Javier Suazo

La flamante presidenta de Honduras asumió su cargo y se comprometió a un cambio refundacional que cambie de raíz las bases del sistema neoliberal impuesto por los gobiernos post-golpe de Estado.

En una ceremonia especial, acompañada de la asistencia masiva del pueblo hondureño, Xiomara Castro fue juramentada por una Juez de Sentencia y tomó promesa de ley como la primera mujer presidenta de Honduras. Al evento asistieron el rey de España, presidentes, expresidentes y dirigentes políticos y sociales latinoamericanos. Destaca la presencia de Cristina Kirchner y Kamala Harris, vicepresidenta de Argentina y Estados Unidos respectivamente.

Su  discurso fue fiel al compromiso asumido en el Plan de Gobierno (2022-2026), de gobernar con el pueblo, derogando toda la legislación creada en estos doce años de gobiernos post-golpe de Estado que ha permitido la corrupción, falta de transparencia e impunidad, sumado al despojo, represión, venta del territorio y violaciones sistemáticas de los derechos humanos;  garantizar la estabilidad económica y financiera, cubrir déficits económicos y sociales acumulados y generar espacios para la inversión productiva con más empleos, ingresos y alimentos para la población.

  1. El diagnóstico y las prioridades

Recibe un país en bancarrota, siendo evidente el aumento del endeudamiento y de la pobreza. En estos doce años de gobierno del Partido Nacional, el saldo de la deuda total aumentó de 57.000 a 336.000 millones de lempiras, un 489%, con niveles de pobreza que afectan al 74% de la población. ¿Dónde fueron a parar esos recursos? Es la pregunta del millón que se hacen los hondureños, exigiendo castigo a los culpables y devolución de los dineros sustraídos.

Y aquí es donde las instituciones del Estado y organismos de cooperación internacional, tienen parte de la culpa, por no denunciar en forma sistemática este saqueo, presionando para que se castigue a los corruptos.

Una creciente burocracia improductiva y clientelar que suman 210 mil empleados públicos (no significa privatización de servicios públicos y destrucción del Estado por la ideología de mercado como solución, que algunos funcionarios han empezado a barajar), es también parte del problema.

De acuerdo a la presidenta electa, “la destrucción de la ENEE (Empresa Nacional de Energía Eléctrica) es una mancha que nos deja la dictadura y un agujero fiscal de dimensiones insalvables a corto plazo. El problema va más allá de lo energético, es un problema social, económico y con un proceso potencial que incentiva la migración. Las opciones que me han presentado los organismos financieros es contratar más deuda, no para salvar a la ENEE, sino para salvar a los proveedores de la ENEE. Contratar más deuda para el pago de los generadores de energía sin un programa de emergencia energética, equivale a convertirse en cómplice de la usura y el agiotaje legalizados con contratos lesivos al interés nacional. (….) Las pérdidas por robo en la ENEE alcanzan más del 38%. El impacto en el flujo de caja es de más de 10 mil millones de lempiras anuales, 450 millones de dólares. Honduras supera con creces los porcentajes promedio de pérdidas en la región, convirtiendo al Estado en opresor y violador a los derechos humanos” (Xiomara Castro, discurso de toma de posesión, 27-01-2022).

La presidenta Xiomara Castro, aunque no lo hizo público, debe exigir y practicar a través de la Secretaria de Finanzas y Banco Central una auditoría internacional de la deuda, para poder identificar los grados de responsabilidad que tienen los Organismos Financieros Internacionales (OFIs), en especial el Fondo Monetario Internacional (FMI), los grupos corporativos internos y políticos; igual, analizar este proceso de partición de la ENEE y  cumplimiento efectivo de metas por la empresa contratada, eliminando el comisionismo burocrático y contratando personal de alto nivel técnico para gerenciar la empresa.

