Por: Horacio Duque*

El gobierno del presidente Gustavo Petro ha dado pasos concretos en la dirección de materializar la política de Paz total, cuyo marco legal es la Ley 2272 del 2022, teniendo en el Plan Nacional de Desarrollo «Colombia, potencial mundial de la vida» su base programática y política en tanto le da sustento a una transición política para alcanzar la paz, la justicia social y ambiental en un contexto de democratización avanzada del sistema político y de garantía de las libertades democráticas.

En este caso concreto me refiero a la organización de las 5 Zonas de Ubicación Temporal (En las regiones del Catatumbo, Nariño, Córdoba y Putumayo), a las que está previsto se trasladen, en tránsito de legalidad, varios centenares de integrantes de las cuatro organizaciones armadas y criminales involucradas en Mesas de diálogo, negociación y sometimiento judicial: el Clan del Golfo, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, el Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF de «Calarcá») y Comuneros del Sur. Se trata de pasos técnicos insoslayables para lograr el encuadramiento, la dejación formal del armamento y el posterior retorno a la vida civil de los combatientes y agentes de la criminalidad ligada al narcotráfico y la minería ilegal.

La creación de las Zonas de Ubicación Temporal en el país existe legalmente desde 1998, con la llamada ley de orden público y la correspondiente jurisprudencia.

Las ZUT en curso.

La ZUT de Chiquito Malo y demás neo paramilitares.

La ZUT para el Clan del Golfo la ZUT fue ordenada mediante la Resolución 471 de 2025. Esta ubicadas en áreas rurales de Belén de Bajirá, Unguía (Chocó) y Tierralta (Córdoba), con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026. Serían 500 y no 400, los miembros de la organización que se desplazarían hacia las dos ZUT acordadas, en Tierralta (Córdoba) y Nuevo Belén de Bajirá (Chocó).

El Clan del Golfo parece tener cerca de 11.000 combatientes y miembros de redes de apoyo logístico en 23 departamentos de Colombia (ex integrantes e integrantes del ejército, la policía y políticos locales como concejales y diputados).

De manera inicial, a Tierralta y Belén de Bajirá se desplazarían integrantes de los frentes que delinquen en Chocó, Antioquia y Córdoba.

El Gobierno busca que esos integrantes del Clan del Golfo se concentren en zonas específicas para iniciar procesos de verificación, control institucional y posibles acuerdos relacionados con sometimiento o desmovilización.

Todas las negociaciones con este grupo las ha adelantado un equipo del gobierno encabezado por el señor Álvaro Jiménez, ex M19, ligado a programa de desminado e involucrado en duras controversias con la dirección del ELN. Qatar ha sido el lugar escogido para varios de los pactos alcanzados con esta estructura sucesora y continuadora del paramilitarismo que los expertos dicen está en un rebrote ligado al auge de la ultraderecha asociada con los candidatos Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia.

Frente 33 de Jhon Mechas y Andrey Avendaño.

Para el Frente 33 (Estado Mayor de los Bloques – FARC-EP) el ZUT fue creado mediante la Resolución 161 de 2025. Ubicadas inicialmente en zona rural de Tibú, Norte de Santander, pero en dificultades por los sangrientos operativos del ELN que parece tener un control territorial muy fuerte en toda la región del Catatumbo y la frontera con Venezuela. Al ELN se le acusa de masacres, exterminio de líderes, desplazamientos masivos y matanzas como la ocurrida recientemente en Abrego, en la que murieron integrantes de una organización agraria de la Región conocida como Asuncat, desprendimiento de Ascamcat, ligada la familia Quintero que representa al señor Timochenko del partido Comunes (antiguas ex Farc).

Comuneros del Sur.

Para el grupo ex Eleno Comuneros del Sur la creación de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) fue formalizada a través del Acuerdo Número 8 y el posterior Decreto 0448 del Gobierno Nacional. Esta zona, denominada «Zona Temporal para la Co-Construcción de Paz Territorial», está ubicada en el Resguardo Indígena del Gran Mallama, en el departamento de Nariño. El objetivo de este proceso ha sido facilitar el tránsito de los integrantes del grupo armado a la vida civil, permitiendo la dejación de armas, el inicio de programas de justicia y la reincorporación comunitaria. Tal ZUT tiene una duración de un año, contado a partir de la firma y entrada en vigencia del acto administrativo que la legaliza. El proceso con estos ex elenos incluye la suspensión de órdenes de captura para los miembros del grupo mientras se encuentran en la zona y el desarrollo de programas de sustitución de cultivos de coca. La delimitación de esta ZUT marcó un hito histórico al ser la primera en el país en agotar un proceso de consulta previa con comunidades étnicas, específicamente con el Cabildo del Gran Mallama.

La ZUT de la Coordinadora Nacional Ejercito Bolivariano.

La creación de esta ZUT se dio mediante la Resolución 053 de 2026. En el marco del proceso de paz total con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), el Gobierno Nacional estableció esta Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en la parte rural del municipio de Valle del Guamuez, en el departamento de Putumayo.

El nombre escogido para esta ZUT es el de Zona para la Capacitación Integral y Ubicación Temporal de Valle del Guamuez (ZUT-ZOCIUT), con una vigencia de 10 meses; con el objetivo principal de adelantar el proceso de tránsito a la vida civil de sus integrantes y facilitar la ruta de desuso, entrega y destrucción de armas.

La Resolución citada ordena la suspensión de las órdenes de captura contra los miembros del grupo mientras permanezcan en este espacio y se acojan al proceso. El despliegue inicial comenzará en Valle del Guamuez, Putumayo, con la concentración de 100 integrantes de la CNEB.

