MINGA NACIONAL (*)  01 JULIO 2021

Los diferentes sectores sociales movilizados de la Minga nacional social, popular y comunitaria, en el marco del paro nacional 2021, hemos venido resistiendo desde cada uno de nuestros contextos y experiencias ante el sometimiento, la imposición y el despojo Estatal.

En esta lucha histórica y a través de las diferentes Mingas desarrolladas y procesos de movilización: indígenas, estudiantes, comunidades negras, campesinos, mujeres, LGTBI, centrales obreras, trabajadores informales, juntas de acción comunal, desempleados y hoy las juventudes barriales de las ciudades, nos hemos juntado para decirle a la comunidad Internacional y a la población colombiana sobre el panorama nacional que develó en la movilización una serie de factores expresados en:

• El desgaste de un modelo de desarrollo latifundista – financiero – extractivista, que ha puesto en venta los recursos estratégicos de la nación, la desindustrialización y concentración de la riqueza a beneficio de una oligarquía nacional autodenominada “ciudadanos de bien” y capitales extranjeros, que convierten a nuestro país en uno de los más desiguales del mundo.

• La frustración frente a décadas de guerra y el cierre de las últimas posibilidades de superar el conflicto armado, por el constante incumplimiento del Acuerdo de paz de La Habana de 2016.

• Las condiciones que impuso la pandemia desde comienzos del año 2020, y la agudización de problemas que ya se venían presentando como la pobreza extendida al 42% de la población a comienzos del 2021, y un desempleo medido en 14,2% (cifras Dane 2021).

• El atrevimiento del actual gobierno del centro democrático, de querer aplicar reformas tributarias, salud, pensional, entre otras, gravando los ingresos de los sectores sociales populares y medios, ahondando las lógicas privatizadoras del servicio de salud, en plena situación de crisis social extrema.

• La realidad de las y los jóvenes que al día de hoy no cuentan con oportunidades en ámbitos educativos y laborales, hijos en su mayor parte de los ocho millones de víctimas de las últimas etapas del conflicto social, y parte de la población desplazada forzosamente del campo a la ciudad.

• Las redes sociales y la tecnología, han posibilitado cada vez más, un país territorialmente integrado, relativamente comunicado, informado y abierto al mundo, que han generado conciencia sobre las inequidades sociales, territoriales, poblacionales en el país y en relación con otras partes del mundo.

• La acumulación de procesos organizativos y de múltiples protestas en la última década, que han venido constituyendo la recomposición de viejos y nuevos actores sociales, que buscan un cambio del régimen político y social.

La minga nacional como ejercicio de articulación y trabajo en conjunto, nos ha permitido encontrarnos para reconocernos, construir confianzas y de manera colectiva identificar nuestros sueños, derechos y necesidades; hemos entretejido caminos comunes, pero aún nos falta por articular a otros sectores teniendo en cuenta sus saberes y luchas.

Proponemos partir de una gran asamblea social, popular y comunitaria donde se establezca la hoja de ruta, se definan las respectivas comisiones temáticas y la metodología para garantizar la participación activa de la población, con el fin de consolidar un PACTO HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO PAÍS, que se posicionará y exigirá ante el gobierno nacional, con la veeduría y el apoyo de la comunidad Internacional.

El pacto propuesto busca analizar y proponer la construcción de alternativas sociales y políticas que vayan al fondo de los problemas.

Necesitamos un país distinto, en que nos reconozcamos todas y todos, reorientando el rumbo de las políticas públicas y la estructura del Estado de forma que todos nos sintamos representados.

La propuesta de pacto convoca a un diálogo integral de construcción de País, con actores como el sector empresarial, indígenas, campesinos, comunidades negras, comunidades religiosas, la academia, centrales obreras, jóvenes, estudiantes, sindicatos, transportadores, sector financiero, sector de la salud, ambientalistas, organizaciones de mujeres, medios de comunicación, entre otros para tratar los temas estructurales del país, con presencia de equipo veedor y garante de la Comunidad Internacional; también se considera pertinente la incidencia diplomática y el hermanamiento con países que luchan en defensa de la vida, el territorio y la paz.

Para realizarlo proponemos partir de los siguientes principios:

1. Defender el valor de la vida y volver a priorizarla por encima de intereses como la ganancia, la acumulación, la apropiación privada de los bienes comunes. Reconocer que todas las vidas tienen igual valor, dar importancia a la naturaleza como espacio de vida, a las mujeres en su diversidad, así mismo a los jóvenes como constructores en el presente y futuro.

2. Rescatar la palabra para afianzar la democracia, en un proceso popular, social y comunitario, que convoque a un diálogo para construir un pacto nacional que permita la erradicación de todas las violencias físicas y simbólicas, y proponga los mecanismos que permitan una vida digna para todos y todas.

