El expediente oculto de Abelardo de la Espriella y las redes subterráneas que el país desconoce

Un dossier de La Nueva Prensa revela vínculos del candidato presidencial con el paramilitarismo, narcotráfico y espionaje, entre otros. El reporte documenta la compra irregular de fusiles militares, complicidad en la fuga de Alex Saab, interceptaciones ilegales mediante el DAS y montajes judiciales coordinados con el uribismo. Y falta.

Por Gonzalo Guillén*/ LA NUEVA PRENSA

Detrás de los trajes y los discursos estridentes de ultraderecha y la calculada puesta en escena mediática de Abelardo de la Espriella Otero, se extiende un denso entramado de impunidad, expedientes judiciales, filtraciones de inteligencia, compraventa de armamento de guerra privativo de las Fuerzas Militares y transacciones con las estructuras más oscuras de la criminalidad colombiana. Mientras el país observa la superficie de sus aspiraciones políticas, los sistemas contables del Estado, las declaraciones reservadas ante la justicia y los rastreos de agencias internacionales revelan una biografía oculta que el hoy precandidato presidencial ha intentado borrar, incluso desmontando su propio rastro de plataformas públicas como Wikipedia.

A continuación, La Nueva Prensa revela los componentes de un dossier oculto que conecta el pasado y el presente del polémico penalista con el paramilitarismo, el narcotráfico y el espionaje estatal.

Uno de los secretos mejor guardados en los pasillos de la Industria Militar Colombiana (Indumil) es el acceso discrecional a armamento de alta potencia por parte de civiles alineados con el poder político. Una base de datos confidencial extraída directamente del sistema contable SAP de Indumil, obtenida en exclusiva por La Nueva Prensa, revela que durante el gobierno de Iván Duque se ejecutó una campaña sistemática para fabricar y entregar fusiles de asalto a particulares, una práctica explícitamente vetada por el Decreto 2535 de 1993, que reserva estas armas para el uso exclusivo de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

En los registros oficiales de la plataforma SAP, aparece el pedido de venta número 1000252373, fechado el 16 de noviembre de 2021. El beneficiario directo de la transacción es Abelardo Gabriel de la Espriella Otero, identificado con la cédula de cliente 40097557 y con dirección registrada en su oficina de Bogotá. La operación se procesó a través del Centro de Distribución de Barranquilla (Centro D020, Almacén V001), bajo el descarado rubro de «Fusil Ace 5.56 MOD 21 Particulares».

El documento contable detalla que De la Espriella pagó un valor neto de $8.987.790 pesos, desglosados de la siguiente manera:

$8.336.203 pesos por el Fusil Galil ACE calibre 5.56 mm (tecnología israelí modificada con cañón de 21 pulgadas).
$581.175 pesos por un lote de 350 cartuchos de munición de guerra calibre 5.56 mm.
$70.412 pesos por el trámite administrativo de un permiso de tenencia domiciliaria.

Expertos en balística y peritos institucionales, como Javier Miranda, han confirmado públicamente que el fusil Galil ACE 5.56 es el estándar de dotación de la fuerza pública y está absolutamente prohibido para cualquier ciudadano de a pie. Fuentes internas de Indumil relataron a este medio que la entrega de este material de guerra —el mismo tipo de armamento robado recientemente en Sincelejo— funcionó como una red de dádivas coordinada por el anterior gerente general, el Almirante (RA) Hernando Wills Vélez (quien renunció en julio de 2021 para irse como asesor de Juan Carlos Pinzón a Washington), y continuada por el gerente encargado, Coronel Rodrigo Salazar Echeverri, nombrado en agosto de 2021 por Duque y el ministro Diego Molano con el fin de ganar adeptos políticos y asegurar su permanencia en el cargo.

De la Espriella no estuvo solo en esta asignación especial de fusiles para particulares en 2020 y 2021. El cuadro de SAP registra a otros 34 solicitantes prioritarios, entre los que figuran:

Francisco José Chaux Donado (27 de mayo de 2021): el entonces Viceministro de Justicia recibió dos fusiles (modelos 21 y 22). Chaux es hijo del exgobernador del Cauca Juan José Chaux, condenado por parapolítica tras participar en la célebre reunión de la Casa de Nariño con alias «Job» en 2008.
Juan Esteban Orrego Calle (15 de diciembre de 2020): Director Ejecutivo de Fenalco Bogotá.
Manuel José Vives Noguera (13 de agosto de 2021): Abogado y Director Seccional de Administración Judicial de Santa Marta, egresado de la Universidad Sergio Arboleda.
Carlos Andrés Ríos Puerta (9 de septiembre de 2021): Viceministro de la Defensa y excandidato al Concejo de Medellín por el Centro Democrático, cuyo pedido fue devuelto y su factura anulada el 5 de octubre de 2021.
Altos mandos de la fuerza pública en servicio activo, como el general Jesús Alejandro Barrera Peña (Director de Carabineros de la Policía) y el coronel Jeffer Rodolfo Castelblanco (exjefe de Estado Mayor de la Segunda Brigada, desmovilizado ante la JEP en 2021).

