Por: Horacio Duque*

Este 1 de mayo, el presidente de la república Gustavo Petro, en su intervención con ocasión de las manifestaciones por el día de la clase obrera, dio una orden al nuevo superintendente de salud, el ex alcalde de Medellin, Daniel Quintero, para que en un plazo de 15 días le entregue el listado completo de funcionarios implicados en presuntos hechos de corrupción en el FOMAG; la solicitud se hace para darle al pueblo de Colombia la relación exacta de los nombres de los ladrones del sector privado y público de la salud de los educadores colombianos.

El objetivo, planteado por el presidente Petro, es el de interponer denuncias penales por el robo de billones de pesos de los maestros y maestras de Colombia, en el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG, entidad encargada de administrar y gestionar la seguridad social de los docentes del sector público.

Son muchas las irregularidades en el manejo de los recursos del magisterio, por cuenta de la liquidación de prestaciones económicas y sociales y como consecuencia de los contratos con las empresas prestadoras de salud, en las clínicas y en la entrega de los medicamentos. Allí están involucradas mafias de abogados, funcionarios y jueces laborales.

La investigación y el destape de las cadenas depredadoras de la salud de los educadores debe incluir también a la Fiduprevisora, el ente rector encargado de manejar como fondos privados unos recursos que son de origen público. El presidente ha solicitado poner denuncia penal contra los presidentes de la Fiduprevisora que permitieron que la reforma a la salud propuesta no se implementara en la mayoría de los departamentos.

Seguramente en todo este escándalo saldrán a relucir muchos nombres de abogados y encopetados ex funcionarios asociados con clanes políticos regionales como el de la señora gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisco Toro.

Uno de ellos, presunto responsable del robo al FOMAG es el señor Jhon Mauricio Marín, presidente de Fiduprevisora, quien ya ha sido señalado de manera reiterada como el principal responsable de los problemas y desfalcos en el Fondo del Magisterio. Este Marín se posesionó en abril del 2023 como presidente de la entidad encargada de la gestión, manejo y administración de recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y de los recursos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Se trata de un abogado de la Universidad la Gran Colombia de Armenia, ciudad donde vive actualmente contando con lujosas propiedades campestres, moviéndose en altos círculos sociales donde su ufana «lo bien que le fue» con el FOMAG y los mercachifles que engancho como empresarios de la salud.

Este «bacalao» de la politiquería llegó al cargo de la FIDUPREVISORA con un fuerte respaldo político; apoyado como cuota de los representantes a la Cámara del Partido de La U, Wilmer Carrillo y Saray Bechara, la consorte de Emilio Tapias en Monteria y ficha central de las bandas políticas de los Bechara.

Marin, desde el 2015 comenzó a figurar como contratista del Estado en el ya liquidado Fondo de Vigilancia y Seguridad. De allí pasó a la Superintendencia de Economía Solidaria y luego llegó al Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, donde hizo hasta para vender presuntamente favoreciendo a poderosas redes delincuenciales de la salud y las prestaciones sociales.

Marín es del partido de la U, de Dilian; durante el gobierno de Juan Manuel Santos, llegó al Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia respaldado por senadores Antonio Correa (investigados por concierto para delinquir, tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos) y Zulema Jattin Corrales (condenada por parapolítica).

Lo cierto es que, con el nombramiento de Marín, se abrió la posibilidad de que éste nombrara a dedo a los prestadores de servicios de salud del magisterio, contratando a los mismos operadores cuestionados en el pasado por prácticas corruptas.

Y tal cual. Este Marin es presuntamente figura central de todo este saqueo de la salud de los educadores sobre quien las autoridades judiciales deben colocar todos los focos. Al igual que sobre las oficinas de abogados responsables del saqueo de las cesantías, pensiones y otros derechos laborales de los maestros; también sobre oscuros líderes de Fecode que han hecho grandes fortunas traficando con los maestros y sus necesidades.

Con varios líderes del magisterio de Bogotá hemos exigido la implementación de la Auditoria forense ordenada en el decreto 1600 del 2024 a todos los procesos del FOMAG, pero sus actuales directivos han hecho oídos sordos a nuestros derechos de petición con evasivas y maniobras jurídicas para utilizar la ley 2195 del 2022 sobre regulación de los Programas de Transparencia y Ética Empresarial.

Esperemos a que el 15 de mayo del año en curso todo este entramado criminal este despejado correctamente de la mano de Daniel Quintero.

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*Horacio Duque Giraldo es un historiador, analista político y académico colombiano. Cuenta con una sólida formación académica que incluye: Licenciatura en Ciencias Sociales con énfasis en Educación Básica. Maestría en Análisis de Problemas Políticos, Económicos e Internacionales Contemporáneos. Maestría en Relaciones Internacionales. Como analista, es conocido por su enfoque crítico y su vinculación con movimientos sociales. Sus análisis suelen centrarse en la defensa de los derechos humanos, medioambientales y los derechos de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, especialmente en el sur occidente colombiano. Ha participado como conferencista en seminarios sobre el proceso de paz, promoviendo la pedagogía sobre la democracia ampliada y el pluralismo político♦

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