3. Justicia efectiva frente a las graves afectaciones a la vida y la impunidad impuesta, a través del acompañamiento y participación de la comunidad internacional, tanto de los Organismos Internacionales como de la sociedad civil.

Para el desarrollo temático proponemos partir de los puntos de la Carta universitaria a la nación colombiana, de posición y disposición para avanzar hacia un diálogo Nacional. En el que consideramos se pueden incluir las diferentes exigencias de los espacios de construcción colectiva. Estos temas generales son:

1. Pacto fiscal y desarrollo económico y social incluyente. Es indispensable proponer e implementar una política fiscal, fruto de amplios acuerdos sociales y políticos, vinculada a los derechos de las poblaciones, especialmente de las más vulnerables, que contribuya a la reactivación económica del país y al desarrollo sostenible, con equidad de los territorios; desarrollando de manera alterna una economía que reúna las diferentes visiones del desarrollo económico tales como la economía de mercado, economía solidaria, economía comunitaria de los grupos étnicos, entre otras.

2. Derecho a la salud y sistema de salud. A partir del reconocimiento de las debilidades del sistema de salud del país, debemos buscar mecanismos que garanticen el acceso universal, equitativo y de calidad a la salud pública colectiva e individual, más allá de los mecanismos de mercado.

3. Fortalecimiento de la democracia e implementación plena de la Constitución de 1991 como conquista democrática. El Estado Social de Derecho, con su amplio reconocimiento de derechos, es el marco jurídico apropiado para Colombia, pero su eficacia requiere garantizar efectivamente la separación de poderes y la autonomía de los órganos de control. De la misma forma, es necesario avanzar en los diálogos sociales con el fin de alcanzar los consensos fundamentales que se requieren para asegurar la legitimidad de la democracia.

4. Implementación plena de los Acuerdos de Paz como condición de convivencia. Es indispensable avanzar en las reformas políticas necesarias para cumplir con lo pactado en el Acuerdo y defender el derecho a la paz de todas y todos los colombianos. Esto requiere hacer real la participación ciudadana en la construcción de la nación, la protección de la vida de líderes y lideresas sociales y reincorporados. El desarrollo rural con un enfoque territorial rural y urbano.

5. Garantías para la protesta social y reestructuración a la fuerza pública. Debemos construir mecanismos sociales, legales e institucionales para garantizar el respeto a la vida, la dignidad y los demás derechos humanos, para todas y todos los ciudadanos, la prevención del uso desproporcionado y arbitrario de la fuerza, así como la protección de los bienes públicos, privados y colectivos.

6. Derecho a la educación y acceso equitativo al conocimiento: educación diferenciada universal, intercultural y de calidad que forme ciudadanos autónomos y socialmente responsables. Es importante invertir en ciencia, investigación e innovación. Las universidades deben asumir colaborativamente la construcción de una agenda de futuro para el país.

7. Las movilizaciones juveniles luchan por una transformación en el ejercicio del poder y para ello es necesario un relevo generacional abanderado por los sectores marginados de los barrios en las ciudades y pueblos de Colombia.

Es imperativo el desarrollo de iniciativas de redes de acción intergeneracional, con criterio de paridad jóvenes-adultos y de género, que se pongan en la tarea de hacer visibles sus demandas y propósitos. Por fuera de los puntos propuestos de la carta universitaria, incluimos a continuación los siguientes puntos considerados de prioridad:

• Adoptar como Estado colombiano, la declaración universal de los Derechos Humanos del campesinado: Resolución 165 de 2018 de la Asamblea de las Naciones Unidas.

• Que el gobierno nacional acepte la ruta y metodología de participación directa y decisoria del campesinado colombiano, presentada en el proceso de diseño y construcción de la política en el marco del campesinado colombiano (Art 253 de la ley de 1955 del 2019-PND) y a la vez crear mediante decreto presidencial, la comisión mixta permanente para el diseño, construcción, ejecución, seguimiento y evaluación de dicha política marco.

Como gesto de buena voluntad política con nuestro Pueblo colombiano, continuaremos con el ejercicio de desescalar nuestra presencia en la vía panamericana y vías alternas de manera progresiva; periodo durante el cual nos dedicaremos a fortalecer el Paro Nacional en todos los municipios del Departamento.

Por último exigimos al gobierno colombiano, que dentro de los acuerdos nacionales se garanticen las condiciones y escenarios para la participación de las organizaciones movilizadas en el tratamiento de las problemáticas del pliego del paro que más nos competen.

¡Colombia! Nuestra tarea es grande. Seguimos en resistencia, por todas nuestras compañeras y compañeros heridos, desaparecidos, lesionados, judicializados y asesinados.

(*)Minga Nacional, Social, Popular y Comunitaria

Foto: Heiner Gaitán Parra