«Concreción de un sueño, por el que el pueblo ha esperado más de 200 años».

Alfonso Castillo 

Defensor de los Derechos Humanos

El triunfo electoral del pacto histórico el pasado 19 de junio qué permitió la llegada del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, tiene un hondo significado para el desarrollo de las luchas sociales en clave de construcción de un gobierno democrático y comprometido en el cumplimiento de la Constitución política de 1991. En este sentido es muy importante qué las organizaciones sociales y populares se planteen el debate sobre los desafíos y retos de este nuevo gobierno en la ruta de colmar las expectativas de las amplias mayorías nacionales que respaldaron esa propuesta de cambio planteada por la campaña del pacto histórico, que, en todo caso para mucha gente en la calle, significa la «concreción de un sueño, por el que el pueblo ha esperado más de 200 años».

En este sentido y con el ánimo de marcar una guía en la discusión sobre la agenda de Derechos Humanos, paz y víctimas comparto algunas reflexiones de lo que desde nuestra experiencia debieran ser los temas en escapar de la atención del nuevo gobierno. Algunos de estos aspectos han sido presentados por distintas organizaciones y son parte de las expectativas que desde el movimiento social se están planteando, todas ellas a la espera de un gobierno que esté dispuesto a escuchar a las comunidades y construir los derroteros que permitan a partir de estas problemáticas, crear los escenarios legislativos, políticos, sociales y organizativos de las propias comunidades, para encontrar claves de solución pronta a ellas.

No obstante, es necesario aclarar, qué es un gobierno que enfrenta múltiples dificultades, algunas de las cuales podrán sortearse, si logra consolidarse la idea del acuerdo nacional y acercar a ese ejercicio de gobernanza a distintos sectores políticos, económicos y sociales del país. También es bueno recordar qué, el gobierno en cabeza de Gustavo Petro y Francia Márquez, no es de ninguna manera un gobierno de carácter revolucionario, claramente se trata de un gobierno de carácter liberal – democrático que en las circunstancias actuales del país, hace parte de una necesidad en la ruta hacia las grandes transformaciones que requiere la sociedad colombiana, para lo cual habrá que acompañar desde los procesos organizativos de base, con acciones pedagógicas, organizativas y de movilización, las iniciativas qué el gobierno presente en la vía de superar el conflicto armado y el desarrollo de una agenda social que permita avanzar en la superación de las profundas desigualdades sociales y económicas que tienen las grandes mayorías en el país.

Acuerdo Final de Paz, Gustavo Petro y Francia Márquez han reiterado en muchas oportunidades su compromiso para honrar el acuerdo firmado entre la guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano en el año 2016, esta es entonces una oportunidad para que por fin empiece la implementación que no se pudo dar durante el gobierno saliente, porque justamente, abiertamente se plantea boicotear, así, durante 4 años, junto con el partido Centro Democrático se encargaron en buena medida y en contravía con la historia, haciendo cada día, todo lo posible por “hacer trizas el acuerdo final de paz” y seguir sumergiendo al país en una espantosa guerra.  Es de gran interés qué el gobierno entrante, asuma un compromiso con los desarrollos pendientes en materia de cumplimiento de la Reforma Rural Integral, que permita reabrir la discusión nacional sobre este aspecto clave, que, entre otras cosas, es una de las causas del conflicto armado, y que hoy podría ser una alternativa para superar las dificultades que el país tiene materia de abastecimiento de alimentos y superación del hambre.

Igualmente es importante que el gobierno entrante desarrolle los compromisos con cada uno de los aspectos de esta importante herramienta para la construcción de una paz duradera y estable.

