Por: Tony López. R (*)

Al culminar su visita a Venezuela, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, fue recibida en el Palacio de Miraflores, por el presidente Nicolás Maduro Moro, el mandatario se interesó por sus impresiones, mientras que él le hizo un pormenorizado análisis de la situación e hizo hincapié en los esfuerzos que se hace para enfrentar la genocida política de Estados Unidos que junto, con sus aliados, aplica un severo bloqueo financiero, económico y comercial, con el propósito de rendir, por hambre, a su pueblo.

También le explicó las políticas sociales que en estos 20 años ha desarrollado la Revolución Bolivariana a cargo de las diferentes Misiones, entre ellas la de Barrio Adentro sobre la salud y las relacionas con la educación, vivienda y el significado de las CLAT, que es garantizar alimentos a la población más necesitada. Ella le informó al Presidente y a sus acompañantes sobre el resultado de su estancia en el país, concluida la reunión y al despedirla, Maduro, calificó la visita, de la Alta Comisionada, de positiva. Ella se despidió con un beso para Venezuela, lo que no imaginó Maduro que era el beso de Judas.

¿Qué información le trasmitió la señora Bachelet, que el presidente Maduro calificó su visita de positiva? Evidentemente fue una conversación donde reinó la hipocresía y la doble moral de la señora Bachelet, porque si con sinceridad y valentía ella le traslada a Maduro el contenido del informe que presentaría unos días después de su visita a Venezuela, en el que afirma que “durante el último decenio y especialmente desde 2016” la Administración del presidente Nicolás Maduro y sus instituciones pusieron en marcha una supuesta estrategia “orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno”.

Seguramente la despedida y respuesta de Maduro hubiera sido otra.
Tal como señala mi colega Manuel Cabieses, director de la Revista Punto Final de Chile, en su artículo sobre este caso. “La historia no conoce otra “dictadura” tan particular como la de Venezuela. La oposición cuenta con más de una decena de partidos legales, posee numerosos medios de comunicación escritos y audiovisuales, controla la Asamblea Nacional, convoca a manifestaciones públicas cuando le da la gana, recibe cuantioso financiamiento extranjero y goza del derecho constitucional -que no ejerce- de revocar el mandato presidencial mediante un plebiscito.

Como si fuera poco la oposición cuenta, desde seis meses, con un presidente-fantoche reconocido como tal por una cincuentena de gobiernos, aunque no manda ni en la cuadra de su casa y que proclama la necesidad de derribar la “dictadura” por cualquier medio incluso con una invasión de marines”.
Ella actuó con mala fe y no hay que descartar que forme parte del complot contra Venezuela y este informe era una pieza clave para refirmar que en Venezuela se violan los derechos humanos, que hay crisis humanitaria y que el sistema es dictatorial, es la matriz mediática sembrada por el llamado plan “Operación Libertad” dirigido desde el Comando Sur y que precisamente fue presentado por su jefe el Almirante Kurd W Tidd. a la Comisión de Defensa del Senado de Estados Unidos en febrero del 2016, o sea todo coincide incluido el año.

La campaña mediática desatada contra Venezuela por los medios de prensa al servicio de Estados Unidos, no se hizo esperar, cuando el jueves 4 de julio en el 41 periodo de sesiones del Consejo de los Derechos Humanos, se dio a conocer dicho informe. Dándole crédito a todo lo que la Bachelet plantea en su reporte, lo más grave es que aparece avalado por las Naciones Unidas y es un tema que Venezuela debe reclamar ante la Organización de las Naciones Unidas.

No era lógico que esto sucediera, porque el papel de la Bachelet debía ser el de la imparcialidad, despojados de intereses políticos y económicos, pero no fue así, su informe está en plena coincidencia con los intereses políticos y económicos del gobierno de Estados Unidos y no hay que equivocarse, Michelle Bachelet, durante su segundo gobierno como presidenta de Chile, promovió en el año 2017 la creación del Grupo de Lima, donde jugó un papel protagónico en alianza con Luis Almagro para secundar la agresión militar a Venezuela.

Este 12 de julio el presidente Maduro le hizo llegar una carta a Michelle Bachelet, rechazando, dura y categóricamente, el informe presentado por la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, en la 41 Conferencia del Consejo de los Derechos Humanos.
El Presidente venezolano, en su carta le manifiesta: “Su informe resulta un calco de anteriores informes presentados por su predecesor que orientó su gestión a la construcción de un ilegal e inmoral expediente contra Venezuela con el único objetivo de criminalizar al Estado Venezolano” y continua, señalando “Ha presentado usted un informe plagado de falsas afirmaciones, tergiversaciones y manipulaciones. Presenta un panorama distorsionado de la situación de derechos humanos en nuestro país y no recoge los datos aportados por el Estado”.

Añade Maduro en su carta, “su reporte se alinea con el relato mediático y político impuesto desde Washington que agrede simbólicamente a Venezuela, al repetir el guion acerca de la existencia de un supuesto gobierno dictatorial y de una supuesta crisis humanitaria”, para concluir señalándole “Su informe ignora el titánico esfuerzo del Estado venezolano por proteger a su población de incuantificables daños materiales y humanos producidos por el bloqueo criminal de Estados Unidos y sus aliados”.

