USO  04 NOVIEMBRE 2020

La Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO) ha hecho innumerables pronunciamientos sobre el baño de sangre que cae sobre el país, infortunadamente el presidente Duque se muestra indolente ante la muerte violenta de decenas de colombianos que caen semanalmente.

El presidente solamente está presto para asistir a las convenciones de los magnates del comercio, la Andi, los ganaderos, latifundistas y banqueros, pero se niega reiteradamente a escuchar a las masas empobrecidas por el abandono Estatal.

Colombia se ve sacudida en las últimas semanas con innumerables expresiones de protesta y dolor por el regreso al país de la política de “tierra arrasada” y “sangre y fuego” que practicó el Laureanismo conservador en la época de violencia del siglo pasado, ahora protagonizada de nuevo por el partido de gobierno.

La Minga indígena y popular que partió del Cauca y atravesó gran parte del país hacia Bogotá; la Caravana Humanitaria al Cañón de Micay, que llegó a los municipios de Argelia y el plateado; la peregrinación por la vida, que adelantan los firmantes de la paz desde varias regiones del país, coinciden en exigirle al gobierno de Duque el cese del asesinato a líderes sociales y a los firmantes de paz, la desarticulación del paramilitarismo, la depuración del ejército y la policía, lo mismo que el cumplimiento de los Acuerdos de paz con las Farc y la reanudación de conversaciones con el ELN.

En los últimos días nuevos episodios de violencia han estremecido al país:

El 26 de octubre de 2020 fue asesinado el dirigente campesino del Coordinador Nacional Agrario (CNA), Carlos Navia, en el Corregimiento el Plateado del municipio de Argelia (Cauca), se suma a la larga lista de asesinatos, persecuciones, amenazas, criminalización y desplazamientos forzados en contra de las comunidades campesinas y los pueblos étnicos en el Cañón del Micay, que configuran un genocidio.

El 29 de octubre, días después de la Minga indígena, el senador indígena Feliciano Valencia, fue objeto de un atentado en el municipio de Toribio – Cauca., Afortunadamente salió ileso.

El 29 de octubre integrantes de un grupo armado llegaron hasta la casa del médico tradicional Pompilio Narváez, quien vivía en el corregimiento El Plateado, del municipio de Argelia (Cauca), lo sacaron de su casa y asesinaron cruelmente; era reconocido como líder rural, pese a que desde hace varios años estaba en condición de discapacidad visual.

Este 31 de octubre de 2020, reportan otra masacre en Mercaderes, Cauca. Se trata de tres personas, familiares del líder campesino Álvaro Narváez Daza, asesinado en otra masacre el 29 de abril pasado, junto a su esposa, su hijo y una nieta de 15 años. Ahora asesinaron a su hija a su yerno y hermana. Han acabado con su familia.

Este 2 de noviembre en el corregimiento de Santa Cruz-Alto Sigüí, zona rural del municipio de López de Micay, en la Costa Pacífica, hasta donde llegaron sujetos armados que asesinaron a Auberto Riascos y Rocío Riascos, les quemaron la casa y secuestraron a otros dos familiares. Euberto era líder del consejo comunitario y “destacado convitero”. Ayer una caravana humanitaria había visitado territorios vecinos. La vida en Colombia sigue siendo atacada.

Al mismo tiempo desde el Playon-Lopez de Micay, Cauca, denuncian que 2 integrantes del consejo comunitario fueron asesinados, 2 más fueron secuestrados, y otros 7 están heridos.

Esta barbarie Estatal no corresponde a hechos casuales o aislados; una célebre convención del Centro Democrático sentenció que “harían trizas el acuerdo final con las FARC”. Desde entonces el genocidio se convirtió en programa de gobierno.

Antes de firmarse los Acuerdos de la Habana incentivaron el ataque contra las circunscripciones especiales de paz, se reactivó el paramilitarismo de Estado, la brutalidad policial sin límites y se aceleró la violencia en la ruralidad.

Durante la presidencia de Iván Duque han sido asesinados 610 líderes sociales y defensoras de Derechos Humanos, 148 excombatientes en proceso de reincorporación, y en el año 2020 se han producido 56 masacres.

El departamento del Cauca es el más afectado por esta violencia. Estos crímenes están en la impunidad, la fiscalía entrega los nombres de unos cuantos sicarios pero no le interesa investigar a los autores intelectuales de esta matanza sistemática de colombianos.

Los pactos suscritos entre el gobierno de Santos y las FARC no son reconocidos realmente por la administración de Iván Duque. Ante la comunidad internacional este gobierno finge la implementación de los acuerdos; Los gobiernos de Juan Manuel Santos e Iván Duque Márquez han practicado la perfidia, la simulación e incumplimiento y desfiguración de lo acordado, dado que estamos ante un Estado confeccionado para la trampa, el odio, la guerra y la política neoliberal.

De nuevo la USO llama a la ONU, la OEA, la Corte Penal Internacional y la comunidad internacional en general, para que exijan al gobierno respetar la Constitución, detener el escalamiento de crímenes de Estado en Colombia, reconocer el proceso de paz pactado con la mayor guerrilla del país y dar garantías a la oposición.