Las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDEs), pasarán a mejor vida en el gobierno de Xiomara Castro, al anunciar y acompañar un proyecto para su derogación que fue aprobado por el Congreso de la República, contando con el apoyo de la mayoría del pueblo que se ha pronunciado en contra del despojo, y con aquellos diputados y diputadas de LIBRE no “enchufados” con el Partido Nacional y lado oscuro del Partido Liberal. Aquí no debe retroceder, ya que las ZEDEs son proyectos ilegales que distorsionaron la idea inicial de Paul Romer, con el único propósito de cercenar el territorio nacional y obtener recursos para la campaña política.

Romer, premio nobel de economía y teórico  del crecimiento económico endógeno ligado a la escuela neo institucionalista, cree que eliminando los vicios tradicionales (léase: funcionarios, diputados y empresarios ladrones, lentos y mal intencionados) de los países latinoamericanos, y complementando la inversión interna con inversión de empresas trasnacionales, las economías de países como Honduras se verán favorecidas para transitar —en el mediano y largo plazo— por la ruta del crecimiento económico sostenido.

A los inversionistas extranjeros se les advirtió que podían perder sus capitales en proyectos ilegales poco transparentes, que afectaban el espacio de desarrollo de las comunidades rurales y urbanas, por lo que la derogación de la Ley ZEDEs es innegociable, o sea un compromiso del partido LIBRE y presidenta electa con el pueblo hondureño.

Frente a la creciente demanda de la ciudadanía y el abandono observado en el gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH), la educación, salud, seguridad y empleo son prioridad en las intervenciones del gobierno y asignación de recursos presupuestarios. En estos sectores se concentró la mayor parte de la asignación de los recursos del presupuesto de los gobiernos, pero resultó insuficiente y se empleó en forma poco transparente y eficiente.

En educación y salud, hay que empezar por cubrir el déficit de acceso, donde muchas familias están fuera del sistema, seguido de la calidad y sostenibilidad a través del tiempo, jugando un papel importante en educación el uso de tecnologías educativas incluyentes, y en salud la potenciación de la medicina preventiva que fue abandonada en aras de “ampliar” la infraestructura hospitalaria.

En seguridad se habla de seguridad jurídica, ciudadana y social. La garantía de los derechos de propiedad es una de las principales formas para ejercer la seguridad jurídica, pero no sirve si los activos a protegerse están ociosos y mal utilizados, pudiendo utilizarse, caso particular de la tierra, para generar mayor producción alimentaria y de exportación, empleos e ingresos de beneficio para familias campesinas e indígenas. En el caso de la seguridad ciudadana ha sido evidente la ausencia permanente de mecanismos e instrumentos para garantizarla, como ejemplo el acceso de la población a formas de participación comunitaria, municipal y regional, para dilucidar conflictos entre actores y grupos de interés. La seguridad social debe ser vista como un derecho y servicio cuya responsabilidad recae en el Estado y en organizaciones gremiales (sin captura por grupos corporativos y ejercicio de prácticas antidemocráticas).

La generación de empleo productivo y de buena calidad se vendió como uno de los principales objetivos de la política pública de los gobiernos del partido nacional; sin embargo, las acciones ejecutadas mostraron resultados contrarios de los propuestos. Una primera acción fue la aprobación de la ley del empleo por hora, flexibilizando el mercado de trabajo para permitir mayor libertad de contrato y disminuir los costos de protección social para las empresas. La tesis es sencilla: flexibilizar los controles y las conquistas de los gremios (¿hay mucho dirigente corrupto?), aumenta la demanda de empleo y se generan mayores puestos de trabajo.

Las cifras muestran un aumento de la tasa de desempleo abierto, pero también del subempleo. “La tasa de desempleo abierto fue de 5,7% en 2019, cuando en 2012 era de 3,6%, con una Población Económicamente Activa (PEA) y población en edad de trabajar (PET) en ascenso, en su mayor parte conformada por jóvenes y mujeres. La tasa de desempleo visible aumentó a 10,6% en 2019, pero lo preocupante es el desempleo invisible de 60,6% en 2019, cuando era de 43,6% en 2012[1].

