Julen Bollain & Daniel Raventós* 

19/05/2026

Resumen

Este artículo ofrece una lectura republicano-socialista de la renta básica incondicional —Unconditional Basic Income (UBI) NdT—, argumentando que su significado político y su potencial emancipador no son inherentes, sino que dependen del proyecto sociopolítico más amplio en el que se inscribe. Frente a las afirmaciones de neutralidad ideológica, diferenciamos entre las propuestas de renta básica incondicional de la derecha y de la izquierda, centrándonos en el diseño fiscal, los marcos institucionales y las implicaciones para las relaciones laborales. Partiendo de una concepción republicana de la libertad —entendida como inseparable de las condiciones materiales que la sustentan—, conceptualizamos la renta básica incondicional como una intervención contra la dependencia del mercado y la coacción económica. Cuando se aplica en un marco de democracia económica, la renta básica incondicional puede servir no solo como apoyo a los ingresos, sino como palanca para redistribuir el poder, potenciar la autonomía y desafiar las desigualdades sistémicas. En lugar de una solución tecnocrática, puede constituir una piedra angular para democratizar la vida económica, siempre que se proteja de la cooptación neoliberal. Por el contrario, cuando se financia y se enmarca como sustituto de las garantías públicas, la renta básica incondicional corre el riesgo de afianzar las lógicas de mercado y el dominio privado.

Introducción

El debate sobre la renta básica universal incondicional (UBI) ha cobrado especial relevancia en los últimos años, generando una diversidad de interpretaciones y propuestas. Esta pluralidad de perspectivas ha dado lugar a un considerable debate sobre la viabilidad política, la sostenibilidad económica y los fundamentos ideológicos de la UBI (Van Parijs y Vanderborght, 2017). Sin embargo, tal diversidad complica la tarea de delimitar con precisión sus implicaciones, como han señalado algunos estudiosos (Hogg, 2023), al afirmar que «lo que hace que las implicaciones de la UBI sean tan difíciles de evaluar es la dificultad para precisar lo que realmente implica». Esta afirmación subraya la necesidad de establecer un marco conceptual claro para diferenciar la UBI de políticas relacionadas pero distintas. Para evitar ambigüedades, definiremos por tanto explícitamente lo que entendemos por UBI: una asignación monetaria pública universal e incondicional (Ghatak y Maniquet, 2019).

Al mismo tiempo, reconocemos que la UBI lleva mucho tiempo presente en los debates políticos, no solo como innovación técnica, sino también como símbolo controvertido dentro de diferentes tradiciones ideológicas. Desde los argumentos liberal-igualitarios de Van Parijs hasta la «libertad como poder de decir no» de Widerquist, la literatura ya ha destacado el potencial crítico de la UBI. Sin embargo, lo que sigue sin desarrollarse es un marco que integre las teorías republicanas de la no dominación con un énfasis socialista en la propiedad, la clase y el diseño institucional. Además, aunque la concepción de Van Parijs de la libertad real para todos y el «poder de decir no» de Widerquist ponen de relieve dimensiones importantes de la seguridad económica, a menudo permanecen limitadas a marcos liberales o individualistas (véase, por ejemplo, Van Parijs, 2004; Widerquist, 2013). Nuestro objetivo es profundizar y politizar este terreno recuperando una teoría de la libertad colectiva y con base histórica, vinculada a la redistribución material y al control democrático.

Antes de abordar los diversos temas de interés relacionados con la UBI que han aportado las recientes contribuciones al debate, es esencial distinguir entre los fundamentos normativos y los aspectos técnicos, ya que en muchos estudios estos suelen estar entremezclados (Bell, 2020; Jäger y Zamora, 2023; McDowell, 2023). Mientras que la dimensión normativa se centra en las justificaciones éticas y filosóficas de la UBI —como la equidad, la libertad y la justicia—, la dimensión técnica se refiere a su implementación práctica, incluyendo los mecanismos de financiación, los efectos económicos y el diseño institucional. Sin embargo, en lugar de tratar estas dimensiones por separado, nuestro enfoque insiste en que los mecanismos de financiación y las configuraciones institucionales son en sí mismos expresiones de compromisos políticos más profundos. Lo técnico no es neutral; va acompañado de una teoría de la sociedad.

Un argumento frecuente en la literatura es el siguiente: «A primera vista, la renta básica parece efectivamente radical […]. Pero su implementación también plantea peligros, como se desprende del apoyo burgués a la UBI tanto históricamente como en la actualidad» (Hogg, 2023). De hecho, hay propuestas de UBI que son políticamente de derechas y otras que son de izquierdas (Calnitsky, 2017; Haagh, 2019). Sin embargo, distinguir entre el apoyo de derecha e izquierda a la UBI requiere un análisis cuidadoso, ya que estas perspectivas difieren significativamente en sus motivaciones y diseños propuestos. Por lo tanto, es esencial aclarar los aspectos distintivos más evidentes para evitar malentendidos. Por ejemplo, la afirmación de que las contradicciones de la UBI hacen que resulte atractiva tanto para la derecha como para la izquierda pasa por alto distinciones ideológicas y estructurales clave. La suposición de que las propuestas de UBI tanto de la derecha como de la izquierda comparten objetivos comunes tergiversa las diferencias ideológicas y estructurales fundamentales entre ellas.

Lejos de considerar esta diversidad como una debilidad, desde el principio ponemos de relieve nuestro marco analítico: una perspectiva republicano-socialista que vincula la no dominación con la independencia material y el diseño institucional. Esto aclara de inmediato que lo que está en juego no es una única «idea de la UBI», sino proyectos políticos contrapuestos incrustados en diferentes contextos institucionales e ideológicos. Al hacerlo, no damos por sentado que la UBI sea el único o incluso el principal instrumento de política para un proyecto republicano-socialista; en cambio, sostenemos que ofrece un punto de vista especialmente pertinente desde el que examinar cómo diferentes coaliciones conciben la libertad, la propiedad y el papel del Estado.

Este artículo pretende desentrañar las dimensiones ideológicas, normativas y estructurales de la UBI mediante el examen de los proyectos políticos contrapuestos que sustentan sus diferentes propuestas. En lugar de tratar la UBI como una medida políticamente neutra o tecnocrática, exploramos cómo su diseño, financiación e integración institucional reflejan luchas más amplias por el poder económico y la justicia social. Al hacerlo, pretendemos ir más allá de los análisis existentes que repiten la ya familiar idea de que la UBI rompe con los paradigmas tradicionales del bienestar. En su lugar, nos preguntamos: ¿en qué condiciones políticas e institucionales puede la UBI convertirse en una herramienta de emancipación real? ¿Qué tipo de libertad permite, y para quién? Este artículo contribuye a la teoría política tendiendo un puente entre las tradiciones republicanas y socialistas para reconceptualizar la UBI como una herramienta de democratización económica y no dominación.

