Por: Victoria Sandino, senadora de la República  y firmante del Acuerdo de Paz.

La región pacifico y frontera nariñense, está ubicada en el extremo sureste del país, de cara al océano pacífico y entre la cordillera de los Andes y la parte oriental de la selva amazónica. Es una región muy rica en biodiversidad, con Parques Nacionales Naturales, ríos, bosques espesos y por supuesto el océano pacifico. Cuenta con los manglares más altos del mundo, la Reserva Natural La Planada, destacada por ser el hábitat del oso de anteojos, está también la Reserva Natural El Pangán, donde se puede hacer avistamiento de aves y mariposas, entre otras más.

La población que habita esta región es predominantemente negra e indígena y  en su mayoría viven en zonas rurales dispersas, donde no hay vías carreteables y la movilidad se hace casi que exclusivamente a través de los ríos o por medio del océano pacífico.

A pesar de la riqueza natural del territorio, de su gente y sus costumbres originarias, la región del pacifico y frontera nariñense se enfrenta a dos graves crisis humanitarias. La primera es el empobrecimiento sistemático como consecuencia de la falta de inversión del Estado. Según el DANE los municipios de esta zona tienen los más altos índices de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). El Charco es el municipio más empobrecido de la región con 99%, de NBI, le sigue Olaya Herrera con 97% y Mosquera con 96%. Esta realidad es evidente en todos los municipios de la región.

La exigencia que hacen las comunidades al gobierno nacional, desde hace décadas, es la misma: que se garantice el goce efectivo de los derechos en el territorio. Una forma de hacerlo para esta región es un sistema de transporte fluvial adecuado para un territorio donde la vida cotidiana se desarrolla en el agua, el comercio, la asistencia a las escuelas, las relaciones personales, todo se da a través del agua; cada vez que un niño o niña tiene que desplazarse a la escuela está poniendo en riesgo su vida si se desplaza en una lancha que no tiene las condiciones de seguridad. Así mismo, las exigencias van encaminadas a que se garantice el acceso al derecho a la salud, para que la medicina ancestral no sea la única alternativa en muchos casos de enfermedad, porque salir a un centro médico puede ser demorado y riesgoso para el paciente.

Con la firma del Acuerdo de Paz y la priorización de 15 municipios de la subregión en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET, la comunidad llegó a tener esperanza, pero a 5 años del proceso de implementación, las cosas no mejoraron, sino que parecen estar empeorando.

Lo poco que se ha implementado se está haciendo en las cabeceras municipales sin tener en cuenta lo pactado en el Acuerdo de Paz: las necesidades y la deuda histórica con las comunidades rurales. Frente al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito – PNIS, también se evidencia el incumplimiento a lo pactado: la aspersión aérea que se impone desde el gobierno nacional, además, las comunidades siguen sin tener alternativas económicas que les garantice el buen vivir.

En general los principales instrumentos diseñados para facilitar la implementación de los PDET y la Reforma Rural Integral como el catastro multipropósito, la jurisdicción agraria, el saneamiento, la adjudicación de tierra, los subsidios para la adquisición de las tierras, los proyectos y las distintas iniciativas, entre otros, no se han dado ni en este territorio ni en otros.

La segunda crisis humanitaria que está enfrentado la región de pacifico y frontera nariñense es la fuerte presencia grupos armados, que tienen a la población bajo toques de queda, lo que impidiendo que puedan hacer sus actividades cotidianas, como salir a comprar comida o vender sus productos sin arriesgar su vida y su seguridad.  Por otro lado, no salir significa pasar hambre y carencias.

La pesca de luna es una práctica propia del pacifico colombiano, es realizada por pescadores que solo salen de noche por ser más productivos los resultados, también se ha visto amenazada ya que los pescadores no están pudiendo realizar su actividad económica por el orden público.

Es evidente: no hay interés del gobierno nacional en garantizar el bienestar del pacífico, esto responde al racismo estructural del Estado que excluye a los pueblos indígenas y afros de la inversión estatal.

Por esto, estoy convencida que la lucha contra el racismo estructural debe ir de la mano con la defensa de la implementación del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz. No podemos olvidar que los pueblos étnicos y las poblaciones excluidas somos, en realidad, las amplias mayorías de nuestro país y estamos llamados a luchar por su transformación ya que somos invisibles para el Estado.

En el Acuerdo Final se incluyó de forma inédita un capítulo étnico en el que se establecen las garantías y salvaguardas de no regresividad de los derechos de estos pueblos para la implementación de cada punto. Esta inclusión es el reconocimiento de que el racismo estructural ha tenido efectos nefastos en la vida de estas comunidades, que deben ser reparados y transformados para el logro de la paz y la no repetición. Junto a los PDET como estrategia de reparación territorial, el Acuerdo de Paz busca materializar los derechos históricamente vulnerados para los pueblos étnicos, asegurarles la vida digna en los territorios. El gobierno nacional no se ha comprometido con este propósito, evidenciando una vez más que las clases dominantes no renuncian al racismo y al centralismo que condena a la pobreza, el olvido y la violencia a nuestros pueblos étnicos.

Las comunidades negras e indígenas del pacifico colombiano requieren la superación de la deuda histórica que tiene el país con sus territorios y de las  condiciones de violencia que la azotan. La implementación integral del capítulo étnico, los PDET y la totalidad de la Reforma Rural Integral, junto con el Plan de desarticulación de las estructuras sucesoras del paramilitarismo, son medidas pactadas en La Habana y que garantizaran el bienestar de las comunidades. La perfidia y la crisis de la implementación del Acuerdo impiden que hoy veamos avances en los propósitos de transformación allí consignados.