Imperio sin banderas: el Imperial Outreach y la arquitectura del poder estructural

Introducción: de la ocupación militar a la influencia estructural

El poder imperial no ha desaparecido. Las guerras, las ocupaciones y las intervenciones militares siguen siendo rasgos constitutivos del sistema internacional, desde Gaza y Ucrania hasta Sudán. Lo que ha cambiado no es la existencia del imperialismo, sino el instrumento principal mediante el cual las grandes potencias reproducen su influencia a largo plazo sobre otras sociedades.

Las invasiones de Afganistán en 2001 y de Irak en 2003 ilustran con claridad los límites del modelo clásico de dominación imperial. En ambos casos, las victorias militares fueron rápidas; sin embargo, ninguna logró consolidar un orden político estable alineado con los objetivos estratégicos de las potencias ocupantes. El costo total de la guerra de Irak —incluidos los gastos de reconstrucción y la atención a los veteranos— ascendió a varios billones de dólares, mientras que la guerra en Afganistán se prolongó durante dos décadas para terminar con el regreso al poder del mismo movimiento que pretendía derrotar.

Estos fracasos no pusieron fin a la búsqueda de la influencia imperial; simplemente transformaron sus formas. En la actualidad, el poder se ejerce cada vez más mediante instituciones financieras, mecanismos de crédito, programas de cooperación internacional, redes de financiamiento de la sociedad civil, infraestructuras tecnológicas y asociaciones en materia de seguridad, antes que a través de la administración directa de territorios extranjeros.

En este artículo propongo el concepto de Imperial Outreach para describir esta transformación.

Entiendo por Imperial Outreach el uso coordinado de redes financieras, institucionales, tecnológicas e ideológicas mediante las cuales las grandes potencias configuran el entorno estratégico de otras sociedades sin necesidad de ejercer un dominio territorial directo. Este proceso se articula en cuatro dimensiones interrelacionadas:

• Financiera: la capacidad de influencia ejercida mediante la deuda, el sistema monetario internacional y el acceso al capital.
• Institucional: la influencia que se despliega a través del financiamiento y la orientación programática de organizaciones de la sociedad civil e instituciones multilaterales.
• Tecnológica: el control sobre infraestructuras estratégicas, estándares tecnológicos y flujos de datos de los que dependen otras economías.
• Ideológica: la capacidad de presentar determinados intereses y formas de organización del poder como si fueran universales, naturales o políticamente neutrales.

Ninguna de estas dimensiones, considerada de forma aislada, puede producir una influencia duradera. Su eficacia radica precisamente en su funcionamiento conjunto: cada una refuerza a las demás, generando un entramado de poder que opera simultáneamente sobre los planos financiero, institucional, tecnológico y cultural.

En este sentido, el Imperial Outreach no debe entenderse simplemente como un instrumento del que los Estados hacen uso según sus necesidades. Constituye, más bien, una de las formas políticas mediante las cuales el capitalismo global contemporáneo reproduce las relaciones de acumulación desigual entre los centros industrializados y las periferias dependientes. Los Estados, las instituciones internacionales y las grandes corporaciones actúan como vehículos de este proceso, pero no son necesariamente sus únicos ni sus principales arquitectos.

El capital financiero, más allá de la política estatal

La dimensión financiera del Imperial Outreach suele explicarse a partir de la actuación de instituciones públicas como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial o los distintos regímenes internacionales de sanciones. Esa descripción es correcta, pero insuficiente. Detrás de estos instrumentos públicos opera una capa de capital financiero privado cuya magnitud, en muchos casos, iguala o incluso supera la capacidad económica de los propios Estados con los que interactúa.

Gestoras de activos como BlackRock y Vanguard administran conjuntamente billones de dólares invertidos en acciones y deuda de prácticamente todas las grandes economías, así como en empresas de servicios públicos e infraestructuras estratégicas alrededor del mundo. Del mismo modo, bancos de inversión como JPMorgan Chase, Citigroup y Goldman Sachs desempeñan un papel decisivo en la emisión de deuda soberana, la estructuración de operaciones financieras internacionales y los mecanismos que determinan las condiciones bajo las cuales los gobiernos pueden acceder al crédito.