Comenzamos analizando cómo los enfoques divergentes sobre la financiación y la implementación determinan si la UBI funciona como una herramienta para reforzar el estado del bienestar y redistribuir la riqueza —o, por el contrario, como un medio para desmantelar las protecciones públicas y afianzar las lógicas de mercado. A continuación, desarrollamos una lectura republicano-socialista de la UBI que va más allá de la garantia de ingresos para considerar su potencial como intervención estructural contra la dominación económica. Esto incluye una evaluación crítica del trabajo asalariado, el papel de la coacción en el mercado laboral y las formas en que la UBI podría potenciar la autonomía, el poder de negociación y la agencia colectiva. Por último, situamos la UBI en el contexto de transformaciones contemporáneas como la automatización, la precarización y la financiarización, preguntándonos si puede contribuir a la democratización de la vida económica y de qué manera. Es fundamental señalar que nuestro argumento no es que la UBI sea emancipadora en sí misma, sino que su significado político depende del ecosistema de instituciones, fuerzas sociales y compromisos normativos en el que se aplica.

En resumen, nuestra contribución es triple: (1) agudizar la distinción entre izquierda y derecha anclándola en el diseño fiscal y el destino de los servicios universales, (2) articular una concepción republicano-socialista de la UBI como medio para garantizar la libertad en forma de independencia material y (3) identificar los actores y las presiones estructurales que podrían llevar de manera plausible dicha UBI a la agenda política. Al hacerlo, argumentamos que la UBI puede ser una palanca distintiva para la reforma republicano-socialista solo cuando se diseña y se integra de manera que restrinja estructuralmente la dominación, en lugar de cuando se introduce como un plan aislado contra la pobreza.

Proyectos políticos rivales: ¿la UBI entre la izquierda y la derecha?

Aunque la UBI se describe a menudo como una idea singular, su contenido político dista mucho de ser homogéneo. La derecha y la izquierda difieren en varios aspectos en lo que respecta a la UBI, pero hay una distinción especialmente crucial: cómo se financia. Una UBI puede financiarse de múltiples maneras, y la diferencia fundamental entre las propuestas de izquierda y de derecha se hace evidente cuando se pregunta quién se beneficia y quién soporta la carga financiera (Standing, 2017). Más concretamente, depende de qué sectores sociales se benefician y cuáles asumen el coste. Esto viene determinado por el método de financiación. Una propuesta de izquierdas requiere una reforma fiscal progresiva, lo que conduce a una redistribución significativa de los ciudadanos más ricos al resto de la sociedad.[1] Diversos estudios realizados en diferentes áreas geográficas han explorado esto en detalle (Bollain, 2024; Bollain et al., 2024; Danson et al., 2021; Ghatak y Jaravel, 2020; McDowell, 2023; Ter-Minassian, 2020). En lugar de dar por sentado que todas las propuestas de UBI comparten una esencia común, esta sección muestra cómo el diseño fiscal sirve como punto de cristalización de divisiones ideológicas más profundas. De hecho, la fiscalidad no es meramente un mecanismo de financiación, sino un acto político que revela prioridades, alianzas y orientaciones normativas. Para mayor claridad, presentamos los dos proyectos por separado.

Cualquier propuesta de UBI que pretenda desmantelar el Estado del bienestar es una propuesta de derechas. Por el contrario, defender la UBI al tiempo que se defiende y refuerza el Estado del bienestar es la posición de izquierdas (Standing, 2017). Una amplia bibliografía (véase, por ejemplo, Standing, 2019) ha subrayado que una UBI alineada con objetivos progresistas debe complementar y reforzar los servicios públicos, como la sanidad, la educación y las ayudas a la vivienda, en lugar de servir como justificación para su reducción. En términos del Estado del bienestar, se trata de una estrategia de desmercantilización (Esping-Andersen, 1990; Offe, 1992; Polanyi, 2001; Wright, 2006) , ya que desvincula parcialmente las necesidades básicas de la vida de la dependencia del mercado y de la debilidad de negociación individual. En términos de Polanyi, una UBI de izquierdas formaría parte del movimiento de protección contra la mercantilización ficticia del trabajo, mientras que para Esping-Andersen, Offe y Wright la desmercantilización suele entenderse como un cambio desde la obtención de medios de subsistencia principalmente a través del rendimiento individual en el mercado hacia el reconocimiento de las garantías de ingresos y los servicios sociales básicos como derechos asegurados colectivamente. Desde una perspectiva republicano-socialista, la UBI es desmercantilizadora no solo porque aumenta los ingresos de la mayoría no rica, sino porque relaja la compulsión estructural de vender la propia fuerza de trabajo en casi cualquier condición al trasladar parte de los medios de subsistencia fuera de la relación salarial.

Los defensores de izquierdas de la UBI también hacen hincapié en que reforzaría significativamente el poder de negociación de los trabajadores. En un sistema económico donde las relaciones laborales son profundamente asimétricas —donde los contratos entre una multinacional o una gran empresa y un trabajador individual se tratan legalmente como «iguales»—, está claro que una propuesta de UBI de izquierdas mejoraría la posición de la parte más vulnerable (Bidadanure, 2019) . Como mínimo, proporcionaría unos ingresos por encima del umbral de la pobreza a modo de red de seguridad. Calnitsky (2017) plantea una pregunta crítica al respecto: «¿Queremos, por ejemplo, impedir que una trabajadora de Walmart renuncie a su empleo si así lo desea? Si estamos a favor de la autonomía humana básica, la respuesta es no». Siguiendo esta perspectiva, al reducir la dependencia de los trabajadores respecto al empleo precario, la UBI actuaría como un mecanismo para aumentar la autonomía individual y la organización laboral colectiva, desafiando aún más las prácticas laborales explotadoras. Este énfasis en el poder de negociación va más allá del bienestar y se adentra en el terreno del cambio estructural en las relaciones laborales, un aspecto a menudo descuidado en las interpretaciones liberales de la UBI.

Desde una perspectiva feminista, la UBI también ha sido reconocida como una herramienta poderosa para la autonomía y la protección. Mientras que el agresor de la violencia de género está reforzado por la dependencia económica de su pareja, la autonomía de la mujer víctima se ve mermada precisamente por la capacidad de su agresor para controlarla a través de medios económicos (Christy-McMullin, 2002; Conner, 2013). El acceso a la UBI proporcionaría a las mujeres víctimas la independencia económica que necesitan con urgencia. Además, las divisiones de género en el trabajo no remunerado también podrían mitigarse, tal y como afirma Pateman (2004), ya que la seguridad económica permitiría a las personas, en particular a las mujeres, tomar decisiones sobre el trabajo y el cuidado de otras personas sin coacción económica. La UBI también encierra un potencial emancipador para los jóvenes, los trabajadores más vulnerables y las comunidades marginadas —grupos que a menudo se enfrentan a la discriminación laboral sistémica y a condiciones de empleo precarias—. Esta perspectiva ha sido reconocida por organizaciones que defienden los derechos LGBTQ+, colectivos del sector cultural, organizaciones juveniles y grupos de defensa de la salud mental (Elías, 2021), muchos de los cuales han publicado manifiestos a favor de la UBI, considerándola una herramienta para la autonomía, la libertad y la reducción de las desigualdades. La derecha, por su parte, sigue estando en gran medida al margen de estas luchas sociales.

