Por: Tony López R

El pasado 12 de junio los legisladores del ultraderechista Centro Democrático miembros de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, incluido el presidente de dicha Comisión, protagonizaron un bochornoso y antidemocrático escándalo, cuando se aprestaba a intervenir en dicha sesión el representante a la Cámara por el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Jesús Santrich, el presidente de la Comisión levanta la sesión, cuando los legisladores del CD se levantaron y salieron del recinto, según alegaron en protesta porque no avalan ni están dispuesto a escuchar a un señor acusado de narcotráfico.

Este hecho demuestra en primer lugar que en Colombia no reina un verdadero sistema democrático y se irrespeta el estado de derecho de los colombianos, el hecho es mucho más grave y forma parte de la guerra de cuarta generación, donde no es el uso de las armas el que se emplea, sino el de la guerra psicológica, con el uso de una manipulación mediática, para sembrar la matriz de opinión que Santrich, es un narcotraficante.

Los legisladores del Centro Democrático y quienes le secundaron en esa acción de odio y fanatismo incurren en un delito, porque por su conducta dan de hecho y no de derecho que Santrich es un narcotraficante, delito que no ha sido probado. Por falta de prueba fue que la Jurisdicción Especial de Paz, (JEP) determinó su puesta en libertad y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que este tomara posición de la curul que le correspondía, en el marco de los Acuerdos de Paz, y ya como aforado, seria CSJ quien lo juzgaría.
Hasta el momento, el líder de las FARC es inocente, hasta que no se compruebe lo contrario.

La prueba reina del supuesto delito, resultó ser un video filmado por agentes norteamericanos de la DEA, que hicieron llegar al Fiscal General Néstor Humberto Martínez, y de quien dice que no conoce a estos agentes. Delicada y extraña operación de inteligencia, realizada por una agencia extranjera sin la autorización de la autoridades colombianas competentes, según denunció el propio ex Fiscal Martínez Neira, lo cual es muy grave porque viola la soberanía del país y conllevó a que un ciudadano colombiano fuera a prisión por 13 meses, pues el Fiscal actuó sin investigar ni verificar la información recibida.

La campaña mediática bien orquestada muestra fuertes elementos de una grave persecución política, como el sucedido en la Séptima Comisión de la Cámara de Representantes y llevan a considerar que es proceso judicial viciado.
Pero este acontecimiento no responde solo al objetivo de enjuiciar y enlodar al dirigente de las FARC Jesús Santrich, y con él a la organización a la que pertenece: Hoy en Colombia y en importantes sectores de la opinión publica los males de Colombia los ha provocado la guerrilla y no el Terrorismo de Estado implantado por un gobierno subordinado a intereses político y económicos foráneos.

El objetivo es más estratégico y está dirigido contra los Acuerdo de Paz y la Jurisdicción Especial de Paz, las Cortes y el sistema judicial establecido en Colombia con la Constituyente del 91. Está ofensiva contra la institucionalidad jurídica colombiana viene desde hace un buen tiempo y tiene el objetivo de concentrar el poder en manos de una elite autoritaria y excluyente.

La lucha contra el sistema judicial y quitándose la careta, la encabeza el senador Álvaro Uribe Vélez, al convocar a recolectar firmas y salir a marchar contra las Cortes, salieron el pasado domingo 9 de junio, y a “grito pelaó” lanzaban improperios e insultos a las Altas Cortes, este fanfarrón objetivo uribista, no arrastró el público deseado, pero si es un campanazo para que los verdaderos sectores democráticos, progresistas y amantes de la paz, unan sus fuerzas y defiendan los verdaderos principios democráticos que fueron pisoteados por el Centro Democrático, dictatorialmente representados en la Séptima Comisión.

Pero los que se rasgan la vestidura, al parecer tienen poca memoria, no es un secreto, que el líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez ha sido cuestionado por sus vínculos con el narcotráfico y el paramilitarismo. En la década del 80 el Servicio de Inteligencia del Pentágono elevó un informe a sus superiores donde vinculan a Uribe Vélez con el narcotráfico y le dan el numero 82 en la lista de los extraditables.

