Por Mutanrashen*

La justicia militar procesó a decenas de uniformados, entre ellos cuatro excomandantes en jefe del Ejército…

Hay una pregunta que el gobierno de Kast prefiere que no hagamos antes de aprobar su quinto estado de excepción: ¿a quién le entregamos las llaves de la seguridad pública?

Porque la fuerza que Martín Arrau y Arturo Squella quieren desplegar en los barrios no es un actor virgen al que haya que proteger de tentaciones futuras. Es la institución que saqueó su propio presupuesto —en tribunales, con sentencias ya dictadas— y a la que ahora se propone premiar con más presupuesto y más territorio.

Se llama Milicogate. Fondos de la Ley Reservada del Cobre —los más opacos del país— desviados durante años a casinos, propiedades y viajes. La justicia militar procesó a decenas de uniformados, entre ellos cuatro excomandantes en jefe del Ejército; un quinto renunció al mando tras ser citado a declarar. Y no es arqueología judicial: en mayo de este año, hace apenas dos meses, la Corte Marcial condenó a doce años de presidio a un general de brigada por fraude reiterado, con un perjuicio fiscal que, actualizado, supera los tres mil millones de pesos. Las sentencias siguen cayendo mientras se discute entregarle a la misma institución el control de los barrios.

La ironía es tan gruesa que casi no se ve: el fraude fue sobre la plata de las armas, y la respuesta del Estado a ese fraude es darle a la misma institución más plata para armas. Se le pide a quien no supo custodiar sus propios fondos reservados que ahora custodie a la población. Sobre esa hoja de servicios se nos exige creer que el uniforme es, por naturaleza, incorruptible frente al narco.

El militarismo esconde siempre el mismo silogismo tramposo: la policía está podrida, el Ejército no; usemos al Ejército. En Chile el segundo término es falso, y hay expedientes para probarlo.

Conviene mirar, además, dónde entrarían los soldados: a los barrios que la transición mantuvo invisibles. Décadas de consenso administraron esas comunidades con vivienda precaria, sin servicios, sin trabajo formal y sin más presencia estatal que la represiva. El Estado nunca llegó ahí con una escuela modelo, con un consultorio que funcione, con una oportunidad para los cientos de talentos de la periferia. Llegó, cuando llegó, con un allanamiento. Y en ese vacío se instaló el narco: no como plaga venida de afuera, sino como el único que ofreció lo que el Estado nunca entregó —ingreso, orden, pertenencia—. Ahora, ante las consecuencias de su propio abandono, ese Estado propone volver con la única cara que esos barrios le conocen: las botas, la tanqueta, el fusil. Militarizar los barrios que dan problemas no repara décadas de ausencia. La confirma.

Pero sería un error leer esto solo como una política contra el narco, porque el narco es la puerta, no la casa. Lo que se propone no es una figura contra el crimen organizado: es un quinto estado de excepción gatillado por una “grave alteración del orden” o una difusa “afección a la seguridad pública”.

Y ahí está la trampa, en la elasticidad de esas palabras. Una amenaza narco y una protesta social caben, las dos, bajo “grave alteración del orden”. La herramienta no distingue entre el traficante y el manifestante. Ese es, precisamente, el diseño.

No hay que suponerlo: hay que escuchar cómo habla Kast. Desde hace años llama “estallido delictual” a la revuelta popular del 18 de octubre de 2019 —una operación de lenguaje que borra las demandas sociales y las reclasifica como delincuencia—.

Y no es solo retórica: el mismo paquete de seguridad que contiene el nuevo estado de excepción propone modificar la Ley antibarricadas para sancionar los cortes de tránsito sin exigir que haya violencia. El corte de calle es la forma más común de protesta popular en Chile; castigarlo aunque sea pacífico es, con todas sus letras, criminalizar la manifestación. A eso su programa suma facultades presidenciales para interceptar comunicaciones de civiles y arrestar personas en sus propias moradas durante los estados de excepción.

Súmese todo y el dibujo aparece completo: el narco abre la puerta que deja entrar a los militares, y una vez adentro, el perímetro se estira hasta cubrir a quien proteste.

Que ese estiramiento no es paranoia lo probó el propio Estado. Tras el 18-O, la inteligencia de Carabineros y el gobierno persiguieron la tesis de que agentes cubanos y venezolanos estaban detrás de la revuelta; dedicaron un mes y recursos enormes a esa pista, y un informe interno terminó desechándola al reconocer que la protesta había sido acción espontánea de organizaciones sociales. El célebre “big data” de Luksic y Hinzpeter, con que el gobierno pretendió probar la injerencia extranjera no contenía, en sus ciento doce páginas, un solo antecedente de carácter delictual. La lección quedó escrita: cuando el poder decide que una protesta es un complot criminal, primero despliega el aparato y después no encuentra el delito. La doctrina que hoy se propone institucionaliza ese reflejo.

