DR. ROMÁN VEGA ROMERO (*)  18 MAYO 2021

Los voceros del establecimiento, ante la caída de la reforma tributaria en hombros de la protesta social, están asustados de que esa misma protesta no sólo logre que se archive el Proyecto de Ley 010, sino que avance hacia la exigencia de transformación estructural del privatizado y mercantilizado Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) creado por la ley 100 de 1993.

El inminente archivo definitivo del proyecto de ley 010, sin embargo, mantiene el estatus quo actual del SGSSS y existe el riesgo de que el Ministerio de Salud y Protección Social, como lo ha hecho en otras ocasiones, implemente reforma archivada en el Congreso a través de decretos y resoluciones reglamentarias de la misma.  

Por eso, es el momento para que la protesta social coloque en un nuevo nivel de exigencias las banderas por la transformación de la salud yendo más allá del retiro del Proyecto de Ley 010.
 

Para alimentar el debate hacia la transformación estructural del SGSSS debemos proponer un gran diálogo nacional con amplia movilización social y política ciudadana en orden a lograr la democratización de la salud en Colombia.

El diálogo debe acordar las características de un nuevo sistema de salud que reemplace la Ley 100 de 1993. Proponemos los siguientes once puntos programáticos para estimular el debate:

I. Sistema único colombiano de salud, público, de acceso universal y gratuito, equitativo, preventivo, biocéntrico e intercultural.

II. Gobernanza Estatal con amplia participación ciudadana, nacional y descentralizada por territorios de salud.

III. Financiamiento por impuestos generales progresivos o por una combinación de contribuciones e impuestos generales progresivos.

IV. Fondo Único de Salud administrado por un establecimiento público nacional y descentralizado por territorios de salud.

V. Contratación directa de los servicios por parte del Fondo Único de Salud con base en reglas de transferencia explícitas y transparentes.

VI. Atención Primaria Integral en Salud (APIS) territorializada, centrada en las personas y el ambiente, intercultural y con orientación familiar, comunitaria, participativa e intersectorial.

VII. Prestación mixta de servicios de salud con énfasis en prestadores públicos, solidarios y privados sin ánimo de lucro.

VIII. Política de soberanía en ciencia y tecnología sanitaria con fortalecimiento de la inversión y control Estatal en investigación, innovación, producción y uso de tecnologías.

IX. Acuerdo con los maestros, trabajadores de Ecopetrol y profesores universitarios para integrar sus regímenes especiales al sistema único de salud con preservación de sus derechos adquiridos.

X. Reconstrucción del sistema de salud en los territorios rurales con inclusión y fortalecimiento de los saberes y prácticas de salud de las comunidades indígenas, campesinas, negras y afrocolombianas, palenqueras y raizales bajo criterios de autonomía, autogestión e interculturalidad.

XI. Dignificación de las condiciones de empleo y trabajo de los trabajadores de la salud con rescate de sus derechos de organización, negociación colectiva, huelga y un estatuto único del trabajador de la salud elaborado con la participación de los trabajadores.

(*) Profesor Universidad Javeriana, integrante del Movimiento para la Salud de los Pueblos (MSP), la Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES) y la Red SaludPaz.

Adendum:
La Redacción Laboral del Semanario Voz señaló este 15 de mayo:

Aunque varios partidos políticos del Establecimiento ya retiraron su apoyo a la aprobación del Proyecto de Ley 010, o reforma al sistema de salud, este tiene posibilidades de ser aprobado en las comisiones séptima de Cámara y Senado. Más si se tiene en cuenta la capacidad de maniobrar con mermelada del actual Gobierno. Por eso, desde el movimiento social se exige la decisión a Iván Duque de retirarlo.

En ese mismo sentido, la Federación Médica Colombiana (FMC), junto a otros gremios médicos como la Asociación Nacional de Internos y Residentes, Asmedas y Médicos Unidos de Colombia ha radicado cuatro documentos en los que argumentan y solicitan el archivo del Proyecto, entre otras cosas, porque no es cierto que reglamente la Ley Estatutaria en Salud.

Por el contrario: “Esta ley profundiza el negocio de la salud porque pone en riesgo la destinación específica de los recursos, que solo deben ser designados para asuntos concernientes a la vida de los colombianos y no para negocios, como ocurrió con Saludcoop”, explicó la doctora Carolina Corcho, vicepresidente de la FMC.

Para la dirigente gremial, el proyecto en curso profundiza la negación de servicios por distintos mecanismos y lleva a la liquidación a los hospitales públicos, “lo cual es preocupante porque 22 millones de colombianos viven en zonas dispersas o rurales, y su único acceso a la salud es el hospital público” (…)

Sergio Isaza, presidente de la FMC, señaló que el proyecto de Ley 010 es una violación a la Ley Estatutaria de Salud que reconoce la salud como un derecho fundamental, lo que hace a la 010 anticonstitucional (…)

Contempla un plan mínimo de atención que cubre determinadas contingencias en salud. “Para adquirir cualquier contingencia que no esté contemplada en ese plan básico, condiciona la atención en salud a su capacidad de pago según el aseguramiento, pólizas o planes de atención que tienen costos adicionales, según esa capacidad de pago es la atención y esto está en manos del Estado si son públicas y estará en manos de las aseguradoras privadas” (…)

De aprobarse el proyecto la cantidad de víctimas del sistema de salud aumentaría en favorecimiento del capital privado. Ya hay datos alarmantes que exigen una modificación en favor de la salud como derecho fundamental, como lo estipula la ley.

