Carmen Parejo Rendón*
Recientemente, en el contexto de las negociaciones para la formación de gobiernos autonómicos en España, el partido Vox ha situado en el centro del debate político el concepto de «prioridad nacional», una propuesta que ha sido incorporada en acuerdos con el Partido Popular. Bajo esta formulación, se plantea que el acceso a determinadas ayudas públicas y recursos del Estado esté condicionado por la nacionalidad, estableciendo una jerarquización explícita entre ciudadanos y residentes. Pero debemos advertir que lejos de ser una ocurrencia aislada, esta medida conecta con planteamientos ya ensayados por distintas fuerzas de la extrema derecha europea, donde una suerte de «nativismo del bienestar» busca restringir derechos sociales en función del origen.
Desde la crisis de 2008, las políticas de austeridad han ido erosionando de forma sostenida el acceso a los servicios públicos en Europa: recortes en sanidad y educación, procesos de privatización y una contracción de la inversión social ampliamente documentada, en paralelo a un gasto militar que no ha dejado de crecer. En este marco, no solo se reducen derechos, sino que empieza a establecerse una jerarquía en su acceso. Lo que en un primer momento fue una normalización material de la desigualdad —la pérdida efectiva de derechos—, avanza ahora hacia su legitimación simbólica. Ya no se trata únicamente de que haya menos, sino de instalar la idea de que no todos deben tenerlos.
Este desplazamiento del debate no puede entenderse al margen de un contexto más amplio. En un escenario de crisis estructural del capitalismo, especialmente en el centro imperialista, el sistema tiende a recomponerse trasladando sus contradicciones hacia la clase trabajadora. La pérdida relativa de hegemonía de las potencias occidentales está conduciendo a un endurecimiento interno: se recortan derechos, se intensifica la competencia por recursos cada vez más escasos y se promueven marcos ideológicos que enfrentan a los sectores populares entre sí, obviando con ello a los verdaderos responsables de una degradación sostenida.
La pérdida relativa de hegemonía de las potencias occidentales está conduciendo a un endurecimiento interno: se recortan derechos, se intensifica la competencia por recursos cada vez más escasos y se promueven marcos ideológicos que enfrentan a los sectores populares entre sí.
Es en este marco donde debe interpretarse la propuesta de Vox. Más allá de su difícil encaje jurídico —por las evidentes tensiones con el marco constitucional—, su relevancia no reside tanto en su posible aplicación inmediata como en el tipo de debate que introduce.
La propuesta desplaza la discusión hacia una lógica profundamente regresiva: la igualdad en derechos deja de concebirse como un principio garantizado y pasa a depender de condiciones previas. Conviene recordar, además, que los derechos sociales que hoy se pretenden condicionar no surgieron como concesiones del poder, sino como conquistas arrancadas tras décadas de lucha del pueblo trabajador. En ese sentido, no se trata únicamente de restringir el acceso a determinadas prestaciones, sino de cuestionar su carácter universal y convertirlas en mecanismos de inclusión y exclusión, como si tales derechos hubieran sido dádivas del Estado y no victorias históricas de las clases populares.
En paralelo, durante años se ha ido construyendo un relato contra la llamada «corrección política», presentando como censura lo que en realidad eran límites mínimos frente a la discriminación. Sobre esa base se ha asentado una idea cada vez más extendida: que la solidaridad es un exceso o incluso un lujo que no nos podemos permitir. Expresiones como «no podemos atender a todos» condensan bien este giro, porque reformulan los derechos como si fueran concesiones discrecionales y no garantías universales.
Este discurso no es nuevo. Tras la crisis de 2008 se popularizó la idea de que «habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades» como justificación de los recortes y la austeridad. Hoy, en un contexto marcado por un aumento desorbitado del gasto militar, ese argumento ya no puede sostenerse en términos generales, pero se reformula; ya no se afirma que no haya recursos, sino que no podemos permitirnos ser «solidarios».
El sistema ha recurrido a sectores vulnerables y con escasa capacidad de defensa política como chivo expiatorio al que atribuir tensiones de origen estructural.
