A María Fernanda Cabal la han rodeado personas vinculadas al narcotráfico, a los señalados como ‘paraísos fiscales’ y una red de negocios relacionados a sus familiares cuyos activos totales suman más de $5 billones. Cuestión Pública encontró que Cabal está en dos sociedades registradas en Panamá.

Vendió un apartamento al empresario Rodrigo José Sarasti Guerrero, quien entró en la Lista Clinton por gerenciar empresas fachada de los narcotraficantes Rodríguez Orejuela, jefes del Cartel de Cali. El padre de la senadora fue depositario de bienes expropiados a narcotraficantes por el DNE en los gobiernos Pastrana y Uribe. Una empresa en la que Cabal ha sido accionista, es socia de Riopaila Castilla S.A, donde sus familiares han tenido participación y han sido miembros de la junta directiva. Riopaila adquirió y concentró cerca de 41 mil hectáreas de tierra en Vichada por medio de 27 sociedades españolas y un holding en Luxemburgo. Su esposo, José Felix Lafaurie, ha sido señalado por presuntos vínculos con exjefes paramilitares. Directivos de Augura, aportante de su campaña en 2018, fueron financiadores de las Convivir.

María Fernanda Cabal Rivera nació en Cali, Valle, en 1966; es hija de Santiago Cabal Rivera, industrial azucarero, y Amparo Molina de Cabal, exsecretaria de educación de Santiago de Cali. Está casada con el ganadero y dirigente gremial José Félix Lafaurie.

En 1995 fue consultora en campo de organizaciones comunitarias del Amazonas, como contratista de Dirección General de Integración y Desarrollo Digidec, y luego para la Alcaldía de Bogotá (1994, Antanas Mockus), el Comisionado Nacional de Policía (1996) y la Agencia de Cooperación de Estados Unidos, AID, en relación con el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Los Andes, según su perfil oficial como representante a la Cámara.

Entre 1997 y 2005, Cabal Rivera fue incursionó en el mercadeo de viajes al exterior para alumnos y profesores, a través de dos empresas, Vela Ltda y Student Travel Center.

Mario Iguarán, ex viceministro de Interior de Álvaro Uribe, electo fiscal en 2005, la vinculó a la Fiscalía General de la Nación, como Directora de Asuntos Internacionales. En marzo de 2007, renunció a la Fiscalía, según le dijo ella a El Tiempo. Esto en medio de un escándalo por una posible filtración de información privilegiada a narcotraficantes que alguien de su oficina habría realizado, de acuerdo al diario.

No obstante, la discusión posterior se centró en el hecho de que habría conocido que la calificación de la Dirección de Derechos Humanos, a la investigación por la masacre de San José de Apartadó (de febrero de 2005), había violado la reserva judicial al compartirla con el Ministerio de Defensa y criticó públicamente su contenido, que ya Mario Iguarán había respaldado también públicamente, como informó Caracol Radio.

En 2014 entró en la selección de la lista cerrada del uribismo a la Cámara de Representantes por Bogotá y fue electa. Durante su período en la Cámara integró las Comisiones Constitucional Primera y Legal de Cuentas.

En la lista al Senado por Centro Democrático en las elecciones de 2018 fue elegida con 37.598 votos.

Al otro día de las elecciones, Néstor Humberto Martínez aseguró en rueda de prensa que un contratista de la Secretaría de Integración Social de Bogotá habría constreñido a profesoras de jardines infantiles de Kennedy en Bogotá, a votar por su fórmula a la Cámara de Representantes, Diego Caro, y por ella al Senado.

👉Más Información👇