Ley 1448/11. Transcurridos 12 años de la sanción de la ley de víctimas y restitución de tierras el único logró que puede presentar el gobierno de Iván Duque es el de haber logrado la prórroga de la misma por 10 años más, embargo resulta claro y preocupante, en la práctica las víctimas están asistiendo aún desmejoramiento en las políticas de atención, por supuesto un abrazo enorme en el cumplimiento del compromiso del pago de las indemnizaciones, casi igual sucede con la política de restitución la cual prácticamente no ha logrado avances significativos durante el gobierno que termina. El desafío entonces del nuevo gobierno será alentar desde el congreso de la república, las actualizaciones necesarias para que la ley de víctimas y restitución de tierras, les permitan a las víctimas del conflicto armado en Colombia, recuperar la confianza en este mecanismo, al mismo tiempo qué se habiliten los suficientes recursos para que el pago de las indemnizaciones, las cuáles deben ser elevadas en su cuantía, y avance de manera más significativa el número de víctimas indemnizadas. Lo importante será la reelaboración de manera participativa de la política pública de atención a las víctimas del conflicto armado en Colombia, haciendo énfasis en la reapertura del registro, ampliar los mecanismos de participación de las víctimas y restablecer amplia y generosamente los enfoques diferenciales, que se fueron desdibujando con el avance de la implementación de la ley 1448. De especial importancia es elevar el nivel de empoderamiento de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas, así como sus similares en los territorios donde ellas existen.

Refugio, exilio y retorno con dignidad y garantías. Miles de colombianos en el exterior, han visto crecer sus expectativas con la llegada al gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, en ellos se alberga la esperanza que se pueden abrir los escenarios de discusión para que el gobierno colombiano diseña una política que permita posicionar el tema del exilio como un derecho de las personas que buscan en el exterior garantizar la protección a su integridad y a su vida, en este sentido escuchar las demandas de las víctimas en el exterior es una necesidad urgente qué debe establecer el reconocimiento del gobierno colombiano de esa diáspora que tuvo que abandonar el país, pero que desde el exilio y el refugio han continuado comprometidos en la construcción de la paz, las denuncias a las violaciones a los Derechos Humanos y la recurrencia de la impunidad y el negacionismo, cómo política de los últimos gobiernos, para esos colombianos el gobierno debe habilitar tanto su reconocimiento, como las garantías para quienes así lo consideren, pueden retornar al país en mejores condiciones que las que establece hoy la ley 1448 y por supuesto brindando las garantías para que dicho proceso voluntario cuente con condiciones dignas tanto en los aspectos sociales, políticos, como económicos. 

En este aspecto es muy importante que el gobierno colombiano mejore las condiciones para actualizar las cifras de esos colombianos que se encuentran en las condiciones de asilo y refugio, buscar los canales de diálogo con los respectivos gobiernos de los países, donde se encuentran esos colombianos víctimas del conflicto, para que, reconociendo su existencia, se puedan establecer mejores condiciones de vida para ellos y ellas.

Informe de la comisión de esclarecimiento de la verdad. Este sin duda como uno de los importantes desarrollos del acuerdo de paz, ten un nuevo instrumento a través del cual el país podrá conocer relatos de las víctimas, mismo tiempo qué se podrán conocer múltiples elementos qué ayudarán a explicar la complejidad del conflicto armado en Colombia y la responsabilidad que se atribuye a distintos sectores y actores en ese conflicto. El Instrumento requiere que el nuevo gobierno brinde las condiciones políticas y económicas para desarrollar un amplio proceso pedagógico, desde las instituciones educativas, pasando por las organizaciones sociales y distintos espectros comunitarios, como las juntas de acción comunal, entre otros. En la medida en que la sociedad colombiana conozca estos aspectos que se divulgan en el informe y el gobierno asuma el compromiso de desarrollar plenamente las recomendaciones entregadas por la comisión de esclarecimiento, sin duda el país avanzará en la toma de decisión de no repetir, bajo ninguna circunstancia o ningún aspecto, que pueda derivar en un conflicto armado.

Diálogos de paz con el ELN, tal como lo ha expresado el gobierno de Gustavo Petro es necesario retomar la agenda que permita establecer un proceso de diálogo con el ejército de liberación nacional y el logro de un acuerdo de paz con ese grupo, para ello las condiciones están dadas con un reconocimiento público que ha hecho este grupo insurgente de facilitar las condiciones para ese diálogo, igualmente debe establecerse un proceso de conversaciones con distintos grupos armados que tenga como propósito la desmovilización de dichos grupos, el sometimiento la justicia y al abandonó del uso de las armas y el desmonte del narcotráfico. Estas son medidas urgentes como necesarias para poder avanzar en la construcción de un país con paz total.