En ese sentido, Carolina Corcho argumentó: “Un millón 300 mil muertes evitables hubo entre 1998 y 2010 en Colombia, se ponen 220 mil tutelas al año y este proyecto profundiza esa realidad y eso hay que detenerlo. Los rankings internacionales dicen que el país ha tenido uno de los peores manejos de la pandemia. No hacemos el número suficiente de pruebas, rastreos, cercos epidemiológicos, tenemos un plan de vacunación incierto que no alcanza las velocidades requeridas para la inmunidad de rebaño, lo que da cuenta de que el sistema de salud no funciona y tiene que ser reformado estructuralmente”.

Por eso, se ha propuesto un proyecto de ley alternativo que reforme el sistema en salud para que reglamente la Ley Estatutaria en Salud, trabajado con organizaciones de la sociedad civil, con expertos y que se espera discutir ampliamente con la ciudadanía antes de que se convierta en una iniciativa para presentar al Congreso de la República.

En este se propone el sistema de administración pública descentralizada con controles anticorrupción, que vuelva la prestación del servicio público con prestación de servicio mixto, y formalización laboral para sus trabajadores, entre otros aspectos. Es decir, que garantice la salud como derecho fundamental para todos los colombianos.

La Mesa por la Salud y la Seguridad Social de Antioquia dignamente respondió al politiquero de extrema derecha Germán Vargas:

En su columna del 08 de mayo de 2021, en el diario El Tiempo (propiedad de Luis Carlos Sarmiento Angulo), Vargas Lleras se queja de que “los promotores del paro la han enfilado ahora contra la reforma de la salud”. Pretendió desvirtuar los argumentos de quienes por años nos hemos opuesto a la ley 100, y ahora a la falsa Reforma a la salud del Proyecto de Ley 010.

Dicho proyecto, al contrario de reformar lo que está mal, refuerza toda la perversión de nuestro insepulto modelo de salud.

En primer lugar, el exvicepresidente, veterano burócrata, líder político neoliberal y manejador de clientelas en el ministerio y la superintendencia de salud, afirma que los detractores del proyecto “aprovechan la tensa situación creada por ellos para mentir sobre una reforma que mucho bien le haría al país”.

Tenemos que decir que la “situación” no fue “creada” por quienes nos oponemos al 010. El brote de inconformismo lo alentó con entusiasmo el gobierno Duque, que venía acumulando la digna rabia de los colombianos desde el día 1 de su mandato, desde su empeño torpe y mezquino de “hacer trizas La Paz”, que equivale a querer hacer añicos un derecho por fin alcanzado por los colombianos después de muchos años de que le fuera reconocido en la constitución de 1991. De ahí continuó todos los días acopiando motivos para la protesta, metiendo más presión a la olla, y ahora se quejan de que estalló.

Suponemos que Germán habla a nombre de los Vargas Lleras, ya que su hermano Enrique ha sido socio y millonario contratista de Saludcoop. Y por eso niega que se vaya a privatizar aún más la salud y entregar su manejo a las EPS. Ellos afirman que con la reforma “se amplía y se fortalece la capacidad del Estado sobre todos los actores del sistema”, pues se “habilitan herramientas para intervenir y liquidar aquellas empresas que hoy incumplen los criterios de habilitación técnica y financiera”. Como si no existiesen ya en el papel esos mecanismos, que sus copartidarios se encargaron de volver letra mojada.

Ahora quieren “hacer cumplir la ley” pero para eliminar la competencia de pequeñas EPS que crecieron como hongos para disputar las migajas del pastel de la salud que consideran les pertenece, como el poder, por derecho de sangre.

Nos dicen los Vargas que la “posibilidad de los giros directos a los hospitales… acaba con la intermediación en el manejo de recursos”. Sin embargo, el proyecto no dice que se vaya a dejar de entregar el dinero a las Empresas Administradoras del Plan de Beneficios EAPB (rimbombante nuevo nombre para las EPS). Más bien, de su mismo nombre se colige que seguirían administrando los recursos. Por otro lado, la manifiesta necesidad de los giros directos, lo que confiesa es que en el sistema el “administrador” no se necesita, no lo fortalece, solo lo parasita.

Dice que no se afectará el Instituto Cancerológico para privilegiar al nuevo centro oncológico del magnate Luis Carlos Sarmiento. Sin embargo, disponen en la ley las facultades necesarias para que el presidente reestructure todos los aspectos de una entidad, que ha sido vital para los colombianos de escasos recursos y sufren una enfermedad tan devastadora como el cáncer.

