y la debilidad organizativa del campo popular. Ambos procesos revelan un mismo problema: ganar elecciones sin construir hegemonía. La disputa central no es solamente electoral, sino la capacidad de transformar apoyo popular en organización, dirección política y poder social duradero. Las urnas pueden abrir la disputa, aunque sin organización popular y construcción hegemónica el poder económico conserva capacidad suficiente para condicionar, absorber o desplazar gobiernos surgidos del voto popular.

Sánchez ha optado, en la campaña de segunda vuelta, por ampliar alianzas hacia el centro con algunas concesiones programáticas, sin abandonar las principales banderas ante las clases populares del sur andino identificadas con el presidente derrocado Pedro Castillo. El acuerdo de gobernabilidad que busca Juntos por el Perú tiene como reto alcanzar estabilidad política y encaminar reformas sociales y económicas en el corto plazo, en la medida en que ello permita modificar la correlación de fuerzas y construir una mayoría popular estable, organizada y convencida de cambios más profundos.

Una nueva izquierda popular enfrenta a la ultraderecha fujimorista en un segundo turno crucial para el Perú. La historia reciente enseña que ganar el gobierno sin construir hegemonía condena al campo popular a la derrota. La tarea de la izquierda anticapitalista es, entonces, impulsar desde abajo un polo radical arraigado en las organizaciones populares, capaz de sostener la confrontación que ningún gobierno, por sí solo, puede garantizar.

Por: Agencia Editorial Bolivariana
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