Mucho antes del Covid-19, el mercado de trabajo hondureño presentaba una falla estructural, la incapacidad para generar empleos, pero sobre todo empleos que reconozcan el pago de jornadas de trabajo completas y el salario mínimo negociado cada año por las centrales obreras con el gobierno (Suazo, Ebert, noviembre de 2021). En 2020, el desempleo aumentó en 5,2% y el subempleo subió a 70,6%, un porcentaje muy alto para una economía que observa bajos niveles de productividad y alta informalidad[2].

La presidenta electa Xiomara Castro, propone la eliminación de la ley de empleo por hora, el principal aliciente para la precarización del empleo y la migración. No obstante, hay desde ya una fuerte resistencia por la empresa privada, sobre todo de los maquiladores que esperan más incentivos para generar puestos de trabajo. Y es que la demanda mayor de la población son empleos sostenibles y de buena calidad, en tanto los ingresos captados por los empleos precarios resultan insuficientes como ingreso monetario para enfrentar las demandas de alimentos, pago de servicios y gastos en salud y educación. Hemos manifestado la importancia de una política pública integral de apoyo a sectores estratégicos con potencial en la generación de empleos buenos, caso del sector forestal, agroalimentario, construcción, turismo y actividades de cuidado, como una estrategia de cambio gradual de la matriz productiva con criterios de sostenibilidad ambiental y equidad social.

La seguridad alimentaria es parte integral de su discurso, por lo que habría que proponer medidas de política y generar programas y proyectos de inversión para ello. Ya se ha nombrado la ministra de Agricultura y Ganadería (SAG) y el viceministro de Agricultura, restando el viceministro de Ganadería, jefe de planificación sectorial y director de Transferencia Tecnológica, Sanidad Vegetal y Animal; otros.

En el caso particular de la planificación agropecuaria, abandonada en el gobierno de JOH, lo importante es integrar los programas y servicios que operan en función de las competencias públicas lideradas por el cabeza de sector, incorporando  aquellos que están fuera de la institución y que no han permitido tener un sistema de monitoreo y evaluación de resultados e impactos integrado[3]. Igual, evaluar las estrategias de seguridad alimentaria y economías campesinas, que han contado con apoyo de organismos de cooperación internacional como la Unión Europea y la FAO; hay un interés manifiesto de la organización Vía Campesina por reivindicar derechos como el acceso a tierras y alimentos.

Hay que definir que se hará con el Instituto Nacional Agrario (INA), Banco Agrícola y el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA). En esto es importante tener presente no solo los servicios de apoyo a la producción como tecnología[4], crédito y comercialización, sino también el acceso a tierra productiva para  la mujer campesina e indígena, ya que es una demanda manifiesta de organizaciones sociales, ambientales y pueblos originarios. El gobierno de JOH promovió la reconcentración de la propiedad rural y la desigualdad, igual la destrucción de los bienes colectivos o comunales.

Hemos venido insistiendo en la revisión o derogación de la Ley para la Modernización y Desarrollo Agrícola (LMDSA), en desuso (cumplirá 30 años en el mes de marzo) por falta de funcionamiento de varios de sus programas (ejemplo el Fondo de Tierras), y contrarreformas como la Ley de Inversiones Agrícolas de Carlos Flores y Ley de Sobre Techos Covid-19 aprobada por JOH. Ello puede hacer posible un uso más productivo de la tierra agrícola y la protección de los recursos naturales y biodiversidad por las comunidades étnicas de Honduras.

