POR: MARÍA ELVIRA BONILLA

El nombramiento del exmagistrado Iván Velásquez como ministro de Defensa es el más transgresor de los anunciados por el presidente Gustavo Petro. Claramente se le metió al rancho de los intocables de Colombia: los militares. El poderoso sector de las Fuerzas Armadas que no tocaron ni la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 ni el Acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc, y mucho menos los presidentes que han pasado por la Casa de Nariño lo habían hecho a pesar de las necesidades apremiantes de repensar la organización y operación de una institución fundamental que con los años ha perdido credibilidad y respaldo ciudadano, en un país que cambia.

Gustavo Petro en la campaña se comprometió a devolverle a la Policía su estatus de fuerza armada civil regresándola a su lugar de origen, el Ministerio del Interior, sino a ponerle la lupa al billonario presupuesto de seguridad y defensa, manejado a puerta cerrada y de cuya ejecución poco se sabe. De allí el nombramiento del exmagistrado Velásquez como Mindefensa.

Ese respeto reverencial a las Fuerzas Militares tiene raíces en los 50 años de conflicto armado, su profundización y degradación por cuenta de las distintas guerrillas con las Farc en primera línea, cuyo crecimiento exponencial con sus relaciones con el narcotráfico llevó a convertirlas en amenaza a la seguridad del Estado. El Plan Colombia firmado por Andrés Pastrana con el gobierno de Bill Clinton trajo la modernización soportada desde Washington que heredó el ex Presidente Álvaro Uribe quien ejerció de manera activa como su comandante en jefe dándoles una especial valoración, colocándolas en el centro de la sociedad.

Hoy con la cooperación norteamericana y el presupuesto nacional estas le cuestan al país la bicoca de US$10,2 billones anuales con un alto componente de gastos reservados por razones de seguridad nacional, del que no se conoce nada. Periodísticamente es imposible acceder a una información de la ejecución que debía ser transparente y pública. El secretismo deja un mal sabor sobre la compra de armamentos, dotaciones, gasolina y raciones para los casi 250 mil uniformados solo del ejército sin contar las otras fuerzas.

El gasto militar de Colombia ha ido en aumento –creció un 4,7 % en 2021 sin consideración alguja de la firma de un acuerdo de paz con sus indudables transformaciones en la realidad territorial. En la última década, la de la firma e implementación, el gasto militar fue 30 % superior como si la desmovilización de la principal fuerza subversiva no hubiera modificado la realidad. Gustavo Petro claramente quiere coger en el toro por los cachos: buscará una reducción en su tamaño y un mayor control para redireccionar recursos limitados a resolver otras necesidades prioritarias.

De allí el significado de la llegada al sector de la lupa de Iván Velásquez, estudioso, serio y responsable de los procesos de captura del Estado por los intereses de corruptos, roscas de intereses antisociales y de privilegios, que con verdad y coraje ha enfrentado la criminalidad en sus diferentes formas, poniendo el respeto a la institucionalidad por delante para enfrentar la ilegalidad en sus diferentes expresiones, como lo hizo con el combate a la parapolítica. Las Fuerzas Militares se enfrentan ya no a un conflicto armado clásico sino a problemas de criminalidad organizada y corrupción interna en las que la experiencia del exmagistrado puede ser de gran valía. Pero lo importante de resaltar es que finalmente un gobernante se atrevió a meterse con los intocables.

MARÍA ELVIRA BONILLA

Profesional en Filosofía y Letras en la Universidad de los Andes. Periodista durante 25 años. Ha sido directora de noticias del Noticiero Nacional, Canal RCN y de las revista Cambio, Cromos y El Espectador. Ha ganado tres Premios de periodismo Simón Bolívar y el Premio Alfonso Bonilla Aragón. Escribe para El País desde el año 2005 con la cual ganó en el año 2008 el Premio Rodrigo Lloreda Caicedo a la mejor columna.