José Luis Hernández Ayala*

La ofensiva de Trump contra el gobierno de Claudia Sheinbaum combina presión económica, acusaciones de narcotráfico e intervención política. Frente a esa amenaza, la defensa de la soberanía exige ampliar la movilización popular y radicalizar las transformaciones sociales iniciadas por la 4T.

El domingo 31 de mayo se realizaron concentraciones en las plazas principales de la mayoría de las grandes ciudades de México. Según las estimaciones disponibles, cerca de 800 000 personas se movilizaron para rechazar la injerencia del imperialismo norteamericano y de la extrema derecha internacional en los asuntos internos del país.

La magnitud de la jornada expresa el clima político abierto por una escalada de presiones contra el gobierno progresista de Claudia Sheinbaum Pardo. En las últimas semanas, el gobierno semifascista de Donald Trump, la derecha internacional y sus aliados mexicanos intensificaron una campaña de acoso político que combina acusaciones de narcotráfico, llamados abiertos a la intervención estadounidense y operaciones destinadas a erosionar la legitimidad del oficialismo.

El episodio que abrió esta nueva secuencia fue, en apariencia, fortuito. El 19 de abril, en una brecha de Chihuahua enclavada en la Sierra Tarahumara, murieron en un accidente carretero dos agentes estadounidenses de la CIA, Richard Leiter Johnston y John Dudley Black. Ambos participaban junto a policías estatales en un operativo orientado a desmantelar un laboratorio de drogas. La revelación puso en serios aprietos al gobierno estatal de María Eugenia Campos, del derechista Partido Acción Nacional, que hasta ahora no logró justificar la presencia de agentes extranjeros en una operación que viola las leyes mexicanas y contradice la decisión presidencial de impedir la actuación de oficiales o militares extranjeros en territorio nacional. El caso sugiere la existencia de acuerdos reservados entre sectores de la derecha mexicana y el gobierno de Donald Trump, orientados a habilitar el despliegue de fuerzas estadounidenses en México bajo el pretexto de combatir el narcotráfico. A partir de este incidente se abrió una investigación judicial contra la gobernadora.

Pocos días después, el 29 de abril, un tribunal del Distrito Sur de Nueva York hizo público un documento en el que acusaba al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios mexicanos de «narcotráfico y delitos relacionados con armas». El escrito sostiene la existencia de una presunta red de la administración estatal destinada a beneficiar a integrantes de Los Chapitos y solicita la detención de los acusados con fines de extradición. La acusación, sin embargo, presenta una redacción apresurada y carece de pruebas sólidas. De todos modos, el gobernador y otros funcionarios pidieron licencia para no interferir en la investigación, mientras las autoridades mexicanas aguardan la presentación de elementos probatorios que justifiquen un eventual pedido de extradición.

La ofensiva judicial se inscribe en la misma matriz discursiva de la derecha mexicana, que acusa a Sheinbaum de encabezar un «narcogobierno» y reclama la intervención de Estados Unidos en México. El viernes 8 de mayo, Donald Trump retomó esa línea y volvió a afirmar, sin aportar pruebas, que el gobierno mexicano está «controlado por los cárteles y por nadie más».

En paralelo, la presidenta de extrema derecha de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, llegó a México el 3 de mayo para una gira institucional y privada que se extendió hasta el 12 de mayo. Su intento de reescribir el relato histórico de la conquista española, con una reivindicación provocadora de Hernán Cortés, despertó un amplio rechazo popular. La gira terminó envuelta en un fuerte escándalo político.

Ante esta sucesión de acontecimientos, que deja ver una operación convergente contra el oficialismo, Sheinbaum endureció su discurso y rechazó de forma categórica cualquier intervención extranjera en la política nacional. El martes 2 de junio declaró que México atraviesa «tiempos de definiciones, de defender la soberanía nacional frente a intereses externos; de defender la patria frente a campañas de mentiras y de odio promovidas desde el exterior».

En ese contexto, y con el objetivo de impedir que en México se reproduzcan escenarios de injerencia externa como los que favorecieron recientes avances de la ultraderecha en América Latina, se aprobó una reforma constitucional que establece que la intervención extranjera puede ser causal de nulidad de los procesos electorales. La modificación del artículo 41 define como injerencia extranjera el financiamiento ilícito, la propaganda, la difusión sistemática de desinformación, la manipulación digital y la intervención de gobiernos u organismos foráneos.