Para concretar esto, resulta útil recordar brevemente lo que sugieren los experimentos existentes. Los proyectos piloto a gran y pequeña escala —desde el proyecto Mincome en Canadá y el experimento finlandés más reciente hasta programas municipales como el de Stockton— suelen informar de mejoras en la salud mental, reducciones del estrés financiero y, en algunos casos, una mayor estabilidad o flexibilidad en las trayectorias laborales de las personas (Merrill et al., 2022; Widerquist, 2018). Aunque estos programas tuvieron un alcance y una duración limitados, demuestran que incluso las transferencias incondicionales modestas pueden debilitar el control que ejerce la necesidad económica sobre las decisiones de las personas.

No obstante, aunque la UBI es una medida de política económica importante, no es una «política económica» completa por sí misma (Bollain et al., 2024). El contraste entre las propuestas de UBI de izquierda y de derecha también es evidente en las políticas adicionales que defienden junto con ella. Una estrategia económica coherente de izquierda integraría la UBI en un marco más amplio de política fiscal progresista, protecciones laborales y medidas de redistribución de la riqueza. Por ejemplo, algunas propuestas de izquierda combinan la UBI con un límite máximo de ingresos como medio para limitar la acumulación extrema de riqueza (Alexander, 2014; Bertomeu y Raventós, 2020; Pizzigati, 2018).

En resumen, el enfoque de la izquierda trata la UBI como parte de un paquete que universaliza la independencia material —apoyando así la no dominación frente al poder económico desproporcionado— y fortalece las instituciones colectivas en lugar de sustituirlas.

En cuanto a las apropiaciones de la UBI por parte de la derecha, el instrumento se reinterpreta dentro de una matriz de políticas pro-mercado[2] que altera su incidencia distributiva y su propósito institucional. Como afirma Standing (2017), muchos estudiosos han citado a Friedman como ejemplo de partidario de la UBI desde la derecha. Sin embargo, Friedman no aboga por una UBI, sino por un impuesto sobre la renta negativo —un sistema que comparte algunas similitudes con la UBI, pero también diferencias clave (Tondani, 2009). La lógica subyacente no es la emancipación, sino la eficiencia.

Las versiones más explícitamente neoliberales de la UBI —como las defendidas por Murray (2006)— la conciben como un medio para reconfigurar, o incluso reducir, la protección social. Al proporcionar una renta mínima e incondicional, el Estado podría desmantelar las prestaciones sectoriales y privatizar los servicios sociales, trasladando la responsabilidad del bienestar social de las instituciones colectivas a la elección individual. La promesa de «libertad» se replantea, en estos modelos, como soberanía del consumidor. Los individuos son libres de adquirir educación, salud o seguros en el mercado, pero no están libres de la dependencia del mercado en sí. Además, suelen tratar las asimetrías de negociación en el mercado laboral como una característica más que como un problema. En esta línea, la UBI (o sus equivalentes tipo NIT) mercantiliza la protección social e individualiza el riesgo en lugar de desmercantilizarlo. Una sociedad capitalista podría, en principio, implementar una UBI relativamente alta de este tipo sin alterar las estructuras subyacentes de propiedad y poder corporativo. En tal escenario, la no dominación seguiría estando fuera de alcance a pesar del pago de un mínimo cívico generoso.

Al hacerlo, las propuestas de UBI de la derecha refuerzan la mercantilización del trabajo y la lógica de la responsabilidad individual que sustentan el capitalismo neoliberal. Empíricamente, estos enfoques conformes al mercado tienden a financiar la UBI a través de mecanismos regresivos —como los impuestos sobre el consumo o la reasignación de los presupuestos de bienestar existentes— mientras rechazan la fiscalidad progresiva o la redistribución de la riqueza (Jäger y Zamora, 2023). Su resultado distributivo es, por lo tanto, ambiguo, ya que podrían aliviar la pobreza extrema, pero también afianzar las desigualdades estructurales al debilitar la negociación colectiva, reducir el alcance de los servicios públicos y legitimar formas precarias de empleo.

Por último, las apropiaciones de la UBI por parte de la derecha suelen invocar la automatización y el desempleo tecnológico como justificaciones para un suelo social mínimo. Este «determinismo tecnológico» (Srnicek y Williams, 2016) oculta la naturaleza política de las decisiones distributivas, presentando la UBI como una solución tecnocrática a la desigualdad en lugar de una herramienta democrática para el empoderamiento.

Así, mientras que las propuestas de UBI de la izquierda buscan desmercantilizar el trabajo y fortalecer las instituciones públicas, las versiones de la derecha tienden a mercantilizar la protección social e individualizar el riesgo. Eso significa reproducir, en lugar de transformar, las jerarquías estructurales de la sociedad capitalista. A la luz de esto, la divergencia política entre ambos proyectos se hace más clara. Lo que se presenta como un instrumento que puede parecer compartido por algunas izquierdas y algunes derechas esconde concepciones fundamentalmente diferentes de la libertad, la justicia y el papel del Estado. Mientras que las versiones orientadas al mercado pretenden racionalizar el bienestar y disciplinar el trabajo mediante una compensación monetaria, las interpretaciones republicanas-socialistas conciben la UBI como una garantía colectiva contra la dominación.

La tensión entre estos proyectos también se puede rastrear en cómo cada parte interpreta la condicionalidad y el mérito social. A diferencia de las prestaciones sujetas a condiciones de recursos, que conllevan elevados costes administrativos, estigmatizan a los beneficiarios y crean y perpetúan la trampa de la pobreza, una UBI eliminaría estos problemas al suprimir la burocracia y los mecanismos de vigilancia (Bollain y Raventós, 2024). Más importante aún, la diferencia conceptual es fundamental. Las prestaciones sujetas a condiciones de recursos están diseñadas para individuos considerados «problemáticos»: «perdedores», personas incapaces de encontrar empleo, de ganar lo suficiente para vivir o aquellas con graves problemas relacionados con los ingresos, cognitivos o de salud física y mental. Las perspectivas de la derecha suelen enmarcar la pobreza como un fracaso personal, reforzando la idea de que tener un empleo es el único camino respetable hacia la seguridad económica. Sin embargo, esta noción se desmorona cuando se enfrenta a la realidad actual , en la que el empleo ya no es una garantía fiable contra la pobreza, como demuestra el creciente número de trabajadores pobres (Hick y Marx, 2023). La UBI, desde una perspectiva de izquierdas, desafía esta lógica punitiva al reconocer la pobreza como un resultado estructural, no como un defecto personal, y reafirma la seguridad económica como un derecho, no como una recompensa.

