MARÍA FERNANDA BARRETO  14 MARZO 2021

La reciente decisión de la Fiscalía de Colombia de solicitar la preclusión de las investigaciones contra Álvaro Uribe Vélez lo acerca de nuevo a la impunidad total a la que está acostumbrado.

Pero esa impunidad no es su privilegio, es una tradición impuesta en la supuesta democracia colombiana, donde quedan impunes los más grandes crímenes, siempre que los cometan la clase política o sus jefes del norte.

Impunes están, por ejemplo, quienes ordenaron la masacre de las bananeras en 1928, incluyendo, por supuesto, a la United Fruit Company, hoy Chiquita Brands International, que nunca perdió la costumbre de asesinar y hasta financiar golpes de Estado.

En 1929, el líder colombiano Jorge Eliecer Gaitán denunció este hecho ante el Congreso y en un famoso discurso dijo: “Dolorosamente sabemos que en este país el gobierno tiene la metralla homicida para los hijos de la patria y la temblorosa rodilla en tierra ante el oro americano”. Sus palabras, de hace casi 100 años, desnudaron a la oligarquía más violenta y transnacionalizada del continente. Diecinueve años después asesinaron al propio Gaitán y, como era de esperarse, también su asesinato continúa impune.

LA LEGITIMACIÓN PÚBLICA DE LA IMPUNIDAD

Pero la impunidad en Colombia no se tapa con un dedo, sino con los conglomerados mediáticos. Según la última publicación del ranking de los más ricos de la revista Forbes, los dueños, o socios mayoritarios, de los medios más tradicionales y difundidos del país son también los cuatro más ricos de Colombia. Una coincidencia importante es que, al menos los dos más ricos, obtienen su riqueza de grandes bancos y empresas financieras.

En un país donde se produce la mayor cantidad de cocaína del mundo, no hay posibilidad de saber cuál es el impacto real de ese lucrativo negocio para la economía nacional, pero la lógica indica que debe ser mucho, y que gran parte de ese dinero debe lavarse dentro de Colombia, para lo que se requieren bancos y negocios tradicionalmente usados para el lavado de dinero, como las grandes empresas constructoras.

Por pura casualidad, ambos son los negocios que han hecho a Luis Carlos Sarmiento Angulo el hombre más rico de Colombia y uno de los más ricos del mundo. Su familia compró en 2012 El Tiempo, el más grande y tradicional periódico de Colombia.

El segundo hombre de la lista Forbes es Jaime Gilinski quien sorpresivamente también ha amasado su fortuna en el sector financiero. Recientemente la familia Gilinski adquirió la importante revista política Semana y lo celebró haciendo una verdadera purga interna de periodistas y estableciendo una línea editorial totalmente aliada con el gobierno actual.

El número tres es Santo Domingo, quien posee nada menos que El Espectador, Caracol Televisión y Blu Radio. Por su parte, Ardila Lülle, cuarto en la lista Forbes, es dueño de RCN, NTN24 y WIN, entre otros muchos medios.

El mismo fenómeno nacional se reproduce a escala regional, donde los medios de comunicación más grandes son propiedad de las familias que controlan económica y políticamente las regiones.

Esta visión general permite entender muchas cosas sobre cómo se manipula a la opinión pública colombiana. También por qué, por ejemplo, ninguno de esos medios acompaña las luchas populares, por qué atacan a la Revolución Bolivariana y, en este caso, por qué sostienen la impunidad de la oligarquía ante la opinión pública, se pelean para defender la subordinación de la política colombiana a los designios de Washington y levantan escándalos noticiosos que suben y bajan como la espuma, afectando premeditadamente la memoria a largo plazo de su público.

