Por: Cicerón Flórez Moya

Si quienes tienen la responsabilidad de conducir a Colombia lo hicieran con sujeción a la Constitución la nación no seguiría atrapada en el laberinto de las violencias y completaría la construcción de la paz que le ha faltado en más de medio siglo consecutivo.

En el artículo 2 de la Constitución se consagra que “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”. Las autoridades también deben proteger la vida de todas las personas residentes en Colombia. El artículo 22 de la Carta dispone: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”.

No pueden quedar dudas sobre la prioridad que la Constitución le asigna a la paz. Pero quienes gobiernan contrarían esas disposiciones cuando montan una especie de cacería contra lo que se ha hecho para ponerle fin al conflicto armado.

La insistente diatriba de deslegitimación del acuerdo con las Farc es una obsesión de corte guerrerista. Prefiere la confrontación a muerte a la desmovilización de los combatientes. Privilegia el exterminio de vidas y menosprecia la convivencia.

La justificación de la muerte de niños en bombardeos del ejército, o de los 6.402 casos de ejecuciones extrajudiciales a jóvenes, haciéndolos aparecer como dados de baja en combate; la pasividad oficial frente a la muerte de líderes sociales, defensores de derechos humanos, exguerrilleros o campesinos que reclaman su derecho a la propiedad de la tierra; la campaña contra la JEP y el afán de desmontarla, más otras maquinaciones para que el país no supere el suplicio de la guerra, son indicadores de la existencia de sectores empeñados en mantener la violencia para satisfacer su perversidad.

Cundo candidatos abanderados del engaño se atreven a propagar una narrativa de estigmatización a sus adversarios y condenarlos al ostracismo excluyente y decir que la izquierda es una peste; cuando se advierte que esos mismos desatinados dirigentes asumen causas de maltrato a sus compatriotas y se aferran al odio de corte fascista, se ha puesto la política en su nivel de mayor distorsión o degradación. Y todo ello es munición destinada a atizar la guerra. Es como querer sumar a más de nueve millones de víctimas muchas otras para estimular la pasión guerrerista del clan que explota esa mina de tantos derrumbamientos catastróficos.

Puntada

El XVI Encuentro de la Jurisdicción Constitucional, liderado por la Corte Constitucional de la cual es presidente el jurista nortesantandereano Antonio José Lizarazo Ocampo sobresalió en la conmemoración del bicentenario de la Constitución de Colombia.

Cicerón Flórez Moya

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(Publicada en La Opinión 10 de octubre 2021)