La Paz, 15 ene (Prensa Latina) La aprobación de la Ley de Cumplimiento de Derechos Humanos en la Cámara de Diputados de Bolivia se yergue hoy como un desafío al gobierno de facto, denunciado nacional e internacionalmente por violar esos derechos.

La norma se aprobó anoche, sin que las presiones en contra de las minoritarias bancadas legislativas oficialistas y el régimen de Jeanine Áñez pudieran impedirlo, pues alegan que busca la impunidad de los exmiembros del gobierno de Evo Morales.

La ley, que sanciona a quienes ordenen y ejecuten acciones represivas y protege a las víctimas, incluyendo exgobernantes y dirigentes sociales y políticos, prevé también garantías en casos de enjuiciamientos.

La decisión fue aprobada con los votos de la amplia mayoría que tiene el Movimiento al Socialismo (MAS), de Morales, quien fue obligado a renunciar en noviembre pasado por un movimiento desestabilizador violento y por la presión de los mandos militares.

El diputado del MAS Franklin Flores aseguró que no se trata de una norma que otorgue impunidad y que garantiza ‘una investigación imparcial y el resarcimiento económico por las personas fallecidas en los hechos acontecidos’.

La ley fue aprobada previamente por el Senado, pese a reclamos de legisladores de los pequeños grupos Unidad Democrática y Democracia Cristiana, que invocaron cuestiones procedimentales y anunciaron que impugnarán el texto legal.

La jefa del régimen golpista afirmó en días pasados que no aprobará la norma, alegando, como los grupos oficialistas, que pretende la impunidad de exfuncionarios y dirigentes del MAS que son objetos de detenciones casi a diario por forzados cargos de ‘sedición y terrorismo’, entre otros.

A ello se añade el silenciamiento de radioemisoras comunitarias de línea informativa crítica al gobierno de facto, con maniobras legales o simplemente con la destrucción de sus equipos de transmisión.

Ante la advertencia de Áñez de vetar la norma, la presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, dejó en claro que el parlamento plurinacional la pondrá en vigencia, en ejercicio de sus facultades constitucionales.

El régimen gobernante y la minoría parlamentaria que lo apoya, se aprestan a desatar una guerra legal contra la norma, apelando a las vías judiciales, terreno en el que el gobierno tiene control pleno.

Copa recordó que, según la constitución, el Ejecutivo tiene 10 días para promulgar la ley y, si no lo hace en tal plazo, el parlamento la pondrá en vigencia.

El periodo de gobierno y del mandato de diputados y senadores terminará antes de ese plazo, el 22 de febrero, cuando, según el MAS, deben cesar tanto Áñez como los parlamentarios, caso en el cual se haría cargo interinamente de la presidencia el titular de la Corte Suprema. La organización de Evo Morales anunció a su vez que el 20 de enero iniciará protestas pacíficas para que el gobierno golpista y las cámaras legislativas cesen el 22 de enero, cuando termina su mandato quinquenal, como el de Evo Morales.

El político derechista Jorge Quiroga sostuvo que el MAS pretende ‘un golpe de Estado judicial’ y emplazó al Tribunal Constitucional a aprobar la prórroga de los mandatos presidencial y legislativo hasta que asuma el gobierno a elegirse en los comicios generales convocados para el 3 de mayo.

Según el diario Correo del Sur, esa corte cedió a las presiones y aprobó la prórroga, aunque todavía no la ha publicado oficialmente.

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