Ha pasado un mes desde la entrada masiva de migrantes en Ceuta y el ruido mediático y político ha sido ensordecedor: durante semanas, los hechos parecían obligados a competir con los relatos construidos sobre ellos. Se habló de invasión y de conspiraciones diversas mientras una parte sustancial de la información seguía incompleta. La aparición de un informe policial remitido a los juzgados, según el cual existirían indicios de implicación del Estado marroquí en los cruces de los días 30 y 31 de julio, obliga ahora a regresar al terreno que nunca debimos abandonar: el de los hechos comprobables, las relaciones causales y las responsabilidades políticas concretas.
Que Marruecos pudiera haber facilitado deliberadamente la apertura de la frontera no debería sorprender. España y la Unión Europea han delegado durante años en Rabat una parte sustancial del control migratorio, otorgándole con ello una evidente capacidad de presión. No sería, además, la primera vez que esa capacidad aparece vinculada a una disputa política: en mayo de 2021, alrededor de 8.000 personas cruzaron hacia Ceuta en apenas dos días, en pleno enfrentamiento diplomático entre España y Marruecos. Lo que todavía desconocemos es cuál fue, en esta ocasión, el objetivo concreto.
Esa distinción resulta esencial porque permite cuestionar otro relato repetido hasta la saciedad: el de la «invasión». Decenas de miles de personas cruzaron hacia Ceuta durante aquellas jornadas, pero la inmensa mayoría regresó poco después, mientras solo una fracción permaneció en la ciudad. Hubo además decenas de muertos en el intento de cruzar. Estos hechos describen una crisis fronteriza extraordinaria y una tragedia humana, pero encajan difícilmente con la imagen de una operación destinada a ocupar territorio: no hubo permanencia masiva, estructura armada ni reivindicación pública que permita sostener, hasta ahora, semejante hipótesis.
Las migraciones no constituyen un «modelo» ideológico, sino una realidad inseparable de un mundo organizado mediante desigualdades gigantescas entre centro y periferia.
Nada de esto elimina la posible instrumentalización de seres humanos por parte del Estado marroquí. Si se confirmase, nos encontraríamos ante una práctica especialmente grave, aunque sepamos que no inédita, pero reconocer esa posible instrumentalización no convierte a quienes cruzaron la frontera en un ejército invasor. Confundir ambas cosas supone identificar a las víctimas de una situación con quienes pueden haberla utilizado políticamente.
Así, debemos recordar que las migraciones no constituyen un «modelo» ideológico, sino una realidad inseparable de un mundo organizado mediante desigualdades gigantescas entre centro y periferia. Quien emigra no tiene por qué encontrarse en la miseria absoluta: basta con que compruebe que las oportunidades de trabajo, estabilidad, autonomía o futuro se concentran en otros lugares. La desigualdad material produce también una profunda desigualdad de expectativas.
Tampoco sale indemne el relato construido por el Gobierno español. Mientras ponía el foco en Rusia, Israel y la extrema derecha internacional como vectores de desinformación, minimizaba una posible implicación marroquí que ahora aparece recogida en informes policiales. Que canales ultras de distintos países hayan amplificado el discurso de la «invasión» encaja con una extrema derecha internacional que comparte marcos, consignas y narrativas; lo que no puede hacerse es convertir automáticamente esa circulación propagandística posterior en una explicación causal de lo ocurrido. Una cosa es explotar políticamente un acontecimiento y otra muy distinta explicar por qué se produjo.
El problema de los relatos prefabricados es precisamente ese: sustituyen la investigación de las relaciones causales por culpables cómodos. Para unos, todo queda explicado pronunciando «Rusia»; para otros, basta con decir «invasores». En ambos casos se construye un enemigo que ordena emocionalmente la realidad, evitando analizar la estructura que la produce: la externalización de fronteras, la relación contradictoria entre España y Marruecos, las tensiones diplomáticas, el régimen migratorio europeo y las enormes diferencias económicas y sociales que empujan a miles de personas a considerar racional arriesgar la vida para cruzar unos pocos kilómetros.
Allí donde el relato más simplista esperaba encontrar una guerra entre pobres, lo que apareció fue algo bastante diferente: sectores populares con recursos limitados sosteniendo materialmente a personas que tenían todavía menos.
Pero quizá sea en las calles de Ceuta donde mejor se haya desmontado otro lugar común: la idea de que, ante la llegada de migrantes, el penúltimo termina inevitablemente enfrentándose al último. No ocurrió así. Fueron precisamente algunos de los barrios periféricos y populares de la ciudad —El Príncipe, Sidi Embarek, Loma Colmenar o el entorno de Los Rosales— los que han asumido una parte considerable de la respuesta solidaria, organizando alimentos, ropa, alojamiento y espacios para atender a menores y adultos que se encontraban en una situación de extrema vulnerabilidad. No es un detalle menor que esta respuesta surgiera en zonas que se encuentran entre las de menor renta de Ceuta, muy alejadas de los niveles de ingresos del centro de la ciudad. Allí donde el relato más simplista esperaba encontrar una guerra entre pobres, lo que apareció fue algo bastante diferente: sectores populares con recursos limitados sosteniendo materialmente a personas que tenían todavía menos.
