Por Gustavo Petro

Para que la corrupción se pueda desarrollar en un país sin mayores problemas desde las más altas esferas del Estado y la política, los órganos de investigación judicial del Estado deben quedar aprisionados por las mismas asociaciones delictivas que se lo roban.

Para que el país sea devorado por la corrupción, ésta tiene que devorar la justicia.

En Colombia este proceso se dio, a gran escala, en la Fiscalía General de la Nación, institución creada por la Constitución del 91. La Fiscalía fue adquiriendo un gran poder dentro del Estado colombiano. Bajo la excusa de ganar instrumentos contra el crimen, grandes agencias internacionales la asesoraron en la lucha contra el narcotráfico y le inyectaron cuantiosos recursos. Grandes presupuestos de la Nación se aprobaron para crearla, desarrollarla y potenciarla.

El empoderamiento de la fiscalía era la principal apuesta para combatir la delincuencia organizada.

Sin embargo ese poder se convirtió, precisamente, en el mejor instrumento de la gran delincuencia organizada: las mafias políticas.

La fiscalía se politizó y, por ello, se corrompió. Algunos de los fiscales generales que pasaron por allí decidieron convivir con el Congreso repartiendo cuotas políticas, entregando fiscalías seccionales. Pensaban esos Fiscales que podrían ser presidentes como Valdivieso, y usaron la fiscalía para tal fin, al principio ingenuamente, hasta que llegó Luis Camilo Osorio.

Osorio, conservador, venía de dar clases en la Universidad del Sinú y había estrechado relaciones con Mara Bechara y con Mancuso. Antes de ser fiscal se había retratado en una manifestación que el entorno de Mancuso desató en Montería cuando agentes del CTI allanaron su casa, durante la fiscalía de Gómez Méndez. Luis Camilo Osorio se manifestaba contra las acciones de la Fiscalía contra los paramilitares para terminar, al cabo de unas semanas, siendo el Fiscal General de la Nación.

En la fiscalía de Osorio, se concretó una de las formas más acabadas de la toma de la Fiscalía por el crimen. Osorio puso la Fiscalía al servicio del paramilitarismo. Entregó seccionales enteras a amigos del paramilitarismo. Los casos más famosos fueron la de Antioquia y la de Norte de Santander, esta última estratégica para la toma del Catatumbo hecha por Mancuso para poder exportar cocaína por el golfo de Maracaibo.

Todos los fiscales que lucharon contra el paramilitarismo en la fiscalía de Gómez Méndez fueron despedidos, muchos se exiliaron, algunos fueron asesinados. El proceso más importante contra el paramilitarismo a escala nacional, el del “parqueadero de Padilla”, donde fue capturado el contador del paramilitarismo, Jacinto Soto, tenía miles de cheques del los financiadores del paramilitarismo, fue despedazado y muchas de sus pruebas perdidas. El paramilitarismo era el dueño de la Fiscalía.

En Costa Rica, uno de los asesores de Osorio, dirigió una reunión, a la que asistieron varios magistrados, con el objetivo de suministrar un documento que permitiera la defensa jurídica de un posible indulto a los paramilitares bajo la tesis que el delito de narcotráfico era conexo al delito político.

A tal punto llegó el influjo paramilitar en la fiscalía, que ya en el gobierno de Uribe, desde el despacho del fiscal Osorio se entregaban listados de sospechosos de ser guerrilleros al DAS de Noguera. Noguera entregaba las listas a los paras y los integrantes de la lista eran asesinados.

Las confesiones de Mancuso corroboraron mis denuncias sobre la toma paramilitar de la fiscalía, pero jamás uno solo de los implicados fue puesto preso.

Quien si fue puesto preso fue el funcionario del CTI que hizo un listado de decenas de miembros de la fiscalía vinculados al paramilitarismo, cruzando las llamadas entrantes y salientes de varios teléfonos de los paramilitares capturados o muertos con los funcionarios de la fiscalía: Richard Maok Riaño, quien le entregó esa información tan valiosa a Osorio, su jefe, para que terminara despedido por este, perseguido desde el interior de la fiscalía y condenado por la justicia y finalmente refugiado en otro pais.

