ALFREDO VALDIVIESO(*)  02 ABRIL 2021 

Este pasado 31 de marzo se realizó (a instancias de la Comisión de la Verdad) un simposio sobre la combinación de todas las formas de lucha –CTFL– al que los convocantes, especialmente del estamento militar o cercano a él, categorizaron como una «estratagema» del desarrollo del conflicto armado colombiano, y que intentaba una verdadera encerrona contra el Partido Comunista Colombiano. Éste pudo participar con la vocería de su secretario general tras haber presentado una petición para su inclusión, dado que, en la convocatoria inicial, a pesar de acusársele de la autoría de la CTFL no se le tenía en cuenta con su propia exposición.


El tema del simposio desde un comienzo se fijó, con la fecha del año 1961, con la realización del X Congreso del PCC, sin tener en cuenta una verdadera línea de tiempo. Es a partir del X Congreso que los convocantes establecen que “en Colombia surge la lucha armada como instrumentalización comunista”, y de ahí la definición de «estratagema», es decir una política engañosa para obtener beneficios especiales.

En esa no abordada línea de tiempo, no se tiene en cuenta, desde luego, que es el establecimiento colombiano, surgido tras la Guerra de Independencia y sustentado en sus dos partidos, el que inicia y desarrolla la combinación de todas las formas de lucha, primero, contra los intentos exitosos de organización independiente de las masas de trabajadores artesanales. En esta ignorada historia cabe resaltar algunas cosas: primero sin existir aún los partidos liberal y conservador (fundados en 1848 y 1849, respetivamente), los artesanos logran organizarse de forma autónoma, creando la «Sociedad Democrática de Artesanos» –1847– guiada por Ambrosio López (antiguo soldado de la guerra de independencia a órdenes de don Antonio Nariño), como una organización reivindicativa económica y social, que trasciende a una actividad política independiente.

Segundo: surgido el partido liberal se divide entre «gólgotas» –amigos del desarrollo económico propio del país– y «draconianos», seguidores e impulsores de la política librecambista. (Véase Florentino González ‘Memorias’, editorial Bedout, Medellín, 1971). Ambas fracciones realizan un verdadero «entrismo» a la Democrática para tratar de amoldarla a los intereses del naciente bloque de clases en el poder, e instrumentalizarla para sus fines políticos y económicos, a la vez que desatan una acción combinada en búsqueda de destruirla, sobre la base del desprestigio, la calumnia, la adopción de normas legales para entorpecerla, y las acciones judiciales que llevan, por ejemplo al posterior “juicio y fusilamiento legal” del abogado de pobres, José Raimundo Russi. (Cfr. José María Cordovez Moure ‘El episodio del doctor Russi’, editorial Norma, Bogotá´, 1996. ‘El mitin de los poderosos’ Enrique Santos Molano, en web).

Tercero: logran las dos fracciones del partido liberal, representantes de la naciente burguesía, que los Democráticos se les unan en las jornadas electorales, a las que se vinculan, renunciando temporalmente a su autonomía, sobre la base de dos promesas: fortalecer la industria nacional, limitando la política librecambista de libertad de importaciones de artículos de todo tipo, especialmente de lujo, y exportaciones de materias primas, minerales y productos agropecuarios; y aplicación definitiva de acciones legales para abolir la esclavitud. En la primera de las promesas la burguesía mercantil incumple cabalmente, y solo la segunda de las medidas, la libertad de los esclavos se logra, mediante ley del 21 de mayo de 1851 (para cumplir por fin lo contemplado desde hacía treinta años en la Constitución de Cúcuta). La adopción legislativa de la manumisión, sustentada en la acción de los artesanos, conlleva la guerra desatada por los esclavistas del occidente (en especial del Cauca) iniciada el 1 de julio de ese mismo año. Dicha guerra reaccionaria fue una combinación de formas de lucha, que se aplicaba ya por las fracciones de la burguesía y los latifundistas,  como se señala claramente en el escrito de Manuel María Madiedo ‘Ideas fundamentales de los partidos políticos de la Nueva Granada’, en que se lee: “También mostramos que teníamos corazón y éramos capaces de emprender todas las reformas sin arredrarnos, sosteniéndolas con la palabra y con la pluma y en caso necesario, como lo hicimos más tarde, con el fusil del soldado”.

Esa combinación de formas de lucha, aunque no proclamadas con ese nombre, fue lo que llevó al desarrollo de nueve guerras civiles generales en el siglo XIX (entre 1830 y fines del siglo, prolongándose tres años más del inicio del siglo XX). De ellas la única de signo popular fue la desatada tras el 17 de abril de 1854, inicio de la República Artesana-Militar, que se prolonga hasta el 4 de diciembre de ese mismo año, y que significó la primera expresión de «frente nacional» burgués-terrateniente contra la organización artesanal y sus ideas socialistas utópicas. Las Sociedades Democráticas eran válidas y legales, si como expresión económica y política se ponían como vagón de cola (el que lleva el carbón) para elegir a José Hilario López y José María Obando como presidentes, pero no para intentar tener su propio presidente, con el general José María Melo y sus propias ideas.