Se trata de una falacia en varios niveles. No solo porque la población migrante trabaja, cotiza y sostiene amplios sectores de la economía y del sistema demográfico, sino porque desplaza el debate hacia un terreno moral que oculta lo esencial. No estamos ante una cuestión de generosidad o de límites éticos individuales, sino ante un problema material relacionado con cómo se produce la riqueza, cómo se distribuye y qué decisiones políticas determinan esas dinámicas.
Confrontación artificial
En distintas fases históricas, el sistema ha recurrido a sectores vulnerables y con escasa capacidad de defensa política como chivo expiatorio al que atribuir tensiones de origen estructural. En el momento actual, la población migrante cumple cada vez más claramente esa función, no como resultado de un análisis real de su papel en la economía, sino como parte de una ofensiva ideológica. Su concentración en sectores precarizados, su visibilidad y su limitada representación política la convierten en un blanco idóneo para canalizar el malestar social. Así, problemas como la crisis de vivienda, la precarización laboral o el deterioro de los servicios públicos, dejan de entenderse como resultado de decisiones políticas y pasan a atribuirse a la inmigración, desplazando el conflicto hacia una confrontación artificial entre sectores populares.
Este mecanismo no es exclusivo del caso español, sino que se reproduce de forma recurrente en distintos países del centro capitalista. En España, en particular, se articula a partir de la construcción de un relato de «desbordamiento» migratorio que no se corresponde con la evidencia empírica. Los datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística y de Eurostat desmienten la idea de una saturación estructural. De hecho, un reciente estudio de la Universidad de Cartagena (Murcia) señala que «los inmigrantes aportan al Estado un 70 % más de lo que perciben y un 30 % más que los nacidos en España».
Esto no implica ignorar las dinámicas que obligan a millones de personas a migrar en un orden internacional profundamente desigual. Pero sí exige desmontar una narrativa concreta: la del colapso. No hay tal desbordamiento, sino una construcción política que convierte a los migrantes en chivo expiatorio de problemas cuya raíz es estructural.
Así, incluso asumiendo que muchas de estas propuestas puedan encontrar límites legales —por su posible carácter anticonstitucional y la necesidad de reformas de mayor calado para su aplicación efectiva—, lo verdaderamente relevante es el momento en el que nos encontramos.
Récord en la UE por su cifra de migrantes residentes en 2025
Un momento marcado por una intensa ofensiva ideológica que, a través de debates artificiales y narrativas interesadas, busca desviar la atención de los problemas estructurales que afectan a las mayorías. Por eso, más allá de la incertidumbre, hay una tarea inmediata: señalar la trampa, desmontar el relato y nombrar a quienes lo sostienen. Porque mientras se nos invita a mirar hacia abajo, los verdaderos responsables permanecen intactos. Y es precisamente en este contexto donde se vuelve imprescindible recuperar una idea fundamental: no es tiempo de falsos rebeldes ni de discursos vacíos, sino de valentía política real. La valentía de quienes se enfrentan a las estructuras de poder, de quienes luchan por una transformación profunda de la sociedad y por un mundo donde nadie sea explotado por nadie.
Las declaraciones y opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de su autor y no representan necesariamente el punto de vista de PB.
*Carmen Parejo Rendón es una periodista, escritora y analista política sevillana, licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Sevilla. Es reconocida internacionalmente por su labor como directora de la Revista La Comuna y su participación habitual en grandes cadenas como RT, Telesur e HispanTV. Su análisis se especializa en geopolítica, con un enfoque crítico sobre América Latina, Asia Occidental y los procesos de soberanía popular. Como autora, destaca su obra poética Arquitecturas y Mantras, además de su colaboración en medios de pensamiento como El Viejo Topo. A lo largo de su carrera, ha compaginado la información con la gestión cultural y la dramatización teatral juvenil. Su perspectiva se define por la defensa del antiimperialismo y el estudio de la multipolaridad global. Actualmente, es una de las voces más activas en la contrainformación y el análisis social desde España. Su perfil une el rigor académico con un compromiso firme hacia los movimientos sociales transformadores. Se ha consolidado como una referencia para comprender los conflictos internacionales desde una mirada alternativa y rigurosa.
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