Por Maylín Vidal *

Buenos Aires (Prensa Latina) El gobierno del presidente argentino, Alberto Fernández, impulsa un proyecto con el cual busca reordenar la justicia federal, hacerla más independiente, regida por mayores normas de transparencia y que realice los procesos con celeridad y eficiencia.
No exento de críticas y del rechazo de la oposición, la cual incluso hizo que ciertos sectores salieran a las calles a protestar, el presidente fue claro al subrayar que están abiertos a todas las opiniones y en el propósito de que la justicia funcione mejor.

Con fuertes discusiones en las comisiones del Congreso en busca de lograr dictamen para su futuro debate en ambas cámaras, la propuesta, al decir del propio jefe de Estado, pretende además un sistema que no funcione a partir del gobierno de turno o a favor del poderoso.

La unificación y duplicación de los juzgados federales, la puesta en marcha del sistema acusatorio y la conformación de un Consejo Consultivo, son varios de los puntos de la iniciativa, duramente cuestionada por Juntos por el Cambio, otrora Cambiemos, el brazo político que llevó a la presidencia a Mauricio Macri en 2015.

Desde que se anunció la propuesta, la lluvia de críticas por parte de la oposición no se hizo esperar e incluso algunos señalando que con este proyecto se busca impunidad, entre otros argumentos.

‘Un día que hacemos una propuesta seria con un proyecto global, deciden no discutirla porque no les gusta una condición que no tiene nada que ver con esta ley. Yo estoy asombrado, porque Argentina necesita tener una justicia que funcione bien’, sostuvo el mandatario en una reciente entrevista con la emisora FutuRock.

Fernández subrayó que el proyecto de la reforma judicial busca un reordenamiento que vaya mucho más allá de los tribunales de Comodoro Py, asentados en la capital. Es un cambio en toda la justicia federal nacional con el propósito de que funcione bien, apuntó.

Entre otros objetivos, el proyecto girado por el Ejecutivo al Congreso para su futuro debate tiene una ley que ordena a la justicia federal de todo el país, con más fiscalías, más defensorías, tribunales orales, unifica los fueros penales económicos y las cámaras.

Por otra parte, transfiere a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las competencias para investigar delitos no federales cometidos en su territorio, pendiente desde la reforma constitucional de 1994.

El pasado 1 de marzo, al realizar su primer discurso en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, Fernández anunció que enviaría la propuesta al Poder Legislativo tras subrayar que los problemas del país ‘no se resuelven con menos justicia sino con una mejor justicia’.

‘Vengo a asumir un compromiso inquebrantable. En este tiempo de Argentina en el que nos toca gobernar, venimos a ponerle fin a la designación de jueces amigos, a la manipulación judicial, a la utilización política de la justicia y al nombramiento de jueces dependientes de poderes inconfesables de cualquier naturaleza’, expresó en aquel entonces.

En debate hoy en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales del Senado, la iniciativa comprende una serie de medidas que, entre otras cosas, crea 121 nuevos cargos y 94 juzgados en el interior del país.

El proyecto de ley de organización y competencia de la Justicia Federal es quizás uno de los más importantes que envía el Gobierno al Congreso en este primer año de gestión e impulsa que el Poder Judicial tenga 15 nuevos jueces de cámara, 23 jueces de primera instancia y cinco secretarios de cámara, lo que hace un total de 43 cargos.

Por otro lado, en el Ministerio Público Fiscal se crean los cargos de cinco fiscales generales, 23 fiscales, cinco secretarios de fiscalía general y otros 23 secretarios, sumando 56 cargos.

En tanto el Ministerio Público de la Defensa propone tres nuevos defensores públicos oficiales ante los Tribunales Orales en lo Penal Federal, ocho defensores ante los jueces y Cámara en lo Penal Federal, tres prosecretarios letrados y ocho secretarios, totalizando 22 cargos.

Dentro de las comisiones el debate sigue crispado. El jefe del interbloque Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados, Mario Negri, pidió al Ejecutivo retirar el proyecto de ley y comenzar de cero en la búsqueda de consenso.

En tanto la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, María de los Ángeles Sacnun, remarcó que el pedido de la oposición ‘es una excusa para no debatir’.

Me parece que el presidente marcó una enorme apertura, no solo al momento de mostrar el proyecto, sino también al admitir en la propia presentación que él mismo estaba abierto a todas las reformas que se le pretendieran incorporar, enfatizó la legisladora.

En un diálogo exclusivo con miembros de la Asociación de Corresponsales Extranjeros (Acera), el juez Alberto Huarte Petite, con más de 20 años de experiencia, explicó que la reforma judicial propone, entre otros puntos, la creación de más juzgados nacionales en materia federal penal, y el traspaso de competencias de la justicia nacional a la de la capital.

A una pregunta de Prensa Latina sobre cuánto puede ayudar esta reforma respecto a dar mayor celeridad a casos como los femicidios, por ejemplo, uno de los mayores flagelos del país, Huarte Petite apuntó que hay un gran aporte que se puede hacer en ese sentido.

El código procesal nuevo le daría mucha importancia a la tarea de los fiscales y el ministerio tiene la posibilidad de organizar fiscalías especializadas en el tema, lo cual permitiría establecer protocolos, generar criterios más rápidos, para llevar un caso a juicio propio de violencia de género, significó.

El juez explicó que la ley de reforma judicial en discusión viene acompañada del código procesal penal federal nuevo y uno de los artículos prevé la implementación en la capital para los delitos federales con mayor intervención en la investigación por parte de los fiscales.

‘Si se aprueba, la reforma estará acompañada de la implementación efectiva del nuevo código procesal penal’, precisó.

arb/may

*Corresponsal de Prensa Latina en Argentina