Por: Horacio Duque* | 

Un mes después del terremoto del 10 de agosto, Pereira y Risaralda enfrentan una pregunta que ya no admite más aplazamientos: ¿cuándo comenzará realmente la reconstrucción?

Responderla exige mucho más que revisar los anuncios hechos por los gobiernos nacional, departamental y municipales. Se necesita información completa, seguimiento permanente y control ciudadano sobre cada peso destinado a la recuperación. De ahí la importancia de poner en marcha un verdadero proceso de control social y auditoría comunitaria sobre las inversiones, las decisiones administrativas y los proyectos que se ejecuten en los territorios afectados.

Esta nota busca precisamente contribuir a esa tarea: reunir y ordenar los principales datos, acontecimientos y decisiones que se han producido durante estas primeras cuatro semanas, para que la ciudadanía pueda conocer qué ha ocurrido, qué se ha hecho, qué falta y, sobre todo, qué compromisos deben cumplirse.

Una tragedia de enormes dimensiones.

El terremoto ocurrido el 10 de agosto constituye uno de los acontecimientos más graves que ha vivido Pereira desde su fundación en 1863. La ciudad, convertida con el paso de las décadas en el principal centro urbano y económico del Área Metropolitana Centro Occidente, no solo tiene una enorme importancia para Risaralda, sino también para una amplia región que comprende municipios del norte del Valle del Cauca, Quindío, Caldas y Chocó.

Pereira alberga hoy a más de 500.000 habitantes y su economía (PIB) representa cerca de $13 billones. Su área de influencia alcanza a millones de personas. Por eso, los efectos del terremoto trascienden ampliamente las fronteras municipales.

Los antecedentes muestran, además, que no se trata de un territorio ajeno al riesgo sísmico. Pereira ha sufrido terremotos importantes en 1906, 1979, 1995 y 1999. El sismo de 1995, de magnitud 6,7, dejó 37 personas muertas y destruyó centenares de viviendas, especialmente en el sector de la quebrada Egoyá. Cuatro años después, el terremoto del 25 de enero de 1999 provocó enormes pérdidas humanas y materiales en Quindío, Risaralda, Tolima, Caldas y el norte del Valle del Cauca.

La tragedia actual vuelve a poner sobre la mesa una realidad que el país conoce desde hace décadas: la reconstrucción después de un desastre no puede improvisarse.

Un mes después, las cifras son contundentes. En Risaralda se registran 113 personas fallecidas, 598 heridas y 98 desaparecidas; 69.115 familias afectadas; 11.979 viviendas destruidas; 111 edificios colapsados y 5.316 averiados. También resultaron afectados 408 centros educativos, 46 centros de salud, 145 vías y puentes y 31 acueductos.

En Pereira, 53 de las 167 sedes educativas presentan daños y 15 requieren reconstrucción total. La Alcaldía reporta, además, 76 taludes en estado crítico, 16 de ellos considerados urgentes, con una necesidad de intervención calculada en $28.000 millones.

La ciudad ha removido más de 180.000 toneladas de escombros y se estima necesario demoler unas 505 edificaciones. Para ello se proyecta una inversión cercana a $17.000 millones.

Pero detrás de cada cifra hay familias, estudiantes, trabajadores y empresarios cuya vida cotidiana quedó interrumpida.

Los albergues y la emergencia social.

Un mes después del terremoto, 346 familias —642 personas y 97 animales de compañía— permanecen en cinco albergues temporales ubicados en el Coliseo Mayor, el Coliseo Menor, Kennedy, el Ecoparque El Vergel y el estadio Mora Mora.

En Dosquebradas la situación tampoco da tregua. Hay 15.891 viviendas afectadas, de las cuales 4.679 fueron declaradas no habitables. De las 73 instituciones educativas, 61 sufrieron daños importantes y tres quedaron destruidas totalmente. Cerca de 5.600 estudiantes permanecen sin aulas.

Otros 330 damnificados continúan en albergues temporales.

La Alcaldía ha ordenado la demolición de 29 edificios, entre ellos las tres torres del Portal del Parque, el Hotel Benetton y Quintas del Jardín Colonial, pero todavía no cuenta con los recursos suficientes para ejecutar todas estas decisiones.

La emergencia, por tanto, no terminó cuando cesaron los movimientos sísmicos. La emergencia continúa en la vivienda, en la educación, en la salud, en el empleo y en la economía de miles de familias.

La economía también está en ruinas.

Uno de los aspectos menos visibles de la tragedia es el impacto sobre el aparato productivo.

