Por: Octavio Libreros*

El análisis de la longevidad del conflicto interno colombiano exige fracturar la narrativa oficial de la excepcionalidad democrática. En su informe individual para la Comisión Histórica del Conflicto Armado y sus Víctimas (La Habana, 2015), titulado Injerencia de los Estados Unidos en el conflicto armado de Colombia, el historiador Renán Vega Cantor deconstruye el entramado geopolítico que ha supeditado la soberanía nacional a los intereses de Washington. La tesis medular de Vega Cantor demuestra que la violencia estructural en el país no es un producto endógeno e imprevisto, sino el resultado de una convergencia sistémica entre la “contrainsurgencia nativa” de las élites locales y la agenda de dominación global estadounidense. Mirado a la luz de la coyuntura electoral de 2026, el texto de Vega Cantor deja de ser una mera autopsia del pasado para convertirse en el mapa operativo del presente.

I. El Arquetipo del “Enemigo Variopinto” y la Prefabricación del Odio

Una de las premisas conceptuales más potentes de Vega Cantor es la demostración de que, en Colombia, el anticomunismo precede cronológicamente a la existencia misma de organizaciones comunistas estructuradas. Desde la década de 1920, las clases dominantes asimilaron bajo la etiqueta genérica y “variopinta” de “comunismo” a cualquier actor social que amenazara el orden latifundista e institucional: sindicatos, ligas campesinas, intelectuales y asociaciones que demandaban reivindicaciones básicas de subsistencia. Esta categoría elástica actuó como un dispositivo de deshumanización y criminalización preventiva.

Hoy, en el umbral de las elecciones presidenciales de junio de 2026, presenciamos la actualización digital de este software ideológico. La retórica de figuras como Abelardo de la Espriella, potenciada por el respaldo geopolítico de Donald Trump desde sus plataformas de comunicación, reactiva con precisión milimétrica el libreto del “enemigo interno”. El costal “variopinto” del siglo XXI ya no alberga únicamente al espectro de las insurgencias históricas; ahora engloba de manera indiscriminada al petrismo, las plataformas sindicales como la CUT, liderazgos étnicos como el de Aida Quilcué, y la producción artística y académica crítica (encarnada en nombres como Doris Salcedo o Carolina Sanín). Cuando la senadora Paloma Valencia acuña el significante del “neocomunismo”, no hace más que revalidar la persistencia de un fantasma elástico diseñado para erosionar la legitimidad de las reformas sociales y la movilización ciudadana.

II. La Trilogía Moral y los Miedos de Clase

Vega Cantor argumenta que el bloque de poder contrainsurgente se cimenta sobre tres miedos fundacionales de las clases dominantes: el miedo al pueblo, el miedo a la democracia y el miedo a la revolución. Para canalizar y explotar socialmente estos temores, la hegemonía conservadora-liberal articuló históricamente una narrativa clerical y chauvinista que presentaba al disidente como un “bárbaro, salvaje y enemigo de Dios, la patria y la ley”. La fe religiosa fue instrumentalizada como un vector de movilización electoral y justificación de la violencia.

Esta alianza teológico-política halla un eco diáfano en la contemporaneidad. Candidatos que en el pasado se adscribían al escepticismo o al ateísmo militante hoy comparecen en templos evangélicos y pactan con figuras como el pastor Carlos Alonso Lucio, erigiendo agendas neoconservadoras en torno a la familia y la prohibición del aborto como plataformas programáticas. La transmutación del “comunista ateo” de los años cuarenta en el “destructor de la familia” de 2026 es el combustible moral indispensable para justificar la mano dura. Se repite la matriz del odio que en su momento validó la persecución huelguista bajo la administración de Alberto Lleras Camargo. La herencia de este libreto es dinástica y endogámica: la reciente desaparición del líder político Germán Vargas Lleras en mayo de 2026 y el inmediato endoso de su legado ideológico y familiar a las tesis de De la Espriella en materia de orden público demuestran cómo las estructuras de poder tradicionales transfieren sus banderas contrainsurgentes de generación en generación.

III. El Laboratorio Contrainsurgente y la Transgresión de los Cuerpos

Lejos de ser un receptor tardío de las doctrinas de seguridad global, Vega Cantor sitúa a Colombia como el “laboratorio práctico” pionero de la contrainsurgencia en América Latina. Antes de la instauración generalizada de las dictaduras del Cono Sur, el Estado colombiano ya operaba bajo lógicas de guerra sucia. El autor documenta hitos críticos en esta cronología de la subordinación:

  • 1955: Fundación de la Escuela de Lanceros, alimentada por oficiales nativos adiestrados por Estados Unidos tras la Guerra de Corea.
  • 1959: Despliegue de un equipo especial de la CIA que recomendó la reestructuración del Servicio de Inteligencia Colombiano (SIC) para subordinarlo a directrices estadounidenses de guerra psicológica encubierta, dando origen al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) bajo el modelo del FBI.
  • 1962: La Misión Yarborough y su directriz explícita de organizar estructuras paramilitares de sabotaje y terrorismo contra simpatizantes del comunismo.