Y, por otro lado, no puede esconder Vargas su admiración por el audaz ingreso del billonario colombiano en el mundo del alto costo en salud. Sabiendo que el Ministerio de Salud es botín burocrático de Cambio Radical, con innegables lazos con el banquero, ¿qué podemos esperar cuando la “reestructuración” la ejecuta tu competencia?

Para los Vargas no hay peligro de que se vayan a cerrar hospitales públicos. Pero lo que se lee en el PL010 es la preponderancia de la rentabilidad financiera por encima de la rentabilidad social, las exigencias en las condiciones de funcionamiento sin compromisos Estatales frente a la financiación, y facilidades para que los hospitales públicos se fusionen, se “reestructuren” y establezcan alianzas público-privadas.

Esto no es otra cosa que seguir debilitándolos hasta obligarlos a desaparecer y que terminen cediendo por unos pocos pesos la infraestructura para que los privados puedan quedarse con todo el negocio.

Desconocemos de dónde sacan los Vargas la existencia de un supuesto “subsidio de oferta para aquellos que tienen que operar en circunstancias de desventaja”. Si habían aconsejado incluir ese pequeño anzuelo en la propuesta, queremos notificarles que sus legisladores no les hicieron caso en esto, por ningún lado quedó. Lo único que quedó plasmado fue un fondo para que el Estado financie el establecimiento de las alianzas público privadas, es decir, nuestro dinero pagando la privatización de nuestro patrimonio. Toda una oda neoliberal.

Afirman que no se reducen los salarios de los trabajadores de la salud, pero todo el proyecto está diseñado para reconcentrar el oligopolio de EAPB, que ya abusan en exceso de su posición dominante sobre los prestadores. Ahora no nos explicamos de dónde sacan los Vargas que los corazones de estas entidades se ablandarán y destensionarán su férrea tenaza sobre todos los trabajadores de la salud cuando fortalezca aún más su posición monopólica.

Más aún, la asociación público-privada prevé que el privado también pueda aportar, igual que se ponen muebles o ladrillos, trabajadores de la salud en las condiciones laborales que sean, ya que todas caben según reza esta ley.

Los Vargas Lleras se preocupan ahora por la falta de especialistas en Colombia y la dificultad de miles de médicos generales para ingresar al “restringido y privilegiado club donde solo se admiten 2 estudiantes al año en cada especialidad”. ¡Qué noble de su parte! Sin embargo, nunca les vimos apoyando la ley de residentes que tras protestas y movilizaciones contra el gobierno Santos logró una remuneración para que no solo los médicos de la élite económica pudieran especializarse. Ahora debemos creer que su corazón se sensibilizó ante este drama y que la proliferación de mano de obra especializada ante un mercado laboral oligopólico no ocasionará el empeoramiento de las condiciones laborales de los especialistas, como ya ocurrió con los generalistas.

Es tal el cúmulo de falacias de los Vargas, que se requeriría una separata entera para refutarlas.

La iniciativa que garantiza, en condiciones de igualdad, todos los beneficios del plan obligatorio de salud, ya había sido reconocida por sentencias de la Corte y la Ley Estatutaria en Salud.

No sabemos cómo se terminará con el “paseo de la muerte” si éste es debido a la falta de pago de las EAPB a las IPS, y no está claro cómo la propuesta de ley pondría en cintura a unas entidades acostumbradas a obtener sus ganancias de la negación de derechos.

Si algunos temas como las pólizas no están, ha sido porque la presión ciudadana las ha señalado y los ponentes se han visto obligados a retirarlas tácticamente para facilitar el trámite de la ley. Pero esto no garantiza que no puedan aparecer a las 00:01 AM en un pupitrazo fácil, desde la cómoda cama de los congresistas, por medio de Zoom. Desde ya imaginamos que les dirán a sus electores que se les “fue el click”.

Detrás de las mentiras de los Vargas Lleras están sus conflictivos intereses, que ellos no tienen la vergüenza de declarar, y siguen allí siendo los cabilderos de sectores muy poderosos que quieren consolidar sus conglomerados. Son ellos los que se equivocan al ponerse al servicio de esos “oscuros propósitos”; el movimiento social y la academia están del lado del Pueblo que sufre y reclama en las calles para que por fin nos unamos para exigir un sistema que verdaderamente garantice el derecho fundamental a la salud (…)

Para terminar, queremos agregar que también criticamos su adenda, pues consideramos que “cerrar filas en defensa de nuestro país” es defender a nuestros muchachos, indígenas y trabajadores que se han tomado las calles y exigir que se nos permita manifestarnos sin la amenaza del tenebroso Esmad, ni los escuadrones de la muerte desembozalados por el antisocial del Ubérrimo. Colombia sí está tristemente sitiada por el vandalismo, ese a gran escala que ejercen los políticos (muchos de ellos copartidarios suyos) y sus agendas corruptas.

Adendum con información del Semanario VOZ y Elcolectivocomunicacion.com