La prestigiosa periodista María Jimena Duzan, en su libro “La historia que nos deben” expuso: ¿Cómo es posible que tengamos en la alcaldía de Medellín a una persona que me han dicho tiene nexos con narcotraficantes? Fue la pregunta que le hizo el presidente Belisario Betancourt al gobernador de Antioquia Villegas Moreno. “Si nos atenemos a las nuevas revelaciones hechas por Villegas Moreno en este libro, Uribe Vélez fue sacado de la Alcaldía de Medellín por presuntas relaciones con el narcotráfico”.

Lo cierto es que solo se desempeño por cuatro meses como alcalde y en ese periodo, Uribe Vélez, acompaño a Pablo Escobar, en la iniciativa, de construir vivienda para personas pobres, que denominaron “Medellín sin Tugurio”, barrio que construyó el famosos capo, cuando aspiraba a representante a la Cámara por el Partido Liberal, del que fue separado por el líder liberal Luis Carlos Galán, y motivó, que Escobar y Gonzalo Gacha jefes del Cártel de Medellín, ordenaran el asesinato de Galán, pues se convertía en un enemigo del narcotráfico.

Siendo gobernador del departamento de Antioquia, desde 1994 al 97 fue el impulsor de legalizar los ejércitos privados de los señores latifundistas, empresarios y de las grandes transnacionales que operan en Colombia, estos ejércitos de paramilitares actuaron bajo el nombre de las CONVIVIR, hasta que luego de la reunión del Estado Mayor de la llamadas Autodefensa Unidas de Colombia, en el Nudo de Paramillo en 1997, estas se subordinan a los jefes narco-paramilitares Carlos Castaño Gil y Salvatore Mancuso.

Durante su presidencia Uribe Vélez (2002-2010) hizo todo lo humano y divino para que Estados Unidos, aprobara el TLC, proyecto que no contaba con el consenso del Congreso de los Estados Unidos, porque según este, el gobierno de Uribe Vélez, viola los Derechos Humanos y mantiene relaciones con fuerzas paramilitares vinculadas al narcotráfico.

En los Estados Unidos sectores del Partido Demócratas e incluso algunos legisladores republicanos tenían serias reservas con el gobierno de Uribe Vélez, el 15 de octubre del 2004, el senador John Kerry declaró durante su campaña a la Presidencia, en una entrevista publicada en el diario El Tiempo, en la cual resaltó “la necesidad de que el gobierno colombiano mejorara la grave situación de los derechos humanos en el país y que cortara lazos pendientes con los grupos ultraderechistas paramilitares”.

Mientras que, según la prensa estadounidense, la presidenta de la Cámara Nancy Pelosi era una de las primeras líderes demócrata en señalar a Uribe como paramilitar. Y el congresista Charles Rangel se lo había anticipado a Uribe Vélez cuando este viajó a los Estados Unidos en el año 2007 buscando apoyo para la firma del TLC y le dijo: “sabe que señor Uribe, no vamos a aprobar el TLC con Colombia hasta que no se aclaren los asesinatos de los sindicalistas y no se concluya el escándalo de la parapolítica”. El TLC solo fue firmado, cuando Uribe Vélez concluyó la presidencia de Colombia.

En ese momento de la visita de Uribe a Estados Unidos, no se había conocido el horror de los falsos-positivos, y que ahora han saltado nuevamente a la palestra pública, luego de la denuncia del New York Time, que alertó sobre la orden emitida por el jefe del ejército, el general Nicasio Martínez, y que no era más que reeditar una similar política que ejecutaron las FFMM durante la presidencia de Uribe, al asesinar a miles de inocentes jóvenes en Colombia, vestirlos con uniforme militar y presentarlos como guerrilleros caído en combate.