Estrategia de tierras, la cual debe pasar por la implementación del punto 1 del acuerdo final de paz así como por un rediseño de la política de restitución establecida en la ley 1448, y el compromiso del gobierno nacional de crear un banco de tierras, a partir del cual se entregue tierra productiva a familias y procesos comunitarios que deseen establecer procesos de producción orgánica de alimentos y productos agropecuarios, lo cual el gobierno avanzará con la entrega de esas tierras en un proceso de titulación, asimismo restablecer y reconocer la propiedad de los territorios colectivos pertenecientes a comunidades indígenas y afrocolombianas, y no menos importante, avanzar en el reconocimiento de las zonas de reserva campesina, así como, el reconocimiento del campesinado como sujeto político.

No menos importante, es nuestra preocupación por el Centro Nacional de Memoria Histórica que como ha sido evidente, durante los últimos años es el escenario de una disputa ideológica y desde  el cual, se ha posicionado la tesis del negacionismo, y con ella, sectores de la ultraderecha y la élite comprometida con la violencia en Colombia, han intentado negar la existencia del conflicto armado y las causas que lo originaron, pero al mismo tiempo también desconocer la existencia de un amplio espectro de víctimas del mismo.

Funcionamiento pleno de la Comisión Nacional de Garantías, cómo de sus similares en los territorios que permita establecer canales de diálogo con las organizaciones y las comunidades fuertemente afectadas por la vulneración de derechos, estos mecanismos de encontrar con el liderazgo efectivo tanto el presidente como el a vicepresidente así como el compromiso institucional de las entidades que participan del mismo para que la convocatoria de dicho escenario mantenga la regularidad en sus reuniones y el nivel de los funcionarios que participan en el mismo será lo suficientemente garante para asumir los compromisos que allí se establecen.

Garantías a la integridad a la vida, libertad de asociación y protección naciones defensoras de los Derechos Humanos, de los procesos y organizaciones comunitarias comprometidas en la defensa de la tierra y el territorio, así como los constructores de paz, requiere un compromiso Real del gobierno para garantizar la vida y la integridad de los firmantes del acuerdo de paz. Estás garantías deben también permitir qué el gobierno emprenda una acción efectiva qué garantice la puesta en libertad de líderes y lideresas sociales privados de la libertad, producto de falsos positivos judiciales, en una acción de persecución emprendida en el pasado por expresar políticamente su oposición a las políticas establecidas por el gobierno.

Un claro compromiso del nuevo gobierno debe ser el de ampliar las condiciones para el fortalecimiento del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no repetición, entre ellos, la jurisdicción especial para la paz y la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y la comisión para hacer seguimiento a la implementación de las recomendaciones del informe de la verdad.

Lucha frontal contra la impunidad y la corrupción, cómo instrumentos claros del compromiso del gobierno por establecer nuevos hitos que permitan a la ciudadanía recuperar la confianza en las instituciones.

Desmonte del ESMAD, así como el cumplimiento del compromiso y el llamamiento de instancias de Derechos Humanos a nivel nacional e internacional para procurar una reforma profunda de la policía, sí como El avance que permita la conformación de una fuerza pública para la paz que renuncié de plano, a seguir aplicando doctrinas como la de seguridad nacional y el enemigo interno en buena parte responsables del actuar criminal de la fuerza pública hoy.

Plantear qué tanto los temas de paz, derechos humanos y víctimas deben tener un lugar importante en el Proyecto de Plan de Desarrollo, así como jugar un papel destacado a la hora de la construcción del Ministerio de la Equidad, que fue parte de un compromiso adquirido por los candidatos, hoy gobernantes del pacto histórico.

Finalmente, hacer un llamamiento a las organizaciones de víctimas, de derechos humanos y las plataformas de paz en el país, para fortalecer sus procesos organizativos que permitan desde este fortalecimiento, qué es la movilización la herramienta a través de la cual se puede defender la conquista obtenida en el largo proceso de movilización y estallido social, que luego permitió el logro de los sectores democráticos, tanto en el congreso  y en la presidencia de la república, esa misma movilización, debe servir como mecanismo de control, si el gobierno se aparta de ese ideal de cambio promovido durante este histórico proceso electoral.

Bogotá, 2 de julio de 2022.