En Pereira, 10.888 empresas —el 76,9% del total reportado— presentan afectaciones en infraestructura, inventarios o funcionamiento. El terremoto dejó inactivos a uno de cada dos establecimientos comerciales.

Las pérdidas de la economía popular y de los pequeños comercios de barrio se estiman en $384.705 millones, sin contar el lucro cesante. Hay 52.168 empleos comprometidos.

La situación es todavía más preocupante si se tiene en cuenta que menos del 7% de los establecimientos afectados contaba con una póliza específica contra terremoto. El 89,7% corresponde a microempresas, cuya capacidad financiera para reconstruir, reponer inventarios y mantener las nóminas es prácticamente inexistente en el corto plazo.

En Dosquebradas, 2.148 establecimientos comerciales resultaron afectados. De ellos, 245 presentan pérdida total, 521 daños graves, 724 afectaciones moderadas y 685 daños leves. Las pérdidas se estiman en $179.900 millones y el 87,8% de los establecimientos afectados no contaba con seguro.

De los 21.931 empleos directos registrados, 4.888 todavía no han podido reactivarse. Y un dato especialmente preocupante: apenas el 0,63% de los empresarios damnificados ha recibido algún tipo de ayuda, mientras el 99,37% continúa esperando apoyo gubernamental.

Estos números muestran que reconstruir no significa solamente levantar edificios. Significa recuperar empresas, empleos, ingresos y mercados locales.

Los recursos: entre lo disponible y lo anunciado.

Hasta ahora, los recursos ciertos provienen principalmente de las administraciones locales.

La Gobernación de Risaralda anunció una partida inicial de $50.000 millones para vivienda y educación, además de $30.000 millones provenientes de regalías a través del OCAD Regional y otros $17.000 millones de regalías destinados a intervenciones en establecimientos educativos.

La Alcaldía de Pereira, por su parte, logró que el Concejo Municipal aprobara el Acuerdo 33 de 2026, mediante el cual se redireccionan $85.186 millones de un crédito hacia reconstrucción, demoliciones y alquiler de maquinaria. Esta decisión implica aplazar otras obras previstas, entre ellas la intervención de la vía Pereira-Altagracia, el CDI del Parque Industrial, el Centro Vida de Puerto Caldas y el Malecón del Río.

La pregunta inevitable es si estos recursos son suficientes frente a una reconstrucción que, según la Alcaldía de Pereira, puede demandar cerca de $11 billones.

Por eso, el debate sobre la reconstrucción debe convertirse también en un debate sobre la arquitectura financiera que permitirá hacerla posible.

El Fondo Milagro: del anuncio a la ejecución.

El Gobierno Nacional anunció el denominado Fondo Milagro, creado mediante el Decreto 1379 de 2026, como instrumento para conducir la reconstrucción.

El 14 de agosto, durante su segunda visita a Pereira, el presidente Abelardo De la Espriella anunció que la ciudad tendría una especie de centro de mando del Fondo Milagro. 

Poderejecutivo

Tres semanas después del terremoto, su gerente general, Jaime Andrés Uribe, visitó Pereira para reunirse con autoridades, instituciones, gremios y empresarios. También se anunció la designación de una gerente regional para Risaralda.

Sin embargo, aquí aparece uno de los principales problemas de la actual etapa: la distancia entre los anuncios nacionales y su materialización en el territorio.

Pereira fue presentada por el Gobierno como uno de los epicentros de la reconstrucción. Por eso resulta preocupante que, un mes después del terremoto, todavía persistan interrogantes sobre quién conduce efectivamente el proceso, cuáles son los recursos disponibles y cuándo comenzarán las obras.

Pereira no puede reconstruirse con anuncios.

Se declaró la situación de desastre, posteriormente la emergencia económica y se anunció el Fondo Milagro. Pero disponer de instrumentos jurídicos y administrativos no es lo mismo que convertirlos en soluciones.

Pereira y Risaralda necesitan saber cuánto dinero llegará, cuándo llegará, qué proyectos serán financiados, quién los ejecutará, bajo qué mecanismos de contratación y cuáles serán los plazos de ejecución.

También es necesario conocer con precisión de dónde provendrán los recursos anunciados para el Fondo Milagro y cómo se distribuirán entre los departamentos afectados.

La reconstrucción necesita un mapa financiero tan claro como el mapa de daños.

Primero, un techo digno.

La primera prioridad es la vivienda.

Una familia que no puede regresar a su casa no puede esperar meses a que termine toda la arquitectura administrativa de la reconstrucción para saber dónde vivirá. Se necesita una respuesta inmediata que garantice un techo temporal, digno y seguro.