La ofensiva imperialista no se detendrá

La ofensiva del gobierno de Trump contra México también debe leerse en relación con la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Washington busca obtener una porción mayor de las riquezas del país —tierras raras, energía, agricultura— sin ofrecer nada equivalente a cambio. Ese es el objetivo inmediato. Pero la apuesta de fondo es más ambiciosa: restaurar el viejo régimen político, basado en la alianza entre el PAN, el PRI y los sectores oligárquicos más conservadores y entreguistas; desmantelar los programas sociales; y reabrir el camino para la privatización de los sectores estratégicos de la economía.

El capitalismo ha ingresado en una de esas fases históricas en las que la acumulación de transformaciones en el desarrollo de las fuerzas productivas, el comercio y las finanzas globales prepara cambios de escala en el sistema de dominación imperialista y en la relación de fuerzas entre las clases, tanto en el plano nacional como internacional.

La guerra comercial desatada por Donald Trump contra buena parte del mundo, en particular contra China; su complicidad con el genocidio del pueblo palestino perpetrado por el régimen de Benjamín Netanyahu; la escalada militar contra Irán; el asedio contra Cuba; y la ofensiva contra gobiernos y movimientos progresistas de América Latina muestran una misma orientación estratégica. Trump intenta recuperar mediante la coerción lo que Estados Unidos ha perdido en el terreno de la competencia tecnológica, comercial y financiera frente a China y otras potencias.

El mundo ha entrado en una dinámica de confrontación que recuerda los momentos previos a las dos guerras mundiales: sobreproducción y competencia exacerbada, rearme de las grandes potencias, intervenciones y guerras coloniales para reforzar posiciones, auge del fascismo y del militarismo. Estamos ante una nueva fase destructiva del capitalismo, en la que los tratados, el derecho internacional, los derechos humanos y el respeto a la soberanía de los países dependientes quedan subordinados al derecho del más fuerte. Estados Unidos no abandonará de manera voluntaria su ofensiva para restablecer su dominio sobre los pueblos de América Latina y el Caribe.

Es cierto que ningún país puede enfrentar por sí solo, en el terreno militar, a un imperialismo tan poderoso como el estadounidense, mucho menos cuando comparte frontera con él. Pero esa constatación no conduce a la pasividad ni justifica una política de subordinación. Existe otra alternativa: elaborar una estrategia política internacional capaz de enfrentar la amenaza imperialista y fascista. Esa estrategia requiere, al menos, dos condiciones.

La primera es la existencia de un gobierno dispuesto a defender hasta las últimas consecuencias la soberanía nacional, apoyado en la movilización consciente y organizada de la clase trabajadora, las mujeres, la juventud, la diversidad sexual y los pueblos originarios. La segunda es la construcción de alianzas con todos los pueblos del mundo dispuestos a movilizarse en acciones comunes contra el imperialismo y el fascismo.

Esa perspectiva está lejos de ser abstracta o utópica. La ejemplar lucha del pueblo palestino contra la maquinaria de guerra de Israel y el apoyo masivo que despertó en todo el mundo; la resistencia de Irán frente a la agresión imperialista; la persistencia heroica del pueblo cubano frente al bloqueo; la insurrección del pueblo boliviano; y la movilización masiva del pueblo estadounidense contra su propio presidente muestran que los de abajo somos muchos más que la minoría privilegiada que pretende empujar a la humanidad hacia el abismo.

La participación de Claudia Sheinbaum, en abril de 2026, en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia celebrada en Barcelona, donde propuso destinar el 10% del gasto militar mundial a la reforestación y defendió el fin de la intervención contra Cuba, confirma que existen condiciones para construir una amplia alianza internacional contra el fascismo y el imperialismo.

El frente interno

El gobierno de la Cuarta Transformación conserva una amplia simpatía social, que distintos sondeos ubican entre el 70% y el 80% de la población. La derecha y la extrema derecha, por su parte, todavía no se recuperan de la catástrofe electoral de 2018. Pero esa ventaja no debería alimentar ninguna confianza excesiva. Las derechas cuentan con el respaldo de los grandes medios de comunicación, con algoritmos que amplifican sus mensajes en las redes sociales, con la fidelidad de los sectores más conservadores de la sociedad y con el poder económico de la oligarquía. La experiencia internacional muestra que, incluso después de derrotas severas, pueden reconstruir en poco tiempo alternativas electorales con apariencia antisistema y disputar el poder por la vía electoral.

