La instalación de portones en la entrada de algunos corregimientos al norte de Valledupar, sigue generando polémica entre las autoridades nacionales y el pueblo indígena kankuamo, el cual asegura que no se trata de un retén, sino de un ejercicio autónomo de los derechos territoriales y del gobierno propio en la jurisdicción del resguardo.

Sin embargo, esta idea no es compartida por el Gobierno nacional, y recientemente en un diálogo interinstitucional llevado a cabo en la comunidad de Makumake, Territorio Kankuamo, el Viceministro de la Participación e Igualdad de Derechos, Carlos Alberto Baena expresó la posibilidad de revocar el título del Resguardo Indígena Kankuamo, por la existencia del espacio de regulación y armonización territorial en la zona.

Posición que ha sido rechazada por las autoridades del pueblo kankuamo, “dado que es una amenaza altamente regresiva de anulación y desconocimiento de los derechos territoriales adquiridos por el Pueblo Kankuamo, como propietario histórico y ancestral del territorio, lo cual generaría una violación masiva de nuestros derechos fundamentales, agravando el riesgo de exterminio físico y cultural de nuestro Pueblo, según lo reconocido en el Auto 004 de 2009 proferido por la Corte Constitucional”, expresaron a través de un comunicado público.

Las Autoridades solicitan activar el sistema de alerta temprana del pasado 21 de octubre, antes sistemáticos hechos de vulneración de DDHH, en torno al espacio de regulación en el ´Encanto´ y otros factores, lo cual demanda la adopción de medidas especiales de autoprotección colectiva y de salvaguarda de sus derechos, sin respuesta efectivas hasta el momento.

Iván Lúquez Mindiola, secretario del Resguardo Kankuamo, manifestó que la población indígena rechaza el discurso de odio, calumniador y estigmatizante promovido por sectores políticos afines al partido de gobierno.

“Reiteramos nuestros lazos de hermandad histórica con la comunidad de Patillal y demás comunidades vecinas del Resguardo, muestra de ello es que no existe alguna restricción y ha primado el dialogo respetuoso y propositivo con intermediación de la Administración Municipal de Valledupar”.

LEGALIDAD

Argumentan que la decisión de implementar el espacio de regulación y armonización territorial, está revestida de absoluta legalidad, en cumplimiento de la misión establecida por la Ley de Origen de cuidado de la vida y de protección del territorio y la integridad social, ambiental y cultural del Pueblo Kankuamo.

Demandan garantías ante estos actos de revictimización del Pueblo Kankuamo, acompañamiento de la ONIC, Ministerio Público y organismos Internacionales, en los espacios de diálogo que próximamente se estarán realizando, sobre este asunto, y solidaridad de las organizaciones indígenas a nivel regional y nacional, ambientales y defensoras de derechos humanos.