Por José M. Cuevas*

Belfast vivió una noche de violencia contra inmigrantes. El malestar se desató entre martes y miércoles después de que un residente sudanés apuñalase a un vecino por la calle. En respuesta, grupos de enmascarados incendiaron viviendas, coches y autobuses. Con esta ya van varias oleadas de protestas y violencia antiinmigración en los últimos años en el Reino Unido.

Por otra parte, el viernes entró en vigor el Pacto sobre Migración y Asilo de la UE. Tras diez años de bloqueo político, este acuerdo establece un reglamento común sobre control fronterizo para todo el bloque. Las claves son fortalecer los controles, agilizar los retornos, flexibilizar la solidaridad entre Estados miembros, o la gestión de crisis y con terceros países.

Y Suiza vota hoy si limita su población a diez millones de personas. La iniciativa ha sido promovida por el derechista Partido Popular Suizo ante el aumento de la población, en especial los residentes extranjeros, y es rechazada por el resto de grandes partidos, empresarios y sindicatos. Si se aprueba, afectaría al acuerdo de libre circulación de personas de la UE.

A priori son tres episodios muy distintos. En Belfast fueron agresiones y disturbios que, salvando los contextos, recuerdan a los de julio del año pasado en Torrepacheco, aquí en España. En cambio, el de la UE es un marco regulatorio que deben adoptar los Estados miembros, y el referéndum en Suiza refleja un foco creciente en los impactos de la inmigración.

Pero los tres episodios comparten trasfondo: el creciente rechazo a la inmigración y el deseo de recuperar la sensación de control en Europa. El partido populista Reform UK o el líder extremista Stephen Yaxley-Lennon han promovido las protestas en el Reino Unido. La ultraderecha también ha marcado el debate migratorio en la UE y ha ganado peso en Suiza.

El problema es que vuelven la inmigración un chivo expiatorio de problemas con raíces más profundas. El difícil acceso a la vivienda, la presión sobre los servicios públicos, la precariedad laboral o la desconfianza hacia las élites políticas encuentran en el inmigrante un responsable inmediato. Y si lo es, como en un crimen, lo directo es generalizar.

Es más fácil atribuir esos problemas a quienes llegan que afrontar debates más complejos o incómodos. Por ejemplo, sobre la falta de políticas en materia de vivienda, inversión pública o cohesión social, cuyos problemas después se asocian a la inmigración. Esta simplificación distorsiona la realidad y alimenta una espiral de frustración en las sociedades.

En ese sentido, la inmigración ha pasado al centro del debate político europeo en gran medida impulsada por el marco de la ultraderecha. La derecha tradicional se ha visto arrastrada ante la pérdida de terreno, y los Gobiernos de izquierda socialdemócrata han comprado ese marco por mucho que lo rechacen con argumentos humanitarios o economicistas.

Ahora bien, reconocer que la inmigración se instrumentaliza con fines políticos no significa negar que plantee desafíos reales. Como seguirá formando parte en este caso de Europa, no es un problema que se resuelva definitivamente, sino una realidad estructural que debe gestionarse de forma continuada. Y eso implica debates complejos e incómodos.

El debate migratorio suele reducirse a una confrontación entre partidarios y detractores de la inmigración. Sin embargo, en realidad confluyen al menos cinco dimensiones —humanitaria, económica, demográfica, social y política— que no siempre van de la mano y que explican por qué las respuestas simples funcionan en la forma, pero no en el fondo.

De entrada, la inmigración responde a aspiraciones y necesidades individuales. Eso conlleva una dimensión humanitaria que incluye cuestiones como el derecho de asilo, la protección de los refugiados, el respeto por los derechos humanos y las obligaciones internacionales de los Estados. También los requisitos y adaptación de las personas migrantes al país de destino.

Al mismo tiempo, los países europeos necesitan inmigrantes. Eso incluye cubrir puestos de trabajo, contribuir al crecimiento económico y de la productividad, o aumentar la recaudación para sostener las pensiones. A esa dimensión económica se une la demográfica, que abarca aumentar la natalidad o equilibrar las cantidades entre trabajadores y jubilados.

Entonces, si hay oferta y demanda de migrantes —y mafias que lo explotan—, para los países europeos es inevitable abordar la dimensión social y la política y de gobernanza. Eso incluye temas como la integración, la diversidad lingüística y religiosa o la convivencia, y asuntos como el control de fronteras, la gestión de flujos migratorios o las capacidades de los Estados.

Está demostrado que la inmigración bien gestionada resulta a la larga en beneficios para ambas partes. Mejor calidad de vida para quienes llegan; aportes económicos, sociales y culturales para los países que reciben. Pero, inevitablemente, en ese camino surgen tensiones de todo tipo, porque en el fondo se trata de procesos de transformación social que siempre han existido.

Para la UE, y en general, la inmigración también tiene una dimensión geopolítica. Por ejemplo, con el Pacto de Migración y Asilo, hay Estados del norte de Europa que pagarán a los del Mediterráneo para no recibir migrantes, y externalizar los “centros de retorno” le dará poder a países extracomunitarios para presionar con los flujos, como han hecho Turquía o Marruecos.

Al mismo tiempo, la gestión de la migración obligará a revisar la relación de los países europeos con los países de origen. La cuestión realista, por lo tanto, no será detener los flujos migratorios, sino compatibilizarlos con los intereses, valores y capacidades europeas. Sin embargo, con este nuevo marco político y regulatorio, no tiene pinta de que vaya a ocurrir a corto plazo. EOM.boletines@elordenmundial.com. https://elordenmundial.com/

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*José Manuel Cuevas es un historiador, editor y periodista colombiano, nacido en Bogotá en 1996. Se ha destacado en el ámbito del periodismo internacional y la investigación de problemáticas de carácter global y regional. Realizó sus estudios universitarios en España, donde se graduó con un doble grado en Historia y Periodismo por la Universidad de Navarra. Esta formación complementaria le permite abordar el análisis periodístico de la actualidad con una sólida perspectiva histórica y estructural.Desarrolla gran parte de su carrera en España como editor de El Orden Mundial, el principal medio de divulgación y análisis internacional en español. Es cofundador de GEMA, un proyecto y medio de comunicación alternativo fundado en Colombia.

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