Ninguna de estas instituciones constituye una simple prolongación de un Estado en particular. De hecho, con frecuencia defienden intereses que no coinciden plenamente con los de los gobiernos de los países donde tienen su sede. Su capacidad de influencia proviene precisamente de esa autonomía formal respecto del poder político, combinada con una realidad mucho más decisiva: la dependencia de los Estados contemporáneos de los mercados financieros para obtener financiación, preservar la confianza de los inversores y mantener la estabilidad de sus monedas.

Es en este punto donde la conocida formulación de Lenin —según la cual el imperialismo representa, ante todo, la dominación del capital financiero— conserva una notable vigencia analítica. El FMI y el Banco Mundial administran los mecanismos formales de condicionalidad; sin embargo, son los mercados financieros privados quienes establecen el verdadero costo del incumplimiento.

Un gobierno puede decidir ignorar las recomendaciones del FMI y, aun así, enfrentarse a una rebaja en su calificación crediticia, a ataques especulativos contra su moneda o a un fuerte incremento en los costos de financiación, impulsados por actores con los que nunca ha mantenido una negociación política directa.

Por ello, la condicionalidad de la deuda no debe entenderse únicamente como una herramienta de política económica ejercida por organismos internacionales. Constituye una pieza de una arquitectura mucho más amplia de Imperial Outreach, en la que el propio capital —entendido como una relación social que atraviesa fronteras y conecta mercados, instituciones y Estados— desempeña un papel disciplinador al menos tan importante como el de cualquier gobierno nacional.

Desde esta perspectiva, el poder estructural del capitalismo contemporáneo no reside exclusivamente en las decisiones de los Estados más poderosos, sino también en la capacidad del capital financiero global para definir qué políticas resultan económicamente viables y cuáles son castigadas por los mercados. La disciplina imperial ya no depende únicamente de ejércitos o administraciones coloniales; puede ejercerse mediante los mecanismos aparentemente impersonales de las finanzas internacionales.

Sociedad civil, financiamiento y la cuestión del consentimiento

Un segundo mecanismo del Imperial Outreach opera a través de la arquitectura financiera de la sociedad civil internacional.

La National Endowment for Democracy (NED), creada por el Congreso de Estados Unidos en 1983, se presenta formalmente como una fundación privada sin fines de lucro. En la práctica, su presupuesto anual proviene casi en su totalidad de asignaciones aprobadas por el Congreso estadounidense. Cada año distribuye miles de subvenciones a medios de comunicación, organizaciones laborales, grupos de observación electoral y organizaciones de derechos humanos en más de un centenar de países.

Esto no significa que todas las organizaciones que reciben este tipo de financiamiento actúen como instrumentos directos de la política exterior estadounidense. Muchas de ellas desarrollan objetivos legítimos arraigados en sus propias sociedades y enfrentan condiciones políticas difíciles, incluso con riesgos personales para sus integrantes. Rechazarlas en bloque como simples agentes externos no solo sería analíticamente incorrecto, sino también injusto con quienes realizan trabajo social y político bajo condiciones reales de represión o limitación.

La cuestión central, sin embargo, no reside en las intenciones individuales de los activistas, sino en la asimetría estructural mediante la cual las prioridades de financiamiento pueden convertirse en mecanismos de influencia geopolítica independientemente de las motivaciones personales de quienes participan en estos espacios.

Es precisamente aquí donde la dimensión institucional del Imperial Outreach se encuentra con su dimensión ideológica, y donde el análisis de la hegemonía desarrollado por Antonio Gramsci conserva toda su relevancia.

Para Gramsci, un orden dominante no puede sostenerse únicamente mediante la coerción. Necesita construir un bloque histórico: una alianza entre fuerzas sociales e instituciones diversas —incluidos sectores de la sociedad civil— que llegue a compartir un marco común de interpretación con el poder dominante.