Los políticos que se acercaban a Osorio para pedirle que le nombraran jefes seccionales de la Fiscalía, eran precisamente los parapolíticos. Los políticos aliados al narcotráfico paramilitar en regiones concretas del país lograban cooptando las fiscalías regionales, la impunidad para sus delitos. Por eso las masacres no eran investigadas.

El método jurídico que garantizaba la impunidad era analizar cada asesinato individualmente, y no establecer procesos para encontrar las claves de la sistematicidad de los asesinatos en las regiones. Al fraccionar los procesos por asesinatos individuales, no habían testigos y si había alguno, era asesinado.

Cuando terminó el periodo de Osorio, Uribe dijo que quería un clon de Osorio otra vez.

Luego, unos años después, la fiscalía cayó en manos de Néstor Humberto Martínez, el abogado de Luis Carlos Sarmiento.

Los dueños de la fiscalía cambiaron, los paramilitares ya se habían debilitado en su acuerdo con Uribe, que deshonró, extraditándolos, y así, nuevas organizaciones criminales de otro tipo, llegaron.

La política que había sido dominada por el paramilitarismo, que no era sino la forma militarizada del narcotráfico despojador de tierras, se había transformado en la política de los grandes contratistas del Estado.

El sistema de lavado de dólares que se había hecho con la tierra, tenía el límite de la tierra misma y del pavoroso grado de concentración que alcanzó. Luego, al no servir más la tierra, nuevas formas de lavado de dólares se impusieron en el país con el apoyo de la clase política tradicional.

La contratación pública, siguiendo el modelo mexicano, se impuso como un nuevo sistema de lavado de dólares en Colombia.

El Estado se financiaba cada vez más y de manera abundante, con los combustibles fósiles que subían de precio. El crecimiento de la producción de petróleo y del carbón llenaba las arcas estatales y la élite en el poder se daba el lujo de exonerar de impuestos a los más poderosos. Los recursos de regalías, utilidades de las corporaciones petroleras y carboneras, de los impuestos a estas actividades, de los ingresos petroleros y carboneros al país, generaban una abundante fuente de recursos de liquidez para los banqueros, que veían crecer su poder.

Los banqueros no se contentaron solamente con que se consignaran esos recursos en su banca para intermediarlos en créditos, sino que decidieron coparticipar con grandes pulpos que se configuraban en la contratación del país. No solo los dineros del petróleo llegaban a manos llenas, también los del narcotráfico.

Sin mucha tierra por acaparar, la contratación publica se transformó en una oportunidad de oro para el lavado de dólares y para la captura de rentas, como dicen los economistas, es decir para el robo del recurso público.

Se formaron así, los carteles de la contratación. Para conseguir un contrato se sobornaba al político y al gobernante con los mismos dineros del contrato, lo cual dejaba un hueco financiero que solo se solucionaba alargando los plazos de la obra, renegociando contratos, o adquiriendo nuevos contratos, que a su vez implicaban nuevos sobornos. Así como en un castillo de naipes se fueron construyendo los grandes carteles de la contratación, siempre bajo el amparo de un gran político, de un gran gobernante.

Uribe privilegió a los carteles de los Nule, los Solarte, los William Vélez, quien se quedó con una jugosa joya para el narcotráfico: el aeropuerto El Dorado privatizado. Los Moreno Rojas forjaron uno local en Bogotá con sus amigos empresarios Tapias y Gómez. Vargas Lleras forjó el de la electricidad y el aseo con los Ríos, y luego el de los grandes constructores; su aliado Char, había forjado uno en Barranquilla y lo había extendido a toda la Costa. Cualquier alcalde podía forjar el suyo propio a escala de los recursos del municipio. Se desató la piñata. Los carteles eran castillos de naipes, frágiles por sus huecos financieros, esos huecos no eran más que los volúmenes de la corrupción: los huecos financieros medían la transferencia de dinero público que por centenares de millones de dólares pasaban a los políticos y gobernantes.

Narcotráfico, petróleo y dineros públicos llenaron las arcas de la corrupción. De alguna manera todo ese dinero llegaba a los bancos y por tanto a los banqueros, que gustosos prestaban enormes cantidades de dinero a los contratistas de las obras de infraestructuras del país.

Los banqueros se volvieron por tanto socios de la contratación.