Existe un principio fundamental en economía que dice que se tienen que priorizar las intervenciones, acciones e inversiones ya que los recursos son escasos. En Honduras, la situación financiera heredara afecta la capacidad del Estado por destinar atender a todos los sectores por igual. Hay que tomar la palabra de la presidenta y priorizar aquellas asignaciones de recursos en los sectores identificados, o sea salud, educación, seguridad, empleo y alimentos. Las presiones vendrán de todos lados, incluso de los OFIs, pero se cuenta con el compromiso de la presidenta electa, que es un mandato para los tomadores de decisiones y organizaciones empresariales y sociales.

  1. El mandato y los complementos

La crisis económica, política, social, ambiental, institucional y humana manifiesta en este período de antidemocracia generó una fuerte división en el pueblo hondureño, pero también grandes expectativas con el cambio de gobierno. Había que devolverle valores y formas de vida, pero también recursos robados y derechos perdidos. Las exigencias eran y siguen siéndolo, devolver lo robado, castigo a los culpables y estabilidad económica, social y política. El cambio refundacional, por las violaciones continuadas a la Constitución de la Republica y desuso de la mayor parte de su articulado, dado la gran cantidad de leyes secundarias y decretos conspirativos, se visualiza como un objetivo de política de mediano plazo, aunque la ruta debe ser trazada desde ya en consulta popular.

Una respuesta inmediata de la presidenta electa Xiomara Castro es el cumplimiento de las promesas de campaña. Estas son de tipo económico, social, ambiental, político e institucional. Es entendido que no puede esperar a que los diputados llamados “enchufados” con el Partido Nacional y Liberal regresen y surja un Congreso legislativo de integración, ya que existen agendas contrapuestas y diputados expulsados. Hay negociaciones en marcha donde se puede llegar a acuerdos[5], pero los compromisos no deberían esperar; más aún, cuando se han detectado acciones conspirativas del Partido Nacional tratando de deslegitimar a la presidente electa y gobierno, caso de protestas en educación, salud, aumento del precio de los productos básicos y la campaña en prensa desfavorable a las actuaciones del Congreso de la República que preside Luis Redondo, reconocido como tal por la presidenta electa y las bases del partido Libertad y Refundación (LIBRE) en alianza con el partido Salvador de Honduras y PINU-SD.

No obstante, se evidencia la necesidad de análisis e impacto previos cuando se trata de disminuir los ingresos del Estado, eliminando pagos por servicios públicos para población con bajo consumo y en situación de pobreza. Es más, se ocupa de una nueva institucionalidad, ya que la actual responde a otros lineamientos de política e intereses, algunos de los cuales son de tipo corporativo y globalizantes, como ejemplo la competitividad del país, y al interés de organismos de crédito internacional y su propuesta de pago del servicio de la deuda, sea por reducciones de gasto, aumento de los ingresos del Estado y mayor endeudamiento.

Existen, al menos, siete mandatos de la presidenta electa, que tiene relación con la necesidad de un análisis previo, o condiciones necesarias para no retroceder, más allá de las manifestaciones políticas de los “enchufados” de LIBRE y legalistas “trasnochados” que consideran que todo lo actuado por el Congreso de la República que preside Luis Redondo es ilegal.

En el tema del servicio de energía eléctrica, el mandato reza: “Más de un millón de familias que viven en pobreza y consumen menos de 150 kilovatios hora por mes, a partir de este día no pagaran más la factura del consumo de energía. La luz será gratis en sus hogares. Como esta decisión significa un costo más para ENEE, los altos consumidores deberán asumir un precio en su factura para subsidiar la energía que daremos gratis a los pobres de Honduras”[6].

Este proyecto ya fue sancionado y aprobado por el Congreso Nacional que preside Luis Redondo, donde los beneficiarios se estiman en 1.333 millones de personas que consumen menos de 150 kilovatios al mes que no pagarán energía. Tiene un impacto de 540 millones de lempiras mensuales, de los cuales una parte la aporta el gobierno y la otra, un aumento de las tarifas comerciales e industriales.