Dentro de ese marco opera aquello que Gramsci denominó sentido común: el conjunto de ideas cotidianas, aparentemente naturales y no cuestionadas, que determinan qué se considera razonable, profesional, moderno o incluso políticamente neutral.

La fuerza del sentido común reside precisamente en que no aparece como una imposición externa. Funciona porque determinadas visiones del mundo se vuelven tan familiares que dejan de percibirse como opciones históricas y comienzan a presentarse como simples expresiones de la realidad.

El financiamiento internacional de la sociedad civil actúa sobre este terreno. No necesita indicar explícitamente a una organización qué debe decir o qué posición política debe adoptar. Su influencia opera de manera más indirecta: al establecer qué formas de periodismo, organización laboral, investigación o defensa jurídica disponen de recursos suficientes para mantenerse activas, también influye en qué temas alcanzan visibilidad internacional, cuáles reciben legitimidad y cuáles permanecen en los márgenes.

De esta manera, determinadas prioridades políticas pueden llegar a percibirse como la forma natural de entender la democracia, los derechos humanos o la sociedad civil, cuando en realidad son también el resultado de una distribución desigual de recursos, atención institucional y reconocimiento internacional.

El punto central no es afirmar que toda organización financiada desde el exterior sea una herramienta consciente de una potencia extranjera. Esa interpretación reduciría un fenómeno complejo a una explicación conspirativa. El problema analítico es otro: comprender cómo las relaciones de poder globales penetran en los espacios institucionales, culturales y sociales, moldeando las condiciones dentro de las cuales ciertos discursos adquieren mayor capacidad de circulación que otros.

Dos modelos de influencia estructural: Washington y Beijing

Gran parte del debate sobre el imperialismo contemporáneo se reduce con demasiada rapidez a la política exterior de un solo país. Una comprensión más precisa exige comparar al menos dos modelos de poder internacional, cada uno de ellos basado en una combinación diferente de las cuatro dimensiones mencionadas anteriormente.

Estados Unidos continúa apoyándose en la centralidad del dólar dentro del sistema financiero mundial, en el liderazgo histórico de las instituciones multilaterales creadas tras la Segunda Guerra Mundial, en su dominio tecnológico en sectores estratégicos como los semiconductores y la computación en la nube, y en una extensa red global de alianzas militares y de seguridad.

China, por su parte, ha ampliado su posición internacional principalmente mediante el financiamiento de infraestructuras, la cooperación industrial y la integración comercial. La Iniciativa de la Franja y la Ruta (Belt and Road Initiative), lanzada en 2013, ha financiado puertos, ferrocarriles, centrales energéticas y otros proyectos estratégicos en decenas de países de Asia, África y algunas regiones de Europa.

Beijing presenta este modelo como una alternativa basada en el desarrollo compartido y la cooperación económica, en contraste con los mecanismos tradicionales de condicionalidad política asociados a las instituciones financieras occidentales. Algunos gobiernos receptores consideran que estas inversiones han proporcionado oportunidades reales de desarrollo y mejoras en sus infraestructuras nacionales.

Sin embargo, otros países han experimentado dificultades relacionadas con el endeudamiento generado por determinados proyectos. Sri Lanka y algunos Estados africanos han tenido que renegociar acuerdos financieros vinculados a grandes inversiones, siendo el caso del puerto de Hambantota uno de los ejemplos más citados en los debates sobre la llamada «trampa de la deuda».

La cuestión de si estos acuerdos reproducen relaciones de dependencia en la misma medida y bajo las mismas condiciones en todos los países no puede resolverse mediante afirmaciones generales. Los resultados han variado considerablemente según el país, las condiciones contractuales, la capacidad negociadora de los gobiernos receptores y el contexto económico en el momento de la firma de cada acuerdo.