La actuación de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, se distancia, ética y moralmente, de cual debe ser el papel de un representante del más alto organismo internacional, cuyos funcionarios deben actuar con absoluta imparcialidad, ser veraces, objetivos y tomar en cuenta la información de las partes, verificarlas al detalle y no parcializarse por una de las partes como ha sucedido en este caso, pues se conoce que el 82 por ciento de los entrevistados para este informe no radican en Venezuela y más grave aún, el informe presentado ya estaba hecho y protocolizado, desde muchos antes de su viaje a Venezuela, y no refleja la realidad que ella pudo apreciar en su visita y que ignora y niega deliberadamente en su informe.

Michelle Bachelet tuvo la más absoluta libertad de conversar y visitar a quienes solicitó, incluido el autoproclamado presidente Juan Guiadó, ella, experimentada política, sabe que es un fantoche y que no ejerce ningún poder y cada día más está descalificado, incluso hasta por sus propios mentores del norte, como, recientemente, se refirió a él, con desprecio, el Secretario de Estado Mike Pompeo.

El Plan para el derrocamiento del presidente Maduro continua en marcha, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, a petición del presidente colombiano Iván Duque, convocó para una reunión en Perú, al llamado Grupo de Lima, y de acuerdo a las declaraciones del presidente colombiano de visita en ese país andino, el tema será discutir el Informe de la Bachelet, así lo confirma la nota publicada por el diario bogotano El Espectador, cuando expresó: “Espero que ahora con el resultado del informe de Michelle Bachelet, la Corte Penal Internacional (CPI) pueda rápidamente, ya no solo abrir la investigación, sino tener la evidencia contundente para que se adelante un juicio y reciba su merecido un dictador que ha acabado con el pueblo venezolano”.

Coincidentemente con esta convocatoria al Grupo de Lima, la Asamblea Nacional venezolana en desacato, aprobó enviar a la Corte Penal Internacional (CPI) el informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, para que se investigue presuntos crímenes en Venezuela, que según ella en su informe denuncia 5,287 ejecuciones, que deben ser fehacientemente esclarecidos y probados. El traidor general Manuel Cristofer Figueras, ex jefe del Servicio de Inteligencia (SEBIN) compartió en febrero pasado con el equipo de especialistas que envió Bachelet en febrero a Venezuela a entrevistar a las víctimas.

En la Fiscalía de la Corte Penal Internacional reposa desde el año pasado una solicitud de proceso contra el gobierno de Maduro presentada por Canadá, Argentina, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, naciones que pidieron una investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Tras esa acción fueron designados tres jueces para seguir el caso. Estos países son los mismos que integran el Grupo de Lima y que se han pronunciado y apoyado a Estados Unidos y a Luis Almagro en el plan de la intervención militar humanitaria en Venezuela.

Esperemos que en su condición de jefe del Estado colombiano, el señor Iván Duque, con ese mismo ímpetu, también le pida al Grupo de Lima y apoye a la Corte Penal Internacional, para que la Fiscalía General de la República colombiana, le entregue la información que posee sobre las responsabilidades que tienen por crímenes de Lesa Humanidad, el actual senador y ex presidente Álvaro Uribe Vélez y los Altos Mandos militares, por los asesinatos cometidos contra miles de jóvenes colombianos, en los famosos casos “falsos-positivos” y que el protegido de gobierno uribista, el que huyo de Colombia por supuestos delitos de corrupción, el ex Fiscal Néstor Humberto Martínez Neira, se negó a entregarle información a la Fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, en la primera quincena del mes de septiembre del pasado año 2018.

La opinión pública colombiana está a la espera, de cuando la OEA, su Comisión de Derechos Humanos; y la señora Michelle Bachelet investigaran a fondo los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Colombia, durante el gobierno de Uribe Vélez, los falsos positivos y el ataque y bombardeo el 1 de marzo del 2008 a territorio ecuatoriano, donde murieron 25 personas, entre ellos ciudadanos mexicanos, ecuatorianos y colombianos. Este hecho no debe quedar impune y el Gobierno ecuatoriano actual no debe ser cómplice de este crimen.

También se espera que estos organismos internacionales OEA y ONU se pronuncien e investiguen los crímenes que durante los gobiernos de Juan Manuel Santos e Iván Duque, se han venido cometiendo contra líderes sociales y excombatientes de las FARC-EP, luego de la firma de los Acuerdos en noviembre del 2016 y que ya suman más de 600 líderes sociales y 140 ex guerrilleros y 30 familiares asesinados. El actual gobierno de Duque debe responder por estos hechos y llevar a la justicia a los ejecutores de estos crímenes, acciones y medidas que no toman.

Los colombianos también esperan por el día en que, la Corte Suprema de Justicia de Colombia, llamará a indagatoria al ex presidente Álvaro Uribe Vélez, por las masacres del Aro y de las ejecutadas por el famoso grupo paramilitar conocido como el Clan de los 12 Apóstoles, denunciado por el que fuera Jefe de la Policía de Yarumal, Antioquia el Mayor (R) Juan Carlos Meneses, (hoy fuera del país por amenazas de muerte) quien acusa a Santiago Uribe Vélez, de ser el jefe de dicho Clan.

El prestigioso periodista Daniel Samper Ospina, viene insistiendo en su columna semanal de la Revista Semana, que se investigue, se lleve a juicio y se haga justicia, a los culpables de estos crímenes, aún no se aprecia ninguna acción de la Corte y la que se inició contra Álvaro Uribe Vélez hace unos meses atrás, ha quedado en el olvido.

(*) Periodista, politólogo y analista internacional.
La Habana 13 de julio del 2019. 22.00 hrs.
Especial para la Revista Cubaperiodistas.