Por: María Jimena Duzán

La semana pasada, la Fiscalía de Barbosa montó una patraña que no se la cree ni el más ingenuo de los colombianos. En un escueto comunicado afirmó que no había podido investigar las denuncias sobre compra de votos por parte del clan Char hechas desde hace dos años por Aida Merlano, porque ella no había entregado ninguna prueba.


Eso no es cierto. Aida Merlano hizo por lo menos dos denuncias ante la Fiscalía entre marzo y abril de 2019, en momentos en que el fiscal era Néstor Humberto Martínez, el imperator. En esas denuncias, Aida Merlano le entregó a la Fiscalía un importante material probatorio que hubiera sido suficiente para abrirle una investigación no solo a Arturo Char sino al actual precandidato Álex Char, a su padre Fuad Char y al contratista Julio Gerlein.

Aida Merlano hizo la primera denuncia el 6 de marzo de 2019, antes de su estrepitosa fuga, cuando estaba ya detenida en El Buen Pastor luego de que su sede fue allanada. Hubo una ampliación de esa denuncia que se produjo el 1 de abril de 2019, en la que se le entregó a la Fiscalía una USB con cinco carpetas en las que había cerca de ocho informes de la Policía Judicial, 13 archivos de video y un informe del investigador de campo.

Tanto la denuncia como su ampliación, las recibió la fiscal Karol Manotas Ortiz, fiscal 50 delegada seccional de la Unidad de delitos contra el patrimonio y la fe pública de Barranquilla, una funcionaria judicial que no es propiamente un dechado de virtudes.

Según el SPOA, la fiscal Karol Manotas tiene en la Fiscalía varias investigaciones en su contra y no por pendejadas. Varias son por violencia contra servidor público, por prevaricato por acción y por destrucción, supresión u ocultamiento de documentos públicos por servidor público en ejercicio de sus funciones. Si estos documentos y pruebas fueron entregados a la fiscal Manotas, ¿por qué la Fiscalía de Barbosa dice que Aida no ha entregado ningún acervo probatorio?

Durante la administración de Barbosa, Aida Merlano volvió a tocar las puertas de la Fiscalía para entregar más pruebas, pero no tuvo éxito. Eso lo demuestran estos chats que revelo en esta columna entre la hermana de Aida Merlano, Vanessa Merlano y un funcionario de la Fiscalía llamado Joseph, de marzo de 2020. Vanessa le dice que su hermana está lista para conversar con él “referente a la colaboración de pruebas de las que habían hablado en el pasado”. Joseph, que es un fiscal, le responde que primero tiene que hablar con sus superiores para ver cómo se hace la recepción de pruebas. En otro chat, Vanessa le vuelve a reclamar que se quedó esperando su razón y le insiste. Él le responde que en los próximos días la va a contactar para ver cómo sería la recepción de pruebas. Sin embargo, nunca le vuelven a responder a Vanessa.

¿Por qué la Fiscalía de Barbosa no quiso recibir la declaración que ofreció Aida Merlano? ¿Y cómo así que los fiscales, que son autónomos, tienen que preguntarles a sus superiores cuando alguien quiere entregar pruebas de un delito?

No es cierto que Aida Merlano no haya entregado pruebas de lo que viene denunciando desde que la condenaron. Lo que pasa es que ni la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez ni la de Francisco Barbosa se han interesado en desempolvarlas.

Bajo la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, Aida Merlano entregó documentos y pruebas que recibió la cuestionada fiscal Manotas. Sin embargo, estos acervos probatorios solo sirvieron para incriminarla a ella y para imponerle una condena en la que aparece como dueña de la red criminal que compró los votos para las elecciones al Senado del 2018 en Barranquilla. Hoy sabemos que ella no era ni la dueña ni la jefa, sino una simple cómplice. En eso quedó la gran investigación que Néstor Humberto Martínez nos anunció como el escándalo más nauseabundo de corrupción que había descubierto su Fiscalía: en una condena a Aida Merlano y en una tímida compulsa de copias contra Arturo Char. Por fuera del radar quedaron los demás: Fuad Char, su hijo Álex, hoy precandidato presidencial y el contratista Julio Gerlein.

La Fiscalía de Barbosa ha sido mucho más negligente. Ni siquiera quiso atender a Aida Merlano cuando ella insistió en querer colaborar con la justicia. Pero además, al fiscal Barbosa se le olvida que, incluso, si Aida Merlano no hubiera entregado pruebas de sus denuncias, la Fiscalía habría debido abrir de oficio una investigación como lo manda la ley. Mentir para excusar sus silencios, eso es lo que está haciendo el fiscal Barbosa.

CODA FINAL: Luego de la entrega de esta columna, la Corte Suprema de Justicia se pronunció sobre las explosivas declaraciones que hizo Aida Merlano la semana pasada, en las que repitió muchas de las denuncias que están empolvadas en la Fiscalía. Debo decir que, en esta oportunidad, la CSJ sacó la cara por la justicia en Colombia. A diferencia del ente acusador que se cruzó de brazos y nos dijo mentiras, la Corte le ordenó a la Fiscalía hacer lo que debió hacer hace rato. Le compulsó copias para que investigara al candidato Álex Char, a su padre Fuad Char, al contratista Julio Gerlein y al exvicepresidente Germán Vargas Lleras, jefe natural del Cambio Radical, partido al que pertenecían Arturo y Álex Char.

La Corte también le ordenó a la Comisión de Acusaciones investigar al exfiscal Néstor Humberto Martínez y al presidente Iván Duque (y a los expresidentes Uribe y Santos) porque según Aida Merlano, la tríada de Duque, Martínez y Vargas Lleras había formado parte de un plan para incriminarla, cuando su sede fue allanada en marzo de 2018. Esa denuncia, que ha ameritado esta compulsa de copias, es la misma que Aida Merlano, hizo, sin mayor fortuna, ante la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez desde marzo de 2019 y que revela esta columna.

Es probable que estas investigaciones ordenadas por la CSJ, terminen sepultadas por el polvo como lo están hoy las denuncias de Aida Merlano en la Fiscalía. Pero ahora el país sabe que detrás de Aida Merlano estaba una organización criminal mucho más grande, que pudo haber financiado la campaña de muchos alcaldes, gobernadores, congresistas y candidatos presidenciales y que la Fiscalía nunca detectó. Continuará….