Lo que ambos modelos comparten, sin embargo, es un objetivo fundamental: influir en las infraestructuras, los canales financieros y los estándares institucionales dentro de los cuales otros países tendrán que operar durante décadas, independientemente de los cambios de gobierno internos.

En este sentido, tanto el modelo estadounidense como el chino representan configuraciones diferentes de una misma lógica de poder estructural. No constituyen una ruptura con dicha lógica, sino expresiones distintas de ella.

La diferencia principal reside en los mecanismos utilizados: Washington conserva una posición privilegiada gracias a la arquitectura financiera, tecnológica y militar construida durante el siglo XX; Beijing intenta ampliar su influencia mediante la inversión, la conectividad económica y la integración productiva.

Ninguno de estos modelos debe analizarse únicamente a partir de sus discursos oficiales. La cuestión central es cómo cada uno organiza relaciones de dependencia, negociación y poder dentro de un sistema mundial caracterizado por profundas desigualdades entre centros dominantes y periferias subordinadas.

Desde una perspectiva crítica, la pregunta no es simplemente qué potencia sustituirá a otra en la jerarquía internacional, sino si las sociedades periféricas tendrán la capacidad de transformar las reglas estructurales que limitan sus opciones de desarrollo y soberanía.

Irán: presión externa, restricciones internas e intereses de clase domésticos

Irán constituye un caso especialmente útil para poner a prueba los límites de este marco analítico y para demostrar por qué el análisis de clase no puede ser descartado incluso en situaciones donde la presión externa alcanza niveles extremos.

Las sanciones estadounidenses e internacionales, particularmente aquellas que restringen el acceso al sistema financiero basado en el dólar y limitan la adquisición de determinadas tecnologías, han tenido efectos ampliamente documentados sobre la capacidad de Irán para importar medicamentos, piezas de aeronaves, maquinaria industrial y otros bienes esenciales. Estas medidas representan un ejemplo claro de la dimensión financiera del Imperial Outreach operando sin necesidad de ocupación territorial directa.

Sin embargo, las sanciones por sí solas no explican las dificultades económicas de Irán. Considerar el régimen de sanciones como la explicación completa del problema oculta una cuestión fundamental: quiénes dentro del propio país administran y se benefician de las condiciones de escasez creadas por estas restricciones.

La fuerte dependencia histórica de Irán respecto de los ingresos petroleros ha contribuido durante décadas a la consolidación de una estructura estatal rentista, en la que el acceso a divisas, contratos públicos, permisos de importación y canales comerciales privilegiados se concentra en una estrecha capa de conglomerados vinculados al Estado y sus redes empresariales.

Las sanciones no han eliminado la posición privilegiada de estos sectores; en algunos casos, incluso la han reforzado. Los actores con capacidad para gestionar mecanismos de evasión de sanciones, arbitraje cambiario y comercio informal suelen coincidir con aquellos intereses comerciales y financieros vinculados al aparato estatal que ya ocupaban posiciones privilegiadas antes de la imposición de las restricciones internacionales.

Al mismo tiempo, una fracción menor del capital orientado a la exportación —especialmente en sectores como la petroquímica y determinadas ramas manufactureras con acceso permitido a mercados externos— ha logrado adaptarse a las nuevas condiciones en lugar de desaparecer.

Mientras tanto, la nueva clase media urbana y la mayoría asalariada de la población han asumido una parte desproporcionada de los costos derivados de la inflación, la depreciación monetaria y la reducción del poder adquisitivo, con una capacidad mucho menor para protegerse frente a estas consecuencias.

Una economía más diversificada, con instituciones de supervisión más sólidas y una distribución menos concentrada de los recursos, probablemente habría absorbido el mismo impacto externo de una manera diferente y habría distribuido sus costos de forma menos desigual entre los distintos grupos sociales.

El objetivo de este análisis no es trasladar toda la responsabilidad a un solo actor, interno o externo. La cuestión central es reconocer que la presión internacional y los intereses de clase internos operan simultáneamente.

