Caracas, 15 jun (Prensa Latina) La Ley de Zonas Económicas Especiales sometida a consulta popular apunta hoy a la dinamización del aparato productivo de Venezuela y a la generación de empleos, aseveró el viceministro de Industrias y Producción, Juan Arias.
El vicetitular para el desarrollo de esos enclaves destacó la importancia de combinar la implementación de esta iniciativa legal con otras medidas para generar confianza y promover las inversiones.

En declaraciones a Venezolana de Televisión, el funcionario subrayó el impacto de fenómenos como la hiperinflación inducida, causante de un deterioro del salario real de los trabajadores, ante lo cual las zonas económicas pueden contribuir a reponer los ingresos de la clase obrera.

Asimismo, el viceministro mencionó el potencial de esas regiones productivas para generar procesos de exportación e importación, e irradiar beneficios al resto del país.

La Asamblea Nacional (Parlamento) de Venezuela aprobó a finales de abril en primera discusión el Proyecto de Ley de Zonas Económicas Especiales, diseñado para promover las inversiones con vistas a la reactivación productiva del país.

El vicepresidente de la comisión parlamentaria de Economía, Finanzas y Desarrollo, Nicolás Maduro Guerra, destacó el objetivo de avanzar hacia un modelo económico que supere la dependencia de la renta petrolera y garantice la justa distribución de las riquezas.

La normativa jurídica ratifica además los principios de soberanía y seguridad para inversionistas nacionales y extranjeros, además de propiciar la ruptura de los obstáculos asociados a las medidas coercitivas implementadas por Estados Unidos contra la nación sudamericana, señaló el diputado.

‘Resulta una alternativa estratégica de inversión a través de la cual se asegura el desarrollo industrial, científico, tecnológico, financiero y mejores condiciones socioeconómicas y geoestratégicas’, afirmó Maduro Guerra.

En Venezuela existen hasta la fecha zonas económicas especiales en los estados de Lara (Palavecino e Iribarren), Táchira (San Antonio-Ureña), Falcón (Paraguaná), Cojedes (Tinaquillo-San Carlos) y Miranda (Guarenas-Guatire).

El proyecto de ley resultó sometido a una fase de consulta popular, de la cual se desprendieron decenas de propuestas que serán discutidas para enriquecer el texto antes de su aprobación definitiva en segunda discusión por la Asamblea Nacional.

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