Esta arquitectura represiva, que concatena a los históricos “pájaros” y “chulavitas” con el paramilitarismo de Estado, encuentra su correlato moderno en la militarización de la respuesta punitiva ante la protesta social. Las advertencias punitivas sobre el rigor con el que “muerde el Tigre” se materializan en las doctrinas operacionales que justificaron los traumas oculares y el uso de armamento letal contra manifestantes en los estallidos sociales recientes. La violencia estatal no es una anomalía del servicio; es la ejecución precisa de un manual cuyos capítulos técnicos fueron redactados en Washington hace más de medio siglo.

IV. De Marquetalia al Plan Colombia: La Metamorfosis del Negocio Bélico

La investigación de Vega Cantor destruye la tesis oficial que data el inicio de la injerencia norteamericana en el surgimiento de las guerrillas de los años sesenta. La soberanía nacional fue cedida por tramos desde el siglo XIX con las catorce intervenciones en el istmo de Panamá, la entrega de concesiones petroleras en el Catatumbo bajo la administración de Olaya Herrera y la apertura militar irrestricta promovida por Eduardo Santos. El bombardeo a Marquetalia en 1964, financiado con medio del millón de dólares por Estados Unidos bajo el gobierno de Guillermo León Valencia, no sepultó el descontento agrario; por el contrario, catalizó la creación de las FARC. La intervención militar procreó al enemigo que posteriormente legitimaría su propia perpetuación.

Con el fin de la Guerra Fría y el colapso del bloque soviético, la justificación ideológica mutó hacia la “guerra contra las drogas” y el “antiterrorismo”. El Plan Colombia (1999) y el posterior Plan Patriota (2003) se revelan en el texto de Vega Cantor como estrategias de ocupación financiera y tecnológica. Los datos duros consignados por el historiador son incontestables: la inyección de 1.2 millones de dólares diarios para las fuerzas armadas, el control satelital y de radares cedido al Comando Sur, el adiestramiento de más de 15.000 soldados nativos y el despliegue de contratistas privados norteamericanos para la aspersión aérea. La entrega culminante de siete bases militares durante el mandato de Álvaro Uribe Vélez en 2009 consolidó al territorio nacional como una plataforma operativa de proyección global norteamericana.

Este engranaje conllevó una profunda degradación humanitaria y ecosistémica. La guerra química a través de la aspersión sistemática con glifosato devastó la seguridad alimentaria de las comunidades rurales y alteró los ecosistemas de la Amazonía y el Pacífico, dejando una deuda ambiental que la retórica del orden actual omite de forma deliberada. El costo de esta “intervención por invitación” se tasa en miles de ejecuciones extrajudiciales, torturas y millones de desplazados: un saldo humanitario más devastador que el de las dictaduras del Cono Sur, camuflado bajo el ropaje institucional de una democracia ininterrumpida.

V. Conclusión: Fracturar el Guion de la Dependencia

La lucidez del aporte de Renán Vega Cantor radica en despojar al conflicto colombiano de su pátina metafísica. La violencia política en Colombia no obedece a un sino trágico e inevitable, sino a un modelo de acumulación económica y control social diseñado externamente y administrado con celo por el bloque de poder criollo.

Las elecciones de junio de 2026 confrontan al país con el mismo dilema histórico. La promesa de la extrema derecha de restaurar la seguridad mediante la subordinación doctrinal a Washington y la criminalización del tejido social plebeyo es la reedición del pacto de sujeción colonial. Mientras la sociedad civil continúe asumiendo el rol asignado en este drama secular, la factura de la guerra seguirá cobrándose en vidas y soberanía. Romper el libreto contrainsurgente no es solo una urgencia política; es el acto de emancipación intelectual definitivo para reclamar el derecho a la historia.

Fuente: https://pagina10.com/

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*Octavio Libreros es un destacado intelectual, escritor, crítico literario y ensayista colombiano, nacido el 4 de octubre de 1990 en San Juan de Pasto (Nariño). Aunque sus análisis abarcan la coyuntura cultural, social y biográfica, su perfil destaca principalmente en el ámbito del pensamiento crítico, la docencia y la investigación literaria comparada. Es Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Nariño y Magíster en Educación y Entornos Virtuales por la Universidad Cuauhtémoc de México. Además, ha adelantado estudios de Especialización en Literatura Comparada en la Universidad de Antioquia.

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