La mejor barrera frente al regreso de la pesadilla neoliberal es que los gobiernos progresistas garanticen mejoras económicas y sociales tangibles, sostenidas y reconocibles para la mayoría de la población. En este terreno, la Cuarta Transformación todavía conserva un saldo favorable. Los programas sociales, la recuperación de sectores estratégicos como la energía, el agua y la salud, junto con el aumento del salario mínimo, que creció 215% entre 2018 y 2025, contribuyeron a elevar el nivel de vida de amplios sectores populares. En el mismo período, la pobreza se redujo del 41,9% al 29,6%.

Sin embargo, quedan muchos problemas pendientes. Los salarios contractuales se estancaron y, en algunos casos, fueron superados por el salario mínimo. La situación del campo, agravada por la implementación del Tratado de Libre Comercio, sigue sin una respuesta de fondo. Permanecen sin resolución conflictos laborales que se arrastran desde hace casi veinte años, como los del Sindicato Minero y el Sindicato Mexicano de Electricistas. También siguen abiertos los reclamos contra la reforma educativa neoliberal, las demandas de los usuarios de la energía eléctrica, la situación de miles de familias despojadas de sus territorios por la delincuencia y, sobre todo, la necesidad de garantizar una pensión digna a los trabajadores después de las reformas privatizadoras del sistema previsional.

El problema más grave es la relación del gobierno con los movimientos sociales independientes y democráticos. Tanto la administración de López Obrador como la de Claudia Sheinbaum evitaron un diálogo real con muchas de estas organizaciones o lo redujeron a una simulación. En cambio, sí establecieron acuerdos con diversas burocracias sindicales corruptas y mantuvieron una relación fluida con el sector patronal, que tiene abiertas las puertas de Palacio Nacional. Esta situación resulta insostenible y, tarde o temprano, puede desembocar en conflictos mayores.

Varios de esos conflictos podrían resolverse con costos relativamente bajos y beneficios políticos inmediatos para el propio gobierno, siempre que exista voluntad política. Ese es el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas o de los usuarios de la energía eléctrica.

Más complejo es el paro iniciado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación el lunes 1 de junio. La CNTE exige la abrogación de las reformas neoliberales al sistema de pensiones, que dejaron en la precariedad a miles de trabajadores al servicio del Estado, y reclama el restablecimiento de un sistema solidario que garantice una jubilación equivalente al 100% del último salario. La demanda es justa, más allá de que algunos métodos de lucha de sectores de la organización puedan resultar contraproducentes y tensionar innecesariamente el conflicto.

En este punto conviene hablar con claridad. Recuperar plenamente un sistema solidario de pensiones exige una inversión estatal que, en las condiciones actuales, el presupuesto público no puede asumir de manera inmediata. Incluso si el gobierno decidiera avanzar en esa dirección, harían falta cambios legislativos que requieren tiempo de elaboración y negociación. Una solución de la noche a la mañana no parece posible. Pero sí puede alcanzarse un compromiso del gobierno federal para presentar una iniciativa de reforma constitucional y laboral que garantice pensiones justas y asegure su financiamiento.

Ese financiamiento exige mayores ingresos estatales. Y esos ingresos solo pueden provenir de una reforma fiscal progresiva sobre las grandes empresas y las grandes fortunas, junto con una auditoría de la deuda pública que permita dejar de pagar la deuda odiosa derivada de los fraudes cometidos por los gobiernos neoliberales anteriores.

Una reforma fiscal de este tipo permitiría financiar pensiones justas y, al mismo tiempo, impulsar un amplio programa de inversión estatal orientado a garantizar derechos sociales básicos. La única salida progresiva a esta encrucijada consiste en profundizar el proceso de cambio y terminar de raíz con las políticas neoliberales que todavía organizan aspectos decisivos de la vida económica y social del país.

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*José Luis Hernández Ayala es un destacado activista sindical, militante político e intelectual mexicano. A lo largo de su trayectoria, ha consolidado su voz como un prolífico analista y columnista dentro del ámbito de la izquierda socialista mexicana y el pensamiento crítico latinoamericano. Se desempeña como delegado del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) e integra la Ejecutiva Nacional de la Nueva Central Sindical (NCT). Es un asiduo analista de la política laboral mexicana, denunciando de forma sistemática los atentados contra la libertad sindical, los rezagos patronales y las deudas históricas con los trabajadores.

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