Es una especie de subsidio cruzado, o sea cobrar poco o no cobrar tarifas a grupos de usuarios (familias de bajos ingresos), y tarifas mayores a grupos de usuarios de alto consumo, empresas o industrias. El problema, en el caso particular de las empresas e industrias, es que aumentan los precios de productos y servicios para compensar el ajuste de costos hacia arriba por el mayor pago de energía, generando especulación e inflación, lo que sirve de aliciente para que los políticos perdedores lancen sus activistas a la calle para presionar por ajuste de sueldos y firma de contratos, tal como sucede en la actualidad con empleados de salud y educación.

JOH y su gobierno había aprobado una amnistía denominada “¡Borrón y cuenta nueva!” en 2018, pero a criterio de especialistas del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), ello implicó para las arcas del Estado un perjuicio de 1.540 millones de lempiras, que se dejaron de percibir por tal decisión. El informe detalla cómo diputados, candidatos y excandidatos a diputados del Congreso Nacional, exalcaldes y otras autoridades que ejercen un cargo público fueron beneficiados con la aprobación de los Decretos n. º 51-2018 y n. º 26-2019. Asimismo, se enumeran las secretarías de Estado, municipalidades, universidades y demás instituciones que fueron acreedoras del beneficio bajo el Decreto n. º 129-2017 (El heraldo, 02-22-2022).  A lo mejor, además de la profundización de las investigaciones para deducir responsabilidades, el Congreso de la República debió justificar la aprobación del subsidio a los contribuyentes de bajo consumo, por la piñata de “¡Borrón y cuenta nueva!”.

El subsidio cruzado afecta también a las Mi pymes, por lo que debió ser otorgado en forma escalonada y progresiva en el tiempo. Pero, además, ocupa de medidas complementarias como la revisión de los contratos leoninos, recuperación de las pérdidas técnicas y no técnicas de la ENEE, la revisión de la ley del sector y el fortalecimiento de la institucionalidad con una evaluación detallada de la Empresa y Comisión que son parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), como Energía Honduras y la Comisión Reguladora. Hay mucha tardanza con el nombramiento del nuevo ministro de Energía y de la ENEE. El ministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, está en línea con las promesas de campaña de la presidenta, pero se ocupa de uno o dos expertos en energía ya, no muy ligados al sector empresarial corporativo y organismos financieros.

El segundo mandato, es “un proyecto de ley al Congreso Nacional para crear subsidio para los combustibles y lograr una reducción de los precios actuales”. El Congreso de la República que encabeza Luis Redondo, aprobó una rebaja de 10 lempiras, con un impacto para 2022 de 2,800 millones de lempiras. De acuerdo a Pedro Barquero, la rebaja proviene de una reducción de impuestos a los combustibles que habían aumentado en el gobierno anterior, hasta constituirse en una de las principales fuentes de ingreso del Estado.

Lo importante es el monitoreo de la inflación, que no solo viene por aumentos del precio de los hidrocarburos, sino también por especulación y presión de oferta, o sea baja producción compensado con mayores precios. En el caso de los alimentos, es evidente un impacto negativo en la producción generada por mayor costo de los insumos importados.

La presidenta ordena también al “Banco Central y a la Secretaría de Finanzas para que se creen los mecanismos legales de mercados para la disminución de los intereses bancarios para la producción. El problema, tal como se observó en los gobiernos post-golpe de Estado, no es el crédito barato a la producción, sino el tipo de productores que se beneficia. El Banco Hondureño para la Producción y Vivienda (BANHPROVI), convertido también en un banco de primer piso en el segundo gobierno de JOH, creó programas de crédito que bajaron las tasas de interés para el agro, pero los mayores beneficiarios fueron productores que tenían garantías reales y no estaban morosos con la banca.