Cuando se tiene el tejado de vidrio no se puede tirar piedras para arriba, al parecer los congresistas del Centro Democrático y quienes le apoyaron al abandonar la sala, deben recordar que su líder Uribe Vélez, también está cuestionado y la justicia colombiana y la Corte Penal Internacional, están interesadas en tomar acción y medidas con los autores intelectuales y altos mandos militares que orquestaron y ordenaron esta política criminal.
¿Qué pasaría si las representaciones de los partidos democráticos, progresistas y de izquierda en las Comisiones y en el plenario del Congreso se levantan y salen del recinto por las acusaciones que pesan sobre el senador Uribe Vélez?

El caso de su hermano Santiago Uribe y la banda paramilitar de los 12 apóstoles no está aún concluida. El relato del mayor ® Juan Carlos Meneses a la destacada periodista Olga Behar, en el libro testimonio los Doce Apóstoles, respecto de la vinculación de políticos y militares, él como jefe de la policía en Yarumal sentía tranquilidad porque Uribe había ganado la gobernación de Antioquia y su hermano Santiago les dio tranquilidad y dijo que ellos tenían amigos en la fiscalía y con algunos magistrados que no podían abrir la boca porque quedarían salpicados al momento que se abriera una investigación, y ellos serían perjudicados.

El gobierno de Duque alardea de democrático, pero nada diferente sucedió y sucede en Colombia, a lo que, hacían las dictaduras de Videla, Pinochet, Somoza, Stroessner, entre otros conocidos criminales, y digo sucede, porque cual es la respuesta a los asesinatos hoy, junio del 2019 a los más de 650 colombianos asesinados entre ex combatientes de las FARC y lideres sociales, periodistas, dirigentes comunales y sindicalistas.

Olvidaron estos legisladores, que su mentor Álvaro Uribe Vélez, cuando ejercía la presidencia, permitió que el partido uribista Colombia Democrática, dirigida por su primo y ex senador Mario Uribe, a través de las congresistas uribistas Rocío Arias y Eleonora Pineda y a propuesta de Zulema Jattin Corrales, quien ejercía como presidenta de la Cámara de Representantes, llevaran de visita al Congreso a los narco-paramilitares Salvadore Mancuso, Iván Roberto Duque, (a) Ernesto Báez y a Ramón Isaza a una sesión en el salón Elíptico, donde participaron más de 60 Congresistas, y se les propició que esa actividad fuera divulgada por el canal oficial del Estado, además de los privados.

Qué vergüenza para Colombia, ambos tres están cumpliendo prisión y Mancuso lo hace en una cárcel en Estados Unidos. Mientras que las congresistas Arias y Pineda, pagaron cárcel y fueron expulsadas del uribista partido Colombia Democrática, a pedido de Estados Unidos, en ese momento y cuando rodaban videos que vinculaban al presidente con dichas congresistas en actividades electorales y ya vinculadas judicialmente, Uribe públicamente declaró que “no se podía creer en delincuentes”, lo mismo dijo el mandatario de Salvadore Mancuso, cuando este lo acusó de haberlo traicionado por extraditarlo. Siempre se ha comentado que había un pacto de no extraditar a los firmantes del acuerdo de Ralito, pero Estados Unidos no aceptó explicaciones.

Teniendo claro este escenario, podemos colegir que el poder político en Colombia hoy, en manos del ultraderechista Centro Democrático no admite espacio para la diversidad política. El sueño de los que creyeron que los Acuerdos de Paz, lograrían, realmente, solucionar el conflicto social y armado en el país, lo ven lejos de cumplirse porque en estos lideres políticos, el pueblo no importa, sino el odio y la venganza, el ejemplo de Santrich y la ofensiva contra el sistema de justicia, especialmentecontra las Altas Cortes, es una muestra de que la democracia y el estado social de derecho han quedado al desnudo e impera un sistema dictatorial y un Estado Fallido.

(*) Periodista, politólogo y analista internacional.
La Habana 14 de junio del 2019. 18.30 hrs.