Las obras de infraestructura no se terminaron, no podían ser de calidad y no eran las que necesitaba el país. No había cuidado en planificar tan voluminosa inversión. Lo que importaba era que las obras fueran caras, para así sacar las tajadas. Por eso el país se llenó de dobles calzadas para tractomulas ineficientes y no de ferrocarriles; por eso grandes urbanizaciones se hicieron donde no habían servicios, donde la gente no podía vivir, por eso los puentes se cayeron, por eso no se le ocurrió a nadie invertir en sedes universitarias, o en hospitales públicos, o en recuperación del medio ambiente y el agua.

De esos grandes carteles de la contratación surgió Odebrecht, que ya había construido uno a escala americana, sobornando varios presidentes latinoamericanos. Odebrecht entró de la mano de Uribe, se asoció con Luis Carlos Sarmiento, el banquero más grande de Colombia, desplazó a los Nule del favoritismo del presidente y sobornó buena parte de la dirigencia de la clase política tradicional. Dos gobiernos fueron comprados por su dinero, el de Uribe y el de Santos. Financió todos los candidatos presidenciales del uribismo, desde Arias, hasta Duque, que extrañamente se fue a orinar cuando financiaron a Zuluaga.

Pues bien, esta nueva forma de criminalidad se tomó la Fiscalía General de la Nación a través del abogado del consorcio Odebrecht/Sarmiento: Néstor Humberto Martínez.

Los grandes consorcios contratistas y los políticos sobornados necesitaban la impunidad y sabían que ésta la otorgaba la Fiscalía. En un extraño consenso de Santos, Vargas Lleras y Uribe fue ungido el fiscal de Odebrecht.

Colombia fue el único país donde no se profundizó la investigación de los sobornos de Odebrecht. Aquí solo se apresaron mandos medios con bajas condenas.

La red de la impunidad construida en la fiscalía, que había protegido en tiempos de Osorio al paramilitarismo y su narcotráfico, ahora amparaba los sobornos de las grandes redes de corrupción de la contratación pública. A los Nules se les castigó con dureza, para que dejaran el espacio de la contratación libre a Odebrecht y Conalvias, los nuevos protegidos de Uribe. Al cartel de la contratación de Bogotá se le castigó duramente para desprestigiar a la izquierda pero evitando, a toda costa, que sus integrantes pasaran a denunciar los grandes carteles nacionales de los Ríos y William Vélez.

El fiscal de Odebrecht era además militante de Cambio Radical, y por tanto se dedicó a proteger a los financiadores del dueño de ese partido: Vargas Lleras y de quienes serían sus nuevos propietarios: los Char. Por eso no se investigó a los Ríos, ni los sobornos de Odebrecht a los Char, ni los sobornos del propietario de la triple A, ni Reficar, ni los sobornos de Odebrecht al contralor de Bogotá porque era una ficha fundamental de Vargas Lleras para sacar del camino político a quien escribe estas columnas y le competía.

El fiscal de Odebrecht necesitaba de otros órganos de la Justicia para su labor y por eso puso en los puestos de mando, ni más ni menos, que a la ficha fundamental del cartel de la toga en la Corte Suprema de Justicia, el señor Gustavo Moreno, flamante Fiscal anticorrupción, que ayudaba a sobornar a los magistrados de la Corte para liberar congresistas parapolíticos. Gustavo Moreno mientras ayudaba a destruir los procesos de la parapolítica en la Corte Suprema con sus magistrados amigos y bien pagos, trabajaba intensamente, por orden de arriba, para perseguir a quien escribe esta columna.

El fiscal de Odebrecht había hecho fuertes negocios de defensa jurídica con grandes potentados del país, que coincidencialmente también tenían temores inmensos en que la Justicia Especial para la Paz, construida en el acuerdo hecho por Santos con las Farc, fuese abierta a las llamadas declaraciones de terceros, como así se llamaba a quienes habían financiado el genocidio en Colombia y la concentración violenta de la tierras en sus propias manos con el despojo de los campesinos. Para defender a sus antiguos clientes poderosos, se dedicó a conspirar contra la paz.