La gravedad radica en que la planeación de producción de Indumil contempló abiertamente para ese periodo la fabricación de un lote complementario de 120 fusiles rotulados específicamente «para particulares», una operación camuflada bajo la figura de gastos de representación de la gerencia.

Los vínculos de Abelardo de la Espriella con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) no son una invención de la oposición; constituyen un capítulo documentado que se remonta a los años del proceso de paz en Santafé de Ralito (2003-2006). De la Espriella fungió como representante legal y presidente de la Fundación Iniciativas por la Paz (Fipaz), una ONG creada en el papel por comandantes desmovilizados de los bloques Bananero, Catatumbo y Calima, financiada directamente con aportes de los jefes criminales Salvatore Mancuso y Hernán Hernández.

Tal como lo denunció el periodista Daniel Coronell en su columna «El Apoderado» en agosto de 2006, Fipaz sirvió como plataforma política e ideológica de las AUC. La fundación organizaba foros masivos en ciudades como Medellín, Cali, Pereira y La Merced (Caldas), transportando a cientos de estudiantes universitarios con todo pagado, con el único fin de promover un referendo constitucional que prohibiera la extradición de nacionales y de seleccionar candidatos al Congreso afines a las autodefensas. Uno de esos congresistas elegidos bajo el esquema de Fipaz fue Juan Pablo Sánchez Morales, posteriormente condenado a siete años y medio de prisión por la Corte Suprema de Justicia por sus nexos con el Bloque Central Bolívar tras comprobarse su alianza con alias «Ernesto Báez».

A la par de esta militancia jurídica en Ralito, la firma de De la Espriella, Lawyers Enterprise Ltda. —constituida junto a su madre, María Eugenia Otero (quien no es abogada), y la jurista Yoli Illidge—, dio un salto financiero inexplicable: pasó de facturar un promedio de 11 millones de pesos mensuales a recibir una astronómica comisión de éxito de 800.000 dólares (cerca de 2.000 millones de pesos de la época) por parte del consorcio ASA Internacional (integrado por las cuestionadas familias Nule y Char) en la licitación del aeropuerto El Dorado.

Aunque De la Espriella logró que la Fiscalía precluyera y se inhibiera de abrir investigaciones en su contra por concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito en 2011 and 2014, los expedientes revelan cómo operó en impunidad. El 8 de junio de 2010, el narcotraficante Juan Carlos Sierra, alias «El Tuso Sierra», declaró formalmente ante la Unidad de Justicia y Paz que De la Espriella le había exigido la suma de un millón de dólares para mediar ante el Fiscal General Mario Iguarán y el ministro Sabas Pretelt de la Vega a fin de ser incluido en los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, afirmando además que el abogado recolectó $4.000 millones de pesos en un tablero de la cárcel de Itagüí junto a «Don Berna», «Macaco» y Mancuso para «tocar» a magistrados de la Corte Constitucional en un fallo sobre sedición.

¿Por qué se archivó el caso? Fuentes de la Fiscalía revelaron a La Nueva Prensa que De la Espriella viajó a Miami y pactó una retractación privada con “El Tuso Sierra”. Como parte de ese «pacto de paz» leonino, Sierra no solo retiró sus cargos contra el abogado, sino que se comprometió a declarar ante la justicia a favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez y de su hermano Santiago Uribe, en el proceso por la conformación de escuadrones de la muerte. Esa componenda explica el porqué, en junio de 2024, Salvatore Mancuso ratificó ante la JEP que Fipaz sí fue sostenida y financiada con los dineros de las AUC, bajo la coordinación de «Ernesto Báez», desvirtuando la versión oficial del penalista que insistía en que los fondos contaban con autorización del Gobierno de turno.

Por otra parte, el grado de proximidad de Abelardo de la Espriella con el entramado del empresario barranquillero Alex Saab, señalado por la justicia de Estados Unidos como el principal lavador de dinero del régimen de Nicolás Maduro, trasciende la simple defensa técnica.

