Por: Alejandro Gutiérrez De Piñeres y Grimaldi

Con la promulgación de la Constitución Política de 1886, Colombia pasó de ser un país federalista (Constituciones de 1863 y 1858) a ser un país unitario y centralista; los llamados Estados Soberanos pasaron a ser administrativa y políticamente simples departamentos, subordinados totalmente al gobierno centralista nacional.

Durante los más de 100 años de la vigencia de esta Constitución, los Gobernadores eran nombrados directamente por el Presidente de la República y los Alcaldes Municipales por los Gobernadores de dichos departamentos, estableciéndose así un férreo y absorbente centralismo donde todo dependía del gobierno central establecido en Bogotá, capital de la República, en detrimento de las diferentes regiones que conformaban la geografía nacional.

Así se gobernó a la República de Colombia por más de un siglo; sin embargo, durante este periodo hubo voces insurgentes de pro hombres que abogaron y propusieron la elección de alcaldes por voto popular, entre ellos podemos mencionar al general Rafael Uribe Uribe, al líder popular Jorge Eliecer Gaitán y en las décadas de los 70 al dirigente Álvaro Gómez Hurtado, quienes pueden considerarse como los precursores de esta figura jurídica. Gobierno tras gobierno se revivía esta conveniente propuesta sin llegar a concretarla a través de las reformas necesarias que un cambio de tal magnitud requería, hasta que en la administración presidida por el doctor Belisario Betancourt Cuartas se expidió el
Acto Legislativo No. 01 de enero 9 de 1986
“Por el cual se reforma la Constitución Política”,

Artículo primero. “Todos los ciudadanos eligen directamente Presidente de la República, Senadores, Representantes, Diputados, Consejeros Intendenciales y Comisariales, Alcaldes y Concejales Municipales y del Distrito Especial”.

Artículo segundo. Parágrafo transitorio. “La primera elección de Alcalde tendrá lugar el segundo domingo de marzo de 1988”.

Artículo tercero. “Los Alcaldes serán elegidos por los votos de los ciudadanos para los periodos siguientes”.

Este Acto Legislativo fue reglamentado por varias leyes que adecuaron el funcionamiento de las administraciones locales al nuevo régimen de descentralización administrativa que esta reforma instauró para siempre en el país, cuyo objeto y filosofía fueron buscar la participación ciudadana en el manejo honesto y responsable de la administración pública en sus territorios, eligiendo a los mejores ciudadanos en procura de un mejor estado de bienestar y calidad de vida de los asociados.

Con el transcurrir del tiempo esta bien intencionada reforma se fue degenerando hasta convertirse y dar origen a uno de los principales focos de corrupción del país, donde la politiquería, las malas prácticas y costumbres políticas (compra de votos, intervención de grupos ilegales, mafias electorales, inversionistas corruptos, etc.) han llevado a la mayoría de estos entes territoriales a una crisis y quiebra social, económica, administrativa, política y sobre todo moral que sólo podrá restaurarse si la propia comunidad y ciudadanía hace un alto en el camino y en un acto de contrición regresa a las buenas y sanas prácticas electorales, eligiendo libre y democráticamente a ciudadanos idóneos, eficientes, pulcros y aptos para regir los destinos de sus municipios y así retomar las ya maltrechas sendas del progreso y revivir el espíritu original y renovador de esta reforma política para el bien de los municipios, de las regiones, de los departamentos y del país en general.

Si hiciéramos un simple balance de todos los ingresos que los 1.121 municipios del país han recibido anualmente del gobierno nacional por todo concepto durante los 34 años de la elección popular de alcaldes (IVA, SGP, Regalías, Cofinanciaciones, etc.), podríamos determinar a la volandas si lo recibido ha sido realmente bien invertido o utilizado y se refleja en el bienestar ciudadano en los aspectos sociales, económicos y administrativos (salud, educación, cultura, recreación, deporte, infraestructura, proyectos productivos, emprendimientos, etc.) o si mayor ha sido el despilfarro y el mal uso o utilización de esos recursos.

A simple vista se advierte que ha primado lo segundo, lo cual ameritaría una necesaria y urgente reforma a esta figura de la descentralización y especialmente al funcionamiento de los Organismos de Control y Vigilancia que de una u otra forma han permitido y acolitado ese enorme daño causándole un perjuicio irreparable al país en general. Es hora de avocar las reformas pertinentes ante la grave crisis por las que atraviesan estos Entes Municipales.