EL CASO CONTRA URIBE VÉLEZ

En contraste con otros países donde los lawfare ejecutados contra gobiernos progresistas latinoamericanos han terminado por tumbar presidencias gracias a procesos judiciales amañados, en Colombia juzgar a un expresidente es algo impensable, ni siquiera cuando, como en el caso de Álvaro Uribe Vélez, ya gran parte de su entorno político ha sido detenido por vinculaciones con el narcotráfico, el paramilitarismo y las violaciones de Derechos Humanos (DDHH).

Esto también contrasta con la “eficacia” del Estado colombiano para abrir investigaciones y procesos judiciales contra líderes y lideresas sociales.

El delito por el que actualmente se investiga a Álvaro Uribe Vélez parte de una denuncia hecha por él mismo en el año 2014 contra el senador Iván Cepeda, acusándolo de manipular testigos y ofrecer beneficios a paramilitares presos para que lo vincularan con dichos grupos armados, ya que Cepeda había presentado ante el Congreso la grabación de un testigo que asegura que el grupo paramilitar al que pertenecía se había formado en una finca de la familia Uribe.

Cuatro años después, cuando Uribe comenzó a volverse incómodo para la clase política nacional e internacional, la Corte colombiana dio un giro al caso señalando que durante la investigación no se encontró ningún elemento que vinculara al senador Cepeda a esas prácticas, pero sí en cambio al originalmente demandante, por lo que inicia un proceso por los delitos de soborno y fraude procesal al entonces senador Uribe, al que incluso terminó por dictar medida de aseguramiento, es decir, que se le ordenó permanecer en su inmensa finca.

Ante esta situación, el senador acostumbrado a ser llamado presidente y a actuar con toda impunidad, decidió renunciar a su puesto en el Senado para salir del radar de la Corte y pasar a la Fiscalía General de la Nación, institución absolutamente subordinada a la presidencia del país, donde, como era de esperarse, el caso se ha ido desarrollando a su favor hasta el punto de solicitar el cierre del mismo.

Pero Uribe es una papa caliente también para los Estados Unidos, porque sus vínculos con el narcotráfico y su evidente vinculación a terribles violaciones de DDHH causan ruido en algunos sectores de la política estadounidense.

A su vez este hombre, que ha estado directa o indirectamente en el poder durante los últimos 20 años en Colombia, ha prestado grandes servicios al gigante norteamericano, por ejemplo, otorgando más que impunidad, inmunidad, en convenio firmado con los EEUU en 2003 para que las tropas estadounidenses actuasen en Colombia sin que los delitos de lesa humanidad que cometan puedan ser investigados ni presentados ante la Corte Penal Internacional, a no ser que el propio gobierno estadounidense lo autorizase.

Esta inmensa concesión de la soberanía colombiana ha representado grandes ventajas a EEUU para convertir al país en un enclave militar desde el que asegura el despojo de Colombia y el control del narcotráfico, mientras ataca a Venezuela y relanza sus planes imperialistas sobre toda la región.

Siendo realistas, aun si esta causa contra Uribe prosperara y finalmente fuera condenado por los delitos que se le imputan, continuarían en la impunidad sus más grandes crímenes.

Por ejemplo, según una publicación reciente de la Jurisdicción Especial para la Paz, en el período comprendido entre los años 2002 y 2008 (entre su primera y su segunda presidencia), aproximadamente 6.402 fueron asesinadas para ser presentadas como bajas en combate (“falsos positivos”) en todo el territorio nacional por la Fuerza Pública colombiana.

A esto habría que sumar las masacres que se cometieron durante su paso por la gobernación de Antioquia y por el Palacio de Nariño, los crímenes de lesa humanidad cometidos por su gobierno en la Operación Orión en la Comuna 13 de Medellín, el bombardeo a Ecuador (Operación Fénix), la invasión paramilitar a Venezuela y muchos otros graves crímenes que engrosan el prontuario de Uribe Vélez y que han terminado por socavar su otrora grande popularidad y están a punto de enterrar políticamente a quienes siguen su doctrina.