En 2019, BANHPROVI otorgó 5.025 millones de lempiras en créditos, de los cuales un 51,9% fue para vivienda, el 29,2% para producción, 17,3% para Mi pymes y el resto para bienes inmuebles[7]. En febrero de 2020 se dio vida al programa Agro Crédito 8,7%, donde el productor agroalimentario aporta el 5% de la tasa de interés y el gobierno el 3,7%. Las organizaciones campesinas se quejan que los grupos de la reforma agraria fueron poco beneficiados, igual pequeños productores minifundistas de granos básicos con problemas de mora con la banca. El Banco creó una red de intermediarios financieros no muy benignos con los campesinos que han enfrentado problemas para honrar sus deudas por problemas de sequía y baja producción.; ello, aun cuando, este programa opera con un fondo de garantía de hasta 95%. Las nuevas autoridades del Banco deben prestar atención al manejo de los fideicomisos y desviaciones de fondos, muy común en la banca privada y pública nacional.

Aquí se necesita reconvertir el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), en un Banco Campesino y evitar el manoseo político y las condonaciones no justificadas. El diputado Juan Barahona tiene un anteproyecto al respecto, donde se contempla el fortalecimiento de mecanismos alternativos como las cajas de crédito rural, cooperativas, bancos comunales y grupos de mujeres, en la búsqueda de la democratización efectiva del crédito.

En el caso del sector educación, uno de los prioritarios para el nuevo gobierno, el mandato es: “Al Ministerio de Educación deberá asignársele presupuesto para iniciar este año escolar con clases presenciales a nuestros niños y niñas, jóvenes, asegurando la matrícula gratis, merienda escolar, vacunas y mascarillas”. Pero también debe haber presupuesto para reconstruir los sistemas de aguas negras de las escuelas y colegios, poner agua potable y garantizar la seguridad de los infantes, sumado a un mecanismo compensatorio para las familias de menores recursos que permita que los niños y niñas asistan regularmente a clases.

En 2014, caso de Francisco Morazán, las cifras reflejaban que el “47 por ciento de las escuelas y colegios de este departamento se encuentran en precariedad y el 53 restante, en buen estado. En cuanto al mobiliario, apenas un 37 por ciento está en buen estado, el otro 63 por ciento ya dio su vida útil. La infraestructura sanitaria, por su parte, presenta un 83 por ciento en mal estado o no existe y solo el 17 por ciento de los centros escolares cuentan con este servicio. Los servicios públicos como agua potable, energía eléctrica y otros presentan un déficit mayor al 53 por ciento”. Y un 20% de los centros educativos sometidos a las maras y pandillas”.[8]

De esa fecha a la actualidad, el Covid-19, los huracanes ETA e IOTA, la corrupción y la falta de eficiencia en la gestión pública, ha posibilitado que el deterioro de los centros educativos supere el 70%, muchos de los cuales en todo el país se encuentran en el abandono.

El ministro de Educación, Daniel Esponda, anunció la aprobación de un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 73 millones de dólares para mejorar escuelas y colegios en mal estado; sin embargo, es importante avanzar conjuntamente con los alcaldes de los principales centros urbanos en la conformación de una cartera de proyectos de inversión en este ámbito, para ser presentada a la cooperación externa bilateral y evitar en lo posible mayor endeudamiento externo, tal como lo hizo el Gobierno de Carlos Roberto Reina y la Alcaldía de Tegucigalpa, donde la construcción y reconstrucción de las escuelas y colegios fue financiada por el gobierno de Japón.

La propuesta a la cooperación bilateral debe ser un plan integral en educación, salud, agua potable, saneamiento, empleo, alimentos, transporte y seguridad, ya que tienen relación y las carencias explican el ausentismo escolar. Caso contrario, tal como ha sucedido con intervenciones parciales, los rezagos aumentan y los objetivos y metas propuestos no se cumplen.

