Resumen
Cuando la república turca se acerca a su centenario, conviene recordar que fue construida sobre las ruinas del Imperio otomano no como un espacio que acomodara la pluralidad étnica heredada, sino mediante la asimilación forzada y la absorción coactiva de los grupos no turcos. El genocidio armenio y el intercambio forzoso de población con Grecia en 1923 fueron las condiciones violentas que hicieron posible esa homogeneización. De aquel proyecto sobrevivieron dos minorías: los árabes, reducidos y, a ojos del Estado, poco amenazantes; y los kurdos, numerosos, territorialmente concentrados y por ello percibidos como un peligro. Este ensayo combina la teoría del sistema-mundo (Wallerstein) con el análisis de clase para sostener que la cuestión kurda en Turquía no puede entenderse como una simple crisis identitaria o un problema de seguridad. Refleja la posición semiperiférica de Turquía en el sistema capitalista mundial y el desarrollo desigual que ha dividido el este del oeste del país, una fractura que recorre, a través de una cadena causal específica, el trayecto que va del capitalismo semiperiférico a la securitización de las regiones de mayoría kurda. Preguntar si Erdoğan puede dejar atrás el legado centenario de Atatürk es, por tanto, una pregunta mal planteada: reduce a la voluntad política de un solo líder algo que debería situarse en el plano de la lógica estructural que ha llevado tanto a Atatürk como a Erdoğan, pese a su evidente ruptura ideológica, a reproducir la misma fractura.
La construcción del Estado mediante la homogeneización: el legado fundacional de la república
Contrariamente a su relato oficial de modernización laica, la república turca se edificó desde el inicio sobre la supresión sistemática de la pluralidad étnica, aunque no únicamente por la vía de la eliminación física. Integración forzada, turquificación cultural, desplazamiento de población y represión securitaria operaron de manera conjunta. El genocidio armenio en los últimos años del imperio y el intercambio forzoso de población con Grecia en 1923 fueron la precondición demográfica del nuevo Estado-nación. Lo que Mustafá Kemal Atatürk llamó «turquidad» era una identidad impuesta y homogeneizadora que disolvía al «otro» en sí misma o lo borraba directamente. Los kurdos, por su volumen demográfico y su contigüidad territorial en el sureste de Anatolia, ocuparon un lugar distinto en ese proyecto: no podían ser expulsados ni ignorados, así que debían volverse turcos. Durante cerca de ochenta años, el Estado turco negó la identidad kurda a través de la escuela, los medios y el ejército; se prohibió la lengua kurda y hasta la palabra «kurdo» fue sustituida en el discurso oficial por la denominación despectiva de «turco de montaña». Esto no fue una excepción a la lógica fundacional del Estado-nación: fue esa misma lógica.
Tras la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Sèvres de 1920 había previsto un Estado kurdo independiente, posibilidad abandonada con el Tratado de Lausana de 1923 y la consolidación de las fronteras de la nueva república. Este giro no debe atribuirse a una intención occidental unificada y premeditada; la realidad fue más compleja. Sèvres reflejaba el equilibrio de poder de la inmediata posguerra, pero la victoria militar del movimiento nacionalista turco sobre las fuerzas de ocupación griegas y los aliados alteró por completo ese equilibrio. Ante un gobierno central que ya disponía de poder militar real, Gran Bretaña y Francia abandonaron su apoyo declarado a la autonomía kurda y consideraron más conveniente negociar con una Ankara victoriosa. No se trató de una conspiración preconcebida, sino de un recálculo pragmático frente a un escenario militar y político cambiante, aunque este episodio ilustra bien hasta qué punto el compromiso occidental declarado con la «autodeterminación nacional» en Oriente Medio se ha plegado, históricamente, a la conveniencia geopolítica del momento.
De la negación a la lucha armada: la formación del PKK
Lejos de resolver la cuestión kurda, esta negación identitaria produjo una fractura social profunda entre la población kurda y el Estado central. Los repetidos intentos de la sociedad civil, a mediados del siglo XX, por lograr el reconocimiento de derechos culturales kurdos se toparon en gran medida con la represión. En ese contexto se fundó en 1978 el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), que en un inicio se presentó no solo como representante kurdo sino como un proyecto de justicia de clase y étnica para todos los sectores oprimidos de Turquía. La prohibición de la actividad civil y partidista kurda allanó el camino hacia la radicalización del movimiento; desde 1984 comenzó la lucha armada del PKK contra el gobierno central, un conflicto de décadas que, según distintas estimaciones, costó decenas de miles de vidas, en su mayoría civiles y combatientes kurdos, junto con un número menor de soldados del Estado.
Lo relevante aquí es la dialéctica entre represión y pretexto: cada operación armada del PKK ofrecía al Estado una nueva justificación para intensificar la represión cultural y política contra toda la comunidad kurda, incluidos sus sectores civiles y desarmados. Este patrón encerró a Turquía en un ciclo en el que la securitización de la cuestión kurda postergaba indefinidamente cualquier solución política duradera.
