Cuando se posesione Gustavo Petro como presidente encontrará raspada la olla de las finanzas públicas y no solo eso, sino también endeudado hasta la camisa. El déficit fiscal que encontrará la nueva administración será de $83 billones, equivalentes al 6,8 % del PIB, el más alto en la historia del país; al mismo tiempo, se encontrará con que la deuda pública se incrementó del 36 % al 57 % del PIB entre enero de 2019 y el mismo mes de 2022, que obligará a pagar altos intereses y reducir el gasto en sus programas prioritarios.

Una cifra tan alta de endeudamiento público reduce también el acceso del nuevo gobierno a los mercados internacionales para financiar sus actividades. Se verá obligado a recurrir a la tributación de las personas naturales más ricas del país, pues las empresas están sometidas a una tributación asfixiante. Mientras las personas aportan el 1,2 % del PIB en impuestos, las empresas marcan el 5,4 %. El recaudo de 2021 fue de $174 billones, el 14,2 % del PIB, mientras en la OCDE a la que pertenecemos fue del 33 % del PIB; el impuesto de renta de empresas y personas fue 6,4 % del PIB, el IVA fue de 3,8 %, pero el de patrimonio solo alcanzó $1 billón, 0,09 % del PIB.

El nuevo gobierno ha anunciado que prepara una reforma tributaria que le provea del 4 al 5 % del PIB adicionales. Se trata de una meta muy alta, pues generalmente las pasadas reformas han aumentado el recaudo en no más de 1,5 % del PIB. Según la OCDE, Colombia es el país que menos impuestos tiene a la renta de personas naturales.

La penuria del Gobierno fue resultado del afán de gasto con que Duque quiso cerrar gloriosamente su mandato y la corrupción, que se multiplicó en varios ámbitos de su gobierno. El índice de percepción de la corrupción que publica Transparencia Internacional informa que 52 % de personas consultadas (hombres de negocios y funcionarios internacionales) en Colombia pensaron que la corrupción había aumentado y el 20 % de los usuarios de servicios del Gobierno reportaron haber pagado sobornos durante el último año.

Un caso reciente reportado por Valeria Santos, periodista de Blu Radio, informa que “a través de un sofisticado mecanismo de corrupción entre funcionarios del DNP, la Contraloría y algunos congresistas se habrían apropiado de hasta $500.000 millones en coimas de las regalías que por ley están destinadas a la implementación del Acuerdo de Paz”. De este entramado hacen parte el contralor Felipe Córdoba, funcionarios de Planeación Nacional y congresistas que pasarán incólumes bajo la lente amigable del fiscal Francisco Barbosa. Otro implicado es Álvaro Ávila, director de regalías del DNP, del Partido Conservador, que según las fuentes estaría exigiendo para viabilizar los proyectos hasta un 5 % de su valor. Ávila fue nombrado por Luis Alberto Rodríguez, su coterráneo y copartidario”.

Al gobierno entrante y a su ministro de hacienda, José Antonio Ocampo, les corresponderá encarar una compleja situación de penuria. La OCDE prevé que este año la economía crecerá alrededor del 6 %, pero en 2023 el crecimiento apenas llegará al 2 %. Les corresponderá el año entrante hacer una reducción del gasto y al mismo tiempo un fuerte aumento del recaudo tributario con efectos contractivos, cuando lo que se requiere es lo contrario: una política expansiva de gasto público y bajas tasas de interés.

Sigo con el balance del gobierno Duque:

Primero, el manejo irresponsable y populista de los temas impositivos. El gobierno presentó 4 reformas tributarias, lo cuál muestra la improvisación en este frente. Además, está el daño que se hace a la cultura tributaria del país con los tres días sin IVA. El gobierno nos dice: el IVA es tan malo e injusto que nos merecemos tener tres días sin él.

En segundo lugar, las finanzas públicas, comenzando por dudas sobre la transparencia de las cuentas fiscales que, han sufrido un masaje contable: las utilidades del Emisor, por ejemplo, unos años están por encima de la línea y en otros por debajo. El déficit fiscal y los altos niveles de deuda pública son el resultado de un gobierno claramente populista con el gasto público.

Tercero, la macroeconomía, que usualmente ha funcionado bien en el país, será entregada en un nivel de precariedad enorme. El legado de Duque será: Grandes déficits en cuenta corriente y en materia fiscal, una tasa de desempleo mayor a la que recibió, inflación desbordada y la deuda pública desatada.

Cuarto, el deterioro del orden público y el grueso de los indicadores de seguridad. El país había avanzando en este tema desde el 2002, pero la incompetencia de los ministros y del propio jefe de Estado nos ha llevado a una situación donde los ciudadanos se sienten de nuevo sin posibilidades de protección por parte de la fuerza pública.

Quinto, las relaciones internacionales. El fracaso del cerco diplomático, reconocido por sus funcionarios, la narcotización de la agenda bilateral con USA, así como el aislamiento del país en los escenarios regionales, dan una idea de los fracasos en este frente.

Sexto, el proceso de paz. El gobierno siguió la receta del Centro Democrático de sólo impulsar, parcialmente, uno de los cinco puntos del acuerdo, que es el de reincorporación. Pero atacó de frente a la JEP, las curules de paz, el tema de tierras y no construyó un diálogo institucional fluido con la dirigencia de la otra parte del acuerdo. La historia recordará este periodo como el más difícil para el proceso y eso sin mencionar el asesinato de más de 300 firmantes en estos últimos años.

Séptimo, el aumento de la pobreza y los retrocesos en materia de igualdad. En casi todos los indicadores el gobierno muestra un balance desastroso. La pandemia es la excusa de los funcionarios, pero olvidan que, para el inicio de la misma, la pobreza ya estaba aumentando, el acceso a educación superior disminuyendo, el desempleo crecía y la equidad retrocedía.

Octavo, el adanismo de sus funcionarios. Hoy vemos declaraciones públicas de ministros sobre la necesidad de que sus múltiples iniciativas inconclusas sean tratadas como política de Estado y tengan continuidad. Esas mismas personas, tres años y medio atrás, no dudaron en descalificar todo lo que venía del gobierno anterior.

El resultado del gobierno duque-uribista es muy malo y difícil de olvidar, pues es tan extenso y sinuoso, que aún queda mucha tela por explicar.