Las sanciones no debilitan simplemente a «Irán» como una unidad homogénea. Redistribuyen costos y oportunidades dentro de la sociedad iraní entre grupos con capacidades radicalmente diferentes para resistir, adaptarse o incluso beneficiarse de las nuevas condiciones económicas.

Por ello, una crítica consecuente del imperialismo requiere evitar dos reduccionismos opuestos: por un lado, ignorar la realidad de la coerción externa y sus efectos materiales; por otro, presentar a las sociedades sometidas a presión internacional como actores pasivos sin contradicciones internas.

El análisis de clase permite comprender precisamente esa doble dinámica: cómo las estructuras globales de poder condicionan las posibilidades de desarrollo de una sociedad, y cómo las relaciones sociales internas determinan quién soporta el peso de esas restricciones y quién encuentra oportunidades dentro de ellas.

Los límites del marco teórico

Este es también el punto en el que el marco del Imperial Outreach necesita establecer límites claros.

Si este concepto se convierte en una fórmula para atribuir cualquier crisis interna, cualquier movimiento de protesta o cualquier fracaso económico exclusivamente a la intervención extranjera, dejaría de ser una herramienta de análisis y se transformaría en un sustituto del análisis político real.

Las sociedades de Oriente Medio, incluido Irán, poseen sus propias estructuras de clase, sus propias historias laborales y sus propios movimientos políticos independientes. Las personas que luchan por mejores salarios, por libertades fundamentales o contra la corrupción no son simples instrumentos de las agendas de ninguna potencia extranjera.

Del mismo modo, este marco no debe interpretarse como la descripción de una estructura única y centralizada de mando mundial. Los Estados, las corporaciones, las instituciones financieras y las élites locales cooperan en determinados contextos, pero también compiten ferozmente entre sí por intereses propios.

Lo que conecta sus acciones no es necesariamente un plan común previamente diseñado, sino una posición compartida dentro de un sistema mundial organizado —al menos desde mediados del siglo XX— alrededor de relaciones de intercambio desigual entre centros más industrializados y periferias dependientes.

El Imperial Outreach describe los mecanismos mediante los cuales estas relaciones desiguales se reproducen bajo las condiciones actuales del capitalismo global; no pretende explicar el mundo como resultado de una conspiración cuidadosamente coordinada por actores omnipotentes. Su importancia reside en añadir una dimensión adicional al análisis existente, no en reemplazarlo.

Por qué este modelo no es permanente

Nada de lo anterior implica que el orden actual sea estable o permanente.

La misma integración en los mercados globales que permitió consolidar la globalización liderada por Estados Unidos también facilitó el ascenso industrial de China, transformando a un antiguo receptor de inversión extranjera en uno de los principales competidores dentro del sistema mundial.

Las sanciones diseñadas para aislar a determinados países han impulsado, tanto en Irán como en otros lugares, la búsqueda de mecanismos alternativos de pago, nuevos canales comerciales y una menor dependencia del sistema financiero dominado por el dólar. Del mismo modo, las restricciones impuestas al acceso a tecnologías avanzadas de semiconductores han llevado a varios gobiernos a invertir en capacidades nacionales de producción tecnológica, precisamente para reducir su vulnerabilidad frente a las dependencias externas.

El poder estructural tiende, paradójicamente, a generar las condiciones de su propia transformación.

Sin embargo, esta dinámica no garantiza automáticamente un resultado más igualitario o emancipador. Las potencias que compiten por construir nuevos espacios de influencia también persiguen sus propios intereses estratégicos, que no son necesariamente más benignos por el simple hecho de desafiar el dominio existente. Además, las alianzas de clase internas que se benefician de un determinado orden internacional rara vez desaparecen únicamente porque cambie la fuente externa que sostiene ese orden.

Por ello, la crisis de una hegemonía no debe confundirse con el nacimiento automático de una alternativa progresista. La sustitución de una potencia dominante por otra puede modificar los equilibrios geopolíticos sin alterar necesariamente las estructuras fundamentales de desigualdad dentro del sistema mundial. El problema central no es únicamente quién ocupa la posición dominante, sino qué tipo de relaciones económicas y sociales se reproducen bajo esa nueva configuración del poder.

