“Sin justicia y sin respeto por los derechos humanos
no puede haber paz.”
Irene Khan

La Asociación de Derechos Humanos Demetrio Prieto destaca la grave situación en materia de derechos humanos –DD.HH.- de los líderes sociales, poblaciones campesinas e indígenas y periodistas investigativos; y de las poblaciones más vulnerables en el territorio nacional en el intervalo de esta contingencia de salud pública.

Es de advertir que, Colombia desde el año 2016 se enmarca en el proceso de transición de la guerra hacia la paz, y por principio, sabemos que este proceso conlleva un reacomodo estatal, social, político, económico y cultural sobre el cual se debe fundar la nueva era de paz. Esta última, se debe erigir sobre una nueva concepción de los derechos humanos, la seguridad, la democracia y la libertad. Sin embargo, esta transición ha sido traumática, pues el régimen actual se resiste a abandonar las prácticas violentas e inhumanas contra aquellos que buscamos un país más justo, democrático y con paz territorial.

En este contexto, las reveladoras investigaciones de la Revista Semana, en especial, Las Carpetas Secretas, ponen de manifiesto la lógica de este régimen político, el cual acude a la violencia en todas sus formas para agredir e intimidar a los defensores de la paz, el territorio, los DD.HH., y de quienes ejercen el periodismo investigativo con criterio. Asi lo demuestra el perfilamiento por parte de la Inteligencia del Ejército de Colombia de más de 130 personas connacionales y extranjeros. Y el asesinato selectivo de más 24 líderes sociales, excombatientes y defensores de derechos humanos y del medio ambiente en zonas de conflictividades por la defensa del territorio, el agua y la sustitución de cultivos ilícitos, que concuerdan con la alta presencia de las fuerzas militares y estructuras paramilitares, en el intervalo del confinamiento y la restricción del libre tránsito por la contingencia de salud pública que nos asiste desde marzo del presente año.
Simultáneamente, la contingencia de salud pública global con incidencia en lo nacional ha desenmascarado lo inhumano y bárbaro de este modelo económico y la incapacidad del Estado colombiano para garantizar los mínimos vitales de subsistencia de la población más vulnerable, asi lo demuestran los incontables trapos rojos en las zonas periféricas de las ciudades donde están los asentamientos subnormales habitados por gente humilde. De otro lado, está la criminalización de la pobreza, la cual no recibe una política social adecuada para resolverla sino que la tratan con comparendos policiales impagables.

Junto a lo anterior, se suman los casos de corrupción de gobiernos regionales y locales que han usurpado los impuestos de los ciudadanos para benevolencia de aquellos que financiaron sus campañas políticas.

Es por esto que, exhortamos al gobierno nacional a dejar la perfidia contra el acuerdo de paz; execramos los actos violentos y la guerra sin cuartel contra los constructores de paz, defensores del territorio, los DD.HH., y periodistas fidedignos; e invitamos al pueblo colombiano y del Quindío a repudiar los hechos de corrupción que desfalcan los impuestos de cada ciudadano, a no perder la esperanza en un nuevo porvenir, y a que se comprometa en construir un nuevo Estado con plenas garantias para el goce efectivo de los derechos humanos.