A pesar de eso, romper con esa impunidad, hacerle sentir vulnerable a quien posee tales ínfulas de patrón, sería un buen paso para Colombia y probablemente acercaría la posibilidad de demostrar legalmente sus vínculos con el proyecto paramilitar que ayudó a construir y luego a legalizar.

LA PERPETUACIÓN DE LA INJUSTICIA

Impunes continúan, también, el genocidio contra la Unión Patriótica ocurrido en la década de 1980, así como el reciente genocidio de líderes y lideresas sociales y excombatientes de las FARC-EP, las innumerables masacres cometidas en las últimas cinco décadas por parte de militares y paramilitares, la masacre de cinco niños en Cali el año pasado, los bombardeos a presuntos campamentos donde se encontraban niños, niñas y adolescentes ocurridos el año pasado en Caquetá y la semana pasada en el Guaviare, etcétera.

Mientras la impunidad de los crímenes contra el Pueblo siga siendo la norma en Colombia, seguirá avanzando el intento de pacificación popular mediante el asesinato, la desmovilización y el miedo, pero la paz estará cada vez más lejana.

12 de marzo de 201

Adendum:

“Cerrar filas en apoyo a la causa del senador del Polo Democrático en el manipulado “Caso Uribe”, es promover el derecho a la verdad del Pueblo colombiano en uno de los capítulos más mediáticos de la historia judicial” señala Óscar Sotelo Ortiz en el Semanario Voz, y agrega:

“Para nadie fue una sorpresa el reciente anuncio de la Fiscalía General de la Nación donde presenta ante la opinión pública la preclusión del proceso penal en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos” (…)

“Lo que se viene también es predecible. En el momento en que la jueza o juez de la República cite a la audiencia donde el fiscal Jaimes debe entregar las razones y la posición de la Fiscalía, sí o sí las distintas partes apelarán la decisión del ente acusador. Por lo tanto, el caso llegará al Tribunal Superior de Bogotá”

“Al respecto, pueden existir dos caminos. La judicatura de segunda instancia puede respaldar la decisión de la Fiscalía y precluir el caso, o de lo contrario, puede regresar el expediente al fiscal Jaimes quien tendría que asumir las recomendaciones del Tribunal, que por lo general son la ampliación del material probatorio para soportar la decisión de archivar el proceso” (…)

“Dado que el fiscal Jaimes desestimó el Auto de la Corte Suprema de Justicia y todo el acervo probatorio recaudado en seis años de investigación, los caminos judiciales son ampliamente favorables para Uribe Vélez” (…)

“De esta forma se legitima el libreto que han sustentado tanto Uribe Vélez, su defensa jurídica, poderosos medios de comunicación y sus furibundos seguidores. Bajo este guion, lo primero que se impone es que la Corte Suprema de Justicia investigó de manera politizada en un proceso donde no se le respetaron las garantías procesales al expresidente.  Lo segundo y más reiterativo, es que Iván Cepeda fabricó un montaje a partir de un cartel de falsos testigos, siendo la relación del senador y el testigo estrella, Juan Guillermo Monsalve, una muestra del complot”

“Este semanario y varios analistas ya habían vaticinado el rumbo que tomaría el caso. Basta con leer la nota Triunfo de Uribe en la pasada edición impresa de la revista Semana para comprobarlo, donde queda en evidencia la reingeniería en la estrategia de defensa de Uribe Vélez y la repetición del libreto para exonerarlo”

“Aunque hasta el momento el senador Iván Cepeda ha demostrado temple, serenidad y fortaleza para confrontar no solo la matriz mediática, sino particularmente a sus violentos detractores, es importante que las fuerzas democráticas cierren filas y rodeen al parlamentario de izquierda”

“Iván Cepeda tiene el valor histórico de ser uno de los investigadores más inquietos y rigurosos sobre el fenómeno del paramilitarismo en Colombia. Desde el mismo momento en que Manuel Cepeda Vargas, senador de la Unión Patriótica, dirigente nacional del Partido Comunista y exdirector del semanario VOZ, fue asesinado el 9 de agosto de 1994, Iván Cepeda y el Colectivo de Abogados ‘José Alvear Restrepo’ emprendieron la cruzada para demostrar como el magnicidio respondía a un plan sistemático de genocidio político y como este se configuraba en un crimen de Estado”