Desde esta perspectiva, la transición actual no debe entenderse simplemente como un enfrentamiento entre potencias, sino como una crisis más profunda del modelo de acumulación global construido durante las últimas décadas. La pregunta decisiva no es solo si Estados Unidos conservará su hegemonía o si China ocupará una posición más central, sino si las sociedades del mundo podrán intervenir políticamente para transformar las estructuras que producen dependencia, desigualdad y subordinación.

La historia del capitalismo mundial muestra que los órdenes hegemónicos no permanecen eternamente. Pero también muestra que su declive no conduce necesariamente a un sistema más justo. Las crisis pueden abrir espacios para la transformación, pero también para nuevas formas de dominación.

Conclusión: ¿Qué tipo de independencia es posible hoy?

El Imperial Outreach no debe entenderse, por tanto, como un reemplazo del imperialismo clásico, sino como una de sus formas históricas contemporáneas: la configuración política que adopta la acumulación desigual cuando la administración colonial directa deja de ser económicamente viable y políticamente sostenible.

Mientras que el colonialismo tradicional requería gobernadores, guarniciones militares y una administración territorial directa, las formas actuales de influencia operan cada vez más mediante condiciones crediticias, estructuras de financiamiento, contratos de infraestructura, control de sistemas financieros y tecnológicos, y a través de las alianzas de clase internas que encuentran sus propios intereses vinculados a la permanencia de estos arreglos.

Los imperios ya no necesitan gobernar directamente todos los territorios sobre los que buscan ejercer influencia. Con frecuencia, gobiernan las infraestructuras económicas, financieras y tecnológicas mediante las cuales esos territorios funcionan, en colaboración con élites locales que poseen sus propias razones para mantener dichas estructuras.

Reconocer esta realidad no significa considerar a las sociedades del Sur Global como objetos pasivos de manipulación externa, ni negar la capacidad de acción de los pueblos. Significa reconocer algo más complejo: que las opciones disponibles para estas sociedades, y la distribución de quién asume los costos y quién obtiene los beneficios, se construyen dentro de un sistema mundial cuyas reglas históricas no fueron establecidas de manera igualitaria por todos sus participantes. Al mismo tiempo, esas opciones están determinadas por las relaciones sociales internas de cada país: las estructuras de clase, las formas de acumulación, las instituciones políticas y las alianzas entre grupos dominantes.

Por ello, una verdadera independencia en el siglo XXI no puede reducirse simplemente a sustituir la influencia de una potencia extranjera por la de otra. La soberanía real requiere la capacidad de controlar democráticamente los recursos económicos, las decisiones estratégicas y las condiciones materiales que permiten a una sociedad definir su propio futuro.

La cuestión fundamental no es únicamente quién controla las redes financieras, tecnológicas o institucionales del mundo, sino quién tiene el poder social para transformar esas redes y ponerlas al servicio de necesidades colectivas en lugar de intereses concentrados.

El futuro del sistema internacional dependerá, en gran medida, de esta disputa: si las crisis actuales conducirán a una redistribución democrática del poder económico y político o si simplemente abrirán el camino a una nueva reorganización de las jerarquías existentes. La posibilidad de transformar este sistema, y las fuerzas sociales capaces de hacerlo, seguirá siendo una de las preguntas políticas centrales de las próximas décadas.

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Majid Maleki Meighani (frecuentemente citado solo como Majid Maleki) es un escritor, traductor y analista político specializado en geopolítica, economía política y movimientos sociales de izquierda en Oriente Medio y América Latina.Es un activo colaborador y ensayista en diversos medios de comunicación internacionales dedicados al análisis de izquierda, la soberanía y el pensamiento crítico, tales como ZNetwork, Rebelión, Tribune Zamane, Akhbar-e Rooz y Kritik Bakış.