Bogotá, noviembre 03 de 2020

Adendum:

La USO expresa su alarma por la creciente violencia en la región de los Montes de María, debido a la reactivación paramilitar que ejerce control social y territorial, especialmente en el sur de los departamentos de Sucre y Córdoba.

Durante la emergencia sanitaria las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) -señaladas por el gobierno como “Clan del Golfo”-, la banda de los Caparrapos y otras facciones criminales, han aumentado su actividad armada con panfletos amenazantes, asesinatos, masacres, desplazamientos forzados, confinamientos, reclutamiento de menores e intimidaciones, sin que haya reacción alguna por parte de la fuerza pública y las autoridades judiciales.

Hechos

1.- Es conocido que la USO asesora directa e indirectamente a las comunidades indígenas asentadas en el sur de Sucre y Córdoba en sus procesos organizativos y en la reivindicación de derechos que les corresponden por ley en razón de la exploración y explotación de los recursos hidrocarburíferos (gas fundamentalmente), a pesar de la hostilidad que hemos recibido de funcionarios de CANACOL ENERGY, que han manifestado pública y reiteradamente, como aconteció el pasado 16 de octubre en la vereda Rincón Guerrano, del Municipio de San Marcos (Sucre), ante los voceros de juntas comunales y de Cabildos indígenas de diferentes municipios que vienen contando con nuestro acompañamiento, que no se reunirán para buscar soluciones a problemas planteados mientras la U.S.O. esté presente en esos escenarios.

2.- Del 4 al 11 de noviembre estaba programada una jornada de revisión de cumplimiento de los Acuerdos de El Hobo, con presencia de funcionario de ANH, ANLA, Mininterior, Mintrabajo, entre otras autoridades y para sorpresa de todos, el ANH, que debe coordinar el evento según los acuerdos, manifestó que solo participará de manera virtual y, a la vez, la empresa CANACOL solicita el desmonte del escenario manifestando que no hay razón que amerite su celebración.

En la zona hacen presencia también otras empresas dedicadas a la exploración y producción de gas, cómo HOCOL que opera en el bloque VIM-8 en jurisdicción del municipio de Pueblo Nuevo (Córdoba) donde también se están presentando reclamaciones relacionadas con la presunta intermediación política y falta de transparencia en la contratación de mano de obra, así como la poca socialización de las actividades de exploración y producción y desconocimiento de los planes de inversión para comunidades, lo que ha generado inconformidad en las comunidades y el respaldo de la U.S.O para exigir transparencia y cumplimiento.

3.- Este 25 octubre se da una nueva masacre en el departamento de Sucre. En el hecho fueron asesinados cinco miembros de la comunidad indígena Zenú, entre ellos un capitán indígena del Resguardo Colonial Toluviejo; días antes llegaron hombres armados presuntamente del Gaula o miembros de la fuerza pública y quemaron sus ranchos.

La masacre se suma al atentado que sufrió días antes Hernando Benítez, integrante del Movice-Sucre; la masacre se presentó contra el Cabildo Indígena Arawa del Resguardo colonial de Toluviejo y está asociada (como el atentado contra Hernando Benítez) con la reclamación de los derechos de las comunidades ante las empresas petroleras y también con procesos de reclamación de tierras que hoy están bajo reclamación como baldíos ocupados ilegalmente por poderosos grupos políticos y económicos de la región.

4.- La Asociación de Campesinos del sur de Córdoba, denuncia que este 3 de octubre, en la finca El Breque, municipio de San José de Uré, sur del departamento de Córdoba, se produjo una masacre; tres personas fueron asesinadas, entre ella un menor de 15 años, y una más herida.

5.- Desde el 2017 la Defensoría del Pueblo emitió el informe de riesgo # 042 para los municipios de San Benito Abad y San Marcos, y en enero de este año la Alerta Temprana 003-2020 sobre los dos municipios ya señalados anteriormente y, además, Guaranda, Majagual y Sucre. El ente advierte sobre el riesgo que corren los habitantes de estos territorios por la creciente presencia de miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) pertenecientes al Frente Francisco Morelos Peñate.

Solicitudes

1.- La andanada de violencia en la región no es casual, tienes visos de sistematicidad, y las acciones tienen una direccionalidad selectiva, por tal razón nos declaramos en estado de emergencia y reclamamos medidas urgentes de protección a nuestra subdirectiva de la USO, Asimismo, exigimos garantías y respeto por la vida de las comunidades indígenas y campesinas de Sucre, Córdoba y los Montes de María.

2.- A las autoridades judiciales se investigue los autores materiales e intelectuales de los hechos denunciados y se proceda con las sanciones respectivas, para que los beneficiarios de la violencia no continúen como hasta ahora en la impunidad.

3.- Exigimos protección a la vida de Carlos Arturo Valerio Batín, líder de la comunidad indígena Zenú, sobreviviente de la masacre, así como a todas las personas que hacen parte del cabildo.

4.- Una vez más hacemos un llamado al desmonte total de los grupos paramilitares en las regiones de Colombia (Bogotá, 02 de noviembre de 2020).

(*) Comisión Nacional de Derechos Humanos y Paz
Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo “U.S.O”