El desarrollo agropecuario y la búsqueda de la soberanía alimentaria implican una revalorización del trabajo de las economías campesinas en la producción de alimentos, y también en el uso de tecnologías adaptativas que no conspiren contra el ambiente, caso particular de la semilla transgénica. No obstante, urge la revisión del RD-CAFTA, ya que ha aumentado la demanda de importaciones de alimentos y dependencia alimentaria, con el consecuente impacto negativo en la producción interna de estos rubros (maíz, arroz, leche, carne) y pérdida creciente de divisas. También, es evidente un aumento de personas en riesgo de inseguridad alimentaria aguda, estimadas en 2,6 millones de personas (PMA-SICA, 2022).

La cooperación del gobierno de EE. UU. es fundamental, aprovechando la reciente visita de la vicepresidenta Kamala Harris al país. No se ha querido reconocer que el tratado comercial y su avance gradual en la desgravación arancelaria es un aliciente para la migración, ya que los productores se sientes desmotivados para sembrar y producir alimentos, cuando el gobierno permite que se importen desde USA a cero aranceles; el añorado cambio a la producción de bienes de exportación por los campesinos es un espejismo del libre comercio, ya que, entre otras cosas, las barreras de entrada a los mercados son permanentes.

Los productores de granos básicos, sobre todo los pequeños y medianos, se vienen quejando que el gobierno autoriza contingencias de importación de estos rubros a los agroindustriales, sin que se haya verificado el desabasto, lo cual es una práctica desleal de comercio avalada por los gobiernos de ambos países.

Un caso especial es el arroz, donde 265.000 productores centroamericanos que generan 990.000 empleos directos, pueden ir a la quiebra a partir de 2022 y 2023 cuando se permitan las importaciones de arroz a cero aranceles. La Federación de Productores de Arroz de la Región Centroamericana ha puesto el grito al cielo, y espera que se inicien negociaciones directas con el gobierno de EE. UU.[9]

En el caso de Honduras ha sido evidente una disminución de la producción interna según han ido bajando los aranceles de importación. A partir de este año, se espera que el arroz entre a cero aranceles al país, con un impacto directo en la producción, empleos y divisas, ya que a los agroindustriales (o a cualquier persona) le será más barato importar el grano que comprarlo en el mercado local. En El Salvador se habla de invocar la cláusula 3.18 del RD-CAFTA, para conformar una Comisión que evalué los impactos y renegocie con USA, pero debe hacerse en forma conjunta, donde Honduras debería liderar el proceso de renegociación, pero no con el grupo de expertos y fanáticos de libre comercio que creen todavía en las bondades de un tratado comercial entre desiguales.

A lo interno, se espera que se discuta este y otros problemas en la Mesa del Arroz, pero más que eso, los actores exigen que se integren las cadenas agroalimentarias, en especial de aquellos productos ligados al CAFTA-RD, que fueron abandonadas en el gobierno de JOH.

Otro mandato de ejecución inmediata es redefinir el rol de las Fuerzas Armadas que crecieron mucho en los gobiernos post-golpe de Estado, pero descuidaron la protección del recurso forestal y ambiente. Según cuentan los entendidos en la materia, antes del golpe de Estado un oficial de mayor rango era responsable de quince o más reclutas, hoy es responsable de uno o dos, pero incluso varios oficiales son responsables de uno o dos reclutas. La policía militar de protección del ambiente (PMPA) debe crearse ya, reconvirtiendo la policía militar del orden público de JOH. Hay que tener presente que tanto Joe Biden como Kamala Harris son abanderados de los temas ambientales, por lo que pueden prestar asistencia y asignar recursos en este campo, igual la UE.

“No más permisos de minas abiertas o explotación de nuestros minerales, no más concesiones en la explotación de nuestros ríos, cuencas hidrográficas, nuestros parques nacionales y bosques nublados”. Y los que se otorgaron en forma ilegal y poco transparente serán derogados, ya que tienen más perjuicios que beneficios, sin importar quienes fueron los beneficiarios directos, dirían los grupos ambientalistas.

