Por: Cicerón Flórez Moya

Colombia padece de crisis recurrente. Es un estado de deterioro continuo. Son hechos negativos que se encadenan sin pausa y se alargan con acumulación de un peso capaz de precipitar un aplastamiento estrepitoso. Por eso no hay soluciones sostenibles a los muchos problemas que debilitan la existencia de los habitantes de la nación. Por eso no se supera la crónica pobreza ni se abre con suficiente amplitud el camino que lleve a la igualdad, por lo menos en cuanto a posibilidades y el reconocimiento de derechos fundamentales, como expresión de una democracia funcional.

La política no le ha servido a la nación para la construcción del Estado social de derecho que se consagra en la Constitución. Los partidos se han empleado más en la protección de sus feudos burocráticos que en la construcción de una sociedad con equidad. El Partido Liberal es el que más lejos ha llegado en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, pero la tarea se quedó a medias, mientras se agudizaron los desajustes en cuanto a la tenencia de la tierra, educación, salud, seguridad y otros derechos esenciales.

Es abrumador el atraso de la nación en su desarrollo social. Pero esa debilidad no ha sido tomada en cuenta y entonces las políticas oficiales siguen siendo cortas en el tratamiento que debiera aplicarse. Y este implica romper con el viejo orden que ha sido una fuente de discriminaciones, de sectarismo, de corrupción, de abusos de poder y de la violencia que es instrumento de lucha por preservar el establecimiento de diferentes actores políticos de la nación. Por eso se ha agrandado la encrucijada que le cierra al país posibilidades de actualizarse en beneficio de todos los colombianos.

El acuerdo con las Farc, que debió servir de punto de partida para totalizar la paz, se ha querido volver trizas en un afán de contrariar el interés colectivo. Ahora se está en una perspectiva de amenaza sórdida. Con la pandemia del COVID-19 y la detención judicial del expresidente Álvaro Uribe se han puesto en evidencia no solamente el grado de vulnerabilidad de la nación, sino también otros riesgos de aniquilamiento de lo que queda de institucionalidad. Es grande la tentación de los dirigentes del Centro Democrático y de sectores del Gobierno de pasarse a la hegemonía y al autoritarismo. Su finalidad es sostenerse en el Gobierno así sea al precio de la arbitrariedad. Su descalificación de la Corte es parte del afán dictatorial en que se mueven. Lo ratifican con su propuesta de Constituyente y de otros pronunciamientos de agresión a las reglas democráticas.

Sin incurrir en actos hostiles los colombianos que no están en la línea uribista de la agresión, deben mantenerse en el ánimo de defender la democracia y evitar que el país entre en la tormenta del autoritarismo, que es la destrucción de los espacios de defensa del derecho.

Puntada

La Secretaría de Cultura de Cúcuta se ha propuesto promover un mayor desarrollo en el campo de sus funciones. La titular del despacho, Olga Patricia Omaña, ha demostrado claridad en la formulación de sus objetivos.

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