Eso no significa, evidentemente, que no hayan existido episodios de xenofobia y actuaciones de carácter abiertamente pogromista. Están documentados los ataques y el hostigamiento contra migrantes, la destrucción y quema de sus pertenencias y hasta el intento de impedir que Cruz Roja pudiera repartir alimentos. Negar esa violencia sería tan absurdo como convertirla, siguiendo el sensacionalismo de determinados medios y discursos políticos, en la expresión espontánea de «los vecinos de Ceuta», considerados como una totalidad. Esa identificación es falsa: las protestas y el malestar social han adoptado formas muy distintas, mientras los episodios más graves han sido protagonizados por sectores concretos y políticamente identificables, en un clima alimentado además por agitadores y referentes de extrema derecha llegados desde fuera de la ciudad.
No estamos hablando, por tanto, de una reacción xenófoba inevitable de la población ceutí, sino del intento de determinados sectores de transformar una crisis humanitaria en un conflicto étnico y político. En una ciudad donde conviven comunidades cristianas, musulmanas, judías e hindúes, alimentar la diferencia cultural o religiosa como línea de fractura supone además introducir un elemento especialmente peligroso para la convivencia.
A esa violencia se suma otra cuestión distinta: la responsabilidad material de las instituciones. El Estado dispone de recursos incomparablemente superiores a los de cualquier asociación vecinal y, sin embargo, durante demasiado tiempo buena parte de la alimentación, el alojamiento y la atención inmediata recayó sobre organizaciones humanitarias, voluntarios y vecinos de barrios con pocos recursos. Que una emergencia así descansara parcialmente sobre la solidaridad popular no habla de incapacidad técnica inevitable, sino de prioridades políticas y de una respuesta tardía.
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Y después está, separadamente, la actuación policial. No podemos obviar el agravio comparativo: hemos visto una contundencia inmediata ante huelgas, intentos de paralización de desahucios o determinadas protestas sociales que no aparece con la misma claridad cuando quienes protagonizaban actos abiertamente criminales son sectores de extrema derecha. A ello se suma que voluntarios implicados en la asistencia a los migrantes han señalado haber sufrido hostigamiento policial y distintos tipos de señalamiento por su labor solidaria. Normalizar incendios, amenazas, hostigamientos o bloqueos de ayuda humanitaria contra una población extremadamente vulnerable —y permitir además que quienes tratan de asistirla sean objeto de presión— crea un precedente político especialmente peligroso.
Un mes después han caído varias caretas, aunque todavía falten datos decisivos. Debe esclarecerse el grado de implicación de Marruecos y su objetivo; debe explicarse qué sabía el Gobierno español y cuándo lo sabía; y debe abandonarse la comodidad de los relatos que reemplazan las causas por enemigos prefabricados. Pero Ceuta ya ha dejado una enseñanza política clara: cuando las instituciones fallaron, fueron precisamente algunos de los barrios más populares quienes asumieron buena parte de la solidaridad, mientras sectores organizados trataron de convertir una crisis humanitaria en una campaña de odio. La mentira repetida mil veces sigue siendo mentira. El penúltimo no está condenado a enfrentarse con el último. Lo que hemos visto, una vez más, es que son los de arriba quienes intentan enfrentar a los de abajo.
Las declaraciones y opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de su autor y no representan necesariamente el punto de vista de PB.
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*Carmen Parejo Rendón es una periodista, escritora y analista política sevillana, licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Sevilla. Es reconocida internacionalmente por su labor como directora de la Revista La Comuna y su participación habitual en grandes cadenas como RT, Telesur e HispanTV. Su análisis se especializa en geopolítica, con un enfoque crítico sobre América Latina, Asia Occidental y los procesos de soberanía popular. Como autora, destaca su obra poética Arquitecturas y Mantras, además de su colaboración en medios de pensamiento como El Viejo Topo. A lo largo de su carrera, ha compaginado la información con la gestión cultural y la dramatización teatral juvenil. Su perspectiva se define por la defensa del antiimperialismo y el estudio de la multipolaridad global. Actualmente, es una de las voces más activas en la contrainformación y el análisis social desde España. Su perfil une el rigor académico con un compromiso firme hacia los movimientos sociales transformadores. Se ha consolidado como una referencia para comprender los conflictos internacionales desde una mirada alternativa y rigurosa.
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