La trazabilidad de los bienes de Saab en Colombia expone una triangulación de activos de alta gama. Saab se movilizaba en el país en una flotilla de camionetas importadas en 2015 por su firma Golden Sun Trading Colombia SAS, valuada posteriormente por la Fiscalía en 38.000 millones de pesos en procesos de extinción de dominio. Uno de esos vehículos, una lujosa camioneta Cadillac Escalade de placas UUT062, fue traspasada en marzo de 2017 a la empresa GST Vehículos SAS, de propiedad de Julio César Ruiz Maestre, calificado por el Departamento de Justicia de EE. UU. como un testaferro de absoluta confianza de Saab. El 8 de diciembre de 2018, la empresa del testaferro Ruiz Maestre le transfirió formalmente la propiedad de la camioneta al bufete De La Espriella Lawyers Enterprise SAS. El abogado utilizó el vehículo para su movilidad personal en Bogotá hasta el 17 de agosto de 2021, cuando procedió a vendérselo a un tercero. (Una coincidencia exacta se registra en el Pacto Histórico, donde la exsenadora Piedad Córdoba utilizaba una Cadillac idéntica, de placas DMZ351, importada por la empresa familiar Golden Palms Investments SAS).

El momento más crítico de la alianza ocurrió en septiembre de 2018, cuando una operación conjunta entre agencias estadounidenses y la policía colombiana para capturar a Alex Saab fue abortada debido a que la oficina de De la Espriella tuvo acceso a la orden reservada con 20 días de anticipación, permitiendo la huida de Saab del territorio nacional. La investigación penal arrojó que el agente de policía judicial Eddie Pinto Rúa, encargado de las chuzadas al entorno de Saab, filtró los informes confidenciales a cambio de un teléfono celular entregado por la abogada de la firma María Paula Escorcia Leiva y 300 dólares en efectivo provistos por Mario García, asesor legal del empresario.

Aunque el patrullero Pinto fue condenado a prisión por soborno y violación ilícita de comunicaciones, ni la Fiscalía ni los jueces se ocuparon de procesar a los determinadores del cohecho en el bufete. En una audiencia disciplinaria virtual de 25 minutos conocida por Univisión, De la Espriella admitió haber ordenado a Escorcia «seguirle la corriente» y grabar al policía bajo la supuesta premisa de dejar en evidencia una «extorsión», una versión plagada de contradicciones si se tiene en cuenta que la firma retuvo la información judicial reservada durante casi tres semanas antes de dar aviso formal a las autoridades, tiempo suficiente para que Saab se pusiera a salvo en el exterior. Por estos hechos, el abogado Arcadio Martínez Pumarejo denunció penalmente a De la Espriella y a Escorcia en agosto de 2020 por los delitos de concierto para delinquir y fraude procesal.

Adicionalmente, los rastreos del FBI conectan este entorno con el profesor estadounidense Bruce Bagley, condenado en Nueva York por lavar 3 millones de dólares de la corrupción venezolana. Bagley confesó que transfirió 2.7 millones de esa bolsa al exnarcotraficante Jorge Luis Hernández Villazón, alias «Boliche», un informante protegido en EE. UU. plenamente ligado a De la Espriella. Alias «Boliche» —antiguo coordinador de embarques de droga de «Jorge 40» y Mancuso— es además primo hermano del fallecido ganadero José Guillermo «Ñeñe» Hernández, pieza central del escándalo de financiación irregular conocido como la «Ñeñepolítica». Estas conexiones internacionales forzaron la salida de De la Espriella de la defensa técnica de Saab, dado que al ostentar una tarjeta de residente permanente en EE. UU. (Green Card) desde junio de 2017, la ley de la Oficina de Control de Bienes en el Exterior (OFAC) le prohibía taxativamente asesorar a personas sujetas a sanciones internacionales sin una licencia expresa del Departamento del Tesoro.

En marzo de 2009, un testimonio bajo juramento estremeció de manera reservada los cimientos de la Fiscalía General de la Nación. El excontratista del DAS y conductor escolta Orlando Sastoque Ángel rindió una declaración formal (recopilada bajo el radicado de Noticia Criminal 110016000686200900002) ante el investigador Ancizar Barrios, revelando cómo Abelardo de la Espriella montó un servicio privado de interceptaciones ilegales valiéndose de agentes activos de la policía secreta del Estado.

Sastoque, un exmilitar entrenado en operaciones de alto riesgo en Medio Oriente, relató que comenzó a trabajar en el esquema de seguridad personal de De la Espriella en junio de 2007. A los pocos meses, el abogado le entregó unos recibos de la empresa Comcel con una instrucción precisa: utilizar sus contactos en el DAS para averiguar la identidad, direcciones y registros de llamadas de las personas que se comunicaban con su entonces novia en la ciudad de Medellín. Sastoque gestionó el requerimiento con un detective activo del DAS identificado como Sandoval, alias «Chahuala», quien obtuvo los datos directamente desde las centrales de telefonía por un costo de 200.000 pesos, una tarifa que no fue cobrada al abogado como una «muestra de cortesía» para demostrar la efectividad del canal ilícito.