Desde una perspectiva de izquierdas, la UBI se basa en los principios de libertad, justicia, igualdad y dignidad humana. A diferencia de las prestaciones condicionales, no trata la inseguridad económica como un fallo moral individual, sino como un problema estructural que requiere soluciones colectivas. Al garantizar una base material para cada individuo por el mero hecho de ser ciudadano o residente acreditado, la UBI representa un cambio radical en la forma en que las sociedades definen la seguridad económica y los derechos sociales. Este cambio, en términos republicano-socialistas, constituye un paso de la caridad contingente a la libertad garantizada, entendida como no dominación y fundamentada en la seguridad material universal. Como argumentaremos, este cambio solo se materializa plenamente cuando la UBI se integra en instituciones que también limitan la capacidad del capital para reafirmar su dominación a través de los precios, el endeudamiento o la influencia política.

En última instancia, la cuestión no es simplemente si la UBI es políticamente ambigua, sino más bien: ¿Quién la diseña, con qué propósito y dentro de qué marco socioeconómico? Una política eficaz de UBI requiere un compromiso crítico con su implementación, garantizando que sirva de base para una mayor justicia social en lugar de como instrumento para agravar las desigualdades. Sostenemos que la UBI no es intrínsecamente emancipadora, sino políticamente maleable. Su capacidad de transformación depende por completo de la coalición de fuerzas, instituciones y valores que configuran su despliegue.

El enfoque republicano-socialista de la UBI

Los debates sobre las concepciones de la UBI de la izquierda y la derecha a veces las tratan como si fueran homogéneas. Sin embargo, este no es el caso, aunque con un matiz importante. Las concepciones de la UBI de la derecha tienden a ser más uniformes, mientras que dentro de la izquierda, existen propuestas significativamente diferentes. Esta diversidad interna dentro de la defensa de la UBI por parte de la izquierda, tal y como afirma Standing (2017), se deriva de tradiciones históricas, marcos teóricos y objetivos estratégicos divergentes, que dan forma a enfoques distintos sobre su implementación y sus implicaciones socioeconómicas más amplias. Nombrar las cosas siempre es problemático, pero creemos que se justifica referirse a nuestra perspectiva como republicano-socialista. Utilizamos este término no para combinar dos tradiciones de forma arbitraria, sino para recuperar un marco coherente que vincule la libertad frente a la dominación con el control democrático sobre las condiciones materiales de la vida. En otras palabras, nuestra preocupación no se limita a la redistribución o al alivio de la pobreza, sino a las condiciones institucionales bajo las cuales las personas dejan de vivir a merced de los poderes privados y públicos. Este marco también diferencia nuestra visión de los enfoques socialdemócratas, que defienden la redistribución progresiva y los servicios universales sin transformar necesariamente la propiedad o las relaciones de poder en el lugar de trabajo.

Las condiciones materiales de la existencia son inseparables de la libertad republicana (Domènech, 2004; Gourevitch, 2013; Pettit, 2002). Quienes carecen de estas condiciones materiales no son verdaderamente libres, ya que su propia existencia depende de la voluntad arbitraria de otros. La libertad republicana se basa en la noción, la estructura y la institucionalización de la propiedad y en las correlaciones de las fuerzas sociales (Domènech, 2004). Para los teóricos del republicanismo oligárquico, solo quienes poseen suficiente propiedad para mantenerse de forma independiente son considerados sujetos de libertad. Estos son los sui iuris, aquellos que son dueños de sí mismos, no sujetos a la injerencia arbitraria de otros. Esta concepción confiere al papel estructural de la propiedad un carácter central, y no secundario, para la libertad (véase también Dagger (2006) sobre el mínimo cívico como base material para la participación republicana).

La diferencia clave entre el republicanismo oligárquico y el democrático no es su definición de libertad, sino más bien quién debe tener acceso a ella (Casassas, 2024). ¿Debe reservarse la libertad para unos pocos —los ricos, los honoratiores, los gens de bien, los mecenas, los gentiluomini, los señores— o debe garantizarse para todos? Esta distinción fundamental tiene implicaciones significativas para la UBI, ya que una perspectiva republicano-socialista exige que el derecho a la seguridad material sea un derecho universal y no un privilegio supeditado a la participación en el mercado. Robespierre (1792) expresó claramente esta idea: «El derecho a existir, que implica garantizar los medios de subsistencia a todos los miembros de la sociedad, es el derecho fundamental al que todos los demás están subordinados». La UBI, desde esta perspectiva, se convierte en una forma de universalizar la condición de no dominación, haciendo del estatus de sui iuris una norma democrática en lugar de una excepción aristocrática. Este cambio normativo, sin embargo, tiene consecuencias institucionales. Garantizar este estatus universal presupone fuentes de ingresos estables y gestionadas colectivamente —como fondos de riqueza social, dividendos de recursos naturales o una fiscalidad progresiva del capital— que anclen la UBI en un proyecto más amplio de democratización del poder económico.

Una persona está republicanamente dominada cuando alguien —ya sea un individuo o un grupo— pueda interferir en sus condiciones materiales de existencia a su antojo, sin otra restricción que su propia voluntad. Incluso si esta posición de dominación nunca se ejerce, el mero hecho de que pueda ejercerse en cualquier momento, sin limitaciones más allá de la voluntad del dominador, constituye dominación (Pettit, 2002). La UBI, en este marco, representa un mecanismo institucional para reducir dicha dependencia al garantizar que todas las personas posean una base económica que no esté sujeta a la voluntad arbitraria de empleadores, propietarios o instituciones financieras privadas.

Las relaciones de dominación se manifiestan tanto en los ámbitos privados (dominium) como en la esfera política (imperium) (Casassas y De Wispelaere, 2016; Domènech, 2025). De hecho, el poder público ha sido históricamente, y sigue siendo, una fuente significativa de dominación. Por eso la libertad también requiere vigilancia frente a quienes ostentan el poder. Como afirma la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (Convención Nacional de Francia, 1793), «la ley debe proteger la libertad pública y personal contra la opresión de quienes gobiernan». La libertad republicana, por lo tanto, exige la erradicación de ambas formas de dominación: dominium e imperium.[3]

Esta estructura dual de dominación también determina cómo las diferentes tradiciones entienden el papel del Estado y, en particular, el significado de la neutralidad. Para el liberalismo, la neutralidad significa que el Estado no debe intervenir en las negociaciones y disputas entre los diferentes actores y sectores sociales. No debe favorecer ninguna concepción particular de la buena vida entre los diversos ciudadanos de una sociedad determinada. El republicanismo, sin embargo, ve el verdadero problema no en la trivial afirmación de que el Estado no debe privilegiar una forma de vida sobre otra, sino más bien en la cuestión de si la existencia material de un individuo —o de todo un segmento de la población— debe depender de las decisiones de inversión de una multinacional (Raventós, 2007). O si los recursos energéticos de naciones enteras deben ponerse a disposición de un puñado de consejos de administración. En estos casos, demasiado comunes, modos de vida enteros —visiones de la buena vida— no solo se ven erosionados, sino que a veces quedan totalmente aniquilados por la destrucción de los cimientos materiales que los habrían hecho posibles. Esta crítica se alinea estrechamente con las defensas socialistas de la UBI, que sostienen que proporcionar un umbral de ingresos incondicional es una intervención directa para contrarrestar el poder coercitivo de los actores económicos privados sobre la vida de las personas. Esto pone de relieve una característica fundamental de nuestro argumento: la UBI no se refiere solo a los ingresos, sino a salvaguardar las condiciones sociales previas de la vida democrática.