Turquía semiperiférica: del desarrollo desigual a la securitización
Para comprender por qué la fractura kurdo-turca no es meramente «cultural», hay que situarla en el marco de la economía política de Turquía dentro del sistema capitalista mundial y, sobre todo, trazar de forma explícita los eslabones intermedios que conectan esa posición con la represión kurda. La membresía turca en la OTAN desde 1952 y su integración gradual en los mercados de capital occidentales la convirtieron en un caso de manual de potencia semiperiférica en el sentido de Wallerstein: un Estado que no ocupa el centro del sistema mundial ni tampoco su periferia, sino una posición mediadora, explotada por el centro y a la vez explotadora de la periferia.
La cadena causal puede formularse con claridad. La integración desigual de Turquía en el capitalismo global impuso un patrón de desarrollo desigual en el que la inversión industrial e infraestructural se concentró en el oeste: Estambul, Esmirna, Ankara y el corredor industrial centro-occidental de Anatolia. Esta concentración de capital produjo, a su vez, una concentración correspondiente de poder político y militar en el Estado central, pues sostener y ampliar ese patrón de acumulación exigía un Estado unificado y sin desafíos internos. El este, donde vive la mayoría kurda y cuya contigüidad territorial con Irak, Irán y Siria lo volvía estratégicamente sensible, no era para el Estado central solo una periferia económica, sino también un espacio de disputa potencial por el territorio y los recursos. Esta combinación de marginalidad económica y centralidad geopolítico-securitaria empujó al Estado turco hacia la securitización sistemática de las regiones de mayoría kurda: militarización, restricción de la inversión y control demográfico funcionaron como instrumentos de contención para una región mantenida en el subdesarrollo económico y considerada, desde la óptica de la seguridad, «problemática».
Sobre esta base, ser kurdo se ha correlacionado, estadística y estructuralmente, con una mayor probabilidad de vivir en una región menos desarrollada y con menores oportunidades económicas, no porque todos los kurdos sean pobres ni porque la etnicidad por sí sola explique la pobreza del este de Turquía, sino porque las divisiones étnicas y las de clase-región se han superpuesto de manera sistemática. Esta superposición dota a la cuestión kurda de una dimensión que excede el reconocimiento cultural o lingüístico: el asunto es, a la vez, redistribución real del capital y reconocimiento político.
Erdoğan: ruptura ideológica, continuidad estructural
La llegada del AKP al poder en 2002 alimentó esperanzas de una ruptura con el legado kemalista, y esa esperanza no carecía de fundamento. Erdoğan no es kemalista: él y su partido provienen de una tradición islamista conservadora que había sido, ella misma, blanco de la represión del Estado kemalista. En su primera década de gobierno impulsó lo que se conoció como la «apertura kurda» o proceso de paz (2009-2015), que incluyó negociaciones directas con el líder encarcelado del PKK, Abdullah Öcalan, y reformas culturales —entre ellas, permitir la radiodifusión en kurdo y flexibilizar algunas restricciones lingüísticas— que ningún gobierno kemalista anterior había estado dispuesto a emprender. En ese sentido, sería inexacto sostener sin más que «Erdoğan simplemente reproduce a Atatürk».
Sin embargo, el proceso se derrumbó en 2015, coincidiendo con un giro en los cálculos electorales de Erdoğan: después de que el prokurdo Partido Democrático de los Pueblos (HDP) superara por primera vez el umbral parlamentario en las elecciones de junio de 2015 y amenazara la mayoría del AKP, el gobierno viró rápidamente hacia la securitización y una alianza con la derecha nacionalista del MHP. El punto central es este: la ruptura ideológica de Erdoğan con el kemalismo no disolvió la continuidad estructural del Estado centralizado y el nacionalismo territorial. Pudo distanciarse discursivamente —e incluso en algunas políticas culturales— del legado kemalista, pero cuando estuvieron en juego su supervivencia política, mediante la alianza con la derecha nacionalista, o el proyecto económico de su partido, la exportación de capital productivo turco a través de empresas de construcción y defensa hacia un Oriente Medio más periférico, recurrió a los mismos instrumentos de estatalidad centralizada y control territorial.
La intervención militar de Turquía en el norte de Siria, justificada por la «amenaza a la seguridad» que representarían las YPG kurdo-sirias, ilustra bien esta continuidad: la expansión de la esfera de influencia económica y militar turca en Siria vino acompañada de la represión de la autonomía kurda al otro lado de la frontera, precisamente porque cualquier legitimación de esa autonomía repercute de inmediato en las demandas kurdas dentro de Turquía. La tesis del artículo no es, entonces, que «Erdoğan sea simplemente Atatürk», sino que la ruptura ideológica con el kemalismo no ha eliminado los imperativos estructurales de un Estado semiperiférico: la necesidad de legitimación nacionalista interna y de control territorial para sostener la exportación de capital.