El segundo requerimiento escaló al plano de los escándalos nacionales. A finales de 2007, la modelo Natalia París acudió al bufete de De la Espriella tras la publicación del polémico libro ¿Las Prepago?, escrito por el periodista Alfredo Serrano, donde la fuente conocida como «Madame Rochy» (Consuelo García González, alias Carolina Duarte) la vinculaba con capos del narcotráfico como Alfredo Tascón. Sastoque testificó que, tras escuchar las preocupaciones en el vehículo familiar, De la Espriella le ordenó contactar de inmediato a la inteligencia del DAS para ubicar el paradero real de «Madame Rochy», chuzar sus teléfonos y realizarle seguimientos de campo.

El escolta coordinó la operación en las cafeterías aledañas a la sede del DAS con el agente Puerto Joaquín, quien salió de las instalaciones acompañado de dos detectives de la subdirección de inteligencia. Los funcionarios ofrecieron un «paquete de contingencia» de cinco días de vigilancias, videos y grabaciones clandestinas por un valor de 5 millones de pesos. De la Espriella consideró costoso el monto, solicitó una rebaja y recibió el abonado telefónico directo de Puerto Joaquín para cerrar la negociación de manera personal. A los pocos días, los medios de comunicación divulgaron con lujo de detalles la identidad real de Consuelo García y los videos de sus seguimientos, confirmando Sastoque de manera interna que el trabajo se ejecutó desde las consolas del DAS bajo la fachada de órdenes judiciales espurias aprobadas por la dirección del organismo.

Aunque De la Espriella publicó un video descalificando la investigación como un ataque de la “mamertería”, el registro audiovisual sirvió para que los investigadores del CTI confirmaran la identidad de Sastoque como empleado directo de su firma. En febrero de 2021, la investigadora del CTI Gladys Urrego ratificó a la prensa que la Fiscalía General recibió un volumen considerable de documentos, registros y videos entregados por Sastoque desde 2008, evidencias que fueron sepultadas en los almacenes de cadena de custodia bajo la administración del entonces Fiscal Mario Iguarán Arana.

La vinculación de Abelardo de la Espriella con los métodos del cuestionado abogado Diego Cadena (hoy condenado por manipulación de testigos) quedó al descubierto en las propias declaraciones que el expresidente Álvaro Uribe Vélez rindió ante la Corte Suprema de Justicia durante su indagatoria del 8 de octubre de 2019.

Uribe relató detalladamente ante el magistrado César Reyes un episodio ocurrido el 3 de febrero de 2017 en un hotel de Miami. El exmandatario se reunió en una mesa de trabajo con Abelardo de la Espriella y el estafeta de las AUC Ernesto Yamhure (coordinador del portal de propaganda uribista Los Irreverentes). En dicho encuentro, Uribe le pidió a De la Espriella, en su condición de penalista radicado en Florida, corroborar una información suministrada desde una prisión norteamericana por su exministro Andrés Felipe Arias, relacionada con un supuesto complot judicial en contra de su hermano, el hacendado Santiago Uribe Vélez, procesado por los crímenes del grupo paramilitar «Los Doce Apóstoles».

Este acercamiento sirvió como el eslabón definitivo para estructurar, junto a Diego Cadena, un macro-montaje judicial que pretendía utilizar los falsos testimonios de tres peligrosos narcotraficantes extraditados en Estados Unidos: Juan Carlos «El Tuso» Sierra, Diego Pérez Henao (alias “Diego Rastrojo”) y Ramón Quintero Sanclemente (alias RQ, jefe del Cartel del Norte del Valle). El plan criminal consistía en presionar a estos capos para que firmaran cartas y notas apostilladas en notarías de Miami en las que afirmaran falsamente que el magnicidio del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, perpetrado en noviembre de 1995, había sido ordenado y ejecutado por el expresidente Ernesto Samper, su ministro del Interior Horacio Serpa y el exdirector del DAS Ramiro Bejarano Guzmán.

El propósito de la maniobra consistía en desviar la acción penal de la justicia, atando el esclarecimiento del asesinato de Gómez Hurtado a la salvación jurídica de Santiago Uribe, bajo la tesis de que las acusaciones de violaciones de derechos humanos contra la familia Uribe eran retaliaciones políticas de los sectores de izquierda. El montaje contemplaba la complicidad interna de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema, bajo las órdenes de Gabriel Ramón Jaimes, que adelantó seguimientos ilegales paralelos contra el abogado Ramiro Bejarano sin notificación judicial alguna.