Desde una perspectiva republicana, la neutralidad del Estado se entiende como una intervención activa para impedir que actores privados poderosos —como las grandes multinacionales, cuya mera existencia en su forma actual no regulada es inaceptable desde el punto de vista republicano— impongan su voluntad privada a los Estados y, por extensión, a la mayoría de los ciudadanos no ricos. Un Estado republicano debe intervenir activamente para garantizar que la neutralidad sea una realidad, no un eslogan superficial de «equidistancia entre diferentes proyectos de vida» (Domènech, 2004) . En este sentido, la UBI no es meramente una política redistributiva, sino una reforma estructural que cuestiona los fundamentos económicos de la desigualdad sistémica. Para el republicanismo, la neutralidad no significa la noción trivial de abstenerse de intervenir o interferir en las concepciones personales diversas y conflictivas de la buena vida que tienen los ciudadanos individuales (algo que ya es evidente por sí mismo). Más bien, significa «intervenir activamente en la vida social para desmantelar, desde sus raíces económicas e institucionales, las principales esferas del poder privado» (Domènech, 2004).

Así, la teoría republicana asume que el Estado debe mantenerse equidistante respecto a las diferentes concepciones de la buena vida. Sin embargo, cuando actores privados poderosos poseen la capacidad de imponer su propia visión privada del bien a la sociedad —cuando la estructura oligopolística de los mercados permite el secuestro del Estado por parte de vastos imperios privados—, la neutralidad republicana significa intervención, no tolerancia pasiva que permita que prevalezca el más fuerte. Luchar contra el dominium y el imperium es precisamente eso. La UBI, en este sentido, es una política que permite una auténtica igualdad política al desvincular la seguridad económica de los individuos del control privado, garantizando que los recursos económicos no se distribuyan exclusivamente según la lógica del mercado.

La adición de «socialista» al republicanismo se justifica por la evolución histórica de las estructuras de propiedad (O’Shea, 2020). Con el surgimiento y la consolidación del capitalismo a partir del siglo XIX, la estructura de la propiedad hizo que el proyecto republicano clásico de universalizar la propiedad individual resultara cada vez más inverosímil. Así, la principal contribución del socialismo al republicanismo democrático es una actualización «a las condiciones de un mundo en el que la estructura de la propiedad se había transformado profundamente » (Casassas et al., 2021). Esta transformación implica una reconceptualización de los derechos económicos, reconociendo que las estructuras capitalistas contemporáneas crean dependencias sistémicas que impiden una autonomía genuina. El socialismo también aporta al republicanismo democrático un análisis actualizado de la nueva estructura social que genera las formas de dominación que impiden la libertad republicana para todos los ciudadanos. Se trata de dominaciones que pueden describirse como impersonales y estructurales (Casassas et al., 2021; Gourevitch, 2013; Leipold et al., 2020). Como explican Leipold, Nabulsi y White (2020),

[L]a dominación de los trabajadores no consiste simplemente en la dominación personal de un empleador concreto, sino en el hecho de que están sometidos a la dominación estructural de los empleadores, cuyo control sobre los medios de producción garantiza que, aunque los trabajadores no tengan que trabajar para un empleador concreto, sí tengan que trabajar para un empleador.

La UBI constituye un mecanismo para reducir la dominación estructural al garantizar que la seguridad económica no dependa de la sumisión a condiciones laborales explotadoras. Recupera la capacidad de acción económica de los individuos, reforzando el principio de que la verdadera libertad requiere independencia material frente a fuerzas arbitrarias, ya sean estatales o corporativas. Al desvincular la seguridad económica del control privado, la UBI fortalece la participación democrática, frenando los desequilibrios de poder que socavan la toma colectiva de decisiones y la cohesión social. Este replanteamiento reposiciona la UBI no en los márgenes de la teoría política, sino en el centro de los debates sobre libertad, igualdad y democracia.

A veces se da por sentado que las cuestiones estructurales de dominación son subsidiarias de los resultados distributivos y pueden abordarse a posteriori mediante sistemas de impuestos y transferencias. Sin embargo, como sostienen Claassen y Herzog (2019), esta visión subestima tanto la importancia instrumental como la intrínseca de la autonomía económica. La redistribución basada en el bienestar puede no proporcionar suficiente autonomía, y no puede sustituir a la capacidad de ejercer «voz» en la vida económica. Una visión republicana-socialista de la UBI, por lo tanto, trata la agencia no como una preocupación derivada, sino como un elemento constitutivo de la libertad. La UBI no es meramente un mecanismo de salida de la explotación, sino una herramienta para potenciar la voz y remodelar las condiciones de participación en la esfera económica.

A la luz de esto, la UBI no es simplemente un mecanismo redistributivo, sino una reconfiguración del poder económico, que desafía la concentración de la riqueza y las condiciones estructurales que perpetúan la dependencia económica. Una visión republicana-socialista de la UBI no consiste en compensar los fracasos del capitalismo, sino en remodelar el orden económico para alinearlo con los principios de libertad, igualdad y participación democrática. Si el objetivo es ir más allá de un modelo de sociedad en el que la mayoría sigue estando estructuralmente dominada por las élites económicas, entonces la UBI debe implementarse junto con políticas fiscales progresistas, protecciones laborales y control democrático sobre los recursos económicos clave. Solo así podrá servir como vehículo para una emancipación genuina, en lugar de como un paliativo neoliberal.

De la servidumbre a la autonomía: repensar el trabajo a través de la UBI

Autores como Hogg (2023) han expresado su preocupación por el trabajo asalariado y su relación con la UBI, abordándola tanto en términos generales como en relación con las nuevas tecnologías. De hecho, se trata de una cuestión crucial, y merece la pena examinarla desde la perspectiva de la libertad republicana. El debate sobre el trabajo asalariado y sus asimetrías de poder inherentes ha sido durante mucho tiempo un tema central de la economía política (Dean, 2015; Harvey, 2005; Ó Rálaigh, 2025), pero su intersección con la UBI sigue sin explorarse lo suficiente en muchos debates contemporáneos. Desde una perspectiva republicana-socialista, esta intersección es precisamente donde la UBI se distingue de las reformas más convencionales del mercado laboral o del bienestar, ya que se centra en la dependencia misma que estructura la relación salarial. Esta sección pretende salvar esa brecha demostrando cómo la UBI puede servir como una intervención estructural contra la dependencia económica y la coacción, detallando los mecanismos específicos a través de los cuales altera las relaciones de poder en el mercado laboral, en lugar de limitarse a reiterar sus credenciales contra la pobreza.