Al parecer la concentración seguirá los pasos de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), que se utilizaron en el marco del Acuerdo de Paz de 2016 para la desmovilización de las antiguas Farc. En su época, estos espacios evolucionaron de campamentos temporales a verdaderos vecindarios con actividades productivas y presencia de familias de excombatientes, aunque con muchos vacíos y limitaciones por el incumplimiento del Estado.

Se calcula que esta agrupación post Farc cuenta con unos 1.900 integrantes divididos en dos sectores, con presencia en múltiples departamentos: se trata de la Coordinadora Guerrillera del Pacífico y los Comandos de Frontera.

A finales de mayo del año en curso, debe comenzar la concentración de los combatientes en la zona rural del municipio de Valle del Guamuez, en Putumayo. Municipio fronterizo con Ecuador, que tiene cerca de 35.000 habitantes que en su mayoría viven de la agricultura, los derivados de la industria petrolera y el comercio binacional a pequeña escala.

Las obras para permitir el ingreso de los 100 primeros miembros del grupo se están adelantando. Se va a tener unas adecuaciones muy similares a las zonas temporales que se crearon en el Acuerdo de Paz de 2016. Esto incluye viviendas básicas, baños, cocinas y un salón social, como mínimo.

Los combatientes entrarán con atuendo de civil, su arsenal será entregado a alguna entidad encargada de la verificación y el monitoreo, como la MAPP-OEA.

Un cuadro analítico inicial.

Por lo avanzado hasta el momento con la conformación de las ZUT se puede señalar que:

La creación de las ZUT plantea el traslado de combatientes de grupos armados irregulares a territorios delimitados donde permanecerán concentrados y bajo verificación de entidades nacionales e internacionales. En teoría, actúan como espacios de transición hacia la legalidad para los integrantes, replicando modelos anteriores como los ETCR del Acuerdo de Paz de 2016.

Las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) representan un pilar fundamental en cualquier proceso de paz que busque la desmovilización y reintegración de miembros de grupos armados. No son meros campamentos, sino espacios estratégicos diseñados para facilitar la transición de la vida en conflicto a la civilidad.

La correcta articulación y funcionamiento de estas zonas son indicativos del progreso real en las mesas de diálogo. Constituyen el primer paso tangible hacia la materialización de los acuerdos, donde la teoría comienza a transformarse en una realidad operativa para los futuros excombatientes. Este enfoque permite una supervisión detallada y una planificación estructurada para las etapas subsiguientes de reintegración social y económica. Trabajo que implica una intrincada coordinación entre múltiples entidades gubernamentales, organismos internacionales y la sociedad civil para asegurar que cada zona cumpla con los estándares mínimos de habitabilidad y seguridad como los siguientes:

Infraestructura adecuada: Creación de alojamientos, servicios básicos y espacios comunitarios.

Planificación de seguridad: Establecimiento de perímetros y protocolos para la protección de los individuos.

Logística humanitaria: Suministro de alimentos, atención médica y acceso a programas iniciales de capacitación.

Coordinación interinstitucional: Articulación con autoridades locales y nacionales para garantizar el apoyo necesario.

Estos esfuerzos reflejan no solo un compromiso con los acuerdos, sino también una inversión considerable en recursos y tiempo, lo que demuestra la seriedad del Gobierno en el avance de la transición hacia la paz.

De otro lado, cabe señalar que la capacidad del Estado para asegurar entornos libres de presiones es esencial para que los individuos en las ZUT puedan tomar decisiones autónomas sobre su futuro y participar plenamente en los programas de reintegración. Esto no solo protege a los desmovilizados, sino que también refuerza la autoridad del Estado y envía un mensaje claro sobre el respeto a los compromisos adquiridos. La implementación de mecanismos de verificación y monitoreo por parte de terceros imparciales es vital para sostener esta garantía.

La consolidación de la paz en el largo plazo dependerá de la capacidad del país para transformar estos espacios temporales en plataformas para la construcción de nuevas vidas y oportunidades. La seguridad, la educación y el acceso a oportunidades laborales para los excombatientes son elementos indispensables para evitar recaídas y asegurar que la transición sea exitosa para todos los involucrados.

Con todo lo señalado, la fase inicial de las Zonas de Ubicación Temporal como expresión concreta de la Paz total debe sortear varios obstáculos como la oposición de la actual Fiscal Luz Adriana Camargo, quien se opone al levantamiento de las ordenes de captura ordenadas por el presidente en el ejercicio de sus facultades. También enfrentar el ataque de la ultraderecha uribista empeñada en la violencia política como el espacio de la reproducción de su dominación autoritaria del Estado.

♦♦♦

*Horacio Duque Giraldo es un historiador, analista político y académico colombiano. Cuenta con una sólida formación académica que incluye: Licenciatura en Ciencias Sociales con énfasis en Educación Básica. Maestría en Análisis de Problemas Políticos, Económicos e Internacionales Contemporáneos. Maestría en Relaciones Internacionales. Como analista, es conocido por su enfoque crítico y su vinculación con movimientos sociales. Sus análisis suelen centrarse en la defensa de los derechos humanos, medioambientales y los derechos de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, especialmente en el sur occidente colombiano. Ha participado como conferencista en seminarios sobre el proceso de paz, promoviendo la pedagogía sobre la democracia ampliada y el pluralismo político♦

BLOG DEL AUTOR: *Horacio Duque
X: @horacio_DG
Correo: horacioduquegiraldo@gmail.com
Siguenos en X: @PBolivariana
Telegram: @bolivarianapress
Instagram: @pbolivariana
Threads: @pbolivariana
Facebook:  @prensabolivarianainfo
Correo: pbolivariana@gmail.com ||FEF69F