La estrategia publicitaria se operó sincronizadamente a través de una serie de seis artículos publicados en el portal Los Irreverentes de Yamhure en abril y mayo de 2020, y mediante entrevistas coordinadas en la revista Semana por la periodista Salud Hernández, apuntando a la inminente captura de Bejarano y Serpa para el 25 aniversario del crimen. Toda esta arquitectura jurídica y mediática orquestada por Uribe, Cadena y De la Espriella colapsó estrepitosamente en octubre de 2020, cuando los antiguos comandantes de la guerrilla de las FARC (entre ellos Rodrigo Londoño) asumieron ante la Jurisdicción Especial para la Paz la autoría material e intelectual exclusiva del asesinato de Álvaro Gómez, desarmando por completo la red de testimonios falsos fabricada en las prisiones federales de los Estados Unidos.

El análisis de las relaciones sociales, comerciales y familiares de Abelardo de la Espriella expone un circuito cerrado donde confluyen la alta sociedad y el entorno delictivo del norte de Colombia.

Su padre, Abelardo de la Espriella Juris, mantiene un activo perfil público en redes sociales donde documenta la cotidianidad de su hijo. Una auditoría a su cuenta de Instagram reveló que allí se alojaba el video de un almuerzo privado en el que participó el padre del penalista junto al fallecido narcotraficante José Guillermo «Ñeñe» Hernández y el exsenador conservador Julio Manzur Abdala, condenado por la Corte Suprema por sus nexos con el Bloque Norte de las AUC. El material fue retirado apresuradamente de las redes sociales una vez estalló el escándalo de la «Ñeñepolítica». De igual manera, De la Espriella Juris se jacta públicamente de su estrecha relación con las familias tradicionales de Córdoba, defendiendo en videos al exsenador Musa Besaile, condenado por cohecho y peculado en el Cartel de la Toga tras aceptar ante la JEP que pagó sumas millonarias a magistrados y financió sus estructuras con aportes de Salvatore Mancuso.

Este tejido de sociabilidades se extiende al ámbito deportivo y empresarial. Abelardo de la Espriella es el abogado principal del futbolista James Rodríguez, una relación que conecta el entorno del jugador con las fincas del uribismo. En junio de 2023, Rodríguez fue recibido por Álvaro Uribe Vélez en su hacienda «El Ubérrimo» (una propiedad de 1.311 hectáreas documentada en investigaciones de Iván Cepeda). En la comitiva de recepción se encontraba el empresario Ricardo Uribe Arango, primo del expresidente Andrés Pastrana y amigo íntimo del narcotraficante «Ñeñe» Hernández, con quien compartía escenarios sociales en los Emiratos Árabes Unidos junto al embajador Jaime Amín.

La ironía histórica se completa al revisar los orígenes de la carrera de Rodríguez. El jugador debutó profesionalmente en mayo de 2006 en las filas del Envigado F.C. Su millonaria transferencia posterior al Real Madrid por 80 millones de euros significó el ingreso de cuantiosos recursos por derechos de formación al club antioqueño. De acuerdo con investigaciones especializadas de la periodista Martha Soto en su libro Los goles de la cocaína, la junta directiva de la sociedad deportiva consumió gran parte de sus fondos en el pago de firmas legales tras ser incluida por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en la sancionatoria Lista Clinton en 2014.

La OFAC demostró que los socios mayoritarios del Envigado F.C., Juan Pablo Upegui y su madre Margarita Gallego, eran la viuda e hijo de Gustavo Adolfo Upegui López, alias «El Patrón de Envigado». Upegui López, socio histórico de Pablo Escobar en los años 80 (con quien compartía la afición de dotar el zoológico de la Hacienda Nápoles) y posteriormente mano derecha de «Don Berna» en la jefatura de la estructura criminal ‘La Oficina de Envigado’, se había apoderado del club de fútbol para utilizarlo como un gigantesco aparato de lavado de activos del narcotráfico. A pesar de los expedientes acumulados por el homicidio del director del CTI Fernando Correa Isaza y la persecución al fiscal Fernando Mancilla (asesinado en 2002), la estructura del Envigado F.C. operó bajo el control de los herederos de Upegui hasta su exclusión de la Lista Clinton en abril de 2018, cerrando un círculo de protección jurídica donde el nombre de Abelardo de la Espriella aparece de manera recurrente como el factor común de la defensa judicial de los grandes capitales de la región.