Luego de que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia citara a indagatoria para el próximo 8 de octubre en la Instrucción No. 52240, el senador de la República Álvaro Uribe Vélez ha desplegado una vehemente operación publicitaria en los medios de comunicación que persigue desorientar a la opinión con toda clase de mentiras. Por esta razón, se debe permitir a la ciudadanía contrastar esa visión con las circunstancias concretas, y con decisiones como el Auto Inhibitorio de la Corte Suprema de Justicia del 16 de febrero de 2018, y el fallo de única instancia que la Procuraduría General de la Nación profirió el 30 de julio de 2018.

El senador Uribe Vélez ha dicho en diversas declaraciones públicas: “No busco testigos, corroboro testimonios”. Tal afirmación no corresponde a su verdadera conducta. Durante los últimos siete años, personalmente o a través de sus abogados, colaboradores y copartidarios, él ha liderado una permanente campaña de búsqueda de testigos que luego coincidencialmente se convierten en testigos falsos. Cabe recordar, que el 18 de febrero de 2018, en un video difundido por Twitter, llamó a la recolección de dichos testimonios en las cárceles del país: “Pido a los colombianos presos que conozcan manipulaciones del senador Cepeda, que se atrevan a denunciar”.
Por lo tanto no es cierto que esos “testimonios” hayan ido apareciendo en forma espontánea, y que de manera casual su existencia haya sido puesta en conocimiento del senador Uribe o de personas de su entorno. Por el contrario, esa campaña se ha ido intensificando a medida que los testimonios infundados han sido refutados y controvertidos de manera plena, o que los avances de la investigación han dado lugar a actuaciones que comprometen cada vez más al líder del Centro Democrático, o a su colega en el Congreso, Álvaro Hernán Prada.

Así aconteció al comienzo del proceso. Los abogados del senador Uribe Vélez no pudieron demostrar ni ante la Corte ni ante la Procuraduría, que las declaraciones de dos integrantes del llamado bloque Metro, Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra, fueran obtenidas a cambio de ofrecimientos. Lo que quedó demostrado es que ambos habían sido escuchados por fiscales de Justicia y Paz antes de ser visitados por mí, y que a pesar de inmensas presiones mantuvieron su versión inalterada durante los últimos siete años. A raíz de esta situación demostrada en el proceso, personas cercanas a Uribe recogieron en las cárceles las acusaciones en mi contra de tres paramilitares: Gabriel Muñoz Ramírez (alias ‘Castañeda’), Ramiro de Jesús Henao Aguilar, (alias ‘Simón’), y Carlos Enrique Areiza Arango. Los dos primeros curiosamente rindieron testimonios ante un investigador privado contratado por Wilser Molina, copartidario de Uribe Vélez y miembro del Centro Democrático, por cuyo movimiento fue candidato a la alcadía municipal de Amaga, cargo que en la actualidad desempeña.

Las incongruencias, mentiras y contradicciones de los supuestos testigos fueron demostradas en la investigación, y por ese motivo rechazadas. Como señaló el fallo de única instancia de la Procuraduría: “Los argumentos de los testigos, aunque resulta ser un libreto único, resultan contradictorios”, lo que llevó a concluir al Ministerio Público que “el señor Iván Cepeda Castro, en su condición de Representante a la Cámara no ofreció a los señores Henao Aguilar y Muñoz beneficios a cambio de que ellos rindieran entrevistas contrarias a la verdad” (pp. 14 y 16).

Ante la decisión de la Corte de proferir auto inhibitorio para mi, y en cambio iniciar una investigación contra Uribe, se emprendió el intento de conseguir que el señor Monsalve se retractara, y para ello aparecieron nuevos personajes cuyas declaraciones han sido solicitadas por la defensa del senador Uribe. Tal es el caso del condenado por secuestro, Enrique Pardo Hasche, quien estuvo promovimiendo activamente la retractación mencionada al ser contactado por el abogado Diego Javier Cadena, o como Carlos Eduardo López Callejas (alias ‘Caliche’) contactado, según le dijo a Monsalve, por el representante a la Cámara, Álvaro Hernán Prada.
Dado que este nuevo intento fue también infructuoso pues no se obtuvo la retractación, el senador Uribe y su abogado Cadena han promovido y supervisado personalmente las acusaciones de un nuevo grupo de falsos testigos: la exfiscal Hilda Niño Farfán, condenada por sus vículos con los hermanos Mejía Munera, también conocidos como ‘Los Mellizos’; los paramilitares Carlos Enrique Vélez Ramírez (alias ‘Víctor’), Eurídice Cortés (alias ‘Diana’), Darley Guzmán Pérez (alias ‘Jopra’), Fauner José Barahona Rodríguez (alias ‘Racumín’), Jhon Jaime Cárdenas Suárez, alias ‘Fosforito’, entre otros. Y como si esto fuera poco, la campaña de búsqueda de este tipo de falsas acusaciones se ha extendido a las cárceles de Estados Unidos, en donde el abogado Cadena ha realizado gestiones para persuadir al paramilitar Juan Carlos Sierra Ramírez (alias ‘El Tuso’), entre otros prisioneros en cárceles norteamericanas.

Todas estas actividades se han emprendido con premeditación y por etapas que están relacionadas con los fracasos que se han venido presentando en el propósito de urdir una trama convincente en la que se pueda lograr mi condena judicial y mi descredito político. Están debidamente documentadas y registradas en interceptaciones legales de comunicaciones que han intentado ser descalificadas ante los medios sin ningún fundamento. El senador Uribe Vélez ha buscado que se descarte una parte de ellas alegando que fueron practicadas ilegalmente, cuando en realidad son grabaciones hechas por error en otra investigación, pero que aún bajo esa óptica tienen carácter legal, y que además son apenas un elemento que hace parte de un voluminoso cuerpo probatorio. Por ello, tampoco es cierto que el expresidente Uribe tenga total certeza de que en todo lo que contienen esas conversaciones no haya como asevera “una sola palabra que viole la ley”.

Esta investigación sin precedentes en la historia reciente del país requiere que la opinión pública sea informada con objetividad, y no exclusivamente con las sesgadas versiones del expresidente Uribe y de las alegaciones de sus abogados, que buscan generar la sensación de que se debe salvar al Expresidente de una supuesta persecución judicial, que en realidad no ha padecido por cuenta de este asunto. A diferencia de esta posición, la mia es de total respeto a la independencia e imparcialidad de la Corte Suprema de Justicia. Estoy dispuesto a prestar la colaboración que de mi parte se requiera, sin violar la reserva sumarial, para que la opinión pública reciba en este caso información veraz y confrontada, como lo manda el artículo 20 de la Carta Política.

Bogotá D. C., 3 de septiembre de 2019.

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