Y aquí la pregunta que incomoda de verdad: ¿a quién le conviene este modelo? Toda militarización fabrica beneficiarios. Fabrica presupuesto —el mismo que el Milicogate demostró que puede desviarse sin castigo oportuno—, fabrica contratos y adquisiciones, fabrica un aparato de seguridad con vida propia y sin auditoría. Y le fabrica al político de turno el dividendo más barato de todos: la foto de mano dura que no exige reformar nada, invertir en nada, responder por nada. Es más fácil desplegar conscriptos que construir condiciones para la esperanza.

El modelo que Kast quiere no promete resolver el problema; promete administrarlo con la estética de la firmeza. Y mientras el Estado cobra en imagen, el narco cobra en fragmentación: cada operativo espectacularizado para la TV y para los reels de los influencers de la política parte el microtráfico en grupos más chicos y más violentos.

Esto no es especulación: es el resultado documentado del manual que se quiere calcar. Y ni siquiera es un manual nuestro. La “guerra contra las drogas” es un diseño estadounidense —la declaró Nixon, la militarizó Reagan, Clinton la convirtió en Plan Colombia— que México importó en 2006 y pagó con la Iniciativa Mérida: cerca de $1.900 millones de dólares. ¿El dividendo? Los homicidios se triplicaron en pocos años hasta rondar los treinta mil anuales. Los cárteles, lejos de desaparecer, se multiplicaron: los estudios que siguieron la fragmentación cuentan de seis a dieciséis organizaciones en apenas seis años. Y el Ejército no salió limpio de los cuarteles: salió acusado de abusos y penetrado por lo mismo que decía combatir. México no ganó una guerra. Le regaló al crimen organizado un Estado con más sombra para operar. Ese es el “beneficio” del modelo que Kast ofreció en cadena nacional.

Tampoco nos falta memoria propia. El estado de excepción de la macrozona sur lleva más de cuatro años renovándose sin resolver lo que prometió resolver, con reconocimiento incluso oficialista de que los resultados no llegan. En Chile la excepción no dura lo que dura la emergencia: dura para siempre. Y el ciclo previo ya dejó su sedimento —leyes que blindan a la policía, territorios mapuche militarizados, estados de excepción encadenados—: la legalidad represiva no se improvisa, se acumula.

Y ojo con lo que realmente se propone, porque el relato se deformó. El quinto estado de excepción “más simple” no nace de un diagnóstico técnico sino de una derrota: los reveses del gobierno en el Tribunal Constitucional. Es una herramienta constitucional diseñada para saltarse los límites que un tribunal consideró válidos. Kast se defiende diciendo que la figura “mantiene las mismas atribuciones” que los estados de excepción actuales, solo que complementa a los que tenían menos facultades. Pero esa es justamente la operación: si de verdad no agregara poder, no haría falta crearla; y si el resto del paquete —antibarricadas sin violencia, interceptación de civiles, arresto domiciliario— define lo que el nuevo estado habilita, entonces “las mismas atribuciones” es un eufemismo. Tan evidente es la redundancia que dentro de la propia coalición se ha preguntado en qué se diferencia del estado de emergencia que ya existe.

La pregunta, entonces, no es si el gobierno puede innovar: con los votos, puede casi todo. La pregunta es si vamos a entregarle poder territorial con menos contrapesos a la institución cuya probidad sigue, según el expediente, en entredicho, para desplegarla sobre los barrios a los que el Estado les debe treinta y seis años de todo lo que no sea abandono, y sobre la calle que se atreva a reclamarlo.

Por eso el orden de los factores sí altera el producto. Antes de cualquier quinto candado constitucional, lo primero es lo que nunca se ha hecho: control civil efectivo sobre las Fuerzas Armadas, gobernanza institucional auditable y trazabilidad completa de los fondos de defensa. Militarizar primero y confiar después es exactamente lo que a México le costó veinte años y cientos de miles de muertos desmentir. Diseñar un nuevo estado de excepción a medidad de una institución capturada por la corrupción y el robo de dinero público, no genera seguridad ni para la ciudadanía menos para las arcas fiscales. La doctrina busca darle un cheque en blanco a quien ya vació los fondos reservados del cobre.

A los barrios, y a quien se atreva a reclamar, el Estado les repite lo mismo de siempre: Ustedes son un problema de orden público, no ciudadanos con derechos.

POLITIKA

♦♦♦

BLOG. AUTOR Mutanrashen
Siguenos en X: @PBolivariana
Telegram: @bolivarianapress
Instagram: @pbolivariana
Threads: @pbolivariana
Facebook @prensabolivarianainfo
Correo pbolivariana@gmail.com
País Chile
FEF69F
♦