COMITÉ NACIONAL DE PARO  07 JUNIO 2021 

El Comité Nacional de Paro (CNP), ha afirmado, insistentemente, que el gobierno nacional no está interesado y ha dilatado, a propósito, la negociación del Pliego de Emergencia.

Las razones son: En 2019 se realizó el paro del 21N, el gobierno propuso conversar y no quiso negociar. Ante el manejo dado a la pandemia y la crisis económica que comenzó en 2019, el CNP, presentó el 19 de junio de 2020 el Pliego de Emergencia. Desde ese día y hasta el 16 de mayo de 2021, once meses después, el gobierno se niega a negociar el pliego.

El paro que arrancó el 28 de abril obligó al gobierno a decir que negociaría, pero, en realidad viene dilatando la negociación. Tras ocho días de intensas conversaciones y haber alcanzado un preacuerdo sobre garantías mínimas para la protesta social pacífica, el gobierno dijo que lo sometería a consulta interministerial y regresó, a la mesa, a reabrir la discusión sobre el documento preacordado.

Sin embargo, el Comité Nacional de Paro sigue a la espera de que el gobierno nacional acoja el preacuerdo del 24 de mayo y derogue el decreto 575 que autoriza la asistencia militar para el manejo de la protesta social.

Debe explicarse que el gobierno nacional también dilata la negociación del pliego de emergencia. No quiere negociarlo. Hacerlo implicaría negociar peticiones que conllevan obligaciones sociales para beneficiar a millones de colombianos, que el gobierno no quiere atender.

Antes que actuar con diligencia para oír los reclamos de la juventud, las comunidades, los camioneros y el CNP y entrar a solucionarlos, el gobierno decidió, en actitud que rechazamos, hacer uso desmedido de la fuerza pública que ha producido, a la fecha, 77 homicidios, 1.246 heridos, 2.808 detenidos, 106 mujeres víctimas de violencia sexual y 74 ojos perdidos para igual número de jóvenes sin contar los heridos de la fuerza pública.

Estas cifras muestran el cuadro dantesco del tratamiento dado a la protesta social pacífica. El CNP reafirma su condena a la violencia, su apego a la movilización pacífica y su decisión de exigir que cese el daño a la propiedad pública y privada y las acciones vandálicas de la fuerza pública y los particulares.

Hemos sido claros, frente a los cortes o cierres de vía y así lo expresamos en el comunicado del 26 de mayo.

Esta actitud del gobierno nos lleva a suspender la negociación y evaluar la continuidad de las conversaciones adelantadas con el gobierno. Como parte de ese proceso, entregaremos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, el preacuerdo del 24 de mayo sobre los mínimos para garantizar el ejercicio de la protesta social pacífica.

Si el gobierno nacional hubiera escuchado hace un año, o hubiera negociado en 2019 las peticiones que de manera legítima presentó el CNP, seguramente ninguno de los hechos que hoy enlutan a Colombia, hubieran sucedido.

El máximo responsable de lo acaecido es, sin duda, el presidente Duque y el gobierno que preside. Su afán de acoger la orientación de no negociar con el CNP, trazada por su partido y los partidos que lo acompañan, muestra así sus resultados.

¡A PARAR PARA AVANZAR!

¡VIVA EL PARO NACIONAL!

Comité Nacional de Paro

Bogotá, 6 de junio de 2021

Adendum:
Este es el “Pliego de emergencia” (de fecha 19 de junio de 2020) que el régimen Duque se niega a discutir y negociar con seriedad y respeto:

1° Intervención del Estado del sistema de salud para garantizar la atención en la pandemia, estableciendo todas las medidas de bioseguridad requeridas y formalización laboral para todos los y las trabajadoras de la salud.

2° Renta Básica de emergencia de por lo menos un salario mínimo legal vigente por seis meses para treinta millones de personas en condición de pobreza, vulnerables y afectadas por la crisis. Moratoria en el pago de créditos Hipotecarios y de consumo, en el pago de los Servicios Públicos (Agua, Electricidad, Internet, Gas) durante cuatro meses, prohibiendo el corte de estos.

3° Defensa de la producción nacional (agropecuaria, industrial, artesanal, campesina) y el empleo con derechos. Defensa de la soberanía y la seguridad alimentaria: condonación de créditos agropecuarios y subsidios para la producción de las y los campesinos y pequeños y medianos productores y un programa de compras públicas para la producción agropecuaria. No se desmejorarán las condiciones de las y los trabajadores, y de las y los pensionados. Se completará el subsidio al valor total de las nóminas y la prima para las MiPymes.

4° Apoyo al sistema educativo público dirigido a garantizar la matrícula cero en las instituciones de educación superior pública y subsidios dirigidos a garantizar la continuidad de los estudios en las instituciones de educación superior privada, y apoyo al sector cultural. No retorno a las clases presenciales para el sistema educativo mientras no estén las garantías para ello.

5° Mujer y Diversidades Sexuales: Acciones diferenciadas y específicas para garantizar la plena vigencia de los derechos de las mujeres y de las diversidades sexuales durante la emergencia. Robustecer las acciones de prevención a las violencias basadas en género.

6° Derogatoria de los decretos de emergencia que han desmejorado las condiciones de la vida económica y social. No privatización de la red de transporte en oleoductos de Ecopetrol.
 
Para atender estas peticiones el Estado cuenta con al menos éstas fuentes de recursos:

-Emisión de moneda
-Hacer uso de las reservas internacionales
-Realizar moratoria temporal y renegociación de la deuda pública externa.
-Suspensión de exenciones tributarias a las grandes empresas y al capital financiero.