Por: Cicerón Ángel Flórez Moya

La violencia sigue siendo un motor de mucha fuerza política en Colombia. Claro que no es nada nuevo. Parece ser una constante en la historia de la nación. Las varias guerras civiles y otros conflictos armados, el sectarismo partidista en función de la hegemonía del poder, el asesinato selectivo de dirigentes, líderes sociales, candidatos presidenciales, defensores de los derechos humanos y de causas sociales y los crímenes patrocinados por mafias y organizaciones con tentáculos en lo público para la protección de intereses ilícitos, configuran ese tejido de exterminio recurrente.

Desde hace más de medio siglo el país padece una violencia consecutiva en varias versiones. Las causas de ese desquiciamiento criminal están identificadas pero la permisividad prevalece. Nada se hace para desmontar el régimen feudal aplicado a la propiedad de la tierra, el cual le ha dado vía libre a los despojos de sus predios legítimos de que son víctimas los campesinos, el desplazamiento, la desaparición forzada, la exclusión y la muerte. Son los ingredientes propios de un caldo de cultivo de la confrontación armada con todas sus secuelas de desgarramiento social que lleva a los más despiadados extremos, con un saldo de desamparados en constante crecimiento.

Desde los años 40 del siglo XX Colombia entró en una espiral de violencia atroz. Y no ha parado. Los acuerdos de paz han sido parciales. Pero la desmovilización de las Farc mediante acuerdos entre esa guerrilla y el Gobierno de Juan Manuel Santos representó un salto histórico, un avance significativo hacia la paz. Sin embargo, los que siguieron en el mando decidieron debilitar lo pactado y volver a las tentaciones guerreristas. Se fortalecieron las estructuras criminales, con apogeo del paramilitarismo y las mafias de actividades ilegales, con la complicidad de terratenientes, políticos corruptos y otros dirigentes empeñados en mantener al país en niveles de atraso y negación de las posibilidades de una democracia renovadora.

Las nuevas políticas oficiales les están dejando el camino libre al escalamiento criminal en que se empeñan los enemigos de los derechos humanos y de la convivencia porque para ellos la violencia es sustento de la política que irriga sus intereses. Las recientes masacres en diferentes departamentos son el resultado del empeño oficial en no seguir desarrollando la paz en los términos pactados, como si la violencia fuera la savia de los partidos comprometidos con el actual Gobierno.

Las explicaciones del Gobierno sobre las masacres son ofensivas para las víctimas y benefician los espacios ganados por los actores ofensivos. Es la deslegitimación del Estado de derecho.

Negarse a consolidar la paz es como vendarse para no ver el precipicio que se abre con anchura catastrófica. ¿Cómo es posible insistir en la violencia con su amenaza de letalidad generalizada?

Puntada

Algunos de los que hoy aplauden la elección de Margarita Cabello para Procuradora General de la Nación como ficha del Gobierno fueron críticos de Santos porque decían que escogía para los cargos de control a personas afines al entorno oficial. Ese es el conflicto de la doble moral.

ciceronflorezm@gmail.com