El pasado 22 de abril la sala de reconocimiento de la JEP, profirió un auto en el marco del macro caso 006, que investiga los crímenes contra el movimiento político Unión Patriótica. De esta manera el auto 75/22 estableció que “5733 personas fueron asesinadas o desaparecidas en ataques dirigidos contra el partido político unión patriótica entre 1984 y 2016”[i] lo que constituye un reconocimiento histórico que por primera vez se establece a través de un fallo judicial, el reconocimiento del genocidio político contra este movimiento político surgido de los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y la hoy extinta guerrilla de las FARC en 1985.

Esta decisión es de gran trascendencia por cuánto reconoce que la violencia fue “generalizada, sistemática y selectiva”, que estos hechos fueron cometidos principalmente por “paramilitares y agentes estatales”. sobre las etapas y regiones más afectadas por este fenómeno criminal que, aunque se presentó en todo el país, pero se concentró “…en tres periodos: (i) entre 1984 y 1993, con un pico entre febrero de 1988 y enero de 1989; (ii) entre 1994 y 1999, con un pico entre abril de 1996 y marzo de 1997; y (iii) entre 2000 y 2007, con un pico entre julio de 2001 y junio de 2002. Las regiones más afectadas fueron el Ariari – Guayabero, Magdalena Medio, Urabá, Cundinamarca – Sumapaz y Tolima.”

Es de destacar en este fallo qué la sala de reconocimiento tuvo en cuenta, diferentes fuentes documentales entre archivos oficiales y documentación aportada por las organizaciones de víctimas, lo cual constituye un esfuerzo importante que no se había realizado en el pasado.

En el pronunciamiento es importante destacar qué se logran identificar varias unidades militares que están comprometidas en el desarrollo de este genocidio entre las que se destacan ex integrantes de la brigada 14 del ejército que actúan en el batallón de infantería número 3 batallón  de Bárbula y el batallón de infantería número 42, asimismo el batallón de infantería número 21, y en Cundinamarca particularmente en la región de Sumapaz el departamento de policía y el batallón de artillería número 13 Fernando Landazábal Reyes pertenecientes a la brigada 13 del ejército, asimismo también la brigada sexta del ejército a través del batallón de infantería número 16 el batallón de infantería número 17, el batallón de infantería número 18 y el batallón contraguerrilla número 6, El comando operativo de inteligencia Y contrainteligencia de la brigada 20 y las seccionales de inteligencia de las brigadas 13 y 14 del ejército nacional, igualmente la sala determina, que en este hecho criminal existió connivencia de agentes estatales especialmente vinculados con órganos de inteligencia civil y militar, grupos paramilitares, expresamente se destaca la participación de integrantes del departamento administrativo de seguridad, DAS.

Tomada del Espectador

Aunque esté pronunciamiento constituye un importante avance en las investigaciones que permiten establecer las responsabilidades del Estado colombiano en la comisión de una acción criminal qué término convertida en un genocidio político, es importante manifestar qué en el pronunciamiento se hace mucha referencia a la participación de unidades militares que trabajaron articuladamente con grupos paramilitares, sin embargo, cómo lo ha reiterado la propia Unión Patriótica y múltiples informes de organizaciones defensoras de Derechos Humanos, este plan criminal no es la acción aislada de algunas unidades militares, por tanto es necesario esclarecer de dónde provenían las órdenes y cuál es la participación de las autoridades políticas y civiles para el desarrollo de lo que claramente es un plan diseñado con el objetivo político de eliminar del escenario a un grupo con una clara identidad ideológica de oposición política de izquierda. Por tanto, es necesario que el desarrollo de las investigaciones permita esclarecer el vínculo de este accionar criminal ejecutado por estructura de las fuerzas militares que estaba sustentado y “justificado” en el desarrollo de la estrategia de seguridad nacional qué se sustenta en la tesis del enemigo interno, con la cual se intenta legalizar la persecución de opositores políticos y luchadores sociales como parte de un ejercicio de salvaguardar las instituciones.

Aunque el fallo es un reconocimiento importante de la responsabilidad del Estado colombiano en la perpetración de este hecho criminal, también es bueno señalar que en el inmediato pasado se han proferido otros pronunciamientos, de autoridades colombianas que apuntan en el mismo sentido. De esta manera en el mes de julio del año 2013 el Consejo de Estado devolvió la personería jurídica al partido político Unión Patriótica, señalando con toda claridad, que lo sucedido a la Unión Patriótica era el resultado de un genocidio, qué hizo que en el año 2002 la organización política se viera obligada a no participar de las elecciones qué se desarrollaban en ese momento y lo que provocó qué al no elegir parlamentarios se aplicará lo establecido en la ley de retirar la personería jurídica. Así, esta decisión electoral de restituir la personería jurídica se sustenta en el reconocimiento del alto tribunal de la existencia de una campaña de exterminio contra la organización política. Manifestando adicionalmente qué está “notoriedad pública de la acción de exterminio”[ii] debió ser considerada por el Consejo Nacional Electoral y de esta manera no retirar la personería jurídica lo cual se constituyó en un hecho que revictimizó al movimiento por parte del propio Estado.