Autores clásicos y modernos han reconocido desde hace tiempo la afinidad entre el trabajo asalariado y la falta de libertad. Aristóteles, un republicano oligárquico, ya había descrito el trabajo asalariado como una especie de esclavitud limitada (Aristóteles y Lord, 2013),[4] y Marx se hizo eco de esta idea, estableciendo paralelismos entre el trabajo asalariado y la esclavitud. Desde un ángulo diferente, pero con una perspectiva similar, definió la «doble libertad» que todos los trabajadores tienen bajo el capitalismo (Marx, 1990) : la libertad de ser explotado por el empleador que elijan y la libertad de pasar hambre si no eligen a ninguno. En lugar de tratar estas referencias clásicas como curiosidades de anticuario, las utilizamos para poner de relieve una intuición antigua: que la dependencia económica corroe la posición cívica, un tema que reaparece hoy en día en los debates sobre el trabajo precario y mal remunerado.

Así, un contrato de trabajo, en esencia, implica venderse a uno mismo a la servidumbre. Por lo tanto, es esencial entender la UBI como una herramienta para desmercantilizar parcialmente el mercado laboral, ya que amplía la libertad real de las personas y erosiona la condición fundamental de la dependencia del mercado (Calnitsky, 2017) . Esto concuerda con las opiniones del economista marxista Ernest Mandel, quien argumentó que una de las razones por las que los trabajadores ya no se verían obligados a vender su fuerza de trabajo es que el Estado garantiza a todos los ciudadanos una renta de subsistencia (Mandel, 1971). En términos de Polanyi, la UBI introduce un movimiento contrario que relaja la «mercantilización ficticia» del trabajo, no mediante la abolición total de los mercados, sino garantizando que el acceso a los medios básicos de subsistencia no dependa de aceptar cualquier trabajo por casi cualquier salario. Desde una perspectiva republicano-socialista, esta renta no es un mero complemento, sino un mínimo cívico que respalda la condición de los trabajadores como sujetos no subordinados incluso antes de que entren en cualquier relación laboral.

Sin embargo, las implicaciones de la UBI para los mercados laborales van más allá de la autonomía individual. La provisión de una UBI mejora la posición negociadora de los trabajadores al introducir una dinámica colectiva arraigada en la seguridad económica. Esta seguridad libera tiempo de calidad, lo que permite a los trabajadores y a los actores colectivos, como los sindicatos, participar en formas más estratégicas de negociación, defender eficazmente salarios más altos, participar en luchas políticas encaminadas a reformas progresistas y elegir libremente actividades acordes con sus preferencias (Manjarin y Szlinder, 2016). Diferentes proyectos piloto han aportado pruebas preliminares de que las personas que reciben una renta incondicional son más propensas a seguir formándose, cambiar a mejores empleos o dedicarse al trabajo por cuenta propia, lo que sugiere el potencial de la UBI para alterar el equilibrio de poder en los mercados laborales (Widerquist, 2018).

Vale la pena relacionar este punto con nuestro debate anterior sobre la libertad republicana. Consideremos a un empresario que opera en un lugar totalmente desprovisto de legislación laboral, libre de establecer cualquier condición de empleo. Los trabajadores pueden, técnicamente, negarse a aceptar el contrato, pero en la práctica, el hecho de que muchos otros estén haciendo cola, desesperados por conseguir un empleo, limita gravemente esa libertad. Como resultado, las condiciones para quienes aceptan el trabajo vienen dictadas por completo por la voluntad del empleador. Ahora, imaginemos además que este empleador es un hombre de gran bondad, sin ninguna inclinación particular hacia la acumulación de beneficios. En estas condiciones, el empleador trata a su plantilla excepcionalmente bien y les concede salarios por encima de la media regional. Para algunos —en particular para quienes se adhieren al liberalismo— se consideraría que estos trabajadores disfrutan de una situación envidiable, ya que su empleo parece tanto voluntario como materialmente ventajoso. Sin embargo, desde la perspectiva de quienes se alinean con la tradición histórica de la libertad republicana, estos trabajadores no son libres (Raventós, 2007). Su falta de libertad no se deriva de sus condiciones laborales relativamente favorables en comparación con otras plantillas cercanas en la misma zona sin ley laboral, donde empleadores menos benevolentes imponen condiciones más duras. Se deriva del hecho de que su bienestar depende por completo de la voluntad arbitraria de su empleador. Esa voluntad, a su vez, podría verse influida por algo tan trivial como un mal humor causado por una decepción amorosa, la derrota de su equipo de fútbol favorito o incluso una indigestión. No se trata de una afirmación arbitraria, tal y como han demostrado Kahneman et al. (2022), quienes demostraron que los jueces de menores dictan sentencias más severas los lunes cuando su equipo de fútbol favorito ha perdido el día anterior, mientras que otros jueces conceden más solicitudes de libertad condicional después de comer que justo antes. Esto no debería sorprender ni tomarse a la ligera. El estado de ánimo se ve significativamente influido por la regularidad y la satisfacción de ciertas necesidades fisiológicas y psicológicas. En el ejemplo mencionado anteriormente, un cambio en el estado de ánimo del empleador podría dar lugar a un cambio en su estilo de gestión y en el trato a los empleados. En el escenario imaginado, la única limitación a este cambio es la propia voluntad del empleador. Estos trabajadores viven a merced de los caprichos de su empleador. Desde un punto de vista republicano, pues, el problema no es principalmente el nivel de los salarios, sino el hecho de que el sustento de los trabajadores depende de una relación de poder que es estructuralmente arbitraria.

También es importante señalar que la arbitrariedad de este hipotético empleador benevolente afecta a la vida de los trabajadores mucho más allá de la jornada laboral. Su existencia está determinada por su salario, la duración de sus vacaciones y su acceso a la baja médica. Desde una perspectiva republicana, quienes dependen de la voluntad de otro para sus condiciones materiales de existencia no son libres (Pettit, 2002). Es imposible pasar por alto el hecho de que las personas que viven en tales condiciones pueden sentirse obligadas a modificar su comportamiento para parecer agradables, serviles, sumisas y obedientes ante su empleador, con la esperanza de que éste siga tratándolas favorablemente. Actuar de forma sumisa con la esperanza de garantizar la renovación del contrato no es una decisión libre; ofrecerse voluntariamente a trabajar horas extras sin remuneración para ganarse el favor y asegurar la continuidad del empleo tampoco es una decisión libre. Y esta dinámica puede observarse a gran escala en los mercados laborales actuales.

