Por: Cicerón Flórez Moya

Las Fuerzas Armadas (o Militares) de Colombia tienen un alto rango entre las instituciones del Estado. Por las funciones propias de su naturaleza consagradas en la Constitución reciben un trato de consideración especial y se les ha magnificado en todo tiempo con un culto a veces excesivo. Se les tiene como el soporte de la seguridad y de la estabilidad de la nación. Se les pone también como referente de integridad en el cumplimiento de sus competencias en función de la gobernabilidad. Como supuestamente no son deliberantes sus miembros no ejercen el derecho al voto en los procesos electorales, lo cual las margina de parcialidades partidistas, aunque su ideología tiende a ser cerradamente conservadora para la preservación de un orden que abreva en las fuentes de la tradición con tendencia a lo inamovible.

En encuestas del pasado la institución militar figuró entre las más transparentes, alejada de prácticas de corrupción. Los altos mandos no estaban en los listados de delitos condenables.

Cuando en América Latina se desbordaron las dictaduras con protagonistas militares, Colombia parecía estar al margen de ese tipo de regímenes de fuerza, hasta cuando se dio el golpe encabezado por el general Gustavo Rojas Pinilla, que lo convirtió en Presidente de facto entre 1953 y 1957.

Naturalmente, los pecados de los militares siempre se minimizaron. Los hubo, al amparo de las excepciones consentidas y por eso mismo a muchos actos irregulares se les restó gravedad y terminaron archivados hasta el olvido.

Los tiempos han cambiado y hoy las Fuerzas Armadas de Colombia afrontan duros cuestionamientos por actos ilegales que tienen la aprobación de la cúpula de mando. Se ha formado un denso laberinto, con una sucesión de hechos que configuran irregularidades de inocultable gravedad.

Los últimos capítulos de espionajes a magistrados, periodistas, congresistas, defensores de los derechos humanos, líderes sociales y hasta empresarios, mediante el sistema de ´chuzadas´ a las redes de comunicación, no son los únicos. A esas operaciones de corte fascista hay que agregar otros episodios que puedan ser punibles.

El caso de los nuevas ´chuzadas´ es de cuidado y constituye un tajante golpe a la institucionalidad. Oscurece la función de los militares y pone en riesgo la democracia. No puede mirarse con pasividad y la justicia está llamada a profundizar la investigación y el Gobierno a desmontar ese aparato de ilegalidad que le deja afrenta a la nación.

Todavía está en la recordación pública esa trama criminal de los llamados ´falsos positivos´ que llevó a la muerte mediante ejecuciones extrajudiciales a más de 20.000 jóvenes, acusados con flagrante mentira de ser combatientes de algún frente guerrillero. Fue la sevicia calculada con fines de exterminio para recibir compensación por tan aberrante fechoría.

Hay otros hechos criminales condenables: el asesinato de desmovilizados de las Farc, como si el Estado no hubiera pactado la paz para la reconciliación y así ponerle fin a la guerra de más de medio siglo. Más el tráfico de corrupción en no pocas operaciones con sello oficial. Todo un laberinto que desquicia a las Fuerzas Militares y les reta autoridad. Porque no se trata de unas cuantas ´manzanas podridas´ sino del alto mando. O sea, la mata entera. Y la Policía no es la excepción.

Puntada

Las denuncias del senador Roy Barreras sobre lo que se está tramando para llevar al país al desmonte del Estado de Derecho, debe movilizar a los colombianos en defensa de la democracia. Antes que den el zarpazo los que trabajan en ese plan.

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