“Después de un largo litigio, lograron no solo una condena internacional, sino un precedente de reparación simbólica donde por primera vez se reconocía públicamente la responsabilidad del Estado en el asesinato de un dirigente político revolucionario”

“Así las cosas, Cepeda lideró el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), y se convirtió en un protagonista determinante en defensa de las víctimas del Establecimiento. Esta aguerrida carrera política le permitió llegar a la Cámara de Representantes en 2010 y luego al Senado de la República en 2014”

“Era lógico que Cepeda dedicara su vida parlamentaria a ampliar sus investigaciones. Si bien su libro A las puertas de El Ubérrimo (2008), escrito junto con el periodista Jorge Rojas, iniciaba una línea de investigación sobre el paramilitarismo en el departamento de Córdoba, este no dejaba de ser solo indicios y posibles conexiones entre el expresidente Uribe Vélez y el fenómeno de las AUC en el Caribe colombiano”

“Cumpliendo con su rol constitucional como parlamentario, Cepeda visitó cárceles para buscar verdades. En ese legítimo proceso, encontró un cabo suelto en la historia del paramilitarismo en Antioquia con los hermanos Santiago y Álvaro Uribe Vélez como protagonistas y la Hacienda Guacharacas como epicentro”

“Dos testimonios presentados ante la justicia, el de Pablo Hernán Sierra alías “Alberto Guerrero” y Juan Guillermo Monsalve alías “Guacharaco”, sustentaban la idea que en la Hacienda Guacharacas se había creado el grupo paramilitar ‘Los Macetos’ embrión del Bloque Metro de las AUC”

“Iván Cepeda y el Colectivo de Abogados investigaron el caso, reconstruyeron el expediente, siguieron los indicios, cotejaron las pruebas y establecieron una hipótesis sobre la definitiva participación de los hermanos Uribe Vélez en la emergencia, formación y consolidación del paramilitarismo en el nordeste antioqueño”

“En consecuencia, Cepeda no solo publicó el libro Por las sendas de El Ubérrimo (2012) junto con el abogado Alirio Uribe, sino que hizo un debate de control político en septiembre de 2014 donde presentó a la opinión pública su investigación. Este hecho desató la furia del expresidente Álvaro Uribe y dio inicio el turbulento proceso judicial en cuestión”

“Para el exmandatario, Iván Cepeda fabricó testimonios falsos en su contra y lo denunció ante la Corte Suprema de Justicia. Cuatro años después, el alto tribunal llegó a la conclusión que Cepeda era inocente y que si alguien incurrió en los delitos de soborno a testigos fue el expresidente y sus abogados, con el sombrío Diego Cadena a la cabeza. Fueron cerca de 24 testimonios falsos que pretendían enlodar la labor del parlamentario del Polo Democrático” (…)

“En todo este atropellado proceso, Cepeda y su defensa han sido absolutamente respetuosos no solo con las disímiles instancias judiciales, sino especialmente con el acervo probatorio y la reserva del caso. En lo particular, la matriz mediática sigue desvirtuando al senador Cepeda y al testigo Monsalve, pero en lo general, la estrategia tratará por todos los medios de tapar el expediente del paramilitarismo en Antioquia”

“Cepeda lo sabe y por eso invoca una verdad que algún día prevalecerá. Se enfrenta sin miedo al individuo más poderoso y sórdido en la historia política de Colombia”

Gráfica.-Un hombre observa un mural en Bogotá con un retrato modificado de Álvaro Uribe Vélez (Foto: Juan Barreto / AFP)

12 de marzo de 2021

Tomado de Misión Verdad (y el Adendum del Semanario Voz)