La transformación de los mercados laborales en el contexto de la automatización y el auge de la economía gig subraya aún más la necesidad de un enfoque republicano-socialista de la UBI. En las últimas décadas, las protecciones laborales se han debilitado sistemáticamente, con un número creciente de trabajadores en empleos precarios, basados en plataformas o informales, con escaso poder de negociación. Tal y como afirma Hickson (2024), se ha producido una erosión de las protecciones laborales tradicionales y un refuerzo de las relaciones de poder asimétricas entre trabajadores y empleadores. En este entorno, la UBI funciona no solo como una red de seguridad, sino como una intervención estructural para contrarrestar estas tendencias, garantizando que las personas no se vean obligadas a aceptar condiciones de explotación debido a la necesidad económica. Al proporcionar una base financiera incondicional, la UBI amplía el abanico de opciones disponibles para los trabajadores, reforzando su capacidad para negociar mejores salarios y condiciones laborales, o incluso para dedicarse al autoempleo y a modelos económicos cooperativos.

Hubo una versión de Marx profundamente comprometida con esta línea de razonamiento: lo que Domènech (1989) denomina el Marx republicano. Esto no debe confundirse con otro Marx, el liberal (por tomar prestada la terminología lúdica de Domènech), que se preocupaba por determinar qué forma de propiedad era la más productiva. Ese Marx está muerto. El Marx vivo, el republicano, planteaba una pregunta muy diferente: ¿qué tipo de propiedad produce los mejores ciudadanos? La relación salarial bajo las diversas formas de capitalismo que hemos conocido —aunque sería descortés no distinguir, por ejemplo, entre el capitalismo de gran parte de Europa en la década de 1960 y la contrarreforma conocida como neoliberalismo, iniciada en las décadas de 1970 y 1980 (Saez y Zucman, 2019)— es una relación de propiedad que difícilmente puede imaginarse como la mejor para fomentar buenos ciudadanos.

Llegados a este punto, surge una pregunta lógica: ¿por qué un proyecto republicano-socialista debería dar prioridad a la UBI, en lugar de, o además de, otras medidas como las subvenciones únicas de activos o los programas de empleo público? Nuestra respuesta es que un umbral de ingresos permanente e incondicional reestructura las dimensiones temporales y relacionales del poder económico de una manera que estos otros instrumentos no lo hacen. Al ser regular, no titulizable e independiente de la participación en el mercado laboral, una UBI bien diseñada socava la influencia que los empleadores, los propietarios y los acreedores obtienen de la dependencia mensual de los trabajadores respecto a ellos. Las medidas de distribución de activos pueden y deben complementar esto ampliando la propiedad, pero sin una fuente de ingresos garantizada, los activos por sí solos se vuelven a concentrar fácilmente a través de la deuda, ventas precarias o negociaciones desiguales. Por el contrario, si los pagos de la UBI pudieran garantizarse íntegramente como garantía para préstamos privados, correrían el riesgo de ser capturados por las instituciones financieras y convertidos en nuevas cadenas de endeudamiento. Un diseño republicano-socialista restringiría, por tanto, dicha garantía y combinaría la UBI con una regulación más estricta del crédito al consumo y de los ingresos rentistas.

Lo que está en juego, pues, no es meramente si el trabajo asalariado es productivo, sino si es compatible con una sociedad democrática basada en la libertad republicana. Si se quiere tomar en serio el principio de que los individuos no deben estar sujetos a una dominación arbitraria, hay que reconocer que la dependencia salarial no puede servir de fundamento para una ciudadanía verdaderamente libre e igualitaria. Algunos podrían objetar, sin embargo, que tales preocupaciones estructurales son secundarias respecto a las cuestiones de los resultados distributivos y que pueden abordarse mediante la fiscalidad y los derechos de asistencia social. Sin embargo, si la redistribución deja intacta la estructura básica de dependencia de los empleadores y los acreedores, puede aliviar las penurias sin desmantelar la dominación. Como señaló claramente incluso un teórico liberal-igualitario como Rawls, «el Estado [del bienestar] intenta corregir la distribución de la riqueza y los ingresos a posteriori mediante transferencias; pero las desigualdades subyacentes en el poder económico persisten» (Rawls, 2001).

Esto apunta a una preocupación más amplia sobre la agencia económica, no solo como un medio para un fin, sino como un elemento constitutivo de la libertad misma. Más allá de garantizar una «salida» de las relaciones de explotación, la UBI debe permitir a las personas remodelar las condiciones de su participación en la vida económica. En este sentido, asegurar la « voz» —la capacidad de influir y codeterminar las estructuras económicas— es tan crucial como garantizar la seguridad material. Como advierte Birnbaum (2017), a menos que la UBI se integre en marcos institucionales más amplios que democraticen la economía, corre el riesgo de reforzar, en lugar de superar, la subordinación de las personas. Por lo tanto, la UBI se entiende mejor no como una panacea autosuficiente, sino como una institución fundamental que solo cumple su promesa republicana cuando se combina con sindicatos fuertes, democracia en el lugar de trabajo y restricciones al poder político del capital.

Visto desde esta perspectiva, la UBI debería ser una intervención estructural para reequilibrar el poder a favor de la mayoría, no de unos pocos. Debe entenderse como parte de un proyecto político más amplio que cuestione los cimientos mismos de la subordinación económica y redistribuya el poder de formas que vayan más allá de los salarios y las relaciones laborales. A medida que la automatización y la financiarización de la economía erosionan aún más las estructuras tradicionales de empleo, la UBI se convertirá no solo en una opción política, sino en un instrumento clave para mantener la capacidad de acción democrática y la estabilidad social. Los agentes concretos de tal transformación no son hipotéticos: los sindicatos, los movimientos feministas y juveniles, las organizaciones de trabajadores de plataformas, las corrientes más radicales dentro de los partidos socialdemócratas y socialistas, así como los movimientos por el clima y la vivienda, ya están articulando reivindicaciones que vinculan la UBI, la reducción de la jornada laboral y las formas de democracia económica. En condiciones de crisis recurrentes —ya sean de sobreacumulación, subconsumo, desempleo tecnológico o legitimación del Estado del bienestar—, estos actores podrían converger en torno a una UBI republicana-socialista como uno de los pocos instrumentos capaces de abordar simultáneamente la inseguridad, la desigualdad y la erosión democrática.

La perspectiva republicano-socialista reconoce que la libertad económica no puede existir aislada de estructuras más amplias de redistribución. La verdadera neutralidad republicana requiere desmantelar activamente los sistemas de acumulación extrema de riqueza y monopolización corporativa, garantizando que la seguridad material de ningún ciudadano dependa de la volatilidad del mercado o de la discreción del empleador. Si realmente buscamos construir una sociedad libre, la seguridad económica no puede dejarse a merced de los caprichos de los intereses privados. Sin la UBI y una reconfiguración fundamental del poder económico, la promesa de la igualdad democrática seguirá siendo una ilusión: una retórica vacía que enmascara el dominio continuado de unos pocos sobre la mayoría.