Esto exige también intervenir el mercado de los arriendos allí donde la emergencia haya producido aumentos de precios o escasez de oferta.

Pero la recuperación no puede reducirse a vivienda. Hospitales, colegios, vías, puentes, acueductos, espacios públicos y redes de servicios son parte de la infraestructura indispensable para recuperar la normalidad.

No esperar 90 días para empezar a actuar.

Otro punto que debe revisarse es el plazo de 90 días previsto para la evaluación inicial de las afectaciones.

Noventa días pueden ser un plazo razonable desde la perspectiva de la administración pública. Para una familia que perdió su vivienda son tres meses de incertidumbre.

Por eso se necesitan informes parciales, información pública y sistemas de alerta temprana que permitan adoptar decisiones mientras avanza el diagnóstico definitivo.

El rigor técnico es indispensable. La demora evitable no lo es.

¿Dónde están los recursos?

Esta es quizás la discusión más importante.

Las prioridades de un Gobierno también se reflejan en su presupuesto. Si la reconstrucción de Pereira, Risaralda y los demás territorios afectados constituye una prioridad nacional, la ciudadanía debe poder identificar claramente los recursos destinados a hacerla realidad.

¿Cuánto dinero está apropiado?
¿Cuánto se ha ejecutado?
¿Cuánto llegará desde el Gobierno Nacional?
¿Cuánto provendrá de regalías?
¿Cuánto aportarán las entidades territoriales?
¿Cuáles serán las fuentes de financiación del Fondo Milagro?
¿Quién administrará esos recursos?
¿Quién contratará?
¿Quién vigilará?

Son preguntas elementales cuando están en juego miles de millones de pesos y el futuro de una región entera.

Control ciudadano: una obligación democrática.

Todo este proceso reclama una participación mucho más activa de las veedurías ciudadanas y de las auditorías comunitarias.

La veeduría «Pereira se reconstruye con transparencia» tiene aquí una responsabilidad fundamental. La ciudadanía debe acompañar la reconstrucción, vigilar la contratación, verificar la ejecución de las obras, hacer seguimiento a los recursos y exigir información pública.

La reconstrucción no puede convertirse en un espacio cerrado reservado exclusivamente a funcionarios, contratistas y autoridades.

Cuando están comprometidos los derechos de miles de familias, grandes cantidades de recursos públicos y el futuro de una ciudad, el control ciudadano no es un obstáculo: es una garantía de transparencia y legitimidad.

Reconstruir es mucho más que volver a construir.

Pereira y Risaralda necesitarán años para superar las consecuencias del terremoto.

La tarea será reconstruir viviendas, pero también hospitales y escuelas; recuperar vías y acueductos; reactivar empresas y comercios; proteger empleos; recuperar espacios públicos y, sobre todo, devolver tranquilidad a las familias que hoy viven entre la incertidumbre y la necesidad.

Por eso, la reconstrucción debe tener una conducción clara, un cronograma público, recursos identificados, proyectos priorizados y mecanismos efectivos de seguimiento.

Pereira ha demostrado muchas veces su capacidad para levantarse después de las tragedias. El espíritu cívico de sus habitantes vuelve a aparecer en medio de los escombros y las pérdidas.

Ahora corresponde a las instituciones estar a la altura de esa fortaleza ciudadana.

Pereira y Risaralda no están pidiendo privilegios. Están pidiendo certezas: cuánto dinero llegará, cuándo llegará, quién responderá, qué se va a construir y cuándo comenzarán las soluciones.

La reconstrucción no puede quedarse en anuncios.

Debe comenzar. Y debe comenzar con transparencia, participación ciudadana y resultados.

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*Horacio Duque Giraldo es un historiador, analista político y académico colombiano. Cuenta con una sólida formación académica que incluye: Licenciatura en Ciencias Sociales con énfasis en Educación Básica. Maestría en Análisis de Problemas Políticos, Económicos e Internacionales Contemporáneos. Maestría en Relaciones Internacionales. Como analista, es conocido por su enfoque crítico y su vinculación con movimientos sociales. Sus análisis suelen centrarse en la defensa de los derechos humanos, medioambientales y los derechos de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, especialmente en el sur occidente colombiano. Ha participado como conferencista en seminarios sobre el proceso de paz, promoviendo la pedagogía sobre la democracia ampliada y el pluralismo político♦ |X: @horacio_DG| Correo: horacioduquegiraldo@gmail.com|

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