Es decir, la aplicación práctica de todas las formas de lucha contra el intento de una formación política diferente, más de un siglo antes de la formulación táctica del X Congreso del Partido Comunista, fue puesta en marcha por el bloque de clases en el poder, y además desde 17 años antes del experimento de Estado obrero impuesto con la Comuna de París de 1871.

Pero además esa deliberadamente ignorada «línea de tiempo», en el simposio dejó sentado, o intentó hacerlo –sin exponerlo de forma explícita–, que en Colombia solo es aceptable para las clases en el poder y sus élites en el manejo del Estado, que la existencia de partidos se limite al bipartidismo (modificado o ampliado, como en la actualidad), sin que las expresiones de alternatividad real y revolucionaria puedan ser aceptadas. Y ello sin que exista una prohibición dentro del fementido «Estado de Derecho», pues cabe recordar que ni la Constitución de 1853, ni la de 1858 luego, ni la federal de 1863 establecían monopolio o duopolio político, aunque existía y existe, la práctica de impedir por todos los medios que agrupaciones o partidos que intenten cambiar el poder del Estado, o modificar la estructura y contenido de las instituciones, sean aceptados, por lo que están rayanos en la ilegalidad y por ende pueden ser sometidos (bajo las diferentes formas) a la ilegalización y penalización.  Conservar el poder, aplicando o combinando todas las formas políticas, económicas y sociales; jurídicas, judiciales, penales, penitenciarias y militares es la estrategia del bloque de clases dominante, con el eterno argumento de defender las «instituciones democráticas» (aunque premeditadamente omiten señalar que esas instituciones nacieron y se perfeccionaron producto de una revolución de independencia política contra la institucionalidad del régimen colonial español). Es decir, su «institucionalidad» es el artificio inmodificable y perenne de una especie de demiurgo.

Con la derrota del «enemigo liberal» en la guerra de 1885-86 se impone sobre las ruinas de los derrotados la Constitución centralista y confesional de 1886, que temerosa de acciones de protesta y desbordamiento popular, como en las jornadas de la República Artesana, o de los acontecimientos de esas épocas en Cartagena, Cali y en especial Bucaramanga, con los Pico de Oro, o con las nacientes y recientes huelgas de los trabajadores del ferrocarril y los de la construcción del canal interoceánico en el departamento de Panamá, se incluye en esa Carta Magna la “prohibición de juntas políticas populares de carácter permanente” (artículo 47). Pero el «articulito» solo tuvo aplicación después de 1954 con el golpe militar de Rojas Pinilla, sirviendo de basamento constitucional para ilegalizar al Partido Comunista.

A comienzos del siglo XX insurge en el ámbito social una nueva clase, la obrera, los trabajadores asalariados, que por la inexistencia del más elemental y mínimo derecho se ve impelida a expresarse en diferentes formas de acción y protesta, y luego a buscar su organización independiente, primero con el mero objetivo reivindicativo, y posteriormente en la búsqueda de su propia expresión política. Las jornadas de los trabajadores, en tanto sean instrumentalizadas por los dos partidos en el poder, son toleradas y hasta patrocinadas, pero en cuanto se proponen metas más elevadas que pueden afectar el statu quo,  son tratadas manu militari, como acontece, por ejemplo, con la manifestación obrero-artesanal del 16 de marzo de 1919 impulsada por un promulgado, aunque inexistente en la práctica, partido socialista, cuando los trabajadores que protestaban ante el gobierno nacional por la intención de importar desde los EE.UU. 10.000 uniformes militares para el ejército, fueron recibidos con cañonazos de artillería y fusilería (asesinado entre otros a varias decenas de trabajadoras confeccionistas de la fábrica la Gran Maestranza) y llegando al extremo con el asesinato del líder obrero Gabriel Chávez, a quien el propio ministro de Guerra, general Pedro Sicard Briceño, le descargó todos los tiros de su revólver de dotación. A la acción militar contra trabajadores inermes siguió una «combinación de formas» políticas, jurídicas, judiciales, carcelarias y hasta territoriales, aplicando las penas de «extrañamiento» que eran comunes en la época.

Las «ideas socialistas» eran permitidas en tanto fuesen simples expresiones o devaneos de dirigentes liberales, como había sucedido con Manuel María Madiedo, Manuel Murillo Toro y otros más, y acontecía en ese momento con Benjamín Herrera o Rafael Uribe Uribe. Pero no se les podían permitir a la «chusma» que estaba solo para obedecer. Y además, en el entretanto, en la lucha política entre ambos partidos y sus respectivas fracciones, no había empacho en combinar todas las formas de lucha, pasando con facilidad del encendido discurso, de la acción parlamentaria, al campamento castrense, sin abandonar ninguna de las acciones y usándolas de forma simultánea, como sucedió en la Guerra de los Mil Días y las acciones posteriores a ella.

Por razón de espacio, dejamos aquí esta primera aproximación y ya seguimos con la segunda para mejor comprensión.

(*)Alfredo Valdivieso, secretario general PCC Regional Santander.

Bucaramanga, abril 1º de 2021.