Conclusión

Este artículo ha tratado de recuperar el debate sobre la UBI aportando una lectura republicana-socialista que aborda tanto las tensiones ideológicas como las dinámicas estructurales. Rechazamos la visión de la UBI como ideológicamente neutra o universalmente progresista, y sostenemos, en cambio, que su significado surge del contexto político e institucional en el que se aplica. En contraste con los puntos de vista que enmarcan la UBI como una política políticamente ambigua o intrínsecamente contradictoria, argumentamos que su significado político no es fijo, sino que está determinado por el diseño institucional, el marco fiscal y el entorno político más amplio en el que se inscribe. En lugar de preguntarnos si la UBI es «en sí misma» de izquierdas o de derechas, sostenemos que las cuestiones decisivas se refieren a la estructura distributiva, las alianzas institucionales y el proyecto político al que sirve.

Enmarcar la UBI desde una perspectiva republicana-socialista nos permite volver a conectar las cuestiones de libertad con las de propiedad, poder y estructura económica. Desde esta perspectiva, la UBI no es meramente una transferencia de ingresos compensatoria, sino una intervención estructural destinada a reducir tanto el dominium como el imperium —las formas gemelas de dominación que socavan la libertad. La libertad, en este marco, no es simplemente la ausencia de interferencia, sino la institucionalización de la no dependencia. Al garantizar la seguridad material independiente de la participación en el mercado o de la dependencia salarial, la UBI, si se financia mediante una fiscalidad progresiva y basada en el patrimonio y se combina con unos servicios públicos sólidos, tiene el potencial de potenciar la autonomía individual, reequilibrar las relaciones laborales y democratizar la vida económica.

Esta perspectiva también aclara en qué se diferencia una UBI republicana-socialista de las interpretaciones liberales y neoliberales. Mientras que las teorías liberales suelen centrarse en la equidad dentro del intercambio de mercado, y las variantes neoliberales utilizan la UBI o instrumentos similares a la UBI para “racionalizar” el bienestar y mercantilizar la protección social, nuestra visión trata la UBI como parte de un paquete de desmercantilización. Se distingue no porque sustituya a otros instrumentos, sino porque, cuando se diseña como un mínimo cívico no subsidiario, socava directamente la influencia que los empleadores, los propietarios y los acreedores obtienen de la dependencia de las personas respecto a ellos. En este sentido, con la UBI no solo se trata de aliviar la pobreza; se trata de asegurar la base material tanto para poder salir de las relaciones económicas como para poder participar en ellas.

La cuestión central, en resumen, no es si la UBI es intrínsecamente de izquierdas o de derechas, sino para quién está diseñada, qué tipo de ciudadanía prevé y qué formas de poder pretende afianzar o desmantelar. ¿A qué intereses sirve y en qué condiciones sociopolíticas? Un diseño republicano-socialista considera la UBI como una institución fundamental dentro de una estrategia más amplia de democratización económica, en la que debe ir acompañada de una fiscalidad progresiva, sindicatos fuertes, codeterminación en el lugar de trabajo, regulación de los ingresos rentistas y financieros, y la defensa y expansión de los servicios públicos universales. Sin ese marco, incluso una UBI generosa corre el riesgo de funcionar como un parche neoliberal o un sustituto de las garantías colectivas, consolidando el dominio del mercado tras una fachada de inclusión.

La visión republicana-socialista de la UBI, por lo tanto, no se limita a garantizar unos ingresos; se trata de recuperar la economía como terreno de contienda democrática. Se trata de redistribuir el poder y resituar los términos de la libertad en una sociedad democrática. No busca meramente proteger a las personas de la pobreza, sino asegurar las condiciones materiales e institucionales para la no dominación, la ciudadanía igualitaria y una agencia política significativa. Esto implica una redefinición de la libertad, no como el privilegio de la independencia para unos pocos, sino como una infraestructura compartida de autonomía para todos.

Las futuras investigaciones y debates políticos deben centrarse, por tanto, no solo en la viabilidad técnica de la UBI, sino también en las transformaciones políticas necesarias para hacer realidad todo su potencial emancipador. Esto incluye hacer frente a los regímenes de propiedad dominantes, replantearse la soberanía fiscal y potenciar las capacidades colectivas para configurar la economía de forma democrática. Sin esa visión más amplia, la UBI corre el riesgo de convertirse en un gesto paliativo en un mundo estructuralmente injusto. De esta manera, la UBI puede servir como piedra angular de una sociedad basada en la libertad, la igualdad y la solidaridad.

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NdT Nota del traductor: teniendo en cuenta que en la primera línea del resumen los autores hablan de «renta básica incondicional», cuyo acrónimo sería RBI; que cuando la definen hablan de «una asignación monetaria pública universal e incondicional»; que a menudo se habla de Renta Básica Universal (cuyo acrónimo es RBU); he optado, bajo mi responsabilidad, por utilizar el acrónimo inglés UBI, que puede significar tanto Unconditional Basic Income como Universal Basic Income, considerando, por tanto, las dos características de su definición: universal e incondicional. Como el acrónimo sale muchas veces en el artículo espero que, después de múltiples revisiones, salga siempre como UBI.
La traducción ha sido revisada por los autores.

[1] En este amplio campo de la izquierda, incluimos los enfoques socialdemócratas, socialistas democráticos y socialistas republicanos, todos los cuales respaldan la fiscalidad progresiva y una sólida provisión pública, aunque divergen en cuestiones de propiedad y democracia económica.

[2] Esta expresión se refiere a una «sociedad de mercado» tipo Polanyi, en la que el acceso a los ingresos y a los bienes básicos se organiza cada vez más a través de relaciones de mercado mercantilizadas y de la competencia, en lugar de mediante la desmercantilización de los derechos sociales y la provisión colectiva. El objetivo es, por tanto, una configuración específica de organización social centrada en el mercado, no la existencia de los mercados como tales.

[3] Ejemplos clásicos son las condiciones impuestas por las instituciones financieras internacionales a los Estados endeudados —que suelen combinar privatizaciones, recortes en el bienestar social y austeridad (Babb, 2013; Greer, 2014; Kentikelenis et al., 2016; Mattei, 2022)— y las experiencias del siglo XX del estalinismo y formas relacionadas de dictadura soberana. Ambos ejemplos muestran cómo el dominium y el imperium pueden reforzarse mutuamente, y por qué una perspectiva republicana-socialista debe dirigirse tanto a las formas de dominación impulsadas por el mercado como a las centradas en el Estado.

[4] Para Aristóteles, los pobres estaban parcialmente esclavizados, una noción ampliamente aceptada en su época. Como señala Sancho (2021), «depender económica y, por consiguiente, socialmente de una figura poderosa significaba sufrir la “necesidad” o estar esclavizado. Ganar un salario convertía a la persona pobre en algo parecido a un esclavo».

Julen Bollain. doctor en Estudios del Desarrollo, es profesor del Departamento de Economía y Finanzas de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de Mondragón.

Daniel Raventós . doctor en Ciencias Económicas, es profesor del Departamento de Sociología de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona.Fuente:

Political Studies Review: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/14789299261429771

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