Por: Horacio Duque*

El nuevo Super Intendente Nacional de Salud, el ex alcalde de Medellin, Daniel Quintero, ha hecho el anuncio de la instalación de la «Auditoria Forense» al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio colombiano, el FOMAG, que tiene sus cuentas en la FIDUPREVISORA, una entidad financiera y fiduciaria que hace parte del Ministerio de Hacienda.

Esta herramienta «para judicial» debe permitir examinar en detalle toda la contratación del FOMAG en materia de salud, hospitalaria y de entrega de medicamentos a 800 mil educadores colombianos y sus familias. Los resultados de esta intervención deben estar listos (en su primera fase) en 15 días de acuerdo con la orden del presidente Petro y la demanda de los educadores, sus organizaciones sindicales y centenares de Veedurías ciudadanas organizadas en los términos de la ley 850 del 2003, que han elevado derechos de petición y radicado tutelas para hacer efectivo el derecho a la salud y el acceso a la información, que las directivas del FOMAG se las arreglan para bloquear y negar, incluida la actual gerencia de esta entidad.

En dos semanas debe estar listo un primer informe de esta intervención que esperemos sea de libre acceso a la ciudadanía y los educadores.

Esta acción extraordinaria se inició el 5 de mayo del año en curso para hacer inspección, vigilancia y control sobre los fondos; sobre los recursos del magisterio que se están usando para la salud a través del Fomag, y que son objeto del más descarado despojo por parte de mafias burocráticas, de abogados y jueces laborales.

El anuncio de Quintero apunta a la ejecución de una Auditoria de todos los contratos que tiene el FOMAG y de las denuncias que se han hecho sobre la operación de esta cloaca institucional.

Las revisiones que se ejecutarán involucrarán más de un periodo de funcionamiento del Fomag, no solo el actual. Eso quiere decir que también se pondrá la lupa sobre la etapa de transición que se realizó en mayo de 2024, cuando se empezó a implementar el nuevo modelo de salud para los maestros, que ha sido un fracaso. Ojala eche el ojo más hacia atrás desde finales de los años 90 cuando se tejió toda esta malla criminal de saqueo de este Fondo, allí van a encontrar todos los amarres entre «empresarios», oficinas de abogados y nombres de líderes sindicales de Fecode muy conocidos.

Los recientes cambios en el Modelo de la salud del magisterio han sido fuertemente cuestionados debido a sus resultados negativos y catastróficos. Los maestros y sus familias llevan dos años quejándose de un deterioro en la atención en salud, advirtiendo dificultades para acceder a citas médicas, exámenes, procedimientos y medicamentos.

La Superintendencia Nacional de Salud debe verificar las causas por los cuales ese Modelo ha presentado tantas fallas y por qué no ha sido posible implementarlo como se debía.

Con varios líderes sindicales de los educadores de Bogotá hemos exigido, mediante derechos de petición y Acciones de tutela, desde finales del año anterior, la organización de la Auditoria Forense en los términos del decreto 1600 del 2024 que contiene la política anticorrupción del actual gobierno, el cual determino que la:

«La Auditoría Forense es una rama de la auditoría que se enfoca en la prevención y detección de riesgos de corrupción y riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FP), a partir de una revisión rigurosa de procesos, hechos y evidencias para documentar la existencia de un presunto acto irregular, usando conocimientos interdisciplinarios que incluyen técnicas de investigación criminalística, contabilidad, conocimientos jurídico-procesales y habilidades en áreas financieras; el resultado de un proceso de auditoría forense permite la identificación y recolección de evidencia para ser presentada ante las autoridades competentes de llevar a cabo el debido proceso de investigación, acusación y juzgamiento».

Herramienta que las actuales directivas del FOMAG no han querido implementar no obstante los requerimientos hechos de manera permanente con peticiones radicadas físicamente en las oficinas de esa entidad dado que su plataforma digital es disfuncional.

De igual manera hemos exigido la participación de los educadores en la gestión e implementación del Programa de Transparencia y Ética Publica del FOMAG (que es el mismo de la FIDUPREVISORA), pero la ineptitud es tal (o la picardía) que los abogados de este establecimiento público se las han arreglado para bloquear el acceso al PTEP, el cual obtuvimos en las últimas horas gracias a un Derecho de petición tutelado, incluyendo el Plan de Monitoreo e Implementación del mismo, que se nos envió por parte de Karen Viviana Rativa Sáenz, la actual gerente de la PREVISORA.

Respecto de los resultados de la Auditoria Forense anunciada por el Super Intendente de Salud es crucial que se dé curso a lo ordenado en el citado decreto 1600 en el sentido que:

Debe haber garantía de acceso a la información en las entidades públicas, como presupuesto para el ejercicio de derechos fundamentales. Sin perjuicio de sus obligaciones en materia de garantías de acceso a la información pública, los sujetos obligados deberán publicar en la sede electrónica o página web:

Información detallada de todas las auditorías que realicen, incluyendo los resultados, hallazgos y seguimiento a las acciones de mejora (ARTÍCULO 2.1.4.3.2.2.)

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*Horacio Duque Giraldo es un historiador, analista político y académico colombiano. Cuenta con una sólida formación académica que incluye: Licenciatura en Ciencias Sociales con énfasis en Educación Básica. Maestría en Análisis de Problemas Políticos, Económicos e Internacionales Contemporáneos. Maestría en Relaciones Internacionales. Como analista, es conocido por su enfoque crítico y su vinculación con movimientos sociales. Sus análisis suelen centrarse en la defensa de los derechos humanos, medioambientales y los derechos de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, especialmente en el sur occidente colombiano. Ha participado como conferencista en seminarios sobre el proceso de paz, promoviendo la pedagogía sobre la democracia ampliada y el pluralismo político♦

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