Por Semanario Voz

En entrevista exclusiva con VOZ, la senadora Clara López Obregón da a conocer los contenidos más importantes de la normatividad que se presentará al Congreso de la República

Redacción Laboral

El Pacto Histórico liderará en el Congreso de la República una profunda reforma laboral con el objetivo de ampliar los derechos laborales y de asociación, que permitan condiciones de dignidad a la clase trabajadora. Una de las senadoras que encabeza la iniciativa es Clara López, quien explicó a VOZ algunos de los alcances de la propuesta.

– ¿Cuáles son los derechos laborales que se piensan ampliar o mejorar?
– Durante 30 años de modelo neoliberal uno de los principales focos ha sido la precarización laboral que denominan flexibilización, y que consiste en rebajar conquistas laborales en aras de la reducción de costos para las empresas. Nosotros pensamos que tenemos que equilibrar las cargas, y una manera muy importante de ayudar a reversar esa precarización laboral es el fortalecimiento del derecho de asociación sindical, la ampliación del derecho a la negociación colectiva y a la huelga.

Hay enormes cantidades de trabajadores vinculados por órdenes de prestación de servicios, contratos de servicios o vinculados de distintas formas a las plataformas virtuales, que no gozan de esos derechos porque así tengan sindicatos no hay obligación de negociar convenciones colectivas con ellos.

– En derechos laborales, ¿estamos hablando de estabilidad, de formas de contratación?
– Estamos hablando principalmente de expedir el estatuto del trabajo ordenado por la Constitución Política de 1991, en el cual ha trabajado muchísimo la Asociación de Abogados Laboralistas. Incluso, hay magistrados y eminentes abogados que han trabajado el tema y hemos hecho una comisión integrada por Alirio Uribe, Gabriel Becerra y por mí, con asesores de nuestras unidades de trabajo legislativo para presentar un proyecto de estatuto que contemple los principios generales que deben regir la relación laboral.

Negociación colectiva

– Hablemos de los derechos laborales y luego de los derechos de asociación que buscan proteger.
– No se puede separar el derecho individual del colectivo, porque lo primero se conquista con lo segundo y si no está consagrado de manera seria y firme el derecho colectivo, el derecho individual se debilita. Y la principal arma de un trabajador es la asociación, es su convención colectiva, es la presión que puede ejercer con el derecho de huelga. Si usted mira la historia, primero lo han conquistado los trabajadores y después se ha concretado en la ley.

Pero no por consagrarse una lista larga de derechos va a mejorar la situación de los trabajadores, si no fortalece su principal músculo que es el sindicato, la capacidad de negociación colectiva.

– Desde el empresariado se ha dicho que esto los afecta porque se incrementan sus costos de producción y aumentaría el desempleo, ¿Qué decirles a ellos?
– Entiendo perfectamente la razón de ser del empresariado. Hay distintos niveles y distintas capacidades económicas de parte y parte. Una cosa es una MiPymes de dos trabajadores y la familia, y parte de ella trabajando sin remuneración, y otra un gran conglomerado financiero y empresarial, y ese es el argumento de los grandes empresarios para protegerse de que les aprieten la legislación laboral.

Con la norma que amplió la jornada diurna de las 6 de la tarde a las 10 de la noche pudieron explotar mejor el trabajo, autorizaron conjuntamente con esa norma poder cercenar, cortar en tramos la jornada laboral de ocho horas para que trabajaran por partes a lo largo de esas 16 horas de jornada diurna, repartían las ocho horas para no pagar una sola hora extra. Es ese tipo de trampas que le hacen a la ley las que muestran que no es un problema de pagar el salario mínimo legal o las prestaciones, sino de rebaja de costos.

Intervención estatal

– Hay microempresas que no pueden cumplir con ciertas exigencias.
– La productividad del trabajo es verdaderamente un gran problema en nuestro país. Entonces, la economía popular merece un tratamiento diferencial respecto al régimen laboral, respecto al régimen impositivo e incluso a inscribirse a Cámara de Comercio, con los costos altísimos que ello implica. No podemos seguir justificando mantener reprimidas conquistas laborales universales, en función de que hay mucha empresa pequeña que no produce suficiente para pagar los costos de un salario mínimo legal. Hay que examinar eso y verificar estadísticamente cuántas personas están en esa condición y si el Estado debe entrar a prestarle a esas empresas ayudas de innovación tecnológica, de crédito, de asistencia técnica, que les permita cumplir con la legislación laboral. Pero no puede ser la excusa para que la legislación laboral para toda la economía se vea castigada porque hay algunas empresas muy pequeñas que no producen suficientes ganancias.

Lo que propone el gobierno de Gustavo Petro es que el Estado le dé la mano a ese empresariado para que dé saltos de innovación y productividad y no lo contrario, que mantengamos a todos en una cultura de la pobrecía en que nadie avanza.

– ¿Hay recursos para que el Estado contrate de manera directa a todos sus trabajadores, que dé ejemplo en esa materia?
– Es el viejo dilema entre la gallina y el huevo. ¿Qué viene primero, el viraje del modelo económico hacia la productividad, hacia la reindustrialización, hacia un apoyo serio estatal en el direccionamiento general de la economía para aumentar la productividad, la capacidad de generación de valor agregado en la sociedad?, o si nos mantenemos en un Estado mínimo que no presta los servicios sociales ni económicos que requiere la economía para avanzar.

Lo que ha dicho Gustavo Petro es que va a romper ese círculo vicioso porque sin lugar a dudas tenemos un Estado muy pequeño. Compárelo con Estados Unidos o Europa donde hay estado de bienestar, hay capacidad del Estado para prestar servicios sociales. Hoy no hay la plata, pero no podemos poner eso como limitante para hacer el viraje en el modelo económico, vamos a hacer el viraje para generar la capacidad material de la sociedad para pagar los impuestos necesarios para pagar el Estado que necesita.

Mayor inspección y vigilancia

– ¿Cuándo se tengan las normas cómo garantizar que se cumplan?
– No se ha permitido que se amplíe la capacidad inspectora del Ministerio del Trabajo y que las multas que se cobren por las infracciones laborales engrosen un presupuesto, para financiar la inspección y vigilancia de las condiciones laborales en el país.

Lo que tenemos que hacer es ampliar la capacidad del Estado para que la inspección haga cumplir la regla. Cuando estuve en el Ministerio de Trabajo, en menos de un semestre habíamos impuesto multas por alrededor de 500 mil millones de pesos por infracción a normas laborales, particularmente a la que prohíbe la tercerización ilegal.

– ¿Cómo se imagina el estado ideal de cosas en cuanto al respeto a los derechos laborales y sindicales?
– Es fundamental garantizar el derecho de asociación, negociación y huelga porque en un Estado social de derecho hay que equiparar la fuerza para que el diálogo sea fructífero. No creo que la confrontación sea la salida para el cumplimiento de las normas laborales, tiene que ser el acuerdo, la conciliación, la concertación. Tiene que ser entre iguales. No puede ser entre unos trabajadores dispersos y unos empleadores férreamente unificados. Tenemos que fortalecer el brazo de los trabajadores para que haya un diálogo social fructífero y que ninguno avasalle al otro, ni trabajadores a empresarios ni empresarios a trabajadores.