El fiscal de Odebrecht, acabó con un posible desmantelamiento pacífico del narcotráfico, oponiéndose a la construcción de la figura del sometimiento colectivo para narcotraficantes, así se mantuvo el cartel del golfo, que pedía negociación y que ahora es presionado para que asesine a la Colombia Humana. El fiscal de Odebrecht acabó conspirando contra el proceso de paz con el ELN, y se metió en la aventura de construir pruebas falsas con la DEA para destruir a Márquez, a Naranjo, a varios generales venezolanos, usando una ficha que puso a su servicio, el sobrino de Márquez, el estafador Marlon Marín.

Así también se evaporó el sueño de la paz en Colombia.

El análisis de las 24.000 horas de grabación hechas por la fiscalía a Marlon Marín, el sobrino de Iván Márquez, muestran como la fiscalía construyó una enorme operación de lavado de millones de dólares ficticios en Venezuela y que se extendía, según esas palabras grabadas entre el servidor de la fiscalía, Marín, y los agentes de la DEA, hasta la financiación de la oposición a Erdogan en Turquía, quizás para construir un entramado contra Irán, Venezuela, con la construcción del cartel de los soles, al que ingresarían el general Naranjo y las Farc.

Una operación ficticia de lavado de dólares a escala intercontinental, grabada entre el servidor de la fiscalía y la DEA, aparentando ser entre las Farc y los carteles mexicanos del narcotráfico, operación que ya no sabe a la politiquería criolla de Néstor Humberto, sino a un hombre en los EEUU muy vinculado a algo parecido que ocurrió en el pasado, el hombre del escandalo Irán/contras de Nicaragua.

Y en medio de estas trapisondas de talla mundial, el fiscal de Odebrecht tuvo que renunciar porque la Corte Suprema no se lo aguantó más. Al fiscal de Odebrecht lo sucedió Barbosa, el fiscal de Duque, que vuelve a repetir el modelo de Néstor Humberto.

Barbosa y Duque saben del poder de la fiscalía no para descubrir el delito, sino para encubrirlo, y han usado ese poder. No solo para no investigar a la Merlano, que ahora acusan de castrochavista, cuando era gerleincharista y que denunció la compra de votos de los Char y los Gerlein para Duque. No solo para ocultar la financiación que hizo el amigo de infancia de Duque, alias “El Ñeñe” Hernández, socio del capo Armando Gnecco, también a su campaña, sino para realizar una jugada digna de Néstor Humberto: lograr la mayoría del Congreso para aprobar las leyes del gobierno, usando el poder de la extorsión. No investigar a Odebrecht significa no investigar al hijo de Cesar Gaviria y la financiación con sobornos de un sector del liberalismo y, no investigar a Odebrecht significa no investigar los sobornos hacia los Char a través de las firmas del señor Javier Mauricio Torres Vergara en el consorcio Torrosa e Inversiones Torrosa limitada.

Jugada de truhan de Póker. Si la fiscalía garantiza la impunidad de Gaviria y Char, dos bancadas enteras del Congreso, la liberal y Cambio Radical pasan a apoyar a Duque y obtiene así mayoría sólida parlamentaria. Así se están haciendo las leyes de Colombia.

Y, finalmente, y por ahora, de este inmenso deterioro de la Fiscalía, que es el reflejo de la degradación profunda de la clase política tradicional del país, inmersa en el genocidio, el narcotráfico y el robo masivo de los recursos públicos, el poder de la fiscalía será dirigido contra la Colombia Humana, buscando como encontrar pruebas para enjuiciarla y enjuiciarme a mi. Llevan ya, ocho años en ese esfuerzo.

Han desatado una ofensiva contra cualquier funcionario de la Bogotá Humana que encuentren en sus archivos, soñando con amedrentar a quien escribe estas páginas. ¡Que busquen y busquen!

Pero si sobrevivimos y si el pueblo quiere, esta asociación para delinquir en que quieren convertir la fiscalía para encubrir grandes crímenes contra el patrimonio del país, cambiará. Si gobierna el país en 2022, la Colombia Humana se compromete a presentar una terna de candidatos a fiscalía con el mayor palmarés posible de lucha contra la corrupción: Será la terna anticorrupción. Será Fiscal una persona que, de verdad, encare la tarea de perseguir el delito, el gran crimen y la corrupción.

La fiscalía dejará de ser instrumento del crimen y con sus funcionarios honestos pasará al servicio de la seguridad de la ciudadanía, de sus bienes, de su patrimonio común, el erario.