Un caso especial es la minería. En el gobierno de Zelaya Rosales se prohibió la minería de cielo abierto y uso indiscriminado de cianuro, pero resurgió con más fuerza en el gobierno de Micheletti Bain. Un problema actual es el apoyo a la minería como modalidad de extractivismo en desuso, cuando se sabe que su “contribución al PIB ha venido en descenso, igual que la generación de puestos de trabajo. En 2005, el PIB generado por la minería (valores constantes del 2000) fue de 630 millones de dólares, que representó el 0,52 % del PIB total (a precios básicos).  Esta contribución bajó a 457 millones de dólares en 2010 (0,31% del PIB); y en 2019, el PIB fue de 462 millones de dólares, representando el 0,23% del PIB total (precios básicos). Las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) muestran que, en 2019, la minería generó unos 13.686 ocupados, o sea menos del 1% de la población económicamente activa (PEA), lo cual ha sido destacado en un estudio reciente sobre el modelo extractivo (FOSDEH)[10].

Una consulta desde los territorios está latente, para valorar si se cierran o no las minas, tal como sucedió en Costa Rica. Existen actividades como las de cuidados, que están contribuyendo más al PIB que la minería, en condiciones muy adversas. No existe la ley para las trabajadoras domésticas que permita el reconocimiento pleno de sus derechos y el acceso a medios y recursos productivos y satisfactores sociales en forma sostenida.

La Paz, Honduras, 6 de febrero de 2022

Javier Suazo es un economista hondureño con Maestría en Políticas Económicas y Relaciones Internacionales y estudios doctorales en Economía. Catedrático de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNAH. Charlas con grupos de estudiantes de las carreras de sociología y desarrollo local, y líderes campesinos y de patronatos.


[1] Javier Suazo con base a estadísticas de país de INE, 2020.

[2] Javier Suazo, “Análisis de la Matriz Productiva en Honduras: cambios económicos y productivos por Covid-19”. Fundación Ebert, Tegucigalpa, Honduras, noviembre de 2021.

[3] Deber ser entendidos como programas y servicios nacionales, orientados a apoyar en forma directa a los principales actores del agro, y como una forma de validar una competencia institucional privativa que otorga la Constitución y la ley de creación de la SAG como cabeza de sector. Se ha pretendido privatizar dichos programas y servicios, asignando las competencias a los actores privados, pero los resultados no han sido los esperados.

[4] En el gobierno del presidente Zelaya Rosales, el programa de bono tecnológico productivo tuvo una gran aceptación entre los productores y se observaron impactos directos en aumentos de la producción y productividad física. Puede iniciar atendiendo unos 250,000 pequeños productores de granos básicos y hortalizas, entregando en los ciclos de primera y postrera unos 500,000 sacos de semilla y fertilizantes, a un costo de 300 millones de lempiras.

[5] El expresidente Manuela Zelaya Rosales y el diputado Jorge Calix, que encabeza una de las juntas directivas del Congreso Nacional apoyada por otros diputados de LIBRE denominados “enchufados” y del partido nacional y liberal, llegaron a un acuerdo político de respetar la decisión de la presidenta electa, Xiomara Castro, por reconocer al diputado Luis Redondo del partido Salvador de Honduras, como presidente del Congreso Nacional según los acuerdos pactados previamente, resolviendo la crisis política generada.

[6] Discurso de toma de posesión de Xiomara Castro, presidenta constitucional de Honduras (2022-2026). Tegucigalpa, Honduras, 27 de enero de 2022.

[7] Ver nota de prensa, informe de logros 2019, Despacho de Comunicaciones y Estrategia, Casa de Gobierno, 2020.

[8] Diario el Heraldo, de 7-04-2014.

[9] Ver ElSalvador.com, junio 09 de 2021.

[10] Ver Javier Suazo “Honduras: Extractivismo, decreto y muerte”. Criterio. Hn, junio 29 de 2021.