Por Maurice García Menéndez

Caracas (Prensa Latina) Los encuentros mensuales de líderes de la oposición venezolana con la Oficina Externa para Asuntos de Venezuela, adscrita al Departamento de Estado, profundizan la subordinación de ese sector a la política de Estados Unidos.

Washington refuerza su tutelaje en momentos en que las fuerzas adversas al Gobierno venezolano afrontan su más severa crisis de fragmentación y pérdida de respaldo popular, de acuerdo con denuncias de voceros gubernamentales.

Esas reuniones buscan dar respuesta a las voces críticas de altos funcionarios de la administración de Donald Trump ante la falta de unidad en la dirigencia opositora, y al unísono dejan al descubierto cómo el Departamento de Estado administra a la oposición, al actuar de mediador frente a rivalidades y ausencia de liderazgo.

Los talleres de asesoría se incrementaron luego de las declaraciones de Trump en el estado de la Florida el pasado mes de julio, donde admitió que Juan Guaidó -diputado a quien la Casa Blanca reconoce como presidente encargado- parece perder autoridad.

Al respecto, el dirigente del partido Soluciones para Venezuela, Claudio Fermín, señaló que existe un grupo de venezolanos a quienes ‘se les ha metido en la cabeza que el protagonista es el presidente de los Estados Unidos’, en alusión a políticos opositores plegados a las directrices de funcionarios norteamericanos.

Desde la oficina ubicada en la Embajada estadounidense en Bogotá, Colombia, y bajo la orientación de su personal, nacen estrategias como el denominado Pacto Unitario lanzado por el diputado Guaidó, el cual fracasó en su objetivo de consolidar la creación de un frente común en el sector.

Washington y la oposición considerada extremista coinciden en la ruta de desconocer las elecciones legislativas convocadas para el 6 de diciembre próximo, al tiempo que pretenden organizar una consulta popular entre sus seguidores en busca de respaldo para la extensión del autoproclamado gobierno interino.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció la coordinación de este plan como un boicot al proceso electoral para renovar la Asamblea Nacional (parlamento unicameral).

De acuerdo con autoridades venezolanas, Guaidó, con el respaldo estadounidense y en su afán por deslegitimar los comicios, presionó y en algunos casos ofreció dólares compensatorios para incitar a sus colegas a abstenerse de postularse como candidatos o apoyar el proceso electoral.

Otra maniobra de injerencia de la administración Trump gira en torno a la imposición de sus llamadas sanciones a opositores que asumieron el cauce democrático y se presentaron como aspirantes a ocupar un puesto en el Parlamento.

Este mecanismo de presión pretendió desestimular la participación electoral y recibió el repudio de las principales fuerzas políticas del país sudamericano, dígase Gobierno y oposición democrática.

Como consecuencia, el dirigente opositor Henrique Capriles anunció el retiro de su respaldo a la convocatoria a las urnas, en tanto otros como el presidente del partido Acción Democrática (AD), Bernabé Gutiérrez, no sucumbieron a las acciones punitivas y continuaron en la contienda.

Paradójicamente, mientras el Departamento de Estado promueve la unificación opositora, su línea subversiva e injerencista resultó una de las principales causas de la fractura; varios grupos adversos al chavismo se deslindaron públicamente de esta agenda y condenaron el entreguismo y la aventura golpista de la extrema derecha.

En esa línea de acción, el bloque político Alianza Democrática marcó distancia de Washington y Guaidó, al anunciar que ‘salen del espíritu de desprendimiento, de nacionalismo y de responsabilidad con el país’.

Diversos voceros de la coalición conformada por Avanzada Progresista, Comité de Organización Política Electoral Independiente (Copei), El Cambio, Cambiemos y Acción Democrática coincidieron en que su llegada al Parlamento busca rescatar el orden institucional y convertirlo en el principal escenario para el diálogo político.

Recientemente, la oposición radical acató el denominado Marco para la Transición Democrática en Venezuela, elaborado por Estados Unidos, el cual condiciona a la renuncia del presidente Maduro, el relajamiento de las medidas coercitivas de asfixia económica como parte de la política para un cambio de régimen.

El eventual cambio hacia una administración demócrata encabezada por Joe Biden podría influir en la implementación táctica de estos planes, aunque no en el objetivo estratégico de subvertir las bases del proceso bolivariano.

Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Estados Unidos el 23 de enero de 2019 tras el respaldo de Donald Trump a la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente encargado, en acto de usurpación percibido en Caracas como intento de golpe de Estado.

A la par del apoyo al pretendido gobierno paralelo, Washington arreció durante los últimos dos años la política de asfixia económica mediante la implementación de medidas coercitivas y el bloqueo de activos venezolanos en el exterior, con el fin de generar condiciones para un estallido social en la nación sudamericana.

Adicionalmente, las autoridades de Venezuela denunciaron durante el período las implicaciones norteamericanas en planes violentos contra el país, como la fracasada asonada golpista del 30 de abril de 2019 y la fallida incursión terrorista del 3 de mayo último.

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