Un contraargumento: ¿es esta vez realmente distinta?
Quienes defienden el proceso actual —entre ellos figuras cercanas al Partido de la Igualdad y la Democracia de los Pueblos (DEM), que han participado en las recientes conversaciones con el gobierno— sostienen que varios factores distinguen este momento de intentos anteriores: la geopolítica regional cambiante, la evolución de la situación en Siria y la necesidad de Erdoğan de estabilizar la frontera sur para sacar adelante sus proyectos de reconstrucción económica. Según esta lectura, el desarme del PKK podría abrir una oportunidad genuina para pasar del conflicto armado a la negociación política, y la sociedad civil kurda debería aprovechar esa ventana en lugar de descartarla de entrada.
Este argumento merece consideración seria y no debería descartarse como ingenuo. Pero enfrenta dos límites importantes. Primero, aun si el alto el fuego se sostiene, no hay indicios claros de que el Estado turco esté dispuesto a abordar la brecha económica estructural entre el este y el oeste mediante una redistribución real del capital; sin ella, la reconciliación política por sí sola deja intacta la desigualdad material que sigue alimentando la desconfianza. Segundo, el proceso de paz de 2009-2015 mostró que estos procesos, mientras permanezcan atados a los cálculos electorales o de seguridad de Erdoğan, pueden revertirse tan rápido como comenzaron. La apertura actual justifica, entonces, un optimismo cauteloso, no una confianza plena.
¿Ha terminado el papel de la sociedad civil y los partidos kurdos?
La respuesta breve es no, aunque su naturaleza debe redefinirse. Si el proceso de desarme y negociación avanza sobre todo a nivel de las élites políticas —entre Erdoğan, Öcalan y la dirección del DEM—, el riesgo real es que se reduzca a un acuerdo estrecho entre el Estado central y la dirigencia kurda, sin incorporar las demandas estructurales de la sociedad kurda: justicia económica regional, educación en lengua materna y restitución del autogobierno local. En ese escenario, el papel de la sociedad civil kurda y de la izquierda turca no disminuye, sino que se vuelve precisamente el de vigilar y presionar desde abajo para impedir esa reducción.
Al mismo tiempo, los partidos y movimientos kurdos necesitan superar el aislamiento puramente étnico y reconstruir lazos de clase con los movimientos obreros y democráticos del oeste de Turquía, que también han sufrido las políticas neoliberales del AKP: el mismo proyecto que el PKK reivindicaba en su fundación, aunque en la práctica la represión y la militarización de la lucha terminaran confinándolo en gran medida a un marco étnico.
Conclusión
La cuestión kurda en Turquía es el producto de tres capas convergentes: el legado fundacional de un Estado-nación homogeneizador; una cadena causal específica que vincula el desarrollo desigual del capitalismo semiperiférico con la concentración de poder estatal y, desde ahí, con la securitización de las regiones periféricas; y los imperativos geopolíticos de un momento en que Turquía es a la vez miembro de la OTAN, actor regional y aspirante a influencia en la Siria de posguerra. Dentro de este marco, preguntar si Erdoğan puede y quiere dejar atrás el legado de Atatürk es la pregunta equivocada: a diferencia de Atatürk, Erdoğan ha roto genuinamente con el kemalismo en el plano ideológico y, durante un tiempo, situó la cuestión kurda en serio en la agenda política. La pregunta más pertinente es si la estructura político-económica de Turquía —su dependencia de la reproducción del nacionalismo estatal para la legitimidad interna y de la exportación de capital hacia la región— permite una ruptura estructural que vaya más allá de los gestos discursivos y episódicos. La experiencia histórica sugiere que esa dependencia estructural no se abandona con facilidad, ni siquiera bajo el ropaje de la reforma cultural o las negociaciones de paz.
El futuro de la cuestión kurda en Turquía no debería atarse, entonces, a las negociaciones entre élites ni a la buena voluntad declarada del Estado. Una solución duradera no pasa por un cambio de régimen ni por sustituir una coalición gobernante por otra, sino por reconstruir una solidaridad transnacional y de clase entre las fuerzas sociales desde abajo —el movimiento obrero turco, la sociedad civil kurda y las redes de solidaridad internacional— capaz de exigir a la vez redistribución económica y reconocimiento cultural-político, sin dejarse capturar por los cálculos geopolíticos de corto plazo de una potencia semiperiférica.
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Majid Maleki Meighani (frecuentemente citado solo como Majid Maleki) es un escritor, traductor y analista político specializado en geopolítica, economía política y movimientos sociales de izquierda en Oriente Medio y América Latina.Es un activo colaborador y ensayista en diversos medios de comunicación internacionales dedicados al análisis de izquierda, la soberanía y el pensamiento crítico, tales como ZNetwork, Rebelión, Tribune Zamane, Akhbar-e Rooz y Kritik Bakış.
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