Igualmente en el mes de septiembre del año 2016, el presidente de la república Juan Manuel Santos en cumplimiento de los compromisos establecidos en el acuerdo de paz, firmado entre el gobierno nacional y las FARC, realizó un acto de reconocimiento público de la responsabilidad del Estado en el exterminio de La Unión Patriótica, manifestando qué “el Estado no tomó las medidas suficientes para impedir y prevenir los asesinatos los atentados y demás violaciones a pesar de que esa persecución está en marcha”[iii] Igualmente el presidente reconoció que este genocidio era parte de una acción sistemática de estigmatización, exhortando a la sociedad y a los agentes del Estado a no realizar este tipo de prácticas.

Este reconocimiento por parte del presidente Juan Manuel Santos, “se constituía como un ejercicio de garantías de no repetición el esclarecimiento de la verdad y el compromiso de que nadie vuelva a ser asesinado por razones políticas”. Compromisos que claramente ha violado el Estado colombiano si se tiene en cuenta, que el cumplimiento y la implementación del acuerdo final de paz, deja en entredicho el compromiso del Estado Colombiano para cumplir con lo pactado, igualmente es de gran preocupación, que durante los cinco años de la implementación del acuerdo final de paz, el país ha ido retornando lentamente a una reactivación de la guerra interna, en desarrollo de una “política” impulsada por el partido de gobierno de “hacer trizas el acuerdo de paz”, la cual es cumplida cabalmente tanto por el presidente Iván Duque como por distintos representantes de este partido en el alto gobierno. Esa proclama se ha traducido en un lento avance en el cumplimiento de lo establecido en el acuerdo especialmente en los temas de reforma rural integral, drogas de uso ilícito, entre otros aspectos, pero quizá el hecho más grave es el retorno del país a acciones de guerra, especialmente contra la población civil, en aquellas regiones dónde se había desarrollado con mucha intensidad el conflicto, en dónde ahora, asesinatos, combates, desapariciones, masacres, bombardeos indiscriminados, desplazamientos y confinamientos, hacen parte de una cruda realidad que tienen que vivir las comunidades que no han podido conocer el establecimiento de una paz duradera y estable.

De conjunto, estos pronunciamientos especialmente, el que acaba de proferir la Jurisdicción Especial para la Paz, deben convertirse en un punto de partida para que la sociedad colombiana, conozca la responsabilidad y la participación de las élites políticas y su responsabilidad en la comisión de este plan criminal de exterminio contra la unión patriótica, así como, contra otras organizaciones sociales y políticas qué se inclinan por la construcción de un modelo de desarrollo alternativo la consolidación de la paz duradera y estable y el establecimiento de un régimen democrático que permita conocer la verdad y un juzgamiento a los responsables de todos los crímenes cometidos contra la sociedad colombiana durante largos años de una guerra interna que desafortunadamente aún no termina.

No obstante este importante fallo, a través del cual una instancia judicial reconoce la responsabilidad del Estado colombiano en el genocidio contra un partido político de oposición como la Unión Patriótica, es  necesario advertir al menos 2 situaciones: Una tiene que ver con el proceso que actualmente se adelanta en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el genocidio contra la Unión Patriótica del cual está pendiente un fallo, y que ojalá este pronunciamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, no sea asumido por este tribunal internacional, como el cumplimiento de aplicación de justicia de justicia en Colombia, por una situación de violación a los Derechos Humanos, y en tal sentido, el fallo del tribunal internacional se apoye en la reiteración de lo establecido por la JEP, lo cual sin duda sería asumido por las víctimas como una vulneración al derecho de verdad y justicia que se ha intentado a través de ese mecanismo internacional.

Segundo aspecto a considerar, tiene que ver con que en todo caso y a pesar de la contundencia del fallo de la JEP, este como en otras ocasiones oculta lo que ha sido una práctica sistemática por parte de las autoridades civiles y militares en el país del desarrollo de una política anticomunista, qué se sustenta en la teoría del “enemigo interno” y de la “seguridad nacional” a través de la cual, se considera “válido” emprender las acciones del Estado para “proteger la estabilidad institucional” de la “amenaza Comunista”. Colombia ha asistido durante todo el siglo XX y aún durante los primeros años del siglo XXI a una política institucional de persecución y anticomunismo, que hoy se expresa a través de distintos voceros del gobierno nacional con una acción sistemática de negar la existencia del conflicto, al tiempo que se niega la existencia de las víctimas de los crímenes de agentes estatales. Esa política institucional es la que ha justificado todo el desarrollo criminal de acciones cómo los llamados “falsos positivos”, y que reciente hemos conocido a través de los desgarradores relatos de reconocimiento de responsabilidad de militares que ante la Jurisdicción Especial para la Paz, están confesando en detalle cómo se realizaban estas acciones criminales contra campesinos y jóvenes que no tenían ningún tipo de relación con grupos armados.

En esta época que vive el país, es importante siempre considerar que en la agenda de país, está pendiente qué el Estado Colombiano desmonte definitivamente todo tipo de acción qué justifique o legalice acciones criminales de la fuerza pública, para eliminar al opositor político, es necesario el desarrollo de una acción que garantice a las víctimas de estas acciones criminales, una justicia imparcial, así como, ejercicios concretos que permitan esclarecer toda la verdad que aún está pendiente de conocerse, así como, las garantías institucionales de no repetición.

Alfonso Castillo Garzón, Defensor de los Derechos Humanos

Bogotá, 3 mayo de 2022